ANARKHOS

Colección dirigida por

Juan Manuel González Otero

e Ignacio Pablo Rico Gustavino

Hans-Hermann Hoppe

MONARQUÍA,

DEMOCRACIA

Y ORDEN NATURAL

Una visión austriaca de la era americana

Segunda edición

Traducción de Jerónimo Molina

© 2012 UNIÓN EDITORIAL, S.A. (Segunda Edición)

c/ Martín Machío, 15 • 28002 Madrid

Tel.: 913 500 228 • Fax: 911 812 212

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ISBN (página libro): 978-84-7209-599-1

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Índice

Pres e nta c i ó n, por Jesús Huerta de Soto

Prólogo, p or J e rónimo Molina

Reconocimientos

Introducción

C apítulo 1: Pr e ferencia temporal, gobierno y descivilización

C apítulo 2: Monarquía, democracia e idea de un orden natural

C apítulo 3: Monarquía, democracia, opinión pública y deslegitimación

C apítulo 4: Democracia, redistribución y destrucción de la propiedad

C apítulo 5: Centralización y secesión

C apítulo 6: Socialismo y devolución de la propiedad

C apítulo 7: Inmigración libre e integración forzosa

C apítulo 8: Librecambio y restricciones a la inmigr a ción

C apítulo 9: Cooperación, tribu, ciudad y Estado

C apítulo 10: Conservadurismo y libertarismo

C apítulo 11: Los errores del capitalismo clásico y el futuro de la libertad

C apítulo 12: sobre El Gobierno y la producción privada de LA defensa

C apítulo 13: La imposibilidad de un Gobierno limitado y la perspectiva de la r evolución

PRESENTACIÓN

Me complace presentar a los lectores de habla española la segunda edición del libro del profesor Hans-Hermann Hoppe que hemos publicado con el título de Monarquía, democracia y orden natural.

Han transcurrido ocho años ya desde que este libro viera la luz, casi «a hurtadillas», en nuestro país, de la mano de Ediciones Gondo y desde entonces no ha dejado de surtir su efecto de verdadera «dinamita intelectual» en contra de aquellos enemigos de la libertad que, desde todos los ámbitos, siempre la acechan.

Prepárese pues el lector a iniciar un libro que es todo un desafío y estímulo y que en ninguna de sus páginas le dejará indiferente.

Jesús Huerta de Soto

Catedrático de Economía Política

Universidad Rey Juan Carlos

PRÓLOGO

La mentalidad política, la visión de lo político que de ella se deduce y también las doctrinas e ideologías vigentes en una época histórica deben contemplarse en su relación existencial con la forma política, vieja categoría historiográfica referida a la ordenación concreta del vivir político de una comunidad. En ese orden geopolítico y cliopolítico singular vienen trenzados los elementos políticos sustantivos de la convivencia humana: los modos del mando y la obediencia políticos; la regulación de lo público y lo privado; la designación de amigos y enemigos. También la representación política, una cierta idea del derecho —ligada al Bien común— y los expedientes de solución y neutralización de conflictos —condicionados por el empleo, como ultima ratio legis, de una fuerza reactiva cuya legitimidad se presupone—. Puesto que toda asociación humana está proyectada en la historia, la política tiene, en último análisis, una dimensión narrativa. La política es pues, en este sentido, la actualización permanente del hecho político-fundacional, nunca exento de violencias. El recuerdo de los Patrum Patriae o los Foundig Fathers está siempre presente, acompañando a las generaciones, en las divisorias históricas. Su herencia es vindicada o impugnada según las necesidades de la élite o partido discrepante. A la imagen especular que de todo ello nos ofrecen contemporáneamente la sociología, la filosofía o la ciencia políticas se la suele denominar «cultura política».

Liberalismo y pensamiento estatal

Ahora bien, esta suele ser, al menos en Europa, una visión determinada radicalmente por la concepción excluyente de la política como actividad estatal. Se diría, a juzgar por cierta literatura, a la sazón vastísima, que no hay más politicidad que la conformada por el Estado. Suelen quedar así fuera del razonamiento académico que se estila entre los meridianos de Lisboa y Berlín tres realidades políticas del máximo interés: el Common Wealth como forma política; las constelaciones espaciales futuras que ya apuntan en algunas regiones de la tierra (Grossräume), a pesar incluso de las formas políticas de compensación, retardatarias de los procesos históricos (Unión Europea); y, por último, la idea de un «Anarquismo de la propiedad privada» u Orden natural, según reza en el título de este libro. Estos olvidos explican, tal vez, la frecuencia con que la visión liberal de lo político, consubstancial a la tradición occidental[1], aparece desvirtuada o reducida interesadamente a una supuesta escolástica económica.

El liberalismo no se agota en la visión que de él han ofrecido sus críticos, desde Sismondi [1773-1842] hasta las versiones actualizadas o disimuladas del neokeynesianismo, pasando por la Escuela histórica alemana, confundiendo generalmente el paradigma cataláctico con la tópica de la Economía neoclásica[2]. Mas la tradición liberal tampoco puede quedar circunscrita a las interpretaciones de las escuelas que después de la II Guerra Mundial le devolvieron su lustre secular, particularmente el Ordoliberalismo y la Escuela austriaca. Hay en esta última, bajo la inspiración de Ludwig von Mises [1881-1973] y Friedrich A. von Hayek [1899-1992], una cierta prevención antipolítica, consecuencia de su crítica del constructivismo social, que, sin embargo, se resuelve equívocamente en la aceptación de una suerte de Estado mínimo, cuya magnitud espacial coincide, idealmente en el caso de Mises, con el Estado mundial, lo que no deja de resultar paradójico tratándose de un defensor del derecho colectivo de autodeterminación. La ambigüedad de esta posición política la han puesto de manifiesto precisamente los discípulos de Mises, haciendo cabeza Murray N. Rothbard [1926-1995], en cuyo «Manifiesto libertario»[3] se abrió una nueva vía a la indagación ética y política apelando a lo que se ha llamado el «legado libertario» (the Libertarian Heritage)[4].

Murray N. Rothbard como pensador político

Rothbard ha desarrollado axiomáticamente su sistema a partir de los postulados de la no agresión y de la propiedad privada, deducidos originariamente de una concepción realista del Derecho natural. El Estado, opuesto polarmente a la sociedad anarquista, debía ser a su juicio erradicado. Sin embargo, no puede decirse que el antiestatismo rothbardiano sea necesariamente antipolítico, al menos desde el punto de vista de la estrategia revolucionaria liberal. En todo caso, convendría recordar ahora que ha habido antiestatismos políticos, es decir, no negadores de la centralidad de la política[5], como demuestra el ejemplo de la Revolución americana, y claramente antipolíticos, como el socialismo utópico. Por otro lado, tampoco las ideologías antipolíticas son unívocas, pues las hay de raíz antiestatista, como el anarquismo clásico, y estatista, como el socialismo marxista y la socialdemocracia hoy predominante. El anarcocapitalismo que representan, entre otros, Rothbard y su discípulo Hans-Hermann Hoppe [1949] entraría, con ciertas reservas, dentro de la categoría del antiestatismo no necesariamente antipolítico[6]. Si este detalle suele pasar inadvertido a los comentaristas, incluso a los propios libertarios, ello es debido a la confusión general entre los conceptos de Estado y Gobierno. Así lo reconocía el propio Rothbard: «Uno de los más graves problemas que se plantean en los debates acerca de la necesidad del gobierno es el hecho de que tales discusiones se sitúan inevitablemente en el contexto de siglos de existencia y de dominio del Estado»[7]. Acostumbradas las gentes a la monopolizadora mediación del Estado, les resulta extraordinariamente difícil comprender que su concurso no es per se necesario para el sostenimiento del orden, incluso puede convertirse, como viene sucediendo desde 1945, en el mayor impedimento para la persistencia de un orden social sano. Sucede, en el fondo, que una cosa es el Estado —«forma política concreta de una época histórica»— y otra el Gobierno —«mando jurídicamente institucionalizado»—[8]. El Estado es accidental, pero el Gobierno, al menos en términos de la durée humana, es eterno. Por eso, no sólo como economista teórico, sino como crítico de los sistemas políticos contemporáneos, escribió Rothbard que «el gran non sequitur en que han incurrido los defensores del Estado, incluidos los filósofos clásicos aristotélicos y tomistas, es deducir de la necesidad de la sociedad el Estado»[9]. Esto ha sido así desde finales del siglo XV, fecha a partir de la cual esta forma política operó en etapas sucesivas la pacificación del continente, neutralizando los conflictos y sometiéndolos, si no había más remedio, al juicio de unas guerras limitadas, ante las que todos los Estados se presentaban como justus hostis. Pero ello no quiere decir que la estatal sea la forma definitiva de la convivencia política. El Estado sucedió a otras formas premodernas, incluso convivió con algunas de ellas[10], y será sucedido por ordenaciones de los elementos básicos de la convivencia política desconocidas hasta ahora.

La filosofía política de Hans-Hermann Hoppe

El análisis en profundidad de estos asuntos, en el que las contribuciones de los saberes político y económico resultan imprescindibles por igual, se va abriendo camino en el pensamiento contemporáneo. De ahí el interés que tiene la publicación en España de los trabajos de Hoppe agrupados en su libro Monarquía, Democracia y Orden natural. La obra de Hoppe, economista alemán afincado en los Estados Unidos, en donde imparte clases de Economía política en la Universidad de Nevada-Las Vegas, no desmerece de las enseñanzas de sus dos maestros, Mises y Rothbard. Vale la pena que reparen en estas páginas los juristas y politólogos de formación europea. También cualquier persona preocupada como «ciudadano-contribuyente» por el derrotero de la política contemporánea, objeto que Hoppe examina siempre desde perspectivas insólitas para los lectores habituados a las categorías políticas estatales. Sin embargo, no puede decirse que al autor le resulten ajenas estas últimas. De hecho las ha estudiado con gran aprovechamiento, de ahí que sus planteamientos, particularmente los relativos al fenómeno bélico y a la destrucción del orden interestatal europeo —Jus gentium europaeum— a partir de la I Guerra Mundial coincidan con los de cualquier escritor de la tradición del realismo político, entendida en un sentido amplio: Carl Schmitt, Raymond Aron [1905-1983], Bertrand de Jouvenel [1903-1987] o Gianfranco Miglio [1918-2001][11].

Con este libro pretende su autor ofrecer algunos de los argumentos definitivos en contra de la política estatista y sus consecuencias de todo orden: económicas y éticas particularmente —explotación fiscal y exclusión del derecho de autodefensa—, pero también culturales, pues el estatismo, que altera la preferencia temporal de los individuos, opera en su opinión como un elemento descivilizador. El Estado, en último análisis, es para Hoppe el gran corruptor.

Crítica de la mitología política del siglo XX

Por otro lado, al recorrer las vías incoadas por sus maestros, Hoppe aspira a introducir algunas rectificaciones en la benévola visión que estos tenían de la forma de gobierno democrática. Demostrará además, indirectamente, la potencia científica del método deductivo (teoría social a priori), que para evitar confusiones sería preferible denominar, con Eugen Böhm-Bawerk [1851-1914], axiomático. «Me gustaría fomentar y desarrollar —escribe Hoppe en su introducción— la tradición de una gran teoría social, abarcadora de la Economía política, la Filosofía política y la Historia». El resultado es la revisión sistemática de tres grandes mitos del siglo XX: a) la presunción de la bondad del proceso que, iniciado con la Revolución francesa, culminó después de la I Guerra Mundial con la liquidación del principio monárquico; b) la presunción de que la forma de gobierno democrático constituye la fórmula óptima de gobierno y c), la presunción de la legitimidad de la forma política estatal. El autor desmonta sistemáticamente estas creencias y profundiza en la concepción del gobierno como objeto de apropiación dominical. Ello le permite elaborar una sugestiva teoría de las formas de gobierno, pues, más allá de las clasificaciones tradicionales[12], desde el punto de vista de la propiedad los gobiernos pueden ser «privados» o «públicos».

La renovación de la teoría de las formas de gobierno: el Estado socialdemócrata.

En la práctica, las monarquías europeas tradicionales pertenecen a la primera categoría, a la de los gobiernos de titularidad privada, mientras que las democracias, generalizadas desde la nefasta intervención del presidente Woodrow Wilson [1856-1924] en la Gran guerra y universalizadas, bajo la égida de la mentalidad socialdemócrata, después de los acuerdos de Potsdam, pertenecen a la de los gobiernos públicos. Mas esta distinción, por otro lado, también le permite apuntar las diferencias de todo orden que marcó la injerencia norteamericana en los asuntos europeos. Su apología de los regímenes democráticorrepublicanos («gobiernos públicos»), mezclada con otros factores internos al continente europeo —crisis de civilización, debilidad de la tradición liberal, estrategia oportunista de la socialdemocracia—, abocó al modo de vida político a cuyo sostenimiento se intima a todo el mundo a contribuir, a saber: el Welfare State o Estado de bienestar, según la terminología despolitizada impuesta por los sociólogos, o el Sozialstaat o Estado social y democrático, terminología acuñada en el siglo XIX pero naturalizada políticamente por el constitucionalismo de la II postguerra. En realidad, aunque el asunto no se ha estudiado como merece, las constituciones posteriores a la última contienda mundial no han disimulado su afiliación ideológica, pues al declararse «Estados sociales y democráticos de derecho» apenas ocultan su verdadera naturaleza —la del «Estado socialdemócrata»)[13]—, rindiendo así homenaje al Socialdemokrat Ferdinand Lasalle [1825-1864], enemigo declarado, por cierto, del movimiento asociativo alemán de base liberal.

Una mentalidad política in fieri

Toda la potencia de los conceptos austriacos, incluida la dimensión temporal de toda acción humana, está en estas páginas al servicio de una revisión sistemática de una tópica político-económica que reclama, con urgencia, ser puesta al día. Así procede Hoppe, denunciando las transformaciones de la guerra o la fiscalidad que han tenido lugar con la sustitución de los gobiernos privados por gobiernos públicos. Su examen de la guerra resulta particularmente oportuno, pues destaca que la democratización de los regímenes políticos ha operado como elemento totalizador de aquella. Las guerras de las monarquías, que respondían a la visión clásica de los conflictos interestatales del Derecho de gentes europeo, pero también, aunque a veces se olvide, a la racionalización y al buen sentido introducidos por el liberalismo decimonónico en estos asuntos[14], fueron siempre guerras limitadas. También la fiscalidad de las monarquías ha estado orientada por la prudencia, es decir, la «baja preferencia temporal» de la teoría austriaca. Así, al príncipe que posee como dueño su Estado no le interesa aumentar más allá de cierto límite la presión fiscal, pues eso, a medio plazo, empobrece a los súbditos y descapitaliza su patrimonio. En cambio, recuerda Hoppe, el custodio (caretaker) o representante democrático se desentiende del futuro, pues su cargo es provisional. Ello le aboca a maximizar sus utilidades, pues los beneficios que no pueda realizar a corto plazo aprovecharán a otro cuando sea removido de su cargo. Con esta óptica, elabora también el autor soluciones concretas para la regulación de los flujos migratorios internacionales, la proscripción de la corrupción democrática, el desmantelamiento del Estado nación, la devolución de las propiedades públicas a sus legítimos dueños, la reordenación política de los regímenes sucesores del Imperio soviético y, en última instancia, la transformación del Nuevo Orden Mundial en una agregación de pequeñas y pacíficas ciudades según el modelo de San Marino o Liechtenstein.

Sería deseable que este libro contribuyera a la difusión en el mundo hispánico de la teoría político-social del liberalismo anarquizante, al que su autor, libre del prejuicio europeo de la forma de gobierno óptima[15], se adscribe. Hoppe, presente ya en las bibliografías inglesa, alemana, francesa, italiana, rumana, checa, rusa o coreana, es uno de los representantes más brillantes de esa tradición intelectual, renovada por Rothbard en los años 70 y a la que él mismo ha aportado los notables desarrollos, en algún caso originales, comprendidos en estas páginas. De su lectura cabe esperar, en suma, un impulso para la renovación de la inteligencia de lo político.

Jerónimo Molina

Universidad de Murcia

RECONOCIMIENTOS

La mayor parte de los estudios que aquí se recogen tienen su origen en las conferencias que he pronunciado en diversas reuniones patrocinadas por el Ludwig von Mises Institute y el Center for Libertarian Studies. Algunos aparecieron previamente en diversas publicaciones, vertidos también en otras lenguas. Sin embargo, todos ha sido revisados sistemáticamente y substancialmente ampliados para esta ocasión. Agradezco a Llewellyn H. Rockwell Jr., Presidente del Ludwig von Mises Institute, y a Burton S. Blumert, Presidente del Center for Libertarian Studies, su permanente apoyo, tanto económico como personal, para la maduración y elaboración de las ideas aquí presentadas.

Cristian Comanescu, Robert Nef, Gerad Radnitzky, Jiri Schwarz, Jesús Huerta de Soto y Josef Sima entre otros, me dieron la oportunidad de confrontar mis ideas, de modo que también han contribuido a este trabajo. Para ellos, lo mismo que para un anónimo benefactor cuyo respaldo financiero nunca me faltó, mi reconocimiento.

Walter Block, David Gordon, Jeffrey Herbener, Guido Hülsmann, Stephan Kinsella, Ralph Raico y Joseph Salerno me han distinguido con su amistad durante muchos años. Aunque ninguno tiene que responder por mis ideas, las sugerencias y críticas de todos ellos han ejercido una honda influencia sobre mi pensamiento, bien a través de nuestras innumerables conversaciones, bien a través de la lectura de sus propias monografías.

Más importante todavía ha sido la influencia de Ludwig von Mises y Murray N. Rothbard. Mi deuda intelectual con su obra es enorme, por lo que tan sólo me cabe esperar que la misma haya quedado convenientemente reconocida en los estudios que siguen a continuación. Con Murray N. Rothbard, con quien tuve la fortuna de colaborar estrechamente durante la última década de su vida, tengo además una inmensa deuda personal. Su amistad y su ejemplo de coraje moral, así como su amabilidad permanente, incluso frente a la adversidad, han influido honda y perdurablemente mi proceder y mi actitud ante la vida.

Mi último reconocimiento, pero no por ello el menos importante, es para mi esposa, Margaret Rudelich Hoppe, pues no sólo se ha encargado durante más de veinte años de la ingrata tarea de la edición de mis trabajos en lengua inglesa, sino que, a pesar de su trabajo y del cuidado de la casa y de nuestro dos hijos, siempre ha encontrado tiempo y energías para proporcionarme estímulo, bienestar y felicidad.

INTRODUCCIÓN

La I Guerra Mundial trazó una de las grandes divisorias de la historia moderna. A su término se completó una transformación de todo el mundo occidental, pues el gobierno democrático-republicano y la soberanía popular que arrancaron con la Revolución francesa sucedieron al gobierno monárquico y a la soberanía del Rey. En 1914 sólo había en Europa tres repúblicas —Francia, Suiza y, desde 1911, Portugal—; únicamente la monarquía de Reino Unido, entre todas las europeas, podría considerarse como un sistema parlamentario, es decir, un régimen en el que el poder supremo está investido en un Parlamento electo. Apenas cuatro años más tarde, después de que los Estados Unidos entrasen en la contienda europea, determinando decisivamente su resultado, casi todas las monarquías desaparecieron y Europa, con el resto del mundo, entró en la edad del republicanismo democrático.

Los Romanov, los Hohenzollern y los Habsburgos, militarmente derrotados, tuvieron que abdicar o resignar sus tronos; Rusia, Alemania y Austria se convirtieron en repúblicas democráticas con sufragio universal, masculino y femenino, y gobiernos parlamentarios. Del mismo modo, los nuevos Estados sucesores de los Imperios derrotados, con la única excepción de Yugoslavia, adoptaron constituciones republicanas y democráticas. Las monarquías de Turquía y Grecia fueron derrocadas. Incluso donde esta forma de gobierno subsistía nominalmente, como en Gran Bretaña, Italia, España, Bélgica, Holanda y los países escandinavos, los monarcas dejaron de ejercer un poder efectivo. Al introducirse el sufragio universal todo el poder recayó en los parlamentos y en las magistraturas «políticas».

La transformación política del Ancien régime y sus gobiernos monárquicos y principescos en las democracias republicanas de la nueva época, cuyos gobernantes son elegidos por procedimientos de selección populares, puede caracterizarse por las diferencias existentes entre Austria y el modelo austriaco y los Estados Unidos y el modelo americano. Diversas razones lo atestiguan. En primer lugar, Austria comenzó la guerra, y los Estados Unidos la terminaron. Austria perdió y los Estados Unidos ganaron. En Austria gobernaba un rey —el Emperador Francisco José—, y en los Estados Unidos un presidente elegido democráticamente —el profesor Woodrow Wilson—. Más significativo resulta empero que la I Guerra Mundial no fuese una guerra tradicional, dirimida sobre objetivos territoriales limitados, sino una contienda ideológica; en este sentido, en Austria y los Estados Unidos se personificaron, respectivamente, las ideas enfrentadas, y así lo percibieron los propios contendientes[16].

La I Guerra Mundial comenzó como una disputa territorial clásica, pero al embrollarse la cuestión y producirse la definitiva entrada de los Estados Unidos en la guerra en abril de 1917, adquirió una nueva dimensión ideológica. Los Estados Unidos se fundaron como una república, mas el principio democrático, inherente a esa forma de gobierno, tan sólo se impuso como resultado de la dura derrota y la devastación infligidas a la Confederación secesionista por el gobierno centralista de la Unión. Durante la I Guerra Mundial, la ideología triunfante del republicanismo democrático expansionista halló su mejor personificación en el presidente Wilson. Bajo su administración, la guerra en Europa se convirtió en una misión ideológica —hacer el mundo más seguro para la democracia y liberarlo de gobiernos dinásticos—. Cuando el zar Nicolás II, aliado de los americanos, tuvo que abdicar, estableciéndose en Rusia el nuevo gobierno democrático y republicano de Kerensky, Wilson se alegró. Sin el zar, la guerra se convirtió finalmente en un puro conflicto ideológico: el bien contra el mal. Wilson y sus más próximos consejeros para la política internacional, George D. Herron y el coronel House, sentían una cierta aversión hacia la Alemania del Káiser, la aristocracia y la elite militar. Pero odiaban a Austria. Al caracterizar el punto de vista de Wilson y la izquierda americana decía Eric von Kuehnedt-Leddihn que para ellos «Austria era mucho más perversa que Alemania. Existía en contradicción con el principio mazziniano del Estado nacional; había heredado numerosos símbolos y tradiciones del Sacro Imperio Romano Germánico (águila bicéfala, los colores amarillo y negro, etc.); su dinastía gobernó una vez la Monarquía Hispánica (otra bête noire); dirigió además la Contrarreforma, encabezó la Santa Alianza, combatió el Risorgimento, sofocó la rebelión magiar de Kossuth (a quien se le erigió un monumento en Nueva York), y apoyó moralmente el experimento monárquico de México. El mismo nombre de Habsburgo evoca el catolicismo romano, la Armada invencible, la Inquisición, el cautiverio de Lafayette en Olmütz y el de Silvio Pellico en la fortaleza austriaca de Brünn auf dem Spielberg. Un Estado como ese tenía que ser aniquilado y semejante dinastía debía desaparecer»[17].

Una guerra motivada por razones ideológicas degeneró en seguida en una guerra total. Todas las economías nacionales se militarizaron (socialismo de guerra)[18]; la distinción clásica entre combatientes y no combatientes y entre lo civil y lo militar se quedaron en el camino. Esto explica que las bajas de civiles, víctimas del hambre y la enfermedad, fuesen más numerosas que las de los soldados muertos en los campos de batalla. Por otra parte, dado el carácter ideológico de la guerra, no cabía ya una paz negociada sino la rendición incondicional, la humillación y el castigo del vencido. Alemania tuvo que renunciar a su forma de gobierno monárquica. Alsacia y Lorena, restituidas a Francia, volvieron al estatuto anterior a la Guerra franco-prusiana de 1870-71. Alemania fue desmilitarizada, el Sarre alemán ocupado por Francia y vastos territorios del este entregados a Polonia (Prusia oriental y Silesia). A pesar de todo, Alemania no fue destruida, destino que Wilson reservó a Austria. La expulsión de los Habsburgo trajo consigo el completo desmembramiento del Impero Austro-húngaro. La culminación de la política exterior de Wilson fue la creación de dos nuevos Estados artificiales, Checoslovaquia y Yugoslavia, a expensas del antiguo Imperio. Austria, durante siglos una de la grandes potencias europeas, quedó reducida a un pequeño país germanoparlante; el diminuto Estado se vio forzado a entregar a Italia el Tirol del Sur, la provincia germánica que se extiende hasta el paso de Brenner.

Austria dejó de existir para la política internacional desde 1918. Su lugar lo ocuparon los Estados Unidos, emergente como poder director internacional. Empezó entonces la Era americana, la Pax americana. Había triunfado el principio de la democracia republicana. Sucedería lo mismo después de la II Guerra Mundial y, otra vez, según parece, con el colapso del Imperio soviético a finales de los años 80 y principios de los 90. Según algunos observadores contemporáneos ha llegado el «fin de la Historia». Con ello se ha realizado plenamente la idea americana de una democracia global y universal[19].

Mientras tanto, la Austria habsbúrguica y su régimen predemocrático no merecieron más interés que el dispensado a los experimentos históricos. Naturalmente, a Austria no le han faltado reconocimientos. Ni siquiera los intelectuales demócratas y los artistas de los más diversos sectores pueden ignorar el elevado nivel de la cultura austrohúngara, particularmente de la vienesa. La lista de los grandes nombres asociados a la Viena de los últimos años del siglo XIX y primeros del XX no parece tener fin[20]. Sin embargo, pocas veces se ha querido reconocer la conexión sistemática de este enorme legado espiritual con la tradición predemocrática de la monarquía de los Habsburgos. Cuando así se ha hecho y el proteico carácter de la cultura austro-vienesa de esos años no se ha tomado por una simple coincidencia, se presenta, al modo «políticamente correcto», como una constatación de las sinergias positivas de una sociedad multiétnica y del multiculturalismo[21].

Las evidencias acumuladas a finales del siglo XX no indican el fin de la historia, sino la profunda crisis del sistema americano. Los salarios reales en los Estados Unidos y en Europa occidental se han estancado o incluso han caído desde finales de los años 60 y principios de los 70. Las tasas de desempleo, particularmente en Europa occidental, no han dejado de crecer, excediendo actualmente el 10%. La deuda pública aumentó por todas partes hasta niveles astronómicos, superando en muchos casos el producto interior bruto de los países. Del mismo modo, los sistemas de seguridad social están generalmente en bancarrota o al borde de la misma. El desplome del Imperio soviético representó no tanto el éxito de la democracia como la bancarrota de la idea del socialismo, acusación implícita contra el llamado en occidente socialismo democrático más que contra el socialismo real. Por otro lado, en el hemisferio occidental proliferan los particularismos nacionales, étnicos y culturales, el separatismo y el secesionismo. Yugoslavia y Checoslovaquia, las creaciones democráticas y multiculturales de Wilson, se han disgregado en varios Estados. Menos de un siglo de democracia consolidada ha provocado en los Estados Unidos una creciente degeneración moral, la desintegración familiar y social y la decadencia cultural según se pone de manifiesto en las crecientes tasas de divorcio, paternidad ilegítima, abortos y criminalidad. El resultado de una permanente expansión de las leyes antidiscriminatorias —«acción afirmativa»— y de las políticas de inmigración igualitaristas y multiculturales ha sido que ni un solo reducto de la sociedad americana está libre de la injerencia del gobierno y de la integración forzosa. Todo ello ha agravado dramáticamente la lucha social y la hostilidad y la tensión racial, étnica y cultural.

Estas decepcionantes experiencias cuestionan seriamente las virtudes del sistema americano. Se ha vuelto a formular la vieja cuestión: ¿qué hubiese sucedido si, conforme a su promesa electoral para la reelección, Woodrow Wilson hubiese mantenido a los Estados Unidos fuera de la I Guerra Mundial? Por su naturaleza ucrónica, la respuesta a esta interrogante nunca podrá ser empíricamente verificada; lo que ni priva de sentido a la pregunta, ni convierte en arbitraria toda posible respuesta. A partir de la visión que hoy tenemos de aquellos acontecimientos y de las personalidades en ellos implicadas, el asunto de los cursos históricos alternativos más probables puede tener una explicación detallada y bastante verosímil[22].

De haberse atenido rigurosamente los Estados Unidos al no intervencionismo de su política exterior, es probable que la guerra hubiese concluido a finales de 1916 o principios de 1917 como consecuencia de las numerosas iniciativas de paz, entre las que destacó la del Emperador austriaco Carlos I. De ese modo hubiesen podido las partes negociar un compromiso aceptable, salvando así su posición ante el Derecho público europeo y evitando el dictado (Diktat). Consecuentemente, Austria-Hungría, Alemania y Rusia, en vez de transformarse en efímeras repúblicas democráticas, habrían mantenido su forma monárquica tradicional. El Zar de Rusia, el Káiser alemán y el Emperador de Austria hubiesen hecho casi imposible la conquista del poder por los bolcheviques en Rusia, con lo que se hubiese impedido, a su vez, que como reacción frente a la amenaza comunista en el este, hicieran lo mismo fascistas y nacionalsocialistas en Italia y Alemania[23]. Con ello se hubiesen salvado millones de víctimas del comunismo, del nacionalsocialismo y de la II Guerra Mundial. Tampoco habría tenido lugar en los Estados Unidos y en Europa occidental la ampliación de la injerencia y el control gubernamentales sobre la economía privada, hasta alcanzar las magnitudes hoy conocidas. Europa central y oriental (y después medio mundo) no habrían caído, finalmente, en las manos de los comunistas, siendo saqueadas, devastadas y aisladas a la fuerza de los mercados occidentales durante más de 40 años, de modo que el continente europeo y, por tanto, todo el globo, habría seguido integrado económicamente, como en el siglo XIX, en el sistema mundial de cooperación y división del trabajo. Si las cosas hubiesen sido así, los niveles de vida estarían actualmente mucho más desarrollados.

A la luz de esta clarificadora experiencia y del curso contemporáneo de los acontecimientos, el sistema americano y la Pax americana se nos aparecen como desastres sin paliativos, en contra de la historia «oficial», escrita siempre por los vencedores —en este caso, desde la óptica de los defensores de la democracia—; mucho más atractivas resultan, en cambio, la Austria de los Habsburgos y la edad predemocrática[24]. Resultaría pues de gran utilidad examinar sistemáticamente la transformación epocal de las monarquías en democracias.

Si bien la historia desempeñará aquí un importante papel, lo que sigue no es el trabajo de un historiador, sino, más bien, de un economista político y filósofo. No se presentan datos nuevos o poco conocidos. En su lugar, la originalidad a la que pueden aspirar estos estudios tiene que ver con las novedosas y poco frecuentadas interpretaciones de hechos aceptados y generalmente conocidos; por lo demás, la cuestión determinante para un especialista y, así mismo, el objeto de la mayoría de los debates científicos no son tanto los hechos en si mismos, sino su interpretación. Se puede aceptar, por ejemplo, que el nivel de vida norteamericano, la presión fiscal y las reglamentaciones económicas fueron relativamente bajas durante el siglo XIX y que crecieron en el XX. La cuestión es saber si la elevación del nivel de vida en el siglo XX se debió al aumento de los impuestos y reglamentaciones o si tuvo lugar, más bien, a pesar de ello. Es decir, ¿hubiese podido mejorar todavía más el nivel de vida si los impuestos y las reglamentaciones hubiesen permanecido en los niveles del siglo anterior? Del mismo modo, debe reconocerse que las subvenciones asistenciales y los índices de criminalidad durante la década 1950 eran comparativamente menores a los actuales. ¿Aumentó la criminalidad a causa de la expansión del asistencialismo o a pesar de este último? ¿Y si ambos fenómenos no tuviesen nada que ver y su relación fue una mera coincidencia? Los hechos no solucionan este tipo de problemas, algo que ningún repertorio de datos estadísticos manipulados puede cambiar. Los hechos históricos son lógicamente compatibles con cualesquiera interpretaciones alternativas y los historiadores, en la medida que sólo son historiadores, no pueden decidirse por ninguna de ellas.

Para poder decidir racionalmente entre interpretaciones incompatibles se necesita disponer de una teoría o, al menos, de una proposición teorética cuya validez no dependa de la experiencia histórica sino que pueda ser establecida a priori, de una vez por todas, mediante la aprehensión o comprehensión intelectual de la naturaleza de las cosas. En ciertos ámbitos esta teoría no goza de estimación y según algunos filósofos, en particular la variedad empiropositivista, una teoría de este tipo resulta inaceptable si no imposible. Mas este libro no es un tratado filosófico para dirimir ciertos problemas epistemológicos y ontológicos. No pretende, ni ahora ni después, refutar directamente la tesis empiropositivista de que no existe una teoría a priori, es decir, proposiciones asertivas sobre la realidad susceptibles de ser confirmadas independientemente de los resultados de cualquier experiencia futura[25]. Sin embargo, conviene reconocer desde el principio que esa tesis y, por tanto, todo el programa de investigación empiropositivista, ideológicamente dominante durante la mayor parte del siglo XX y que puede verse como el resultado de la aplicación de los principios de la democracia (igualitaria) al ámbito científico, constituyen un error y han sido minuciosamente refutados[26]. Unos pocos ejemplos —tomados del campo de las ciencias sociales— bastarán para aclarar el sentido de una teoría a priori, despejando cualquier duda sobre la misma, y postular la validez intuitiva y la conformidad con el sentido común de mi perspectiva teorética[27].

He aquí algunos ejemplos de lo que significa para mi una teoría a priori: una cosa material no puede estar en dos lugares al mismo tiempo; dos objetos no pueden ocupar el mismo lugar; la línea recta es la línea más corta entre dos puntos; dos líneas rectas no pueden encerrar un espacio; si un objeto es rojo no puede ser verde (ni azul, ni amarillo, etc.); si un objeto tiene color tiene también una extensión; la configuración de cualquier objeto presupone unas ciertas dimensiones; si A es una parte de B y B es una parte de C, A es también parte de C. 4 = 3 + 1. 6 = 2 (33 - 30). Resulta sorprendente que los empiricistas hayan rebajado este tipo de proposiciones a meras convenciones lingüístico-sintácticas sin contenido empírico alguno, a tautologías «vacías». Por el contrario, estimo que esas proposiciones declaran algunas verdades, simples pero fundamentales, relativas a la estructura de la realidad. Considero, también de conformidad con el sentido común, que quien pretenda «validar» estas proposiciones o aportar «hechos» que puedan contradecirlas o se aparten de ellas está confundido. Una teoría a priori se impone sobre la experiencia y la corrige, puesto que la lógica puede invalidar la observación pero no al revés.

Significativamente, los ejemplos de una teoría a priori abundan en las ciencias sociales, particularmente en la economía política y la filosofía: la acción humana consiste en la intencionada persecución de ciertos fines valiosos con medios escasos. Nadie puede proponerse intencionadamente no actuar. Toda acción aspira a realizar el bienestar subjetivo del actor, mejorando la situación de partida. Una gran cantidad de un bien es más apreciada que una menor cantidad del mismo bien. Una satisfacción actual es preferible a una ulterior o diferida. La producción siempre precede al consumo. Lo que se consume ahora no puede consumirse nuevamente en el futuro. Si baja el precio de un bien, se comprará la misma cantidad o más. Los precios fijados por debajo del precio de mercado provocarán escasez permanente. Sin la propiedad privada de los factores de producción no hay precios de los factores, y sin estos resulta imposible la contabilidad de costos. Los impuestos constituyen una carga sobre los productores y los propietarios, reduciendo la producción y la riqueza por debajo del nivel que, en otro caso, se registraría. Los conflictos interpersonales se explican por la escasez. Ninguna cosa o parte de ella puede ser poseída al mismo tiempo por más de una persona. La democracia o gobierno de la mayoría es incompatible con la propiedad privada. No hay forma de imposición uniforme (equitativa), pues toda imposición configura dos clases desiguales, la de los pagadores de impuestos y la de los perceptores o consumidores de los mismos. La propiedad y los títulos de propiedad son entidades distintas, de modo que si el incremento de estos últimos no está acompañado de la expansión de la primera, la riqueza social no aumenta sino que, además, la que ya existe es repartida.

Para un empiricista, este tipo de proposiciones deben tomarse, bien como convenciones del lenguaje carente absolutamente de todo contenido empírico, bien como meras hipótesis provisionales, siempre susceptibles de comprobación. Creo que esto carece de sentido. Se nos tacha de ser poco sinceros cuando presentamos estas proposiciones sin contenido empírico ¡Desde luego que afirman algo sobre las cosas y los acontecimientos reales! Por eso tampoco parece muy sincero aceptarlas como hipótesis. Las proposiciones hipotéticas, según se entienden normalmente, son afirmaciones de este tenor: los niños prefieren McDonald’s antes que Burger King. La proporción mundial del gasto en vacuno y cerdo es de 2:1. Los alemanes prefieren España antes que Grecia como destino vacacional. Las compras realizadas inmediatamente antes de Navidad superan a las realizadas inmediatamente después. Los católicos de los Estados Unidos votan generalmente «demócrata». Los japoneses ahorran la cuarta parte de su ingresos disponibles. Los alemanes beben mas cerveza que los franceses. Los Estados Unidos producen más ordenadores que cualquier otro país. La mayoría de los habitantes de los Estados Unidos son blancos y descendientes de europeos. La verificación de este tipo de proposiciones requiere una acumulación de datos históricos. Puesto que las relaciones consignadas no son necesarias, sino contingentes, es necesario examinarlas continuamente; así, no es imposible, inconcebible o equivocado sin más reconocer lo contrario: que los niños prefieren Burger King a McDonald’s o que los alemanes eligen Grecia antes que España, etc. No es este, empero, el caso de las proposiciones teoréticas precedentes. Negarlas y decir, por ejemplo, que una menor cantidad de un bien sería preferible a una mayor, o que lo ahora consumido puede volver a consumirse en el futuro, o que se puede llevar la contabilidad de costes sin los precios de los factores resulta absurdo; cualquier investigador comprometido con la «investigación empírica» o con la «determinación» de la proposición válida de un par dado es un ignorante o un impostor.

Desde el punto de vista aquí adoptado, las proposiciones teoréticas como las recién mencionadas se aceptan por lo que son aparentemente: afirmaciones sobre relaciones y hechos necesarios. Como tales, pueden ser ilustradas por los datos históricos, pero estos no pueden confirmarlas ni refutarlas[28]. Al contrario. Incluso si la experiencia histórica puede resultar necesaria para formarse un concepto teorético intuitivo, este último se refiere a hechos y relaciones que se extienden más allá de cualquier experiencia histórica, trascendiéndola lógicamente. Una vez formalizada la intuición teorética puede utilizarse como un canon crítico, como una suerte de constante científica para corregir, revisar, rechazar o aceptar interpretaciones históricas. No es posible, por ejemplo, que la elevación de los impuestos y el aumento de las reglamentaciones sean la causa de la mejora del nivel de vida; en realidad, este únicamente se eleva a pesar de los impuestos y las reglamentaciones. Del mismo modo, la penetración teorética puede descartar como carentes de sentido suposiciones del tipo «el incremento del consumo tira de la producción» (crecimiento económico), «los precios (máximos) por debajo del punto de equilibrio del mercado ocasionan la acumulación de bienes excedentes» o «la ausencia de democracia es la causa de las disfunciones económicas del socialismo». Desde una óptica teórica, sólo el incremento del ahorro, de la formación de capital y, en su caso, de la productividad pueden incrementar la producción; sólo un sistema de precios (mínimos) garantizados por encima del punto de equilibrio del mercado genera excedentes y únicamente la ausencia de propiedad privada es la causa de la crisis del socialismo. Debo insistir en que ninguna de estas afirmaciones necesita ulteriores verificaciones empíricas. Ocuparse de su comprobación constituye un signo de confusión.

Cuando más arriba señalé que esta tarea no es propia de historiadores, sino de economistas políticos y filósofos, es evidente que no me parece que ello sea una desventaja. Como ya dije, antes al contrario, los historiadores qua historiadores no pueden decidir racionalmente entre interpretaciones incompatibles de la misma secuencia de datos y acontecimientos; de ahí que ellos no tengan respuestas para los problemas sociales últimos. La ventaja primordial del economista político y del filósofo sobre el simple historiador —incluyendo los beneficios proporcionados por el estudio de la economía política y la filosofía realizados por historiadores—, es el conocimiento de una teoría social pura, a priori, que le habilita para evitar los de otro modo ineluctables errores en la interpretación de secuencias de fenómenos históricos complejos y presentar un balance histórico teoréticamente corregido o «reconstruido» y resueltamente crítico o «revisionista».

En los estudios que siguen a continuación, basados y motivados en la penetración teorética de la economía política y de la filosofía política (la ética en el sentido de Rothbard), propongo la revisión de tres interpretaciones o creencias centrales, casi míticas, relativas a la historia contemporánea.

La contemplación teorética más elemental de la naturaleza de la propiedad privada y su estatuto frente a la de la «propiedad» y administración públicas, o la de las empresas frente a la de los gobiernos (o Estados), me induce a proponer en primer lugar una revisión de la opinión dominante sobre las monarquías hereditarias tradicionales; así pues, postularé una interpretación favorable poco convencional sobre la monarquía y la experiencia monárquica. La monarquía es, en esencia, reconstruida teoréticamente como una forma de gobierno de propiedad privada, lo que se reconoce tanto en su proyección hacia el futuro como en el respeto de las decisiones políticas por el valor del capital y las condiciones del cálculo económico. En segundo lugar, la democracia y la experiencia democrática son examinadas bajo una luz tan poco favorable como desusada. Aquella se presenta como una forma de gobierno de propiedad pública, cuyas medidas gubernativas, orientadas al presente, no tienen en cuenta o desprecian el valor del capital; del mismo modo, la transición de la monarquía a la democracia se presenta como un fenómeno de decadencia de la civilización.

Pero todavía me parece más determinante y heterodoxa la propuesta de una tercera revisión.

A pesar de mi favorable presentación de la monarquía, al menos en términos comparativos, yo no soy monárquico y aquí no se defiende la forma de gobierno monárquica. La posición que he adoptado frente a la monarquía es, más bien, esta otra: si tiene que haber un Estado, definido como una agencia que ejerce el monopolio territorial coactivo de las decisiones en última instancia (jurisdicción) y la imposición fiscal, resulta económica y éticamente ventajoso elegir la monarquía y no la democracia. Lo cual deja abierta la cuestión sobre si el Estado es necesario o no, es decir, si existe una alternativa a ambas formas de gobierno. Una vez más, la historia no nos proporciona una respuesta. Por definición, no puede existir una «experiencia» de lo contrafáctico y alternativo; al menos en lo que toca al mundo occidental desarrollado, la historia moderna no es otra cosa que la historia del Estado y del estatismo. Sólo la teoría puede pronunciarse, según acabamos de ver, sobre las proposiciones teoréticas referidas a relaciones y hechos necesarios. Además, si la teoría puede emplearse para rechazar ciertas interpretaciones históricas falsas, también resulta válida, por la misma razón, para reconocer la posibilidad de otras ordenaciones de los hechos, incluso si nunca han existido o no se han ensayado todavía.

La teoría social elemental muestra, en contra de la opinión dominante en estos asuntos, que ningún Estado tiene justificación económica o ética. Todo Estado, independientemente de su constitución, es económica y éticamente deficiente. Desde la óptica de los consumidores, cualquier monopolio, incluido el de las decisiones últimas, es «malo». En su sentido clásico, entiendo por monopolio la ausencia de libertad de entrada en una línea de producción determinada: tan sólo una agencia, A, puede producir X. Cualquier monopolista de esta especie, protegido de concurrentes potenciales, perjudica a los consumidores, pues los precios de sus productos serán más altos y su calidad inferior. Nadie estaría conforme con un sistema de provisión que permitiese al monopolista, árbitro y juez en última instancia de los casos litigiosos, fijar unilateralmente y sin consentimiento de los afectados el precio que se debe pagar por el servicio. El poder impositivo es, por tanto, éticamente inaceptable. En efecto, el monopolista de la soberanía revestido del poder fiscal no sólo produce una justicia de calidad decreciente, sino que ocasiona «males» adicionales (injusticia y agresión). Así pues, la alternativa entre monarquía y democracia se refiere a dos tipos imperfectos de orden social. La historia moderna nos ilustra en realidad sobre los desfallecimientos económicos y éticos de todo Estado, sea monárquico o democrático.

Además, la propia teoría social demuestra positivamente la posibilidad de un orden social alternativo, libre de los defectos económicos y éticos de la monarquía y la democracia (y de toda otra forma de Estado). El término adoptado aquí para denominar un sistema social libre del monopolio y la imposición es «orden natural». Otros nombres usados en otro contexto o por otros escritores para referirse a lo mismo son «anarquía ordenada», «anarquismo de la propiedad privada», «anarcocapitalismo», «autogobierno», «sociedad regida por el derecho privado» y «capitalismo puro».

Pero el objeto de este libro, más allá de la monarquía y la democracia, es la «lógica» de un orden natural en el que todos los recursos escasos serían de titularidad privada, las empresas dependerían de las contribuciones voluntarias de los consumidores o de donantes particulares y la entrada en cualquier sector de la producción, incluidas la justicia, la policía y los servicios de defensa, sería libre. Confrontada la monarquía con el orden natural destacarán, justamente, los errores económicos y éticos de la primera. Procediendo del mismo modo se pondrán también en evidencia los errores, todavía más graves, de la democracia, presentándose la histórica transformación de la monarquía como un fenómeno de decadencia cultural. Dado el estatuto lógico del orden natural, entendido como respuesta teorética a los problemas fundamentales del orden social —protección de la libertad, la propiedad y la persecución de la felicidad—, se incluyen aquí amplias discusiones sobre varios problemas estratégicos, por ejemplo las condiciones del cambio social y, particularmente, los requerimientos para una radical transformación de la democracia en un orden natural.

A pesar de las poco convencionales conclusiones de estos estudios, las teorías y teoremas en los que están basados no son realmente nuevos ni heterodoxos. Si se asume, como es mi caso, que la teoría social a priori existe, puede suponerse que la mayor parte de ese conocimiento es inveterado y que el progreso teorético avanza lenta y trabajosamente. Este parece ser el caso. De ahí que, incluso si mis conclusiones pueden parecer radicales o extremistas, como escritor teorético soy sin duda conservador. Mi sitio está con la tradición intelectual que se remonta como mínimo a la Escolástica española del siglo XVI y cuya expresión moderna más clara se encuentra en la llamada Escuela austriaca de Economía política (Austrian School of Economics): la tradición de la teoría social pura que representan Carl Menger, Eugen von Böhm-Bawerk, Ludwig von Mises y Murray N. Rothbard[29].

Más arriba me referí a la Austria habsbúrguica y a los Estados Unidos de América como los países más estrechamente asociados con el viejo régimen monárquico y la nueva era democrático-republicana respectivamente. Aquí tropezamos otra vez con la Austria de los Habsburgo, razón por la que este libro también podía haberse titulado Una visión austriaca de la era americana. La Escuela austriaca pertenece a lo más granado de las numerosas tradiciones artísticas e intelectuales originada en la Austria de la preguerra. Uno de los numerosos efectos de la destrucción del Imperio Habsburgo fue la desaparición en Austria y en el continente europeo de la tercera generación de la escuela, encabezada por Ludwig von Mises, quien, en su emigración a Nueva York en 1940, la exportó a los Estados Unidos. Sería en América donde la teoría social austriaca arraigaría más firmemente, debido sobre todo a la labor de su destacado discípulo americano Murray N. Rothbard.

Estos ensayos están escritos desde la aventajada perspectiva de la moderna teoría social austriaca. En ellos se nota la influencia de Ludwig von Mises y especialmente de Murray N. Rothbard. Los elementales teoremas económicos y filosóficos aquí empleados con el fin de reconstruir la historia y proponer alternativas operativas a la democracia, han sido tratados con detalle en las principales obras teóricas de Mises y Rothbard[30], pero también en sus numerosos trabajos aplicados. En todo caso, mis estudios comparten con Mises, pero sobre todo con Rothbard, un recio y constitutivo antiestatismo y una posición favorable a la propiedad privada y la libre empresa.

Ello no obstante, mi contribución puede considerarse original en dos aspectos. Por un lado, proporciona una profunda comprensión de la historia política moderna. Mises y Rothbard se ocuparon de muchos de los asuntos económicos y políticos centrales en el siglo XX: socialismo y capitalismo; monopolio y concurrencia; propiedad privada y pública; producción, comercio e imposición, reglamentación, redistribución, etc. Los dos ofrecieron un preciso balance del rápido desarrollo del poder del Estado durante su siglo y explicaron sus deletéreas consecuencias económicas y morales. Sin embargo, estando fuera de duda su excepcional penetración intelectual y clarividencia (sobre todo si se les compara con sus rivales empiropositivistas), ni Mises ni Rothbard se ocuparon de investigar sistemáticamente las causas de la decadencia del pensamiento liberal clásico, del laissez-faire capitalista y del simultáneo crecimiento de las ideologías políticas anticapitalistas y del estatismo durante el siglo XX. Ninguno de los dos creía, ciertamente, que la democracia fuese una de esas causas. De hecho, aunque fueron conscientes de las deficiencias económicas y éticas de la democracia, sentían debilidad por ella, entendiendo que la transición desde la forma de gobierno monárquica a la democrática constituía un progreso. Por mi parte, explicaré el vertiginoso desarrollo del poder estatal en el siglo pasado, fenómeno del que se lamentaban Mises y Rothbard, como producto de la democracia y de la mentalidad democrática, es decir, la (errónea) creencia en la eficacia y justicia de la propiedad pública y del gobierno popular (sometido a la regla de la mayoría).

Por otro lado, estos estudios, basados en una visión profundamente «revisionista» de la historia contemporánea, ofrecen una «mejor» interpretación, más aguda y clara, del orden natural como alternativa operable al status quo democrático. He incluido explicaciones minuciosas sobre el funcionamiento del orden natural como un sistema social sin Estado y con agencias de seguros de adhesión voluntaria, proveedoras de ley y orden en régimen de libre competencia. También me he detenido en el examen de problemas estratégicos, en particular la secesión y la privatización como los vehículos y medios básicos para superar la democracia y establecer un orden natural.

Cada capítulo tiene un contenido independiente y puede ser leído por separado. Aunque ello implica cierto solapamiento temático, permite la combinación de los distintos capítulos en un todo teórico que se va ampliando progresivamente. Con estos estudios me gustaría impulsar la tradición de la teoría social austriaca, contribuyendo a que sea reconocida no sólo como un reducto de la verdad, sino por su carácter sugestivo y estimulante. En términos generales, me gustaría también fomentar y desarrollar la tradición de una gran teoría social, abarcadora de la Economía política, la Filosofía política y la Historia, así como de los problemas normativos y positivos de estas disciplinas. Un término como Sociología podría parecer apropiado para esta empresa. Mas habiendo sido usado a veces en este sentido, lo cierto es que bajo la influencia predominante de la filosofía empiropositivista, el término ha adquirido una significación totalmente distinta. Según la doctrina empiricista, los problemas normativos no son en absoluto «científicos» y no existe una teoría a priori. Lo que viene a ser igual que rechazar de entrada la gran teoría social austriaca por «acientífica». De acuerdo con esto, casi todo lo que hoy pasa por Sociología no sólo resulta falso sin más, sino también irrelevante e insulso. Los siguientes estudios representan, claramente, todo lo que un buen positivista no puede ni podrá cultivar: la interdisciplinariedad, la teoría y todo tipo de problemas empírico-positivos y normativos. Espero poder demostrar con el ejemplo que se trata del enfoque científico adecuado, siendo además uno de los más sugestivos.

Hans-Hermann Hoppe

Las Vegas, Nevada

Septiembre de 2000

Capítulo 1

PREFERENCIA TEMPORAL,

GOBIERNO Y DESCIVILIZACIÓN

La preferencia temporal

Cuando un actor ejecuta una acción pretende invariablemente pasar de una situación poco ventajosa a otra más favorable, demostrando así una preferencia por una mayor cantidad de bienes. Tiene también en cuenta el actor en qué momento del futuro alcanzará sus objetivos, es decir, cuánto tiempo necesitará para realizar su empeño, y cuál será la vida útil de los bienes. Manifiesta pues una preferencia universal por los bienes presentes sobre los futuros y por los más duraderos sobre los perecederos. En esto consiste el fenómeno de la preferencia temporal[31].

Puesto que todo actor necesita tiempo para conseguir sus metas y no hay ser humano que pueda prescindir de satisfacer sus necesidades y renunciar al consumo, el tiempo siempre resulta escaso. De modo que los bienes presentes o actuales son e invariablemente serán más apreciados que los futuros. Si el hombre no fuese constreñido por la preferencia temporal, sino por la elección de una mayor o menor cantidad de un bien, elegiría sin duda los procesos de provisión más productivos, sin tener en cuenta el término temporal al cabo del cual estos procesos rendirán su fruto. Siempre ahorraría y nunca consumiría. En tal caso, Crusoe empezaría por construir un arrastrero —el ingenio pesquero económicamente más eficiente— en vez de hacerse una caña de pescar. Pero es evidente que nadie, ni siquiera Crusoe, puede proceder así, pues el hombre valora de modo singular «periodos igualmente dilatados de satisfacción, pero diferentemente alejados del momento en que el actor toma su decisión». «El fenómeno de la preferencia temporal es precisamente lo que restringe el ahorro y la inversión»[32].

El hombre, condicionado por la preferencia temporal, diferirá la satisfacción de una necesidad actual sólo si puede prever que con ello aumentará su satisfacción en el futuro. La estimación de la preferencia temporal, que varía de una persona a otra y de un momento al siguiente, es siempre positiva y determina la magnitud de la gratificación de la renuncia a consumir, así como el ahorro y la inversión totales. El tipo de interés de mercado consiste en el agregado de todas las preferencias temporales individuales, el cual refleja la preferencia temporal social y el equilibrio entre el ahorro y la inversión sociales, es decir, entre la provisión actual de bienes disponible para cambiarlos por bienes futuros y la demanda de bienes presentes susceptibles de un rendimiento futuro.

Sin un ahorro previo, es decir, sin la abstención del consumo de bienes presentes, reflejada en el exceso de la producción actual sobre el consumo actual, no puede haber fondos prestables disponibles. Pero tampoco estos fondos serán demandados si no se ve la oportunidad de emplear productivamente los bienes presentes, invirtiéndolos de modo que se produzca un retorno superior a la renuncia actual. De este modo, si todos los bienes presentes fuesen consumidos y no se invirtiesen en métodos productivos de larga duración, el tipo de interés sería infinitamente alto, lo cual equivaldría, fuera del Jardín del Edén, a llevar una existencia animal, satisfaciendo con las propias manos las necesidades de una vida primitiva, condicionada por el deseo de una gratificación instantánea.

La oferta y la demanda de financiación se expanden —lo cual forma parte de la naturaleza humana—, si de entrada se reconoce que los procesos de producción indirectos y prolongados en el tiempo son cualitativa o cuantitativamente superiores a los directos y breves[33]. En segundo lugar, el ahorro permite acumular la suficiente cantidad de bienes de consumo presentes para satisfacer ciertas necesidades que, en razón de su persistencia en el tiempo, se juzgan más urgentes que la expectativa de un incremento en el bienestar futuro, debido a la adopción de procesos productivos que requieren una mayor incorporación de tiempo.

Sólo bajo estas condiciones comienza y se mantiene la formación y acumulación de capital. La tierra y el trabajo, los factores productivos originarios, en vez de aplicarse en procesos generadores de una gratificación inmediata, son encuadrados en la producción de bienes de capital. Estos últimos sólo tienen valor como productos intermedios en el proceso de fabricación de bienes (de consumo) futuros y en la medida en que dicho proceso resulte más productivo si los emplea o, lo que es lo mismo, siempre y cuando el poseedor o productor que recurre a los bienes de capital esté temporalmente más próximo a la terminación del proceso que quien no tenga acceso a esos bienes (para alcanzar el mismo objetivo). La apreciación de un bien de capital con respecto al valor de los factores originarios necesarios para su producción (precio), es debido a la mencionada diferencia con respecto al tiempo, así como al hecho universal de la preferencia temporal. Es lo que cuesta el tiempo, el acercamiento al objetivo final, evitando tener que comenzar el proceso desde el principio. Por la misma razón, el valor resultante debe exceder la suma empleada en sus factores de producción, es decir, el precio pagado por el capital y por los servicios laborales anejos.

Cuanto menor sea la estimación de la preferencia temporal, antes comenzará el proceso de formación de capital y más rápidamente se alargará la estructura indirecta de producción. Todo incremento en la acumulación de capital, así como la expansión de la estructura productiva hará aumentar subsecuentemente la productividad marginal del trabajo. Lo cual determina un aumento, bien del empleo, bien de los salarios; incluso puede suponer el alza del salario total, en el caso de que la curva de la oferta de trabajo decline hacia atrás. Una población asalariada bien pagada y provista de bienes de capital producirá un incremento global del producto social, elevándose también el ingreso real de los propietarios del capital y la tierra.

Los factores que influyen sobre la preferencia temporal y el proceso de civilización

Los factores que influyen sobre la preferencia temporal pueden ser externos, biológicos, personales y sociales o institucionales.

Los factores externos son los acontecimientos que tienen lugar en el entorno físico de un actor y cuyos efectos no puede controlar ni directa ni indirectamente. Estos acontecimientos únicamente pueden influir sobre la preferencia temporal si han sido previstos y en la medida en que lo sean. Pueden ser de dos clases. Si se espera que un suceso positivo como la caída del maná celestial va a tener lugar en algún momento del futuro, la utilidad marginal de los bienes futuros caerá en relación a los presentes. La estimación de la preferencia temporal aumentará, estimulándose el consumo. Cuando se hayan cumplido las expectativas y la provisión de bienes futuros se haya sumado, aumentándola, a la oferta de bienes presentes, sucederá lo contrario. La preferencia temporal disminuirá, creciendo el ahorro.

En el caso de la previsión de un suceso como una inundación, la utilidad marginal de los bienes futuros crecerá. La estimación de la preferencia temporal caerá y el ahorro aumentará. Pero después de la inundación, minorada la provisión de bienes presentes, la preferencia temporal volverá a elevarse[34].

Los procesos biológicos están técnicamente al alcance del actor, pero a efectos de cualquier propósito concreto en un futuro previsible deben contemplarse como algo dado al actor, como si se tratase de acontecimientos externos al mismo.

El hombre ha nacido y se desarrolla hasta llegar a adulto, es capaz de procrear durante una parte de su vida, envejece y muere. Estos hechos biológicos inciden directamente sobre la preferencia temporal. El niño tiene una estimación de la preferencia temporal extraordinariamente alta en razón de las limitaciones de su desarrollo cognitivo. No son capaces de concebir las expectativas de una vida personal que transcurre durante un amplio periodo de tiempo; tampoco comprenden plenamente la producción como un modo indirecto de consumo. Prefieren, por ello, los bienes presentes y la satisfacción inmediata a los bienes futuros y la gratificación diferida. El ahorro y la inversión son poco frecuentes a esas edades y la provisión rara vez va más allá del futuro inmediato. Los niños viven al día y de goces instantáneos y sucesivos[35].

Pero la altísima preferencia temporal de partida tiende a caer a medida que el actor se hace adulto. La utilidad marginal de los bienes futuros aumenta cuando se descubren las expectativas vitales y las posibilidades de la producción como medio indirecto de consumo. Ello estimula el ahorro y la inversión, prolongándose los periodos de producción y aprovisionamiento.

Cuando, por último, llega la vejez y se acerca el final de la vida, la preferencia temporal tiende de nuevo a crecer. La utilidad marginal de los bienes futuros cae, pues ya no queda mucho tiempo. El ahorro y las inversiones disminuyen y crece el consumo —incluyendo la no reposición del capital y los bienes de consumo duraderos—. El efecto de la vejez puede empero neutralizarse y suspenderse, ya que el acto biológico de la procreación permite a un actor ampliar su periodo de provisión más allá de la duración de su propia vida. En tal caso, su preferencia temporal puede mantenerse en los niveles de la plenitud vital hasta la muerte.

Aunque constreñido siempre por los factores externos y biológicos, cada actor ajusta la preferencia temporal según sus propias evaluaciones subjetivas. El carácter de dicha estimación alta o baja y los cambios que pueda experimentar a lo largo de la vida dependen de factores psicológicos personales. Hay quien, como los niños, se desentiende de todo lo que no sea el presente y el inmediato futuro, interesándose tan sólo por los placeres instantáneos o apenas diferidos. Esta elevada preferencia temporal puede ser la de un vagabundo, un holgazán, un borracho, un yonqui, un fantasioso o simplemente la de un vivales, que aspira a trabajar lo menos posible para sacarle el máximo partido a cada día. Otras personas, en cambio, están permanentemente preocupadas por su futuro y el de su descendencia; mediante el ahorro pretenden acumular capital y bienes de consumo duraderos, para cubrir así sus necesidades de bienes futuros en periodos de provisión cada vez más largos. Un tercer tipo de personas puede situar la estimación de su preferencia temporal en algún punto situado entre los dos extremos, o experimentar preferencias diversas según la época de su vida, eligiendo, consiguientemente, estilos de vida diferentes[36].

Mas no importa cuál es la preferencia temporal primaria de una persona o cuál la distribución básica de dicha estimación en una población dada, pues una vez que ha descendido lo suficiente como para permitir el ahorro y la formación de capital o bienes de consumo duraderos, se desencadena la tendencia hacia la caída de la preferencia temporal, acompañada por el «proceso de civilización»[37].

El ahorrador intercambia bienes (de consumo) actuales contra bienes (de capital) futuros, confiando en que estos últimos le ayudarán a producir una provisión mayor de bienes tangibles en el futuro. De otro modo no ahorraría. Si sus expectativas se cumplen, y todo lo demás sigue igual, la utilidad marginal de los bienes presentes caerá con respecto a los futuros. Su preferencia temporal descenderá. Ahorrará e invertirá más que en el pasado y sus ingresos serán aún más altos, con lo que, a su vez, se reducirá nuevamente su preferencia temporal. Esta se irá aproximando poco a poco a cero —sin alcanzarlo nunca—. El ahorrador que en una economía monetarizada cede su dinero espera obtener más adelante una cantidad mayor. Con unos ingresos superiores, la utilidad marginal del dinero presente cae en relación al dinero futuro, la tasa de ahorro aumenta y los ingresos monetarios futuros serán todavía más altos.

Sin embargo, en una economía de intercambio, el ahorrador-inversor también contribuye a rebajar la preferencia temporal de quienes no ahorran. La acumulación de bienes de capital incrementa la escasez relativa de los servicios laborales y, ceteris paribus, hará aumentar los salarios. Y la elevación de los salarios equivale al aumento de la oferta de bienes presentes para quienes no habían ahorrado previamente. Así pues, incluso estos últimos percibirán la caída de su estimación de la preferencia temporal.

Además, como resultado indirecto del incremento de los salarios reales propiciado por el ahorro, mejorarán la nutrición y los cuidados sanitarios, dilatándose con ello las expectativas de vida. Un individuo con mayor esperanza de vida incorporará a su escala de valores nuevos objetivos a largo plazo, en un proceso similar, por lo demás, al paso de la infancia a la edad adulta. La utilidad marginal de los bienes futuros aumenta con respecto a los bienes presentes, cayendo la preferencia temporal[38].

Simultáneamente, el ahorrador-inversor principia un «proceso de civilización». Al originar una tendencia a la caída de la estimación de la preferencia temporal, tanto aquél como cualquiera relacionado con él a través de la red de intercambios, evoluciona desde la infancia a la madurez y de la barbarie a la civilización.

El ahorrador-inversor que desarrolla una estructura expansible de capital y bienes de consumo duraderos amplía también, de modo constante, el horizonte de sus planes. Abarcará pues un mayor número de variables relevantes para su acción, lo que le permitirá contar con escenarios temporales más adecuados para sus predicciones sobre futuros eventos. Esta es la razón de que el ahorrador-inversor se preocupe por adquirir y afinar constantemente su conocimiento sobre un número creciente de variables y sus interrelaciones. Con todo, cuando en el curso de una acción esa información es utilizada, comunicada o presentada a otros, deviene un «bien libre», a disposición de quien quiera imitarlo o servirse de él para sus propios fines. De este modo, en virtud de las economías practicadas por el ahorrador, hasta los individuos más orientados hacia el presente se transformarán gradualmente en hombres civilizados. Su existencia dejará de ser breve, fea y ruda, para hacerse más larga, refinada y confortable.

La figura número 1 ilustra gráficamente el fenómeno de la preferencia temporal y el proceso de civilización. En el eje de ordenadas se establecen las estimaciones de la preferencia temporal (las diferencias en la evaluación de un bien presente concreto en relación con el mismo bien diferido en el tiempo, que pueden inducir a un sujeto a participar en el intercambio intertemporal) para cada ingreso monetario real (su disponibilidad actual de dinero), situado en el eje de abcisas. Según la ley de la utilidad marginal, la curva de cada preferencia temporal individual (T1 o T2), declina al incrementarse la cantidad de dinero disponible. El proceso de civilización puede describirse como el movimiento desde el punto 11 —con una preferencia temporal t11— hasta el 22 —con una preferencia temporal t22—. Dicho movimiento implica dos cambios interrelacionados. Por un lado, el desplazamiento a lo largo de T1 desde 11 a 12, que representa la caída de la estimación temporal, lo que acontece cuando un individuo con una personalidad dada posee una gran cantidad de bienes presentes. Pero está también, por otro lado, el movimiento desde 12 a 22. El desplazamiento hacia la curva de menor preferencia temporal para un ingreso real dado representa los cambios operados en la personalidad por la transición a la edad adulta, por el aumento de la esperanza de vida o por los avances del conocimiento.

Preferencia temporal, propiedad, crimen y gobierno

La asignación de los bienes presentes a la producción de bienes futuros depende del conocimiento técnico de una persona. Por ejemplo, sin saber cómo fabricar una red de pesca, es claro que Crusoe no hubiese podido iniciar el intercambio de bienes presentes contra bienes futuros, es decir, no hubiese podido ahorrar ni invertir. Sin embargo, dado el conocimiento técnico de una persona, la cantidad de ahorro depende exclusivamente de su disponibilidad de bienes presentes y del patrón de sus preferencias temporales. Cuanto menor sea esa disponibilidad y más elevadas sean sus preferencias temporales, más alta será la estimación de su preferencia temporal efectiva y más pequeño su ahorro.

En los orígenes de la humanidad sólo había «tierra» (obstáculos y recursos naturales) y «trabajo» (cuerpos humanos). En rigor, la provisión dada de cualquier bien se reducía al cuerpo tiempo. Para el resto de bienes no había provisión dada alguna, ni de bienes de consumo perecederos o duraderos como las bayas o las cavernas, ni de bienes indirectamente útiles (factores de producción), como los arbustos silvestres y la tierra que los sustenta. Estos últimos son más bien el resultado de una acción precedente: la ocupación de la naturaleza por un individuo. Los hechos y las leyes de la naturaleza y la biología humana están dados y, ciertamente, la naturaleza puede ser pródiga o mezquina. Pero tan sólo mediante un acto de apropiación la naturaleza deviene aprovisionadora de bienes. Por definición, ninguno de los bienes producidos está dado. Estos, como bienes de consumo que han sido almacenados, conservados o transformados para prolongar su utilidad, o como factores productivos (bienes de capital), son el resultado de la actividad de individuos concretos. Finalmente, tampoco el conocimiento técnico es algo dado. Que una patata pueda producir otras diez a un año vista, puede considerarse como un fenómeno natural, pero primero hace falta tener una patata. Aún contando con ella y con la voluntad de sacarle un rendimiento, ello resultará irrelevante a menos que la persona en cuestión conozca las leyes vegetativas de la patata.

Así pues, ni la disponibilidad de bienes presentes ni la técnica están dadas o prefijadas. Mas existen ingenios creados con la intención de mejorar el bienestar del ocupante-productor, cuyas previsiones pueden cumplirse, pero también frustrarse; en tal caso, lejos de obtener una ventaja, el actor sufre un perjuicio. Nadie perdería el tiempo recolectando bayas si no confiara en su comestibilidad. Nadie ocuparía el arbusto que las produce si no pensara que con ello puede aumentar su cosecha. Nadie se interesaría por los fenómenos y las leyes de la naturaleza si no fuese capaz de anticipar, en suma, que esos conocimientos le pueden ayudar a prosperar.

En un contexto social, una oferta individual de bienes apropiados y producidos, el patrón de preferencias temporales del actor, así como su preferencia temporal concreta, pueden verse influidos por las acciones de los demás y por las expectativas generadas por tales acciones[39].

La tendencia hacia la caída de la preferencia temporal y el proceso de civilización a ella ligado, continuará mientras nadie se interfiera en él con nuevos actos de ocupación de la naturaleza y de producción. Mientras las cosas se mantengan así, y cada persona sea respetada por los demás como propietario de su cuerpo-tiempo y de cualquier tipo de bienes ocupados y producidos por él —de modo que cada uno pueda disfrutar, sin ser perturbado por otros, de todos los beneficios presentes y futuros derivados de estos bienes—, la existencia de más de una persona no alterará la tendencia a la caída de la preferencia temporal, pudiendo incluso acelerar y reforzar particularmente este proceso. Esto último tiene lugar si y sólo si A ocupa algo que no era poseído por otro, como un bien natural, o si transforma uno de esos bienes sin dañar los bienes de B. Los bienes presentes de A o el valor de los mismos para A se incrementa, razón por la cual, ceteris paribus, su preferencia temporal descenderá. Dado que las acciones de A no influyen sobre los bienes de B, la preferencia temporal de B se mantiene inalterada. Además, la tendencia se acentuará en la medida en que A y B, reconociéndose mutuamente sus propiedades, se liguen por el comercio voluntario o la cooperación; mas este intercambio no es imprescindible, pues bastaría con que observasen las actividades de los otros y copiasen sus habilidades. Todo intercambio voluntario entre A y B incrementa para ambos ex ante la oferta y el valor a ella vinculado (de otro modo no tendría lugar), lo que hace descender las preferencias temporales de A y B. Además, al aprender de la experiencia de los demás, como por ejemplo que existen patatas, que estas se pueden comer o que una patata puede producir diez más adelante, la tendencia hacia la caída de la estimación temporal se propaga de una persona a otra.

Sin embargo, si se produce la violación de los derechos de propiedad y los bienes ocupados o producidos por A son robados, dañados o expropiados por B, o B restringe el uso que de sus bienes puede hacer A (aparte de que no le está permitido causar daños físicos a la propiedad de B), entonces la tendencia hacia la caída de la preferencia temporal se alterará, se interrumpirá o incluso revertirá.

La violación de los derechos de propiedad, así como el impacto que ello tiene sobre el proceso de civilización, puede ser de dos tipos. Puede adoptar la forma de las actividades criminales incluyendo aquí la conducta negligente o la de la interferencia institucional o gubernamental.

La nota característica de las invasiones criminales de los derechos de propiedad es que este tipo de conductas son consideradas ilegítimas o injustas no sólo por la víctima, sino también por los propietarios en general y, posiblemente, también por el mismo criminal. Por eso la víctima se considera legitimada, si fuese necesario, para defenderse empleando la fuerza, para vengarse, castigar al ofensor y exigir de él una reparación.

El impacto del crimen es doble, pues por un lado reduce la disponibilidad de bienes del ocupante-productor agredido, elevándose su preferencia temporal efectiva en relación a su patrón de estimación temporal, y, por el otro, determina a los individuos capaces de prever el riesgo de una agresión futura a reasignar consecuentemente sus recursos. Erigirán muros y vallas, instalarán candados y sistemas de alarma, se fabricarán o adquirirán armas y recurrirán a los servicios de seguridad y protección. La mera existencia del crimen detiene la caída de la preferencia temporal de las víctimas concernidas, generando para las víctimas actuales y potenciales unos gastos que se considerarían un despilfarro si no existiera el crimen[40].

Por tanto, el crimen o una alteración de su regularidad tienen el mismo efecto sobre las preferencias temporales que el acaecimiento de los desastres «naturales» o el cambio de su frecuencia. Inundaciones, tormentas, olas de calor y terremotos reducen también los bienes de sus víctimas, incrementando su preferencia temporal concreta. Así mismo, la percepción de la variación del riesgo de desastres naturales induce una reasignación de recursos y ajustes en los gastos construcción de presas, sistemas de irrigación, diques, refugios o aseguramiento contra terremotos, los cuales serían superfluos en ausencia de esos riesgos naturales.

Pero como a pesar de todo, y esto es lo más importante, las víctimas actuales y potenciales están facultadas para defenderse, protegerse y asegurarse frente a los azotes sociales (crimen) y naturales, su efecto sobre la preferencia temporal es temporal y asistemático. Las víctimas actuales ahorrarán o invertirán menos porque serán más pobres. La percepción de la alteración del riesgo entre las víctimas actuales y potenciales condicionará el curso futuro de sus acciones. Pero mientras sea posible protegerse y defenderse, la existencia de desastres naturales y sociales no alterará necesariamente el grado de la preferencia temporal de las víctimas actuales o potenciales —su orientación futuriza—[41]. Una vez evaluados los daños y reorientada la actividad, la tendencia hacia la caída de la preferencia temporal y el esperado proceso civilizador refrendarán su proceder. Es lógico, pues, que la protección contra el crimen y las catástrofes naturales experimenten un desarrollo permanente[42].

Cuando las violaciones de los derechos de propiedad adoptan la forma de la interferencia gubernamental, los problemas cambian radicalmente y el proceso de civilización se ve permanentemente perturbado. La nota distintiva de las violaciones gubernativas de los mencionados derechos es que el público en general y no sólo los agentes del gobierno implicados —a veces también las propias víctimas—, a diferencia de lo que sucede con las actividades criminales, las considera legítimas. Ello impide a una víctima repeler legítimamente este tipo de violaciones[43].

Lo mismo que un ladrón, la exacción de un impuesto sobre la propiedad o el salario viola los derechos de quien genera una u otro. En ambos casos, los bienes disponibles del productor u ocupante disminuirán en contra de su voluntad y sin su consentimiento previo. El dinero del gobierno o la creación de «liquidez» artificial constituye también una expropiación fraudulenta de la propiedad privada, similar a las operaciones de una banda de falsificadores. Por lo demás, cualquier regulación gubernativa que determine lo que un particular puede hacer o no con su propiedad —ignorando la regla que prescribe que nadie puede dañar la propiedad de los demás y que cualquier intercambio o negocio con terceros debe ser voluntario y contractual—, implica «alzarse» con la propiedad de alguien mediante la extorsión, el robo o la destrucción. Pero la imposición fiscal, es decir, la provisión de liquidez en favor del gobierno, y las reglamentaciones de este último, a diferencia de las acciones criminales, se consideran legítimas; así mismo, la víctima de la interferencia gubernamental no está facultada para defender y proteger por la fuerza su propiedad, título que sin embargo asiste a la víctima de un crimen.

Las violaciones gubernativas de los derechos de propiedad, en razón de su legitimidad, afectan de manera muy diferente y más gravemente a las preferencias temporales de los individuos que el crimen. Las interferencias del gobierno, lo mismo que el crimen, reducen la cantidad de bienes presentes, elevando la estimación de la preferencia temporal del individuo. Pero contrariamente a lo que sucede con el crimen, las agresiones del gobierno elevan al mismo tiempo el grado de preferencia temporal de las víctimas actuales y potenciales, pues suponen una merma en los bienes futuros, es decir, una reducción del rendimiento de la inversión. El crimen, dada su ilegitimidad, acontece a intervalos —el ladrón desaparece de la escena del crimen con su botín, abandonando a la víctima—. De este modo, la amenaza criminal puede remediarse incrementando la demanda de medios y servicios de protección, para recuperar o incluso superar el coeficiente de retorno de las inversiones y hacer menos probable que el mismo ladrón u otro diferente abusen nuevamente de sus víctimas. Sin embargo, las violaciones gubernamentales de los derechos de propiedad, al considerarse legítimas, devienen continuas. El agresor no se oculta, sino que sigue merodeando y la víctima no puede armarse, quedando indefensa, o al menos eso es lo que se espera de ella[44]. Consecuentemente, las violaciones de los derechos de propiedad futuros no disminuirán, sino que serán institucionalizados. El ritmo, frecuencia y alcance de los ataques futuros aumentará. En lugar de mejorar la protección, las víctimas actuales y potenciales de este tipo de violaciones, según queda demostrado por su permanente indefensión frente a los agresores, tienden a asociar un riesgo permanentemente alto con toda producción futura, ajustando a la baja sus expectativas relativas al rendimiento de cualquier inversión futura.

La mera existencia del gobierno opera como una tendencia contraria a la disminución de la preferencia temporal. Al reducir simultáneamente la oferta de bienes presentes y futuros (esperados), las violaciones gubernamentales de los derechos de propiedad no sólo elevan la preferencia temporal en relación con los patrones dados, sino que también alteran esos mismos patrones. Como quiera que el productor u ocupante está en un estado de indefensión —percibido por él mismo como tal—, frente a los ataques futuros de los agentes del gobierno, la rentabilidad que espera obtener de sus iniciativas productivas a largo plazo se verá ampliamente mermada, orientándose éstas, como las del resto de víctimas actuales y potenciales, al presente inmediato.

Como explicaremos en el siguiente epígrafe, si las violaciones de los derechos de propiedad por parte del gobierno se abren camino y alcanzan cierto nivel, la tendencia natural de la humanidad a acumular un fondo de capital y bienes de consumo duraderos, posibilitando mejores previsiones con respecto a objetivos cada vez más lejanos, no sólo puede estancarse, sino que podría transformarse en un movimiento descivilizador: quienes antes fueron providentes se convertirán en gente irresponsable, tal vez en borrachos o en ilusos, los adultos regresarán a la infancia, los hombres civilizados a la barbarie y los productores se mudarán por criminales.

El gobierno, su expansión y el proceso de descivilización: de la monarquía a la democracia

Todo gobierno y, por tanto, cualquier agencia que continua e institucionalizadamente viole (expropie) los derechos de propiedad, se constituye, por su propia naturaleza, en un monopolista territorial. Estas instituciones excluyen el «libre acceso» al negocio de la expropiación, pues, de lo contrario, en muy poco tiempo no quedaría nada que expropiar, haciéndose finalmente imposible toda forma de expolio institucionalizado. Desde la óptica del propio interés, cualquier gobierno empleará dicho monopolio en su beneficio, maximizando su riqueza e ingresos. Así pues, debe presumirse que todo gobierno tiene una inherente tendencia a la expansión. La maximización gubernativa de su riqueza e ingresos supone, por tanto, una amenaza constante para el proceso de civilización (caída de las preferencias temporales y de la provisión a largo plazo) y origen de las fuerzas descivilizadoras.

Mas no todo gobierno medra del mismo modo y genera el retroceso de la civilización con la misma intensidad. Diferentes formas de gobierno determinan grados de civilización diversos. Las formas de gobierno y la sucesión de unas a otras no son previsibles.

Dado que no hay expropiación sin víctimas y que estas últimas no pueden contar con la cooperación de los otros mientras son agredidos, una agencia que institucionaliza el expolio requiere ser legitimada. Para ello es imprescindible que la mayoría de los agentes no políticos acepten, al menos, la irresistibilidad de las acciones del gobierno y la indefensión en que quedan sus víctimas[45].

Hacerse con la legitimidad no es, con todo, una tarea fácil. No parece probable, por ejemplo, que pueda establecerse sin más un gobierno mundial. Al contrario, todos los gobiernos son en su origen pequeñas unidades espaciales. Tampoco es probable, ni siquiera para una población reducida como un clan, una tribu, un pueblo o una ciudad, que su gobierno adopte inicialmente formas democráticas. Pues, ¿acaso sería preferible confiar en una persona anónima, democráticamente elegida, en detrimento de un individuo al que se conoce personalmente, sobre todo en asunto tan sensible como el monopolio territorial de la expropiación? Así pues, la forma originaria de gobierno es, típicamente, la del imperio personal: la propiedad privada del aparato coactivo gubernamental (monarquía)[46].

En cualquier sociedad, con independencia de su complejidad, pueden los individuos alcanzar una posición preeminente en función de sus talentos. Una riqueza, sabiduría o valentía superiores explican el acatamiento de los mandatos de ciertos individuos y la autoridad natural atribuida a sus opiniones y juicios. La posibilidad cierta de que los miembros de la elite puedan establecer un monopolio espacial legítimo de la coacción, recurriendo especialmente al monopolio de los servicios judiciales (tribunales de justicia) y la aplicación de la ley (policía), constituye una excrecencia de dicha autoridad[47]. Quienes detentan una posición primada por pertenecer a la elite o por sus hazañas particulares, serán vistos por los demás y por si mismos como propietarios personales del monopolio. El mando democrático —bajo cuya égida el aparato gubernamental es considerado una propiedad «pública» administrada por magistrados elegidos regularmente, los cuales ni poseen personalmente el gobierno, ni son vistos como poseedores, sino como curadores, custodios (caretakers) o fideicomisarios del mismo—, imita empero el patrón del mando personal y de la propiedad privada del gobierno. Puesto que las masas o las mayorías carecen de toda autoridad natural, al ser esta un atributo de la persona, los gobiernos democráticos únicamente pueden legitimarse de un modo desnaturalizado, casi siempre la guerra o la revolución. Tan sólo en contextos bélicos o revolucionarios actúan las masas concertadamente, dependiendo de su esfuerzo la victoria o la derrota. Únicamente en esos casos excepcionales se reviste la mayoría de la legitimidad necesaria para transformar el gobierno en un bien público.

Ambas formas de gobierno de propiedad privada o pública (monarquía o democracia) tienen efectos diferentes sobre la preferencia temporal social y el proceso civilizador concomitante; así, contrariamente a lo que se suele creer, la transición del mando monárquico (personal) al democrático (público) refuerza las potencias descivilizadoras inherentes a toda forma de gobierno[48].

La característica definitoria del gobierno de propiedad privada y la razón de que la preferencia temporal del gobernante a título personal sea más baja (en comparación con la de los criminales y la de los gobiernos democráticos), estriba en que los recursos expropiados, así como el monopolio que garantiza futuros expolios, también son poseídos a título particular. Estos bienes se suman al patrimonio del gobernante privado como si efectivamente le pertenecieran, pues el privilegio monopolístico que le atribuye expropiaciones futuras está endosado a su hacienda, lo cual eleva su valor actual («capitalización» de la renta de monopolio). Mas resulta decisivo que el particular que posee la hacienda del gobierno pueda, como tal, legarla a su heredero. Puede venderla, arrendarla o cederla gratuitamente, en todo o en parte, embolsándose, en su caso, las rentas provenientes de la venta o arrendamiento; también está facultado para nombrar o cesar a sus administradores y empleados[49].

La institución del gobierno de propiedad privada configura la estructura de incentivos del gobernante e influye sensiblemente sobre el modo de dirigir sus asuntos. Presupuesto el propio interés, el gobernante intenta maximizar su riqueza total, es decir, el valor actual de sus posesiones y sus ingresos. No le interesaría aumentar sus ingresos a costa de una pérdida más que proporcional del valor de sus activos. Puesto que la percepción de ingresos corrientes influye de modo invariable sobre el valor de los activos presentes (reflejando el valor de las ganancias futuras esperadas descontada la estimación de la preferencia temporal), la propiedad privada conlleva el cálculo económico y estimula la previsión.

Siendo esto cierto, con carácter general, para toda propiedad privada, en el caso de la del gobierno se constata una moderación con respecto al modo de conducirse el gobernante en la explotación de su monopolio, pues los actos de expropiación son por naturaleza parasitarios de las acciones productivas del público ajeno al gobierno. Donde no se ha producido algo antes, nada hay que explotar; pero donde todo ha sido expropiado, se produce el colapso de toda producción futura. Por esta razón, el titular privado de un gobierno (un rey) evitaría gravar a sus súbditos hasta el extremos de reducir sus ganancias potenciales futuras, pues ello rebajaría el valor actual de su patrimonio (su reino). Para preservar o incluso aumentar el valor de sus propiedades personales se autolimitaría sistemáticamente en su política fiscal, pues con una fiscalidad menos onerosa, la población sometida resultaría más productiva, lo cual, a su vez, elevaría el valor del parasitario monopolio político de la expropiación. Ello no quiere decir que abandone su privilegio y que deje de gravar con contribuciones. Pero como propietario del gobierno le interesa propiciar —parasitariamente— una economía del sector no gubernamental productiva, próspera y expansiva, pues ello incrementaría su propia riqueza y prosperidad, sin esfuerzo alguno por su parte. Así pues, las tarifas del impuesto tenderían a mantenerse bajas[50].

El empleo del monopolio jurídico (tribunales) y del orden (policía) para aplicar el derecho de la propiedad privada beneficia directamente al gobernante. Con la única excepción de si mismo, es decir, para los particulares y el tráfico entre ellos, querrá hacer respetar el principio de que la propiedad privada y el salario deben adquirirse productiva o contractualmente y, consecuentemente, tratará cualquier trasgresión jurídica particular como un crimen punible. La disminución de los crímenes privados determinará la expansión de la riqueza privada y aumentará el valor del monopolio impositivo y expropiatorio del gobernante. De hecho, un gobernante privado no querrá depender exclusivamente de los ingresos fiscales para financiarse. Confiaría, más bien, en las actividades productivas, destinando parte de su patrimonio a la producción y provisión de bienes y servicios «normales», con el objeto de proporcionar a su propietario una renta comercial (o de mercado) normal[51].

La propiedad privada del gobierno implica moderación por otra razón sistemática. Toda propiedad privada es por definición propiedad exclusiva. El propietario está facultado para excluir a cualquiera de su uso y disfrute, ya que puede elegir libremente con quien desea compartirlo. Generalmente, un propietario incluirá a su familia y excluirá a los demás. La propiedad deviene patrimonio familiar y cualquier persona ajena a la familia, salvo huéspedes, empleados o contratistas, será excluida de su uso. En el caso del gobierno, el carácter exclusivo de la propiedad privada adquiere un significado especial, pues implica que nadie puede aprovecharse de la propiedad o la renta adquiridas de modo no productivo, exceptuando al gobernante y su familia. Tan sólo la familia gobernante —y en menor medida sus amigos, operarios y sus socios comerciales— participarán de la renta fiscal y disfrutarán de una existencia parasitaria. La jefatura del gobierno —incluido su patrimonio— se transmite dentro de la familia gobernante, de modo que nadie extraño a la misma puede esperar, siendo realista, convertirse en el próximo rey. Si bien el acceso a la familia gobernante no estaría absolutamente vedado —pues cabe la adscripción por matrimonio—, la entrada sería altamente restrictiva. Sin embargo, en la medida en que se amplíe la familia, la participación de cada miembro en la confiscación total del gobierno será menor. Así pues, el matrimonio quedará restringido a los miembros de la familia extensa del gobernante. Tan sólo en casos excepcionales se permite a un miembro de la familia gobernante desposar a un extraño; pero en este caso, lo normal es que el consorte nunca se convierta en la cabeza de la familia gobernante.

Debido a las restricciones a la participación en el gobierno y al privilegiado estatuto del gobernante y su familia (rey y nobleza), la propiedad privada del gobierno (monarquismo) estimula el desarrollo de una clara «conciencia de clase» en los gobernados, promoviendo su oposición y resistencia frente a cualquier expansión del poder fiscal. Existe una nítida distinción entre la minoría gobernante y la mayoría gobernada y la posibilidad o el riesgo de pasar de una clase a otra son mínimos. A la barrera casi insalvable que imposibilita el «ascenso social», se opone la reforzada solidaridad de los gobernados, quienes se reconocen mutuamente como víctimas actuales o potenciales de las violaciones gubernativas de los derechos de propiedad, arriesgándose la clase dirigente a perder su legitimidad si aumenta los impuestos[52].

De hecho, la conciencia de clase entre los dirigentes ejerce un efecto moderador, no sólo sobre la política de gobernación, sino también sobre la política exterior. De cualquier gobierno cabe esperar una política exterior expansionista. La dilatación del espacio y la población sobre los que se extiende un monopolio confiscatorio beneficia a sus detentadores. Dada la exclusividad territorial de dicho monopolio, su expansión correrá de la mano de la tendencia centralizadora —hasta que sólo quede un único gobierno mundial—. Por lo demás, puesto que la centralización reduce las oportunidades de la emigración —o voto con los pies contra un gobierno a favor de otro—, cabe esperar que el proceso intergubernamental de supresión expansionista de competidores, estimule, simultáneamente, el aumento del porcentaje de la expropiación gubernativa y del impuesto[53].

Sin embargo, un gobierno de titularidad privada afecta significativamente la modalidad y ritmo de dicho proceso. Dado el exclusivismo de la conciencia clasista desarrollada en el gobernante, sus tentativas de expansión territorial suelen ser vistas por el público como un negocio particular, financiado y realizado a sus expensas. El territorio anexionado pertenece al rey; sobre él, no sobre el público, deben recaer los costes de la empresa. Consecuentemente, de los dos métodos posibles para la ampliación de sus dominios, guerra y conquista militar o adquisición contractual, un gobernante privado suele inclinarse por este último. Mas no hay que presumir su oposición a la guerra, pues puede recurrir al empleo del expediente militar si la ocasión lo aconseja. Sin embargo, la guerra exige disponer de unos recursos extraordinarios que deberán ser allegados por el propio gobernante, pues si la ciudadanía percibe el aumento de las gabelas o el endurecimiento de la conscripción militar para sostener la campaña, tropezará con la resistencia popular, arriesgando su legitimidad. En razón de su menor coste, preferirá la opción pacífica. En vez de la conquista, encauzará sus deseos de expansión comprando nuevos territorios o recurriendo a las bodas de Estado entre las familias reinantes, procedimiento menos costoso y preferible en último análisis. Así pues, la política exterior de un monarca será, en buena medida, una política de matrimonios, procediendo la expansión territorial de la reunión contractual de diversos reinos originalmente independientes[54].

Mas un gobierno democrático (de titularidad pública), frente a la moderación interior y exterior de la monarquía, comete más excesos, de ahí que la transición del mundo de los reyes al de los presidentes democráticamente elegidos amplíe las prerrogativas del gobierno, reforzando significativamente la tendencia descivilizadora.

Un gobernante democrático puede usar la administración en su beneficio personal, aunque no le pertenezca. No puede enajenar los recursos del Estado ni percibir el producto de esas ventas, tampoco transferir las posesiones del gobierno a su patrimonio personal. Dispone del uso corriente de los recursos del gobierno, pero no de su valor capitalizado. Un presidente no maximizará la riqueza total del gobierno —capital e ingreso corriente—, sino tan sólo este último, sin mayores miramientos y a expensas del capital, cosa que no haría un rey. Incluso en el caso de que quisiese actuar de otro modo no podría hacerlo, pues el carácter público de los bienes gubernamentales los convierte en inenajenables y el cálculo económico es imposible si no existen precios de mercado. Resulta pues inevitable que la titularidad pública del gobierno agote el capital. Un presidente, custodio o fideicomisario accidental del gobierno, ni conserva ni acrecienta su patrimonio, sino que lo consumirá lo más rápidamente que le sea posible, pues en el futuro ya no podrá disponer de lo que no consuma ahora. ¿Por qué renunciar a nuevas exacciones, si las ventajas de una política de moderación que incrementen el valor patrimonial de las posesiones del gobierno no le aprovecharán particularmente, al contrario que la elevación de los impuestos —una renta corriente más alta—? Para un presidente, la moderación tan sólo tiene desventajas; para un rey no[55].

Con un gobierno de titularidad pública desaparece también el segundo argumento moderador al que me he referido antes: la conciencia de clase de los gobernados. Se trate de un rey o de un presidente, no puede haber sino un supremo poder. Pero mientras que el acceso a la condición regia o la promoción nobiliaria están restringidas en la monarquía, en un gobierno de carácter público cualquiera puede convertirse en miembro de la clase dirigente —incluso en presidente—, al menos en teoría. Se borra pues la separación entre gobernantes y gobernados y la conciencia de clase de estos últimos se desdibuja. Más aún, propágase la ilusión de que semejante distinción ha desaparecido, afirmándose que con un gobierno democrático nadie tiene que obedecer a otro, pues todo el mundo se manda a si mismo. De hecho, semejante delirio ha promovido la interpretación de la transición de la monarquía a la democracia como un progreso, merecedor, por tanto, del apoyo popular. Lo que así se consigue es debilitar la resistencia frente al poder del gobierno. Con anterioridad a este proceso, el pueblo veía el mal y la opresión en la expropiación y la imposición fiscales, mas una vez que cualquiera puede incorporarse al clan de sus beneficiarios, dada la condición humana, la percepción del asunto se altera.

En consecuencia, los impuestos aumentarán, sea directamente, recurriendo a la elevación de las tarifas impositivas, sea indirectamente, «fabricando» más dinero (inflación). Del mismo modo, el empleo público y la proporción de empleados públicos («funcionarios») con respecto a los demás tiende a crecer, atrayendo y promoviendo a individuos con un elevado grado de preferencia temporal y una limitada capacidad de previsión[56].

La combinación de estos factores interrelacionados —la propiedad pública del gobierno y el acceso sin trabas al mismo— altera sensiblemente la conducta del gobierno. Su política interior exhibirá probablemente una tendencia creciente al endeudamiento. No se trata de que un rey sea contrario al endeudamiento, en modo alguno, pero al menos esa inclinación «natural» se ve constreñida por su propia condición de propietario, cuyo patrimonio debe responder por todas las deudas contraídas por el gobierno —pudiendo quebrar literalmente o ser obligado por los acreedores a liquidar sus activos—. En cambio, el curador de un gobierno presidencial no es responsable por las deudas contraídas bajo su mandato. Estas son consideradas, más bien, como «públicas», respondiendo por ellas los gobiernos futuros, igualmente irresponsables. Si quien contrae la deuda no debe empero responder por ella, su montante será cada vez mayor, consumiendo más el gobierno en el poder a expensas del gobierno futuro. Para pagar una deuda pública creciente el público tendrá que soportar mañana más impuestos o más inflación monetaria. Ante la previsión de una mayor carga fiscal futura, la economía no gubernamental se verá afectada por el íncubo del aumento de la preferencia temporal, pues el consumo inmediato y las inversiones a corto plazo tendrán entonces mayor atractivo que el ahorro y la inversión a largo plazo[57].

La conducta del gobierno como monopolista de la ley y el orden experimentará importantes cambios. Según se explicó más arriba, un rey preferirá aplicar el derecho de la propiedad privada preexistente y, a pesar del estatuto privilegiado reservado a ciertos elementos estratégicos, también él se someterá a las reglas de la propiedad privada —al menos en lo que se refiera a las relaciones internacionales de rey a rey—. No crea un nuevo derecho, sino que se limitar a ocupar una posición privilegiada dentro de un ordenamiento civil vigente. Con un gobierno poseído y administrado «públicamente» aparece una nueva especie jurídica: el Derecho «público», que se caracteriza por la exención de responsabilidad a los agentes del gobierno y el rechazo de la gestión económica de los recursos «públicos». De la promulgación del «Derecho público» —Derecho político, Derecho constitucional y Derecho administrativo— como legislación «superior» resulta la progresiva erosión del Derecho privado, acentuándose la subordinación de la ley civil a la ley política[58].

En vez de limitarse a promover la aplicación del derecho privado en el sector no politizado, explotando su monopolio legal exclusivamente con el fin de apropiarse de parte de la riqueza de la sociedad civil y transferirla a su patrimonio, un gobierno que «gobierna» mediante el derecho público emplea también su poder para legislar, es decir, para crear un nuevo derecho civil «positivo», con el propósito de redistribuir la riqueza y la renta dentro de la misma sociedad civil. A un curador del gobierno, por tanto no propietario del mismo, le resulta indiferente si esta redistribución reduce la productividad futura. La defensa de las políticas redistributivas será la condición previa que debe satisfacer cualquiera que busque el poder o mantenerse en él, resultando empero más determinante que la posibilidad de concurrir a unas elecciones populares y el derecho a participar en un gobierno. Según esto, en vez de representar, como hace la monarquía, un «Estado suntuario», el gobierno democrático completa y perfecciona la tendencia general del crecimiento de los impuestos y la inflación, empleo público y endeudamiento, transformándose en última instancia en un «Estado de bienestar»[59]. Pese a la vulgarizada descripción «progresiva» de semejante tendencia, con ella se instalará en el corazón de la sociedad civil el virus que eleva la preferencia temporal, desencadenándose entonces un proceso de descivilización autoimpulsado[60].

La redistribución por decreto de la riqueza en la sociedad civil puede adoptar básicamente tres formas. Una de ellas es la simple transferencia, en la que se toma la renta o la riqueza de Pedro (los «poseedores») y se entrega a Juan (los «desposeídos»). Otra forma es la provisión gubernativa gratuita o a bajo coste de bienes y servicios como la educación, la asistencia sanitaria o las infraestructuras; en este caso renta, riqueza o ambas son confiscadas a un grupo de individuos (los «contribuyentes») y entregadas a otro (los usuarios de los respectivos bienes y servicios). Finalmente, la redistribución puede presentarse también bajo la especie de regulaciones del consumo o los negocios o como «leyes de protección» (control de precios, tarifas, licencias administrativas), expedientes que hacen aumentar la riqueza de un grupo de hombres de negocios o consumidores a costa de las pérdidas que experimenta otro grupo «competidor» (imponiendo restricciones legales al uso que puede hacer de sus propiedades privadas).

Dejando a un lado su forma concreta, toda redistribución tiene un doble efecto sobre la sociedad civil. En primer lugar, el simple acto legislativo —ejecutado por el legislador democrático— acrecienta el grado de incertidumbre jurídica. La ley, que debe permanecer inalterable, pues de ello depende su predictibilidad, deviene flexible e impredecible. Lo que hoy está prohibido o permitido puede cambiar mañana. El futuro se hace más azaroso. Así pues, los grados de preferencia temporal generales aumentarán; el consumo y la orientación al corto plazo serán estimulados y, al mismo tiempo, se resentirá sistemáticamente el respeto por las leyes y medrará la criminalidad, pues sin un canon jurídico estable no puede haber una clara definición del crimen[61].

Es segundo lugar, cualquier redistribución de renta o riqueza en la sociedad civil enriquece a los receptores que no han producido ni más ni mejores bienes o servicios, y empobrece a los demás, pues salen peor parados económicamente que si hubiesen producido menos, en calidad o cantidad. De este modo, no producir nada, no producir algo valioso o no predecir correctamente los acontecimientos ni tampoco la demanda futura para los propios productos, resultará relativamente más atractivo (o menos oneroso) que la actividad que produce algún valor o se anticipa al comportamiento futuro de la demanda. Dejando a un lado la legislación particular que pretende «ayudar» o «proteger» al pobre, al parado, al enfermo, al joven o al viejo, a quien carece de formación o al tonto, a los granjeros, a los trabajadores del acero o a los camioneros, a los vagabundos, sean blancos o negros, casados o solteros, con hijos o sin cargas familiares, etc., todo ello bastaría para incrementar el número de personas poco productivas e imprevisoras, menguando el de los individuos laboriosos y calculadores. A poco que los individuos tengan un mínimo control sobre los criterios que «facultan» para situarse a un lado u otro de la redistribución, se desplazarán desde la posición del «contribuyente» a la del perceptor. Habrá más pobres, vagabundos, parados, personas sin seguro o ineficientes que en otro caso. Incluso si ese desplazamiento no es posible, como sucede con la redistribución que opera según el sexo, la raza o la edad, no por ello dejarán de reducirse los incentivos para ser productivo y providente. No puede haber mas hombres o mujeres, más blancos o negros —al menos no inmediatamente—. Sin embargo, los miembros de los grupos cuyo sexo, raza o edad están primados con un ingreso sin contrapartida, no tienen incentivo para obtenerlo en el futuro con su propio esfuerzo; del mismo modo, no cabe esperar que quienes son capaces de generar una renta y son discriminados y castigados
—por su sexo, raza o edad—, sean más productivos en el futuro. En cualquier caso, la actividad productiva, la independencia y las previsiones a largo plazo disminuirán; proliferarán, en cambio, el consumo, el parasitismo, la dependencia y el corto plazo. La redistribución, por tanto, agravará el problema que pretende resolver. Sostener la redistribución socialista en sus niveles actuales resulta ahora mucho más oneroso que antes, pues su financiación exige que los individuos productivos sean gravados con más impuestos y su propiedad sometida a nuevas confiscaciones. Se reforzará así adicionalmente la tendencia a dejar de producir, se elevará la preferencia temporal y se agravará el proceso de descivilización —infantilización y degeneración moral— de la sociedad civil[62].

El gobierno republicano, por su propia naturaleza, altera también la política exterior. Según se explicó más arriba, todos los gobiernos son expansionistas y no puede presumirse que un presidente será menos imperialista que un rey. Sin embargo, mientras que este último puede cumplir sus objetivos mediante la política de matrimonios, esta vía está ocluida para un gobierno presidencial. El territorio controlado por el gobierno no le pertenece, de modo que no está facultado para asociar territorios independientes. Los tratados que pueda concertar con otros gobiernos no son verdaderos contratos, sino a lo sumo pactos o alianzas temporarias que, afectando a los recursos de titularidad gubernamental, pueden ser revocados por los gobiernos futuros. A un gobernante democrático y una elite democráticamente elegida que quieran ampliar su territorio y con ello su base fiscal, tan sólo se le ofrece la opción militar de la conquista y el sojuzgamiento. Ello aumenta significativamente las posibilidades de una guerra[63].

Pero la forma de gobierno no sólo influye sobre la posibilidad de la guerra, sino también sobre su modalidad. Las guerras monárquicas eran el resultado de las disputas sobre las herencias, favorecidas por una compleja red de matrimonios y la irregular —pero segura— extinción de algunas dinastías. Estas guerras, como violentas disputas de herencia, tenían un objetivo territorial; no las motivaban las diferencias ideológicas, sino propiedades tangibles. Por otro lado, tratándose de conflictos de propiedad interdinásticos, la gente consideraba la guerra del rey como un asunto privado, que él mismo debía financiar y conducir con su propio dinero y su ejército. Además, como conflictos particulares entre diferentes familias reinantes, debía el rey reconocer, pues así lo esperaba el público, una clara distinción entre combatientes y no combatientes, concentrando su esfuerzo bélico contra la potencia rival y su propiedad privada. Según el historiador militar Michael Howard todavía en el siglo XVIII, «en el comercio con el continente, en los viajes, en el intercambio cultural y de conocimientos todo seguía igual en tiempo de guerra casi sin impedimento. Las guerras eran las guerras de los reyes. El papel del buen ciudadano consistía en cubrir sus impuestos, y una sólida economía política disponía que se le debería dejar en libertad para que hiciera el dinero que necesitaba para pagar esos impuestos. No se le exigía ni que tuviera participación en las decisiones que traían consigo las guerras ni que tomara parte en ellas una vez que habían surgido, a menos que se viera impulsado por un espíritu de aventura juvenil. Esos asuntos eran arcana regni, es decir, los que sólo debían preocupar al soberano»[64].

Según escribe Guglielmo Ferrero sobre el siglo XVIII, «la guerra era una actividad delimitada por un sistema de reglas precisas. Era considerada como una suerte de combate singular entre dos ejércitos, al que la población civil asistía como un espectador. Los pillajes, requisas y otros actos violentos contra la población fueron prohibidos en el propio país, pero también en el país enemigo. Cada ejército establecía depósitos en su retaguardia, en ciudades cuidadosamente elegidas, llevándolos consigo cuando se desplazaban de un sito a otro... Las levas forzosas eran expedientes rudimentarios y esporádicos... Era difícil encontrar soldados, pues estos eran escasos, de modo que se hacía todo lo posible para instruirles adecuadamente, mediante un largo, paciente y meticuloso entrenamiento. Como esto resultaba caro, cada soldado era un bien muy valioso que convenía exponer a la muerte lo menos posible. Los generales, para no perder a sus hombres, intentaban evitar las batallas. El objeto de la guerra era el despliegue de la habilidad maniobrera y no la aniquilación del adversario; una campaña sin batallas y sin pérdida de vidas o una victoria obtenida por una sabia combinación de movimientos, se consideraba la coronación del arte militar, el ideal de su perfección...[65] La avaricia y el cálculo humanizaron la guerra... [que] devino una suerte de juego entre soberanos. Una guerra era un juego con sus propias reglas y recompensas —un territorio, una herencia, un trono, un tratado—. El perdedor pagaba, pero siempre había una proporcionalidad entre el valor de la apuesta y los riesgos asumidos; además, las partes siempre estaban en guardia contra el tipo de obstinación que hace perder la cabeza a un jugador. Por eso no querían que el juego se les fuese de las manos y sabían cuando parar»[66].

Por el contrario, las guerras democráticas tienden a ser guerras totales. Borrando la distinción entre gobernantes y gobernados, una república democrática refuerza la identificación del público con un Estado particular. Mientras que el rey promovía la identificación de la comunidad con su propia dinastía y el desarrollo de una actitud y una perspectiva «cosmopolitas»[67], el republicanismo democrático conduce inevitablemente al nacionalismo, es decir, a la identificación emocional de la gente con un vasto y anónimo grupo, caracterizado por una lengua, una historia, una religión o una cultura comunes y diferente a las demás naciones. Las guerras interestatales se transforman entonces en guerras nacionales. Ya no representan «simples» disputas dinásticas que pueden «resolverse» mediante ciertos actos de ocupación territorial, sino batallas en las que se enfrentan modos de vida y que sólo hallan «solución» en la dominación cultural, lingüística o religiosa, el sometimiento o la aniquilación. A la ciudadanía le resulta cada vez más difícil mantenerse neutral y no comprometerse personalmente. La oposición a la elevación de los impuestos que financian la guerra es considerada deslealtad o traición. Se generaliza la conscripción militar, dejando de ser un recurso extraordinario. Los ejércitos nacionales, constituidos por soldados forzosos que luchan por la supremacía o la supervivencia nacionales, baratos y pertrechados a costa de la economía nacional, arrumban toda distinción entre combatientes y no combatientes. Las guerras, en suma, se vuelven brutales. «Esas “contiendas moderadas e indecisas” de la época del rococó parecieron anacronismos absurdos cuando el Estado dejó de ser considerado como una “propiedad” de los príncipes de la dinastía, por muy consagrados a los intereses de sus pueblos que esos príncipes pudieran estar, y se convirtió en un instrumento de las poderosas fuerzas dedicadas a esos abstractos conceptos de la Libertad, la Nacionalidad o la Revolución —que permitieron que una gran parte de la población viera en ese Estado la encarnación de algo totalmente bueno cuyo precio nunca podría ser demasiado alto, ni un sacrificio demasiado grande—»[68].

Frente a la guerra limitada del Ancien régime, la modalidad que ésta ha adoptado en la nueva era republicano-democrática es la de la guerra total, ensayada por vez primera en las guerras napoleónicas, practicada en el siglo XIX durante la Guerra de secesión americana y perfeccionada en el siglo XX con las dos Guerras mundiales. Así lo ha resumido William A. Orton: «Las guerras del siglo XIX estuvieron limitadas por la tradición. El Derecho internacional reconocía que la propiedad y los negocios particulares no estaban incluidos en la esfera del combate. Los activos de los ciudadanos no estaban expuestos a arbitrarias incautaciones ni a embargos permanentes. Fuera de cierto tipo de servidumbres territoriales y financieras que un Estado podía imponer a otro, la vida económica y cultural de los beligerantes transcurría como antes de la guerra. La práctica del siglo XX ha alterado todo eso. Durante las dos desproporcionadas guerras mundiales, la elaboración de listas de contrabando y las restricciones unilaterales impuestas al tráfico marítimo pusieron en entredicho el comercio, desechando los viejos usos de la guerra. La conclusión de la I Guerra Mundial estuvo determinada por el esfuerzo de dañar la recuperación económica de los perdedores, reteniendo ciertas propiedades particulares. La II Guerra Mundial amplió esta política, hasta el punto de que el Derecho internacional dejó de existir en tiempo de guerra. El gobierno alemán, hasta donde alcanzó su brazo, practicó durante varios años la confiscación, apelando a una teoría racial que no tenía respaldo ni en los ordenamientos civil e internacional, ni en la ética cristiana. Pero cuando empezó la guerra, la violación de la costumbre internacional resultó contagiosa. El liderazgo angloamericano emprendió una cruzada a favor del derecho de intervención y en contra de toda limitación legal o territorial de la misma. Impugnóse teórica y políticamente el principio de la neutralidad. No sólo los activos e intereses del enemigo, sino también los de cualquier país, incluso neutral, quedaron al albur de las potencias beligerantes. Los fondos de los Estados neutrales o de sus ciudadanos en territorios beligerantes o bajo control de alguna de las partes, sufrieron las mismas imposiciones que los pertenecientes a los enemigos nacionales. La “guerra total” se convirtió en un tipo de guerra de la que no podía esperar zafarse ninguna comunidad civil, beneficiándose de ello las “naciones amantes de la paz”»[69].

Balance y prospectiva

El ahorro y la inversión individuales, así como la acumulación de bienes de consumo duraderos y bienes de capital, desencadenan el proceso civilizador, la bajada de las preferencias temporales y la ampliación del intervalo y el horizonte de las provisiones privadas. Aunque el crimen puede perturbar dicho proceso, la existencia de las actividades criminales no alterará en última instancia su dirección, pues todo individuo está facultado para defenderse contra esas agresiones. Simplemente modificará la relación entre los desembolsos en protección y los demás gastos.

Únicamente la institucionalización de las violaciones de los derechos de propiedad puede cambiar la orientación, estancando e incluso elevando las preferencias temporales. Es lo que sucede en los aledaños del poder. Aunque todos los gobiernos tienden a la hipertrofia interna y a la expansión territorial (centralización política), no todas las formas de gobiernos tienen el mismo éxito en su empeño. Si se trata de un gobierno de titularidad privada (monarquía), la estructura de incentivos que le rodean es de tal suerte, que le interesa ser relativamente previsor y no comprometerse sino moderadamente en la política fiscal o en la guerra. El ritmo del proceso civilizador se ralentizará sistemáticamente. Sin embargo, las fuerzas descivilizadoras fomentadas por el gobierno monárquico, presumiblemente, no serán tan poderosas como para vencer la fundamental tendencia hacia la caída de la preferencia temporal y a la dilatación permanente de los intervalos del cálculo privado a largo plazo. Tan sólo cuando el gobierno es poseído públicamente, cual es el caso del régimen republicano-democrático, cabe esperar que los efectos descivilizadores se agravarán hasta detener el proceso de civilización en curso o, incluso, variar su dirección y originar la tendencia contraria, caracterizada por el consumo del capital, el angostamiento del horizonte de las previsiones y la progresiva infantilización y embrutecimiento de la vida social.

Retrospectivamente, a la luz de estas conclusiones teóricas, la historia europea y occidental puede, en buena medida, reconstruirse y comprenderse racionalmente. En el transcurso de dos siglos, contando desde las revoluciones americana y francesa, Europa y, tras su estela, todo el mundo occidental ha sufrido una mutación epocal. Apenas si quedan Estados en los que el gobierno monárquico y los reyes soberanos no hayan sido reemplazados por gobiernos republicano-democráticos y la soberanía «popular»[70].

El primer ataque directo del republicanismo y la soberanía popular contra el principio monárquico se conjuró con la derrota militar de Napoléon y la Restauración de los Borbones en Francia. Como consecuencia de la experiencia napoleónica, el republicanismo quedó ampliamente desacreditado durante la mayor parte del siglo XIX. «El republicanismo era violento, belicoso en su política exterior y turbulento en su modo de actuar; anticlerical y socialista o por lo menos igualitario en su visión de la riqueza y la propiedad privada»[71]. Aún así, el espíritu republicano-democrático de la Revolución francesa dejó una huella permanente. Desde la Restauración del orden monárquico en 1815 hasta el estallido de la I Guerra Mundial en 1914, la participación política y la representación populares se extendieron sistemáticamente por toda Europa. Aquí y allá se fue ampliando sucesivamente el derecho de sufragio y la fuerza de los parlamentos populares no dejó de aumentar[72].

Sin embargo, a pesar del proceso de progresiva erradicación a que fue sometido, el principio monárquico todavía mantuvo su predominio hasta los catastróficos acontecimientos de la I Guerra Mundial. En la Europa de la preguerra había tan sólo dos repúblicas: Suiza y Francia. Cuatro años más tarde, después de la participación del gobierno norte-americano en la guerra, determinando decisivamente su resultado, casi habían desaparecido las monarquías: Europa se convirtió al republicanismo democrático. La intervención americana transformó la contienda. No se trataba ya de una anticuada disputa territorial como hasta 1917, sino de una guerra ideológica. Los Estados Unidos se constituyeron como una república y el principio democrático, inherentemente republicano, sólo pudo imponerse, no mucho tiempo atrás, a resultas de la derrota y la devastación infligidas a la Confederación secesionista por el gobierno centralista de la Unión. Durante la I Guerra Mundial, la triunfante y expansiva ideología del republicanismo democrático estuvo personalizada en el presidente norteamericano Woodrow Wilson. La guerra europea se convirtió en una misión ideológica hacer el mundo más seguro para la democracia y liberarlo de los gobiernos dinásticos precisamente bajo su administración[73]. Por esta razón abdicaron o resignaron sus tronos los perdedores —Romanov, Hohenzollern y Habsburgos—. Rusia, Alemania y Austria se convirtieron en repúblicas democráticas con sufragio universal —masculino y femenino— y gobiernos parlamentarios. Del mismo modo, los Estados sucesores de los viejos Imperios —Polonia, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Hungría y Checoslovaquia— adoptaron constituciones republicano-democráticas, con la única excepción de Yugoslavia. Los monarcas fueron derrocados en Turquía y Grecia. Incluso donde las monarquías lograron mantenerse, como en Gran Bretaña, Italia, España, Bélgica, Holanda y los país escandinavos, los reyes dejaron de ejercer cualquier poder. El sufragio universal se generalizó y los parlamentos invistieron desde entonces a los gobernantes como una especie de «funcionarios públicos»[74]. Había empezado una nueva época, la era republicano-democrática bajo la égida del hegemónico gobierno de los Estados Unidos.

Desde la óptica de la teoría económica, el final de la I Guerra Mundial marcó el momento de la total sustitución del gobierno de propiedad privada por el de propiedad pública; también el de la recuperación de la tendencia creciente en los grados de las preferencias temporales y la hipertrofia del gobierno. Pudo asistirse entonces al despegue del proceso de descivilización. Esta ha sido, según se detalló más arriba, la gran trama de la historia occidental del siglo XX[75]. Desde 1918 casi todos los indicadores del movimiento de las preferencias temporales han mostrado una sistemática tendencia a elevarse: en la medida en que ello concierne al gobierno, el republicanismo democrático es la causa del comunismo (sistema público de esclavitud cuyo gobierno promovió el asesinato en masa, incluso en tiempo de paz), del fascismo, del nacionalsocialismo y, por último, de la ideología más persistente de todas, la socialdemocracia («izquierdismo pseudo-liberal»)[76]. El servicio militar obligatorio casi se universalizó; se hicieron más frecuentes y brutales las guerras civiles e interestatales y el proceso de la centralización política se adelantó como nunca. En el interior, el republicanismo democrático subió los impuestos y aumentó el endeudamiento y el empleo público. Destruyó el patrón oro, generó una inflación de moneda fiduciaria sin precedentes e incrementó el proteccionismo y los controles migratorios. Hasta las más fundamentales provisiones jurídico-privadas han sido pervertidas por el imparable torrente legislativo y reglamentador. Simultáneamente, por lo que se refiere a la sociedad civil, las instituciones matrimonial y familiar se han debilitado, aumentado las tasas de divorcios, de hijos ilegítimos, de madres solteras, de personas que viven solas y de abortos. En vez de seguir a los ingresos en su crecimiento, la tasa de ahorro se ha estancado, si es que no ha descendido. En comparación con el siglo XIX, la preparación intelectual de las elites política e intelectual y la calidad de la educación pública han declinado. Finalmente, los índices del crimen, el paro estructural, la dependencia del Estado social, el parasitismo, la negligencia, la imprudencia, la incivilidad, las psicopatías y el hedonismo han aumentado.

En último análisis, el curso de la historia humana depende de las ideas, sean estas verdaderas o falsas. Del mismo modo que los reyes no pudieron gobernar sin que la opinión pública aceptase la legitimidad de su gobierno, los gobernantes democráticos dependen de la opinión pública para conservar su poder político. Si queremos evitar que el proceso descivilizador llegue hasta el final, la opinión pública tiene que cambiar. Y lo mismo que la monarquía tuvo en otro tiempo la legitimidad de la que hoy carece, lo que la imposibilita para solucionar la actual crisis social, no es inconcebible que la idea del gobierno democrático pueda algún día considerarse moralmente ilegítima y antipolítica. Su deslegitimación es la condición necesaria para evitar la consumación de la catástrofe social. El gobierno, monárquico o republicano, no es el origen de la civilización y de la paz social, sino la propiedad privada, el reconocimiento y la defensa de los derechos de propiedad privada, los contratos y la responsabilidad individual.

Capítulo 2

MONARQUÍA, DEMOCRACIA

E IDEA DE UN ORDEN NATURAL

Teoría: la Economía política comparada de los gobiernos de titularidad privada y pública

Un gobierno es un monopolista territorial de la coacción y la expropiación de los propietarios particulares, es decir, una agencia que de forma continua y permanente se permite violar los derechos de propiedad mediante la expropiación, los impuestos y las reglamentaciones. Presumiendo el interés personal de los agentes del gobierno, cabe esperar que todo Estado hará uso de su monopolio, manifestando una tendencia al aumento de la explotación[77]. Sin embargo, no toda forma de gobierno tendrá idéntico éxito en su empresa o la ejecutará del mismo modo. Según la teoría económica elemental, la conducta del gobierno y los efectos de sus políticas públicas sobre la sociedad civil serán presumiblemente diferentes, dependiendo de la titularidad privada o pública del aparato gubernamental[78].

La característica que define al gobierno de propiedad privada es que los recursos expropiados y el monopolio que asegura la expropiación futura son poseídos individualmente. Los recursos apropiados se incorporan a la hacienda del gobernante y se consideran una parte de la misma; el privilegio monopolístico sobre las expropiaciones futuras está afectado a su patrimonio como una facultad más, incrementado puntualmente su valor actual («capitalización» de la ventaja del monopolio). Como propietario particular de la hacienda pública, el gobernante está legitimado para transferir sus posesiones a sus herederos personales. Puede vender, alquilar o donar su privilegiada hacienda, en parte o íntegramente, y embolsarse los productos correspondientes. Puede también emplear o cesar a cualquier administrador u operario de su hacienda.

En cambio, con un gobierno de propiedad pública el control del aparato gubernamental está en manos de un administrador fideicomisario. El custodio puede utilizarlo para beneficiarse personalmente, pero no le pertenece. No puede vender los bienes del gobierno y apropiarse del precio, ni transferir las posesiones del gobierno a sus herederos. Dispone del uso corriente de los medios gubernamentales, pero no de su valor capitalizado. Por otro lado, mientras que el acceso a la posición del titular de un gobierno privado depende de la discrecionalidad de su propietario, la condición de gobernante-curador está abierta y cualquiera puede, en principio, entrar en el gobierno.

De estos supuestos se siguen dos predicciones fundamentales interrelacionadas: (1) El propietario de un gobierno privado tiende sistemáticamente a calcular a largo plazo; es decir, su grado de preferencia temporal será bajo y, consecuentemente, la magnitud de la explotación económica será menor que en el caso de un curador. (2) Sometidos a un grado de explotación más alto, los miembros de la sociedad civil estarán más orientados al corto plazo en un sistema de gobierno público que en un régimen de propiedad privada del gobierno.

(1) El propietario de un gobierno privado intentará previsiblemente maximizar su riqueza total (el valor actual de su hacienda y sus ingresos corrientes). No será partidario de incrementar estos últimos a costa de un descenso más que proporcional en el valor presente de sus activos. Dado que cualquier ingreso tiene invariablemente repercusiones sobre el valor de los activos —pues reflejan el aumento de su valor en el futuro, descontada la tasa de la preferencia temporal—, la propiedad privada estimula por si misma el cálculo económico y promueve la previsión. La propiedad privada modera las inclinaciones del gobernante para explotar su monopolio expropiador privilegiado, ya que todo acto de expropiación es por naturaleza parasitario de los actos productivos del sector privado. Donde previamente no se ha producido algo, nada puede ser expropiado; y donde todo ha sido ya expropiado, cualquier producción futura se interrumpirá bruscamente. Consecuentemente, un gobierno de propiedad privada evitará explotar a sus súbditos, por ejemplo, reduciendo sus ganancias potenciales futuras hasta el extremo de que caiga efectivamente el valor presente de su hacienda. Para preservar o incluso aumentar el valor de su propiedad personal, contendrá su política de explotación. A más bajo grado de explotación, más productiva será la población sometida; y cuanto más productiva sea ésta, mayor será el valor del monopolio parasitario de la explotación. El gobierno seguirá usando su monopolio, naturalmente, pero no abusará de él. Pues como propietario del gobierno le interesa parasitar una economía privada próspera y expansiva para incrementar sin esfuerzo su propia riqueza y prosperidad así pues, el grado de explotación tendería a ser bajo.

La propiedad privada de un gobierno implica moderación y previsión por otra razón. Toda propiedad privada es por definición propiedad exclusiva. Quien la posee está facultado para excluir a cualquier otro de su uso y disfrute; también es libre, si así le parece, de elegir a alguien para compartirla. En principio incluirá a su familia y excluirá a los demás, salvo invitados, operarios o clientes. Tan sólo la familia gobernante y en menor medida sus amigos, empleados y socios comparten el disfrute de los recursos expropiados y pueden llevar una vida parasitaria. Las restricciones a la entrada en el gobierno y el estatuto del gobernante y su familia, elementos característicos del gobierno privado, favorecen un clara «conciencia de clase» del público excluido del gobierno y promueven, así, la oposición y resistencia a cualquier expansión del poder explotador del gobierno. Existe una nítida separación entre la (minoría) gobernante y la (mayoría) gobernada, de modo que el riesgo o las expectativas de ascenso o declinación sociales son pequeños. Si bien la barrera opuesta a la movilidad social es casi insalvable, la solidaridad entre los gobernados se ve reforzada, pues todos son víctimas actuales o potenciales de las violaciones gubernamentales de los derechos de propiedad; por la misma razón, se eleva el riesgo de que la clase dirigente pierda su legitimidad si intensifica la explotación[79].

En contraste, el administrador de un gobierno público intentará maximizar sus ingresos corrientes y no la riqueza total del gobierno (valor del capital más ingreso corriente). De hecho, incluso cuando el custodio desea actuar de otro modo, no puede hacerlo, pues los recursos de un gobierno público son inalienables, de modo que no tienen precio de mercado, sin el cual el cálculo económico resulta imposible. Según esto, será inevitable que un gobierno público consuma continuamente el capital. En lugar de conservar o aumentar el valor patrimonial del gobierno, como haría un titular privado del mismo, el curador provisional de un gobierno intentará aprovecharse tan rápidamente como le sea posible de la mayor parte de sus recursos, pues lo que no consuma en el momento no podrá consumirlo nunca. Un curador, tan distinto del propietario de un gobierno privado, no tiene un verdadero incentivo para no arruinar su país. ¿Por qué razón no va a querer incrementar su explotación, si las ventajas de una política moderada —que aumente el valor patrimonial del gobierno— no repercuten en él, mientras que las de una política de explotación —que aumente sus ingresos corrientes— sí que le aprovechan? Para un custodio público, contrariamente a un propietario privado, la moderación sólo tiene desventajas[80].

Bajo un gobierno de propiedad pública cualquiera puede en principio ingresar en la clase dirigente o alcanzar el poder supremo. Se difuminan por tanto la distinción entre gobernantes y gobernados, así como la conciencia de clase. Se generaliza la quimera de que ya no existe semejante distinción, pues con un gobierno público nadie es gobernado por otros y cada uno se gobierna a si mismo. Se debilita así la resistencia pública contra el poder del gobierno. Si con anterioridad la explotación y la expropiación aparecían sin más como opresivas y malas, su representación social cambia, dada la naturaleza humana, cuando cualquiera puede incorporarse sin trabas al grupo de los beneficiarios de aquellas. Consecuentemente, no sólo aumentará la explotación, abiertamente, en la forma de impuestos más altos, o con disimulo, creando dinero (inflación) o reglamentos (legislación). A la vez, el número de empleados del gobierno («funcionarios») aumentará en términos absolutos y relativos con respecto al empleo privado, atrayendo y promoviendo a individuos con un elevado grado de preferencia temporal y una limitada capacidad de previsión.

(2) Al contrario de lo que sucede con el derecho a la autodefensa en el supuesto de una agresión criminal, la víctima de las violaciones gubernativas de los derechos de propiedad no está legitimada para repeler esa agresión[81].

La imposición de gabelas sobre la propiedad o la renta personales viola los derechos del propietario lo mismo que un robo. En ambos casos, los bienes del propietario o productor disminuyen en contra de su voluntad y sin su consentimiento. La creación de dinero o «liquidez» por parte del gobierno expropia fraudulentamente a los propietarios en la misma medida que las operaciones de una banda de falsificadores. Toda reglamentación que implique autorizaciones o permisos sobre las facultades del propietario —más allá de la regla de que nadie puede causar daños a la propiedad de los demás y de que todo intercambio debe ser voluntario y contractual—, supone una «confiscación» de la propiedad de alguien, a la par de la extorsión, el robo o la destrucción. Pero la imposición fiscal —aprovisionamiento gubernamental de liquidez— y las reglamentaciones, contrariamente a sus equivalentes criminales, son consideradas legítimas, de modo que a la víctima de la interferencia gubernamental, al contrario que a la víctima de un crimen, no se le permite defender y proteger físicamente su propiedad.

A causa de su presunta legitimidad, las violaciones gubernamentales de los derechos de propiedad determinan las preferencias temporales mucho más profunda y sistemáticamente que el crimen. Como este último, toda interferencia del gobierno en los derechos de propiedad privada reduce la disponibilidad de bienes presentes de alguien, elevando su preferencia temporal. Sin embargo, las agresiones del gobierno —al contrario que el crimen— elevan simultáneamente el grado de preferencia de las víctimas actuales y potenciales, pues ello implica una reducción en la oferta de bienes futuros (es decir, una reducción de la tasa de retorno de las inversiones). El crimen, siendo ilegítimo, acontece intermitentemente, pues el delincuente desaparece de la escena llevándose consigo el botín y abandonando a la víctima. Así pues, el crimen puede remediarse incrementando la demanda de bienes y servicios de protección (en relación con el resto de bienes), hasta recuperar o incluso aumentar la tasa de retorno de la inversión, y hacer más improbable que el mismo u otro delincuente tenga éxito una segunda vez. La pretendida legalidad de las violaciones gubernamentales de los derechos de propiedad justifica su continuidad en el tiempo. El agresor no vuelve a la clandestinidad, sino que sigue merodeando; la víctima no puede armarse, sino que tiene que permanecer indefensa (o al menos eso se espera de ella). Las víctimas actuales o potenciales de este tipo de violaciones de los derechos de propiedad, como se demuestra en su indefensión permanente ante los agresores, responden asociando un mayor riesgo constante con toda producción futura, ajustando sistemáticamente a la baja sus expectativas sobre la tasa de retorno de toda inversión futura. Las violaciones gubernamentales de los derechos de propiedad, al reducir simultáneamente la oferta de bienes presentes y futuros, no sólo aumentan la preferencia temporal para un patrón dado, sino también los mismos patrones de preferencia temporal. Como los propietarios y productores están indefensos frente a una eventual victimización por los agentes del gobierno, siendo conscientes de ello, la tasa prevista de retorno de sus acciones productivas a largo plazo se reduce en términos generales, orientándose al corto plazo toda víctima actual y potencial[82].

Puesto que el grado de explotación resulta comparativamente mayor bajo un gobierno de propiedad pública, la tendencia hacia el corto plazo se acusará más en un gobierno público que en uno privado[83].

Aplicación: la transición de la Monarquía a la Democracia (1789-1918)

Las monarquías hereditarias constituyen el ejemplo histórico de los gobiernos de propiedad privada, las repúblicas democráticas el los gobiernos de propiedad pública.

Durante la mayor parte de su historia la humanidad ha estado sometida al control de gobiernos monárquicos. Ha habido excepciones: la democracia ateniense; Roma durante su era republicana hasta el año 31 a.C.; las repúblicas de Venecia, Florencia y Génova durante el Renacimiento; los cantones suizos desde 1291; las Provincias Unidas entre 1648 y 1673; la Inglaterra de Cronwell entre 1649 y 1660. Aún así, eran excepciones en un mundo dominado por las monarquías. Salvo el caso de Suiza, todos fueron fenómenos efímeros. Rodeados de monarquías, las viejas repúblicas satisfacían de manera imperfecta la condición de la libertad de entrada al gobierno: aunque la forma republicana de gobierno implica, por definición, la propiedad pública de este —lo que acusará la tendencia a adoptar el sufragio universal—, durante mucho tiempo el acceso al gobierno estuvo restringido a un número relativamente pequeño de «nobles».

La humanidad traspuso verdaderamente la era monárquica al finalizar la I Guerra Mundial[84]. Europa, y todo el mundo detrás de ella, experimentó una transformación capital durante el siglo y medio que siguió a la Revolución francesa. Los gobiernos monárquicos y los reyes soberanos fueron reemplazados por gobiernos republicanos y «pueblos» soberanos.

El primer asalto del republicanismo y la soberanía popular contra el principio monárquico predominante fue repelido tras la derrota militar de Napoléon y la restauración de los Borbones en Francia. El republicanismo estuvo desacreditado durante casi todo el siglo XIX a causa del terror revolucionario y las Guerras napoleónicas. Sin embargo, el espíritu republicano-democrático de la Revolución francesa dejó una impronta permanente. Los ideales de la representación y la participación políticas populares se extendieron por toda Europa, entre la restauración del orden monárquico en 1815 y el estallido de la I Guerra Mundial en 1914. El sufragio fue ampliándose progresivamente, aumentando los poderes de los parlamentos de elección popular[85].

Desde 1815 a 1830 los Borbones restaurados en Francia limitaron severamente el derecho al voto. El colegio electoral representativo de una población de unos 30 millones de franceses incluía tan sólo a los más grandes propietarios de Francia —unos 100.000 electores, menos de 0,5% de la población mayor de 20 años—. Como resultado de la Revolución de julio de 1830, la abdicación de Carlos X y la coronación del Duque de Orleans, Luis Felipe, el número de votantes se incrementó hasta los 200.000. Las convulsiones revolucionarias de 1848 hicieron otra vez republicana a Francia, introduciéndose el sufragio universal para todos los varones mayores de 21 años. Napoléon III fue elegido por casi 5,5 millones de franceses de un electorado de más de 8 millones.

Después de 1815, el colegio electoral del Reino Unido estaba integrado por unos 500.000 propietarios acomodados —un 4% de la población mayor de 20 años . El Reform Bill de 1832 rebajó las condiciones del censo hasta ampliar el voto a unos 800.000 electores. La siguiente ampliación del censo, hasta los 2 millones, llegó con la segunda reforma electoral de 1867. En 1884 las restricciones a la propiedad se relajaron todavía más y el electorado aumentó hasta los 6 millones (casi un tercio de la población mayor de 20 años y más de tres cuartos de todos los varones adultos).

En Prusia, el más importante de los 39 Estados alemanes reconocidos después del Congreso de Viena, la democratización comenzó con la Revolución de 1848 y la constitución de 1850. La cámara baja del Parlamento prusiano fue elegida desde entonces por sufragio universal masculino. Sin embargo, hasta 1918 el electorado se componía de tres estamentos con un peso electoral diferente. Por ejemplo, los más ricos —aquellos que pagaban un tercio de los impuestos— elegían a un tercio de los miembros de la cámara baja. En 1867 se fundó la Confederación de Alemania del Norte, incluyendo a Prusia y a otros 21 Estados alemanes. Su constitución instituyó el sufragio universal para los varones mayores de 25 años. En 1871, después de la victoria sobre Napoléon III, la constitución de la Confederación se adoptó, en su contenido esencial, como constitución del nuevo Imperio alemán. De una población cercana a los 35 millones, unos 8 millones de alemanes (alrededor de un tercio de la población mayor de 20 años) eligieron el primer Reichstag alemán.

Después de la unificación política de Italia liderada por el Reino de Cerdeña y el Piamonte en 1861, el voto sólo se concedió a unas 500.000 personas de una población de 25 millones (un 3,5% de la población mayor de 20 años). En 1882 se relajaron los requisitos del censo y la edad mínima para votar se bajó desde los 25 años a los 21. El electorado italiano superó así los 2 millones de votantes. En 1913 se introdujo el sufragio casi universal para los varones mayores de 30 años y un sufragio con muy pocas limitaciones para los varones mayores de 21 años, con lo que el número de votantes italianos alcanzó los 8 millones (más del 40% de la población mayor de 20 años).

En Austria se introdujo el sufragio censitario y desigual en 1837. El electorado, compuesto de cuatro clases o curiae, cuyo voto pesaba diferente, totalizaba 1,2 millones sobre una población de 20 millones (10% de la población mayor de 20 años). En 1867 se incorporó una quinta curia. Cuarenta años después se abolió el sistema curial, adoptándose el sufragio universal e igual para los varones mayores de 24 años y elevándose los votantes a 6 millones (casi un 40% de la población mayor de 20 años).

Rusia había elegido consejos de distrito y provinciales —zemstvos— desde 1864. En 1905, como consecuencia de la derrota que le infligió Japón, se creó un parlamento —la Duma—, elegido por un sufragio masculino casi universal, si bien indirecto y desigual. En cuanto a las potencias europeas menores, el sufragio universal o con mínimas limitaciones existía en Suiza desde 1848 y se adoptó entre 1890 y 1910 en Bélgica, Holanda, Noruega, Suecia, España, Grecia, Bulgaria, Serbia y Turquía.

Aunque cada vez se deterioraba más, el principio monárquico todavía mantuvo su predominio hasta los catastróficos acontecimientos de la I Guerra Mundial. En la Europa de la preguerra había tan sólo dos repúblicas: Suiza y Francia. De las grandes monarquía europeas, tan sólo la británica era un sistema parlamentario, es decir, un régimen cuyo poder supremo reside en un parlamento elegido. Apenas cuatro años más tarde, después de que los Estados Unidos entrasen en la guerra europea, determinando su resultado, las monarquías habían desaparecido y Europa se convirtió al republicanismo democrático[86]. Debe tenerse en cuenta que el principio democrático ligado desde su origen a la república norteamericana se había impuesto, no mucho tiempo atrás, como consecuencia de la destrucción de la Confederación secesionista por el Gobierno centralista de la Unión[87].

Las familias Romanov, Hohenzollern y Habsburgo abdicaron o resignaron el poder; Rusia, Alemania y Austria se convirtieron en repúblicas con sufragio universal —masculino y femenino— y gobiernos parlamentarios. Del mismo modo, los Estados sucesores de los viejos Imperios —Polonia, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Hungría y Checoslovaquia— adoptaron constituciones republicano-democráticas, con la única excepción de Yugoslavia. En Turquía y Grecia fue derrocada la monarquía. Incluso donde las monarquías se mantuvieron formalmente —Gran Bretaña, Italia, España, Bélgica, Holanda y países escandinavos , los reyes dejaron de ejercer el poder de mando. El sufragio universal adulto fue instituido y los parlamentos y magistraturas «públicas» fueron investidos del poder[88]. Un nuevo orden mundial había comenzado: la era republicano-democrática bajo la égida del gobierno de los Estados Unidos.

La prueba y sus demostraciones: explotación y orientación al corto plazo en la Monarquía y el Republicanismo democrático

Desde el punto de vista de la teoría económica, el final de la I Guerra Mundial puede identificarse con el momento en que el gobierno de propiedad privada fue absolutamente sustituido por otro de propiedad pública. Desde entonces sólo cabe esperar el desenvolvimiento de la tendencia sistemática hacia una mayor explotación —hipertrofia gubernativa— y grados de preferencia temporal social crecientes —orientación al corto plazo—. He aquí, en efecto, el asunto capital de la historia de la I postguerra mundial, ya presagiado en el último tercio del siglo XIX junto al progresivo debilitamiento del Ancien régime: la sistemática tendencia al alza de casi todos los indicadores de la explotación gubernamental y del crecimiento de las preferencias temporales a partir de 1918.

Indicadores de la explotación

No cabe duda de que los impuestos con se gravaba a la sociedad civil aumentaron durante la época monárquica[89]. Sin embargo, considerando todo el periodo, la proporción de la renta fiscal se mantuvo extraordinariamente baja y estable. En opinión del historiador económico Carlo M. Cipolla, «en conjunto, hay que admitir que la proporción de la renta drenada por el sector público fue aumentando desde el siglo XI en adelante en toda Europa. Pero es difícil imaginar que, aparte situaciones y momentos particulares, también en los siglos más próximos a la Revolución industrial consiguieran nunca los poderes públicos atraer más del 5-6 por 100 de la renta nacional». Para señalar a continuación que este porcentaje no fue sobrepasado sistemáticamente hasta la segunda mitad del siglo XIX[90]. A propósito de la época feudal observa Bertrand de Jouvenel lo siguiente: «Es un error común, pero enorme, confundir una asamblea convocada con el fin de conceder subsidios, con un Parlamento moderno, y decir que se trata en uno y otro caso de un consentimiento popular al impuesto... Para encontrar actualmente analogía con la mendicidad real, sería necesario suponer que el soberano en ejercicio, es decir, el Parlamento, tuviera que vivir de lo suyo, el monopolio del tabaco y otros elementos de su patrimonio, y que cuando le fuera necesario un suplemento tuviera que convocar a los que habían de proporcionárselo, exponiéndoles por qué es necesario y apelando a su buena voluntad»[91].

A través de la centralización política que tuvo lugar durante los siglos XVI y XVII se ampliaron las fuentes adicionales de recursos del gobierno: derechos aduaneros, impuestos sobre consumos y contribuciones sobre la propiedad de la tierra. Sin embargo, hasta mediados del siglo XIX, de todos los países occidentales, únicamente el Reino Unido tenía un impuesto sobre la renta personal (desde 1834). En Francia se introdujo por primera vez algo parecido en 1873, en Italia en 1877, en Noruega en 1892, en Holanda en 1894, en Austria en 1898, en Suecia en 1903; los Estados Unidos lo hicieron en 1913, Suiza en 1916, Dinamarca y Finlandia en 1917, Irlanda y Bélgica en 1922, y Alemania en 1924[92]. Cuando estalló la I Guerra Mundial el gasto total del gobierno era todavía característicamente inferior al 10% del Producto Interior Bruto (PIB); sólo raramente, como en el caso de Alemania, sobrepasó el 15%. En acusado contraste con el principio de la era republicano-democrática, el gasto total del gobierno en términos del PIB aumentó entre un 20 y un 30% en el transcurso de las décadas de 1920 y 1930, alcanzando el 50% a mediados de los 70[93].

Tampoco hay duda de que el empleo del gobierno en su conjunto creció durante la época monárquica. Pero a finales del siglo XIX ese empleo casi nunca superaba el 3% de la fuerza de trabajo total. Los ministros regios y los parlamentarios no recibían un sueldo público, sino que cabía esperar que se mantuviesen con sus propios recursos. Con los progresos de la democratización se convirtieron en funcionarios asalariados. Desde entonces el empleo del gobierno ha crecido sin cesar. En Austria, por ejemplo, el empleo del gobierno creció desde menos de un 3% de la fuerza de trabajo en 1900 hasta el 8% en la década de 1920 y casi un 15% a mediados de los 70. En Francia creció del 3% en 1900 al 4% en 1920 y a casi un 15% a mediados de los 70. En Alemania del 5% en 1900 hasta cerca de un 10% a mediados de los años 20 y casi un 15% a mediados de los 70. En el Reino Unido subió de menos del 3% en 1900 hasta más del 6% en la década de 1920 y de nuevo —hasta cerca de un 15% a mediados de los 70. La tendencia en Italia y en casi todo el mundo es la misma. A mediados de los años 70 tan sólo en la pequeña Suiza el empleo del gobierno era inferior al 10% de la fuerza de trabajo[94].

Idéntico patrón proporciona una inspección de la inflación y los datos de la oferta monetaria. El mundo monárquico se caracterizó generalmente por la existencia de un dinero-mercancía —casi siempre oro o plata— y por fin, después del establecimiento de un mercado mundial integrado y sencillo a lo largo de los siglos XVII y XVIII, por el patrón oro internacional. Una moneda-mercancía como patrón internacional hace difícil, si no imposible, que un gobierno infle la oferta monetaria. Los reyes hicieron todo lo posible para enriquecerse a expensas del público con el monopolio de la acuñación y la alteración de la ley monetaria. Se han registrado también intentos de introducir dinero fiduciario no convertible. En efecto, la historia del Banco de Inglaterra desde sus comienzos en 1694 es la historia de la suspensión periódica de pagos —en 1696, 1720, 1745 y desde 1797 hasta 1821—. Mas estos experimentos con dinero fiduciario, asociados particularmente con el Banco de Ámsterdam, el Banco de Inglaterra y John Law y la Real Banca de Francia, han sido curiosidades regionales que pronto terminaron en desastres financieros como la crisis holandesa de los tulipanes en 1673, la crisis especulativa francesa conocida como la «Burbuja del Mississippi» de 1716 y el colapso inglés producido en 1720 por la «Burbuja del Mar del Sur». Por más que lo intentaron, las monarquías no pudieron establecer un monopolio de dinero fiduciario puro, como por ejemplo el papel moneda del gobierno no convertible, que puede ser creado a partir del aire a un coste despreciable. A ningún individuo particular, ni siquiera a un rey, podría confiársele un monopolio tan extraordinario.

Sólo el republicanismo democrático —gobierno anónimo e impersonal— pudo cumplir esta proeza. Durante la I Guerra Mundial, así como durante las guerras anteriores, los gobiernos beligerantes habían abandonado el patrón oro. De hecho, desde mediados de los años 20 hasta 1971, con la interrupción de una serie de crisis monetarias internacionales, tuvo vigencia un pseudopatrón oro —patrón oro-cambio—. En esencia, sólo los Estados Unidos convirtieron los dólares en oro (y desde 1933, al abandonar la convertibilidad interior, sólo en sus relaciones con los Bancos centrales extranjeros). Gran Bretaña redimiría libras por dólares o, más raramente, en barras de oro en vez de monedas, y el resto de Europa convertiría sus monedas en libras. Consecuentemente, y como un reflejo de la jerarquía del poder internacional inaugurada al terminar la I Guerra Mundial, el gobierno de los Estados Unidos aumentó los billetes de dólar por encima de las reservas de oro, Inglaterra aumentó las libras por encima de los dólares inflados y el resto de países europeos hinchó su papel moneda más allá de los dólares y las libras inflacionistas (y después de 1945 sólo dólares). Finalmente, en 1971, con unas reservas cada vez más grandes de dólares acumuladas en los Bancos centrales europeos y ante el riesgo inminente de que Europa se «lanzara» sobre las reservas de oro de los Estados Unidos, se eliminó cualquier reducto para el patrón oro internacional. Desde entonces, y por primera vez en la historia, todo el mundo ha adoptado un sistema de moneda fiduciaria cuyos billetes, emitidos por cada gobierno, fluctúan libremente[95].

Como resultado, desde el principio de la era republicano-democrática (inicialmente con un pseudopatrón oro y a pasos acelerados desde 1971 bajo un patrón de papel moneda gubernamental), puede constatarse una tendencia permanente hacia la inflación y la depreciación del dinero.

Durante la época monárquica con un dinero-mercancía ajeno al control del gobierno, el «nivel» de precios cayó en términos generales y se incrementó el poder de compra del dinero, salvo cuando había guerra o se descubrían nuevos yacimientos de oro. Diversos índices de precios para Inglaterra, por ejemplo, indican que estos eran sensiblemente más bajos en 1760 de lo que lo habían sido un siglo antes. Y en 1860 eran más bajos que en 1760[96]. Interrelacionados por el patrón oro internacional, el desarrollo fue similar en otros países[97]. En fuerte contraste, durante la era republicano-democrática el centro de gravedad financiero se desplazó desde Inglaterra hasta los Estados Unidos, nación promotora de una nueva tendencia monetaria internacional y de un sistema totalmente distinto. Antes de la I Guerra Mundial, el índice de precios al por mayor había caído desde el 125 de 1868, alcanzado al término de la guerra civil, hasta menos de 80 en 1914. Era por tanto más bajo que en 1800[98]. En cambio, recién terminada la I Guerra Mundial, en 1921, el índice de precios mayoristas se encontraba en el 113. Después de la II Guerra Mundial, en 1948, creció hasta 185. En 1971 era de 255; para 1981 alcanzó 658, y en 1991 estaba próximo a 1000. Han bastado dos décadas de dinero fiduciario no convertible, para que el índice de precios al consumo en los Estados Unidos creciera desde el 40 de 1971 hasta 136 en 1991; en el Reino Unido subió de 24 a 157; en Francia de 30 a 137; y en Alemania de 56 a 116[99].

Del mismo modo, durante más de setenta años, desde 1845 hasta el fin de la I Guerra Mundial en 1918, la oferta monetaria inglesa aumentó unas seis veces[100]. Contrariamente, durante los setenta años transcurridos entre 1918 y 1991, la oferta monetaria de los Estados Unidos aumentó más de 64 veces[101].

Mas un gobierno, junto a la imposición fiscal y la inflación, puede recurrir también al endeudamiento para financiar sus gastos corrientes. Como sucede con aquellas, no hay duda de que la deuda del gobierno aumentó durante la era monárquica. Sin embargo, según las previsiones teóricas, también en este punto los reyes se han mostrado más moderados y previsores que los custodios republicanos.

En la era monárquica, las deudas del gobierno eran sobre todo deudas de guerra. Aunque la deuda total tendía a aumentar a lo largo del tiempo, al menos durante los periodos de paz los reyes solían reducir sus deudas. El ejemplo inglés es bien representativo. Durante los siglos XVIII y XIX aumentó el endeudamiento del gobierno. Era de 76 millones de libras después de la Guerra contra España de 1748, conocida como la Guerra de la Oreja de Jenkins; 127 millones después de la Guerra de los Siete años en 1763; 232 millones tras la Guerra de la Independencia americana, y 900 millones después de las Guerras napoleónicas en 1815. Todavía en cada periodo de paz —de 1727 a 1739; de 1748 a 1756; de 1762 a 1775—, la deuda total decrecía. Pero desde 1815 hasta 1914, la deuda nacional inglesa siempre creció, en la paz y en la guerra. En 1920 era de 7.900 millones de libras, en 1938 8.300 millones, en 1945 22.400 millones, en 1970 34.000 millones, y desde entonces se disparó hasta más de 190.000 millones de libras en 1987[102]. Del mismo modo, la deuda del gobierno de los Estados Unidos ha subido en la paz y en la guerra. La deuda del gobierno federal después de la I Guerra Mundial, en 1919, rondaba los 25.000 millones de dólares. En 1940 era de 43.000 millones, y después de la II Guerra Mundial, en 1946, se colocó en unos 270.000 millones. Para 1970 se amplió hasta los 370.000 millones y desde 1971, con el régimen de dinero fiduciario puro, explotó literalmente. En 1979 era de unos 840.000 millones, y en 1985 más de 1,8 billones. En 1988 alcanzó casi los 2,5 billones, en 1992 superó los 3 billones de dólares, y actualmente está en aproximadamente 6 billones de dólares[103].

La misma tendencia hacia una explotación creciente y una orientación al presente se nos impone al examinar la legislación y la reglamentación gubernamentales. Durante la época monárquica, cuando todavía se distinguía netamente entre gobernantes y gobernados, el rey y su parlamento tenían que someterse a la ley. No hacían la ley, sino que aplicaban el derecho preexistente como juez o jurado. Escribe Bertrand de Jouvenel: «El monarca solamente se concibe como juez y no como legislador. Hace respetar los derechos y los respeta él mismo: estos derechos subjetivos los encuentra establecidos y los admite como anteriores a su poder... Los derechos subjetivos no son otorgados y precarios: son propiedades. Propiedad es también el derecho que pertenece al soberano, que es igualmente un derecho subjetivo, de dignidad más elevada que los demás, pero incapaz de destruirles... En un sistema de este tipo, los derechos subjetivos tenían garantías que nunca se han vuelto a encontrar. La fijeza de la ley limitaba, naturalmente, el derecho del soberano, fundado y delimitado él mismo por la ley divina y la costumbre. La Carta Magna de Inglaterra no es otra cosa que una enérgica reiteración de esta regla. Se encontraban las mayores dificultades para cambiar cualquier cosa de ella»[104]. Ciertamente, la monopolización de la administración de justicia provocó la elevación de los precios y deterioró la calidad del producto, al menos con respecto a la situación de competencia entre distintos «árbitros». A lo largo del tiempo los reyes emplearon permanentemente este monopolio en su propio beneficio. Un ejemplo de ello es la creciente utilización del monopolio de la ley y el orden al servicio de una idea pervertida del castigo. El objetivo básico del castigo ha sido originalmente la restitución y la compensación de la víctima de la violación de derechos por el ofensor. En cambio, con los gobiernos monárquicos el objetivo del castigo se desplazó permanentemente hacia la compensación del rey[105]. Sin embargo, si bien esta práctica supuso una expansión del poder del gobierno, no implicaba redistribución alguna de la riqueza y la renta en la sociedad civil, ni eximía al rey de las previsiones generales del derecho privado. En efecto, todavía a principios del siglo XX podía mantener A.V. Dicey que en Inglaterra no existía el derecho legislado —Derecho público— como algo distinto al derecho preexistente —Derecho privado—. El derecho que rige las relaciones entre los ciudadanos particulares todavía se consideraba fijo e inmutable, y los agentes del gobierno, en sus relaciones con los particulares, se sometían a las mismas leyes que estos[106].

En acusado contraste, en la democracia, velado el ejercicio del poder por el anonimato, los presidentes y los parlamentos pronto se ponen por encima de la ley. Devienen no ya jueces, sino legisladores, creadores del «nuevo» derecho[107]. Dice Jouvenel que «nos encontramos habituados a que nuestros derechos sean modificados por decisiones soberanas del legislador. Un propietario no se sorprende ya de ser obligado a elevar los salarios de sus empleados en virtud de decretos del poder. Se sobreentiende ahora que nuestros derechos subjetivos son precarios y que están a discreción de la autoridad»[108]. En un proceso similar al de la democratización de la moneda —sustitución del dinero-mercancía privado por el papel moneda del gobierno, con la inflación resultante y el aumento de la incertidumbre financiera—, la democratización del derecho y la administración de justicia ha generado un torrente de legislación. El número de actos legislativos y reglamentaciones promulgadas por los parlamentos en el transcurso de un año normal está hoy en las decenas de millares, llenando centenares de miles de páginas, afectando a todos los aspectos de la vida civil y comercial, de lo que resulta una constante depreciación de la ley y el aumento de la inseguridad jurídica. La edición en 1994 del Código de Reglamentos Federales (Code of Federal Regulations, CFR), el compendio anual de todas las reglamentaciones gubernativas vigentes, constituye un buen ejemplo de ello, pues consiste en un total de 201 libros que ocupan casi 8 metros de anaqueles de una biblioteca. Sólo el índice del Código tiene 754 páginas, las cuales comprenden las disposiciones relativas a la producción y distribución de casi todo lo imaginable: desde el apio, los champiñones, las sandías, las pulseras de reloj, el etiquetado de las bombillas incandescentes, la confección de medias, el salto en paracaídas, la producción de hierro y acero o las agresiones sexuales en los campus universitarios a la preparación de los aros de cebolla a partir de dados de cebolla, lo que revela el poder casi totalitario de un gobierno democrático[109].

Indicadores de la orientación al presente

El fenómeno de la preferencia temporal social es algo más inaprensible que el de la expropiación y la explotación, y es más difícil definir indicadores operativos de la orientación al presente. Por otra parte, algunos indicadores son menos directos —«más blandos»— que los de la explotación. Pero todos ellos apuntan en la misma dirección y juntos proporcionan un claro ejemplo de la segunda predicción teórica: que el gobierno democrático incentiva previsiones de corto alcance (orientación al presente) en la sociedad civil[110].

El indicador más directo de la preferencia temporal social es el tipo de interés. El tipo de interés es la ratio que relaciona la evaluación de los bienes presentes y la de los futuros. Más concretamente indica la prima con que se remunera el cambio de dinero presente por dinero futuro. Un alto tipo de interés implica una mayor «orientación al corto plazo» y un bajo tipo de interés una mayor «orientación al largo plazo». En condiciones normales —es decir, aceptando el aumento del nivel de vida y de la renta monetaria real— hay que esperar que el tipo de interés caiga y en última instancia se aproxime al cero, aunque nunca lo alcance, pues con el crecimiento del ingreso real la utilidad marginal del dinero presente disminuye relativamente al dinero futuro, y por tanto, ceteris paribus, para un patrón de preferencia temporal dado el tipo de interés tiene que caer. Consecuentemente, el ahorro y la inversión aumentarán, el ingreso futuro real será todavía más alto y así sucesivamente.

De hecho, la tendencia hacia la caída de los tipos de interés caracteriza la marcha del desarrollo de la humanidad a lo largo de los siglos. Los tipos de interés mínimos para «préstamos seguros» eran de un 16% a comienzos de la historia financiera de Grecia, en el siglo VI a.C., y cayó hasta el 6% durante el periodo helenístico. En Roma, los tipos de interés mínimos cayeron desde más del 8% a principios del periodo republicano hasta el 4% durante los primeros cien años del Imperio. En la Europa del siglo XIII, el más bajo interés para préstamos «seguros» era del 8%. En el siglo XIV bajo del 5%. En el siglo XV bajó al 4%. En el siglo XVII descendió hasta el 3%. Y a finales del siglo XIX los tipos mínimos de interés se pusieron por debajo del 2,5%[111].

Este proceso no fue en modo alguno continuo, pues con frecuencia era interrumpido por periodos, a veces seculares, de crecimiento de los tipos de interés. Sin embargo, estos periodos se asociaban con las guerras y revoluciones más importantes, como la Guerra de los Cien años en el siglo XIV, las Guerras de Religión de finales del XVI a principios del XVII, las Revoluciones francesa y americana y las Guerras napoleónicas desde las postrimerías del XVIII a principios del XIX, y las dos Guerras mundiales en el siglo XX. Por lo demás, dado que unos tipos de interés altos o crecientes caracterizan generalmente a las épocas de bajo o declinante nivel de vida, el predominio de la tendencia contraria hacia tipos de interés más bajos o declinantes refleja el progreso general de la humanidad —el paso de la barbarie a la civilización—. En particular, la marcha hacia unos tipos de interés más bajos refleja el ascenso histórico del mundo occidental, la mejora de la prosperidad de sus pueblos y la grandeza única de la civilización europea del siglo XIX.

Sobre este trasfondo histórico y de acuerdo con la teoría económica, los tipos de interés del siglo XX tenían que haber sido todavía más bajos que en el siglo anterior. Sólo hay dos posibles explicaciones de por qué no ha sido así. La primera posibilidad es que los salarios reales durante el siglo XX no superaron, o incluso fueron menores, que los del siglo XIX. Sin embargo, este razonamiento puede descartarse con un fundamento empírico, pues está fuera de toda controversia que los salarios reales del siglo XX fueron de hecho más altos. Así pues, sólo nos queda la segunda explicación. Si los salarios reales son mayores pero los tipos de interés no son más bajos, ya no puede admitirse la cláusula ceteris paribus. Más bien, el patrón de la preferencia temporal social ha tenido que desplazarse hacia arriba. Tiene que haber cambiado, por tanto, el carácter de la población, perdiendo fortaleza moral e intelectual y orientándose más al presente en términos generales. Tal parece, en efecto, haber sido el caso.

Los tipos de interés han caído constantemente en todo el mundo occidental, a partir de 1815, hasta situarse en un mínimo histórico inferior a los 3 puntos en el cambio de siglo. El advenimiento de la era republicano-democrática detuvo la inveterada tendencia a la baja, que pareció cambiar su signo, denunciando así el declinar de la civilización europea y americana en el siglo XX. Un análisis de la media de los tipos de interés de las décadas en que estos fueron más bajos en Inglaterra, Francia, Holanda, Bélgica, Alemania, Suecia, Suiza y los Estados Unidos, por ejemplo, muestra que durante toda la I postguerra mundial los tipos de interés en Europa nunca fueron tan bajos como lo habían sido durante la segunda parte del siglo XIX. Tan sólo en los Estados Unidos, en los años 50, cayeron alguna vez los tipos de interés por debajo de los niveles de finales del siglo XIX. Mas se trataba únicamente de un fenómeno efímero; aún así, los tipos de interés de los Estados Unidos no llegaron a estar más bajos que en la Inglaterra de la segunda mitad del siglo XIX. Los tipos de interés del siglo XX han sido sensiblemente más altos que todos los del siglo XIX; si se han caracterizado por algo ha sido por su tendencia a elevarse[112]. Esta conclusión no se altera sustancialmente, ni siquiera si se toma en consideración que los modernos tipos de interés, en particular desde la década de los años 70, incluyen también la inflación sistemática. Una vez ajustados los tipos de interés nominales recientes a la inflación para calcular los tipos de interés reales, resulta que los tipos contemporáneos son todavía más altos que hace cien años. Los tipos de interés mínimos a largo plazo en Europa y en los Estados Unidos superan ahora claramente el 4%, alcanzando tal vez el 5% —por encima de los tipos de interés de la Europa del siglo XVII y tan altos o más que los tipos del siglo XV—. Del mismo modo, la tasa de ahorro norteamericano actual, de alrededor de un 5% de la renta disponible, no es más alta que la de hace trescientos años en la mucho más pobre Inglaterra del siglo XVII[113].

Al mismo tiempo que tenía lugar este desarrollo y como reflejo de un aspecto peculiar del fenómeno de alta o creciente preferencia temporal, los indicadores de la desintegración familiar —«familias disfuncionales»— se han disparado.

Hasta finales del siglo XIX, la parte más importante del gasto del gobierno —normalmente más del 50%— se destinaba a la financiación de los ejércitos. Teniendo en cuenta que los gastos del gobierno representaban cerca del 5% del producto nacional, el gasto militar consumía el 2,5% del producto nacional. El resto correspondía a la Administración del gobierno. El gasto en la beneficencia o «caridad pública» apenas si tenía entidad. El aseguramiento era responsabilidad individual, y el alivio de la pobreza era cometido de la caridad voluntaria. Una vez iniciado el proceso de democratización a finales del siglo XIX se produjo la colectivización de la responsabilidad individual, reflejo del igualitarismo inherente a la democracia. Los gastos militares crecieron hasta el 5 o 10% del producto nacional durante el siglo XX; pero con un gasto público que actualmente representa el 50% del producto nacional, aquellos representan ahora entre un 10 o 20% del gasto total del gobierno. La mayor parte del gasto público —más del 50% del total (o un 25% del producto nacional)— se lo lleva ahora el gasto en el bienestar social: «aseguramiento» gubernativo coactivo contra la enfermedad, los accidentes laborales, la vejez, el desempleo y una relación creciente de minusvalías[114].

Consecuentemente, los individuos relevados de la responsabilidad de ocuparse de su salud, su seguridad o su vejez, ven angostarse el campo y horizonte temporal de la acción de su provisión privada. En particular, como cualquiera cuenta con la asistencia «social», pierden valor el matrimonio, la familia y los hijos. Así pues, desde los comienzos de la era republicano-democrática ha disminuido el número de niños y se ha estancado o reducido la población en los países occidentales. Durante siglos, hasta finales del siglo XIX, la tasa de nacimientos se mantuvo casi constante: en algún punto entre el 30 y el 40 ‰ (algo más alta en los países católicos que en los protestantes). Durante el siglo XX la tasa de nacimientos en toda Europa y en los Estados Unidos experimentó un dramático declive —cayendo hasta el 15 o el 20 ‰[115]—. Al mismo tiempo, las tasas de divorcio, hijos ilegítimos, familias monoparentales, personas que viven solas y abortos crecieron constantemente, mientras que las tasas de ahorro personal empezaron a estancarse o incluso a caer en proporción a aumento de los salarios[116].

Por otro lado, la depreciación del derecho, resultante de la legislación y la colectivización de la responsabilidad ejecutada por la legislación de la seguridad social, ha provocado el aumento de crímenes tan graves como el asesinato, la agresión, el atraco o el robo.

En circunstancias «normales» —es decir, con niveles de vida cada vez mejores— se espera que la protección frente a los desastres naturales (inundaciones, terremotos y huracanes) sea cada vez más eficaz; lo mismo puede decirse de la protección contra azotes sociales como el crimen. En efecto, eso es lo que parece haber tenido lugar en el mundo occidental hasta la segunda mitad del siglo XX, cuando las tasas de criminalidad se dispararon[117].

Es cierto que la irresponsabilidad e imprevisión crecientes, causadas por la legislación y el bienestar, no son los únicos factores que inciden sobre la criminalidad. Los hombres delinquen más que las mujeres, los jóvenes más que los viejos, los negros más que los blancos y los habitantes de las ciudades más que los de los pueblos[118]. Según esto, los cambios en la composición de los sexos, grupos de edad, así como el grado de urbanización, tendrían que influir sistemáticamente sobre el crimen. Sin embargo, todos esos factores son relativamente estables y no pueden explicar la reducción de las tasas de criminalidad a largo plazo. Así, la población de los países europeos ha sido y es comparativamente homogénea; en los Estados Unidos, la proporción de negros no ha variado. La composición de los sexos es una constante biológica; como resultado de las guerras, la proporción de varones cae periódicamente, reforzándose de este modo la tendencia «normal» a la caída de los índices de criminalidad. Del mismo modo, la composición de las cohortes de edad sólo cambia lentamente; a causa del declive de las tasas de nacimientos y la más alta esperanza de vida, la media de edad de la población ha aumentado realmente, contribuyendo de este modo a que bajen todavía más los índices de criminalidad. Finalmente, el grado de urbanización se disparó desde 1800. El aumento de los índices de criminalidad a principios del siglo XIX cabe atribuirlo precisamente a la intensidad del proceso urbanizador[119]. Después de un periodo de ajuste al nuevo fenómeno de la urbanización, a partir de la mitad del siglo XIX se recuperó la tendencia a la caída de los índices de criminalidad, a pesar de que el proceso de rápida urbanización continuó durante otros cien años. Cuando los índices de criminalidad empezaron a desplazarse sistemáticamente hacia arriba, desde mediados del siglo XX, la urbanización se detuvo.

Parece que el fenómeno de los índices crecientes de criminalidad no puede explicarse si no se relaciona con el proceso de democratización: un creciente grado de preferencia temporal social, una progresiva pérdida de responsabilidad individual —intelectual y moral—, y un disminuido respeto a la ley —relativismo moral— estimulado por legislación motorizada[120]. En modo alguno quiere decirse que una «elevada preferencia temporal» es sinónimo de «criminalidad». Una alta preferencia temporal puede también manifestarse en conductas imprudentes, irresponsables, groseras, indolentes, estúpidas o hedonistas, todas ellas perfectamente legales. Con todo, existe una relación sistemática entre la alta preferencia temporal y el crimen, pues para alcanzar la remuneración del mercado se necesita un mínimo de planificación, paciencia y sacrificio. Para poder lucrarse hay que trabajar antes durante algún tiempo. Mas no se someten a esta disciplina los crímenes más graves, como el asesinato, el asalto, la violación, el atraco, el robo y el allanamiento de morada. El agresor obtiene una recompensa inmediata y tangible, mientras que el sacrificio —el posible castigo— está en el futuro y es incierto. Consecuentemente, si el grado de la preferencia temporal social aumentase, se supone que la frecuencia concreta de estas manifestaciones de la conducta agresiva se elevarían —como de hecho sucede—[121].

Conclusión: la monarquía, la democracia y la idea de un orden natural

La posición intelectual de la teoría económica y la evidencia histórica imponen un examen revisionista de la historia moderna. La teoría Whig de la historia, según la cual la humanidad avanza hacia niveles cada vez más altos de progreso, no es correcta. Para los partidarios de una menor explotación y quienes valoran la previsión y la responsabilidad individuales, la transición histórica desde la monarquía a la democracia no representa un progreso, sino un declive de la civilización. No cambia este veredicto porque se tengan en cuenta otros factores. Al revés. Indiscutiblemente, el indicador más importante de la explotación y la orientación al presente es la guerra, no tenido en cuenta aquí. Si lo hubiésemos incluido, el balance del gobierno republicano-democrático sería todavía peor. Junto a la creciente explotación y a la decadencia social, la transición a la democracia ha transformado la guerra limitada en guerra total. El siglo XX, la era de la democracia, ha sido uno de los periodos más atroces de la historia[122].

Se plantean por último dos cuestiones, pues difícilmente puede verse en nuestra situación histórica el «fin de la Historia». ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos hacer? Para la primera pregunta hay una respuesta breve. A finales del siglo XX, el republicanismo democrático en los Estados Unidos y en todo el mundo occidental parece haber agotado las reservas recibidas del pasado. Durante décadas, hasta la bonanza de los años 90, los salarios reales se estancaron o cayeron[123]. La deuda pública y los costes del sistema de la seguridad social ofrecen la perspectiva de una inminente ruina económica. Al mismo tiempo, la crisis social y los conflictos se agravan peligrosamente. Si la tendencia hacia la explotación y el corto plazo siguen aumentando al ritmo actual, los Estados sociales y democráticos occidentales se colapsarán, lo mismo que las Repúblicas populares socialistas de la Europa oriental a finales de los 80. Queda por responder a la segunda pregunta: ¿Qué podemos hacer ahora para contener el declive de nuestra civilización, abocada a una catástrofe económica y social?

Ante todo, hay que deslegitimar la idea de la democracia y la regla de la mayoría. En última instancia, las ideas, sean verdaderas o falsas, determinan el curso de la historia. Del mismo modo que los reyes no gobernarían si la mayor parte de la opinión pública no aceptase ese gobierno como legítimo, tampoco durarían mucho los gobernantes democráticos sin el sostén ideológico de la opinión pública[124]. La transición al gobierno democrático debe explicarse necesariamente como un cambio de la opinión. De hecho, hasta que terminó la I Guerra Mundial, la inmensa mayoría de los europeos aceptaban la legitimidad del gobierno monárquico[125]. Esa situación resulta hoy inimaginable; en realidad, la misma idea del gobierno monárquico se considera ridícula. No cabe ya una vuelta al Ancien régime. La legitimidad del gobierno monárquico ha periclitado irremediablemente y pretender recuperarla no sería una solución auténtica. A pesar de sus méritos relativos, también las monarquías explotan y elevan la orientación al presente. Resulta imperativo mostrar que la idea del gobierno republicano-democrático es tan ridícula o más que la del gobierno monárquico, y que se halla en la raíz del proceso de descivilización.

Mas no se puede prescindir del desarrollo de una alternativa positiva a la monarquía y la democracia —la idea de un orden natural—. Ello implica, por un lado, que el principio de la civilización humana no es la explotación, sea monárquica o republicana, sino la propiedad privada, la producción y el intercambio voluntario. Por el otro, el reconocimiento de una intuición sociológica de primer orden (que, por cierto, nos ilustra sobre el error de la oposición histórica a la monarquía), a saber: que la preservación de la propiedad privada basada en el intercambio económico exige como presupuesto sociológico la existencia de una elite natural reconocida voluntariamente —nobilitas naturalis—[126].

El resultado natural de las transacciones voluntarias entre diversos propietarios privados no es, en modo alguno, igualitario, sino jerárquico y elitista. La consecuencia del despliegue de las más diversas habilidades humanas, en cualquier sociedad, independientemente de su grado de complejidad, es que a una minoría se le reconoce el estatuto de elite. Algunos individuos, en razón de su riqueza, sabiduría o valor, poseen una «autoridad natural» y a sus opiniones y criterios se les dispensa un respeto general. Por otro lado, dados el emparentamiento y el matrimonio selectivos y las leyes civiles y genéticas de la herencia, lo más probable es que las posiciones de autoridad natural se transmitan en el seno de una pocas familias nobles. Precisamente, hacia los cabezas de estas familias con hazañas probadas desde mucho tiempo atrás, previsión y ejemplar conducta personal, se vuelven los hombres con sus conflictos y quejas. Estos dirigentes de la elite natural actúan como jueces y apacentadores, con frecuencia desinteresadamente, por un sentido de la obligación y de lo que se espera de ellos, incluso por su creencia, sólidamente asentada, en la justicia civil, como un «bien público» privadamente producido[127].

El origen endógeno de la monarquía (contrapuesto a su origen exógeno por conquista)[128] únicamente puede comprenderse sobre el trasfondo de un orden preexistente de elites naturales. El resorte, pequeño pero decisivo, que facilitó la transición al gobierno monárquico —el pecado original— consistió precisamente en el monopolio de las funciones judicial y apacentadora. El resorte se accionó cuando alguien perteneciente a la elite natural reconocida por todos —el rey— pretendió, con la oposición de otros miembros de la elite social, que todo conflicto que tuviese lugar en un territorio específico fuese llevado ante él, impidiendo a las partes en conflicto elegir a otro juez. Desde ese momento, la ley y su aplicación se encarecieron: en vez de ofrecerse gratuitamente o a cambio de una aportación voluntaria, se financiaron recurriendo a un impuesto coactivo. Simultáneamente, se resintió la calidad de la ley: en vez de apoyarse en el derecho preexistente y aplicar los principios de una justicia inmutable y universal, un juez monopolista, que no temía perder clientela si no procedía imparcialmente, podía alterar el derecho vigente en su provecho.

El inflado precio de la justicia y la perversión del viejo derecho por los reyes motivó, en gran medida, la oposición histórica a la monarquía. Sin embargo, hay una gran confusión sobre las causas de este fenómeno. Hay quienes identifican correctamente el problema, que está en el monopolio, no en las elites o en la nobleza[129]. Pero son mucho más numerosos los que equivocadamente culpan al carácter elitista de los gobernantes y se afanan en el mantenimiento del monopolio de la ley y su aplicación, sustituyendo sin más al monarca y la visible pompa real por el «pueblo» y las presuntas modestia y decencia del «hombre común». He aquí la explicación del éxito histórico de la democracia.

Resulta irónico que la monarquía fuese destruida por las mismas fuerzas que los reyes impulsaron cuando, en un principio, expulsaron de la actividad judicial al resto de autoridades naturales competidoras. Para superar la resistencia de estas últimas, los reyes se alinearon con el pueblo, el hombre común[130]. Apelando al siempre popular sentimiento de la envida, los reyes prometieron al pueblo una justicia más barata y mejor gravando con impuestos a sus señores (es decir, a los competidores del rey). Cuando, como era previsible, las promesas del rey no se cumplieron, los mismos sentimientos igualitarios que anteriormente cortejó, se volvieron en su contra. Después de todo, el rey era un miembro de la nobleza y al excluir al resto de jueces, su posición se elevó y se hizo más elitista, volviéndose su conducta más arrogante. Consecuentemente, parecía entonces lógico que también los reyes fuesen derrocados y que las políticas igualitaristas, iniciadas por los monarcas, se llevasen hasta sus últimas consecuencias: el control monopolístico de la judicatura por el hombre común.

Mas la democratización de la ley y su ejecución —sustituyendo al rey por el pueblo— tan sólo agravó los problemas. El precio de la justicia y la paz crecieron astronómicamente y la calidad de la ley se deterioró permanente y progresivamente, hasta el punto de que la idea del derecho como un cuerpo de principios inmutables y universales de justicia fue reemplazado por el derecho como legislación (derecho fabricado por el gobierno). Al mismo tiempo, la democracia realizó la labor apenas incoada por la monarquía: la destrucción de las elites naturales. Las fortunas de las grandes familias desaparecieron y cayeron en el olvido su tradición cultural e independencia económica, su clarividencia intelectual y su liderazgo espiritual y moral. Siguió habiendo ricos, pero era cada vez más frecuente que el Estado dispusiera directa o indirectamente de sus fortunas. Por eso solían ser más dependientes de las continuas dádivas estatales que la gente con menos posibles. Los nouveaux riches sustituyeron a los patrones de las viejas familias rectoras. Su conducta no se caracteriza por una virtud, dignidad o gusto especiales, sino por reflejar la cultura proletaria de masas de la orientación al presente, oportunismo y hedonismo, que el rico actual comparte con el resto de la sociedad; por tanto, sus opiniones no tienen más trascendencia sobre la opinión pública que las de cualquier otro.

Una vez que el gobierno democrático haya agotado su legitimidad, el problema será más complejo que cuando los reyes perdieron la suya. Entonces hubiese sido suficiente abolir el monopolio regio del derecho y su aplicación, sustituyéndolo por un orden natural de jurisdicciones en competencia, tarea que todavía podía haber acometido la disminuida elite natural. Pero ahora esto no basta. Si se disolviera el mencionado monopolio del gobierno democrático, se pondría de manifiesto que no hay otra autoridad hacia la cual volverse reclamando justicia y el caos sería inevitable. Así pues, además de invocar la abdicación de la democracia, tiene una importancia estratégica superior dotar de sólidos fundamentos ideológicos a las fuerzas sociales descentralizadoras o incluso secesionistas. En otras palabras, la tendencia hacia la centralización política que caracterizó el mundo occidental durante siglos, primero bajo el gobierno monárquico y después bajo los auspicios democráticos, debe ser revertida[131]. Si la consecuencia de la tendencia secesionista fuese la aparición de nuevos gobiernos, democráticos o no, cada vez más pequeños, la creciente competencia política potenciaría la moderación de la explotación. En cualquier caso, sólo en pequeñas regiones, comunidades o distritos será posible que unos pocos individuos, apoyados en el reconocimiento popular de su independencia económica, destacados logros profesionales, vida personal moralmente impecable y superior capacidad de juicio y gusto, pongan en valor las autoridades voluntariamente reconocidas y presten legitimidad a la idea de un orden natural[132] de jueces en competencia y de jurisdicciones superpuestas —una sociedad «anárquica» basada en el derecho privado— como respuesta a la monarquía y la democracia.

Capítulo 3

MONARQUÍA, DEMOCRACIA, opinión

PÚBLICA Y DESLEGITIMACIÓN

I

Conviene comenzar con unas pocas observaciones sobre Ludwig von Mises y su idea de una sociedad libre.

«Los principios del liberalismo, escribió Mises, se condensan en una sencilla palabra: propiedad; es decir, control privado de los factores de producción (pues los bienes de consumo tienen evidentemente, que ser siempre de condición privada). Todas las restantes exigencias liberales derivan de tal fundamental presupuesto»[133].

A partir de la propiedad privada, según Mises, la constitución de una sociedad cooperativa fue el resultado de la natural diversidad de las gentes, de la propiedad y el reconocimiento de que la división del trabajo resulta más productiva que el trabajo aislado. En su opinión: «Mientras el trabajo resulte más fecundo bajo el signo de la división del mismo y en tanto el hombre sea capaz de advertir este hecho, la acción humana tenderá espontáneamente a la cooperación y a la asociación... La experiencia enseña que esta condición —la mayor productividad del trabajo— aparece porque su causa —la innata desigualdad de los hombres y la desigual distribución geográfica de los factores naturales de producción— es real. Y así podemos comprender el curso de la evolución social»[134].

Si la aparición de una sociedad cooperativa puede explicarse como el resultado de una acción egoísta, no es menos cierto que, dada la naturaleza humana, siempre habrá en ella asesinos, atracadores, ladrones, sicarios y estafadores, que harían insoportable la vida en sociedad si no se les amenazase con el castigo físico. «Sin un aparato de compulsión, evidentemente, peligraría la convivencia social; la amenaza de la fuerza, por desgracia, ha de gravitar constantemente sobre quienes pretenden alterar la cooperación pacífica de los seres humanos. El edificio social, en otro caso, queda a merced de cualquiera. Tiene que haber una institución investida de poder suficiente para controlar a los que no se muestran dispuestos a respetar la vida, la salud, la libertad y la propiedad de los demás, pugnando contra la propia existencia de la convivencia social. Tal es la precisa misión que el liberalismo asigna al Estado: salvaguardar la propiedad, la libertad y la convivencia pacífica»[135].

La cuestión es entonces cómo organizar un gobierno para que haga lo que supuestamente debe hacer, proteger los derechos de la propiedad privada. Dado lo que diré después en defensa de la institución monárquica, merece la pena resaltar aquí la oposición liberal de Mises al Ancien régime. Los reyes y príncipes eran personas privilegiadas que de suyo se oponían a la idea liberal de la unidad y universalidad del derecho. Así pues, según la afirmación de Mises, la Teoría del Estado liberal era hostil a los príncipes.

«El Principado no tiene límites naturales. El ideal del príncipe consiste en incrementar el patrimonio familiar, esforzándose por legar a sus sucesor más territorios que los que él mismo heredó de su padre. Perseverar en la adquisición de nuevas posesiones hasta que aparezca un adversario tan poderoso como él o más, tal es su empresa política... Los príncipes contemplan sus países del mismo modo que el propietario de un patrimonio contempla sus bosques, praderas y campos. Los venden o permutan (por ejemplo, para “cuadrar” sus fronteras), transfiriendo en cada caso el gobierno sobre sus habitantes... A los ojos de los príncipes, las tierras y los pueblos no son otra cosa que objetos de su propiedad; aquellas constituyen la base de su soberanía, estos las accesiones de su propiedad territorial. El príncipe exige obediencia y lealtad de todos aquellos que viven en “su” tierra, a quienes contempla casi como propiedad suya»[136].

Por su incompatibilidad con los derechos de propiedad privada, Mises rechazó el Principado. ¿Qué debe sustituirle? Su respuesta fue la democracia y el gobierno democrático. Mas la definición miseana del gobierno democrático difiere mucho de su sentido usual. Mises creció en un Estado multinacional y fue dolorosamente consciente de las consecuencias antiliberales del gobierno mayoritario en territorios étnicamente complejos[137]. Para Mises, la democracia no significa gobierno de la mayoría, sino literalmente «autodeterminación, autogobierno y autonomía»[138]; según esto, un gobierno democrático es, en esencia, una organización de adscripción voluntaria en la que se reconoce a cada uno de sus miembros un derecho sin restricción a la secesión. «El liberalismo, explica Mises, no obliga a nadie a permanecer contra su voluntad en la estructura del Estado. Quien quiera emigrar no será retenido. Si una parte del pueblo de un Estado quiere excluirse de la unión, el liberalismo no se lo impedirá. Las colonias que deseen emanciparse no necesitan más. Las mutaciones de los Estados no deben alterar la nación como entidad orgánica; el mundo, en su conjunto, tampoco gana o pierde con aquellas»[139]. «El derecho de autodeterminación, con respecto al problema de pertenencia a determinado Estado, para el liberal supone que todo territorio, sea simple aldea, provincia o conjunto de provincias cuyos habitantes libremente, en honesto plebiscito, se pronuncien por separarse de aquel Estado del que a la sazón forman parte, bien sea para crear una entidad independiente o para unirse a otra nación, pueda libremente hacerlo. He aquí la única vía que efectivamente evita revoluciones, pugnas intestinas y guerras... Y esto hasta el punto de que, si fuera posible conceder el derecho de autodeterminación a cada individuo, el liberal entiende también que habría de serle otorgado».[140]

La amenaza de secesiones ilimitadas y el carácter voluntario de la pertenencia a una comunidad política son, según Mises, la garantía de que el gobierno protegerá los derechos de propiedad.

II

No pretendo aquí examinar la idea miseana del gobierno democrático, sino volver sobre la definición contemporánea de democracia y el problema de su compatibilidad con el principio fundamental del liberalismo: la propiedad privada y su protección.

Puede decirse que la definición de Mises era aplicable a los Estados Unidos hasta 1861. Hasta entonces se aceptaba generalmente la existencia del derecho de secesión y la Unión no era otra cosa que una asociación voluntaria de Estados independientes. Sin embargo, después de la aplastante derrota de la Confederación secesionista y su devastación posterior, ejecutadas por Lincoln y la Unión, se puso de manifiesto que el derecho a separarse había caducado y que la democracia significaba no más que un gobierno mayoritario absoluto e ilimitado. No parece que Estado alguno haya conocido desde entonces un gobierno democrático según lo entendía Mises. En efecto, como su modelo americano, todas las democracias modernas se han configurado como organizaciones de adscripción forzosa.

Llama la atención que Mises nunca sometiera el modelo democrático contemporáneo al mismo análisis que aplicó a los Principados. En realidad, nadie ha demostrado más agudeza que él al examinar los efectos destructivos de las políticas económicas y sociales de los modernos gobiernos, y nadie ha reconocido más claramente el dramático incremento del poder del Estado en el transcurso del siglo XX, pero Mises nunca relacionó estos fenómenos con las democracias coactivas. En ninguna parte sugirió que la declinación del liberalismo y el predominio de las ideologías políticas anticapitalistas en el siglo del socialismo, la democracia social, el capitalismo democrático, la economía social de mercado o cualesquiera otras etiquetas adjudicadas a los diversos programas y políticas antiliberales, encuentran su ejemplificación en la propia democracia mayoritaria.

Lo que me propongo hacer aquí es colmar el vacío dejado por Mises y proporcionar un análisis de la lógica de la democracia mayoritaria, haciendo con ello más inteligible y predecible la historia contemporánea —nuestra época—.

III

Excluido el derecho de secesión, un gobierno democrático se reduce, económicamente hablando, al monopolio territorial coactivo de la protección y la decisión última (jurisdicción). Se equipara así con las monarquías. Como los príncipes, que no permitían la secesión, también la democracia la proscribe. Además, tanto el gobierno democrático como el monárquico tienen derecho a imponer tributos, lo cual está implícito en la posición de un monopolista coactivo. Es decir, que ambos están facultados para determinar unilateralmente, sin consentimiento del protegido, la cantidad que este debe pagar por su propia protección.

Partiendo de esta caracterización común como monopolios coactivos, puede deducirse una similitud fundamental entre el gobierno de un príncipe y el democrático[141]: bajo los auspicios del monopolio, el precio de la justicia y la protección aumentarán continuamente y su cantidad y calidad bajarán. Una agencia de protección sostenida por los impuestos (expropiación) constituye una contradicción e inevitablemente promoverá impuestos más altos y menos protección. Incluso si un gobierno, como recomiendan los liberales, limita sus actividades exclusivamente a la protección de los derechos de propiedad preexistentes, se planteará el problema adicional de cuánta protección producir. Motivado, como todo el mundo, por su egoísmo y por la desutilidad del trabajo, pero dotado del exclusivo poder impositivo, la respuesta de un agente gubernativo será invariablemente la misma: maximizar los gastos en protección (es posible imaginar que casi toda la riqueza de una nación sea consumida por los costes de la protección), y al mismo tiempo minimizar la producción actual de protección. Cuanto más se gaste y menos haya que trabajar para producirla, mejor le irá.

Por otro lado, un monopolio jurisdiccional provocará un deterioro permanente en la calidad de la protección. Si únicamente se puede apelar al gobierno, todas las constituciones y tribunales de apelación no son suficientes para impedir que aquel distorsione la justicia en su provecho. Las constituciones y los tribunales de apelación son en realidad agencias del gobierno, de modo que cualquier limitación de la acción del gobierno estará inevitablemente en manos de sus agentes. La tendencia previsible es la ampliación de la jurisdicción del gobierno, de modo que la definición de la propiedad y la protección nunca serán ciertas.

IV

Aunque los gobiernos democrático y monárquico resultan incompatibles con la protección de la vida y la propiedad, se diferencian en un aspecto fundamental. Mientras que la entrada en un gobierno monárquico está restringida sistemáticamente por la discrecionalidad personal del príncipe, la incorporación o la participación en un gobierno democrático está abierta igualitariamente a todo el mundo. Cualquiera, no sólo una clase hereditaria de nobles, puede convertirse en agente del gobierno y ejercer cualquier función administrativa o ejecutiva, desde los puestos inferiores hasta los de primer ministro o presidente.

La distinción entre el carácter restringido o libre de la entrada en el gobierno, así como la transición del gobierno monárquico al democrático, han sido interpretadas característicamente como un avance hacia el liberalismo: desde una sociedad de adscripción y privilegios a otra regida por la igualdad ante la ley. Semejante interpretación se basa en un equívoco fundamental. Para la óptica liberal clásica, un gobierno democrático es en rigor mucho peor que uno monárquico, con respecto al cual supone una regresión.

La entrada libre e igual al gobierno democrático y la igualdad democrática son principios totalmente incompatible con el concepto liberal clásico de una ley universal, aplicable igualmente a todos, en todo tiempo y lugar. El liberalismo, decía Mises, «lucha, hasta donde sea posible, por la mayor unificación del derecho, en última instancia por la unidad mundial del derecho»[142]. Sin embargo, la libre entrada en el gobierno no realiza esa meta. Al contrario, la objetable desigualdad entre el derecho superior de los príncipes y el derecho subordinado de los sujetos normales, persiste bajo el régimen democrático en la separación entre el derecho público y privado y, así mismo, en la supremacía del primero sobre el segundo. Para la democracia todos son iguales en la medida en que el gobierno está abierto a todos en los mismo términos. En una democracia no existen privilegios personales o personas privilegiadas. Sin embargo, existen privilegios funcionales y funciones privilegiadas. Los agentes de un gobierno democrático, en cuanto desempeñan una función pública, se rigen por el derecho público, que les protege y les coloca en una posición reforzada frente a quienes actúan según la autoridad del derecho privado —particularmente les autoriza a financiar sus actividades con impuestos que gravan a quienes se someten al derecho privado—. Los privilegios, la discriminación y el proteccionismo no desaparecen, antes al contrario. En vez de quedar circunscritos a los príncipes y nobles, los privilegios, la discriminación y el proteccionismo puede ejercerlos cualquiera, pues a cualquiera pueden otorgarse.

Puede conjeturarse que la democracia reforzará la tendencia de todo monopolio de la compulsión a aumentar los precios y a rebajar la calidad del servicio. Como monopolista hereditario, el príncipe contempla el territorio y el pueblo bajo su jurisdicción como su propiedad personal, «propiedad» que explota monopolísticamente. La explotación no desaparece con la democracia. Ni siquiera permitiendo a todo el mundo acceder al gobierno desaparecerá la distinción entre quienes mandan y quienes obedecen. Gobierno y gobernados no son la misma y única persona. En vez de un príncipe que considera el país de su propiedad, le sucede en el cargo monopolístico un custodio temporal e intercambiable. El custodio no posee el país, pero mientras esté desempeñando sus funciones públicas puede usarlo en su propio beneficio y en el de sus protegidos. Dispone de su usufructo, mas no del capital. Ello no elimina la explotación, sino, antes bien, la transforma en una actividad más improvisada, ejecutándose sin tener en cuenta las reservas de capital. En otras palabras, este tipo de explotación se orienta al corto plazo[143].

Los príncipes hereditarios y los curadores democráticos pueden aumentar su gasto corriente cobrando más impuestos. Sin embargo, un príncipe tiende a evitar las subidas de impuestos si estas consumen capital, es decir, si reducen el valor actualizado de sus reservas. Pero el curador no manifiesta esa reticencia. Posee las rentas fiscales, pero no el capital del que se derivan. Según esto, la imposición democrática supera el nivel alcanzado en el gobierno monárquico.

Los príncipes y los curadores pueden también aumentar su gasto corriente recurriendo al endeudamiento, pues el poder fiscal les permite endeudarse con mucha más facilidad que a los particulares. Sin embargo, mientras que el príncipe responde con su propiedad personal cuando toma prestado del público o le vende sus obligaciones (con lo que disminuye el valor actual de su propiedad), un curador democrático es ajeno a este tipo de planteamientos. Puede disfrutar de unos gastos corrientes más altos, pues la responsabilidad y la subsecuente caída del valor de la propiedad recaerá sobre terceros. Según esto, la deuda del gobierno es mayor y aumenta más rápidamente con un gobierno democrático que con uno monárquico.

Por último, los príncipes y los curadores pueden emplear el poder de su monopolio compulsivo para controlar la oferta monetaria; por tanto, unos y otros pueden también gastar más inflando dicha oferta. No obstante, un príncipe que infla la oferta monetaria ponderará dos factores: su enriquecimiento inmediato y el hecho de que, como resultado inevitable de una mayor oferta, el poder de compra futuro del dinero y de sus impuestos se rebajará. Al contrario que un príncipe, a un curador democrático sólo le preocupa su enriquecimiento inmediato, pues las rentas fiscales, corrientes o futuras, no son de su propiedad. En realidad, sólo puede disponer de los ingresos fiscales del momento, de modo que su preocupación máxima es el poder de compra actual de la moneda. Aumentando la oferta de esta última, puede incrementar su poder de compra, trasladando a otros la rebaja concomitante del poder de compra y de los ingresos fiscales que se producirán en el futuro. Así pues, la inflación monetaria es más frecuente en una democracia que en una monarquía.

V

La libre entrada y la participación democrática en un gobierno aceleran, aún más si cabe, la perversión de la justicia y la protección (la ley y el orden). La noción de unos derechos humanos universales e inmutables, particularmente los derechos de propiedad, desaparecen y son sustituidos por un derecho legislado (creado) por el gobierno y por concesiones políticas[144].

Los impuestos, la financiación del déficit y la inflación monetaria redistribuyen la riqueza de la sociedad en beneficio del gobierno; sin embargo, los príncipes hereditarios y los custodios democráticos también pueden emplear su monopolio jurisdiccional para redistribuir la renta y la riqueza dentro de la sociedad civil. A este respecto, los incentivos de príncipes y custodios son claramente distintos.

Resulta instructivo contemplar nuevamente el gobierno monárquico. Los príncipes tienen dos desincentivos con respecto a la redistribución. El primero es lógico. Incluso si un príncipe se sitúa por encima de los demás, sus derechos son también derechos privados, aunque de una naturaleza más elevada. Si un príncipe toma la propiedad de una persona y la entrega a otra, está minando el principio sobre el que reposa su propia seguridad y posición frente a otros príncipes[145]. En segundo lugar, desde un punto de vista económico, toda redistribución general de la renta y la riqueza de los «poseedores» a los «desposeídos» resulta contraproducente, pues reduce el valor total del territorio. Ello no quiere decir que el príncipe se abstenga completamente de las políticas redistributivas, sino que sus políticas serán diferentes. De una parte, tiene que mostrarse de acuerdo con la idea de los derechos de la propiedad privada; por otra, debería incrementar la productividad futura y por tanto el valor actual del país. Según esto, los príncipes otorgarán privilegios personales y no tanto colectivos; reconocerán privilegios a los poseedores, en vez de a los no poseedores; y atenderán los llamados «problemas sociales» mediante la reasignación el trabajo agrícola, el adiestramiento técnico y las políticas de colonización, evitando recurrir a la redistribuir la renta y la riqueza.

Ningún obstáculo lógico se opondrá a la redistribución de la propiedad privada por el curador democrático, pues no le preocupa la preservación y mejora del valor del capital. Su máxima ocupación es la protección y adelantamiento de su propia posición contra la competencia de los nuevos aspirantes a ocupar el gobierno.

Esta modalidad de legitimación del curador no está basada en la propiedad privada, sino en la legitimación de la propiedad «social» o «pública». Así pues, si el curador toma la propiedad de una persona para entregarla a otra, no contradice sus propios presupuestos ideológicos. En realidad está afirmando la supremacía del principio de la propiedad social. Consecuentemente, la democracia anula el derecho privado —el derecho de la propiedad y la contratación en que se fundamenta la sociedad civil— como ordenamiento jurídico independiente, siendo absorbido por el derecho público —creación del gobierno—, que lo abarca todo (legislación). Como decía el filósofo del derecho socialista alemán Gustav Radbruch, desde la perspectiva de un curador democrático «el derecho privado es el sector provisional y en regresión continua de la iniciativa privada, eventualmente prescindible en la omnicomprensiva esfera del derecho público»[146]. En último análisis, toda propiedad es propiedad pública. La constitución de todo derecho de propiedad privada sólo es válida provisionalmente y puede ser alterada, a requerimiento de la «salud pública» y la «seguridad social», por la decisión unilateral del curador.

En segundo lugar y más concretamente, dado que los custodios no son propietarios de las reservas de capital del país, los efectos contraproducentes a largo plazo de la redistribución de la renta y la riqueza le traen sin cuidado, pero no así aquellos que le afectan de modo inmediato. Un custodio está siempre bajo la presión de la competencia política de quienes aspiran a sustituirle. Según las reglas del gobierno democrático —un hombre, un voto e imperio de la mayoría—, el político que quiera asegurar o mejorar su posición tiene que recompensar con privilegios a los grupos, no tanto a los individuos, o prometer que lo hará. Dado que los desposeídos son siempre más numerosos que los poseedores de algo valioso, la redistribución democrática será igualitaria, no elitista. Así pues, la competencia política democrática deformará progresivamente la estructura característica de la sociedad.

Toda redistribución, dejando a un lado los criterios que la inspiran, implica «tomar» del propietario o productor original —el «poseedor» de algo— y «entregarlo» a un no propietario o no productor —el «desposeído» de ello—. El incentivo para producir o poseer originalmente la cosa en cuestión se reduce, resultando más tentador convertirse en un no productor o un no propietario. Por eso disminuye el número de poseedores y productores y aumenta el de no propietarios y no productores. En la medida en que pueda haber algo bueno que distribuir —precisamente aquello que algunos poseen abundantemente y otros no—, este cambio de manos hará aumentar la proporción de la mala gente, o no tan buena, y de los hábitos malos o al menos dudosos. La vida, en suma, será cada vez menos agradable. La democracia, en vez de promover el progreso, la difusión de la excelencia y la cultura, traerá la degeneración social, la corrupción y la decadencia.

En otro orden de consideraciones, no puede decirse que la libre competencia sea siempre positiva. Lo es en la producción de bienes, pero no en la de males. La libre concurrencia en la tortura y el asesinato de inocentes o en la falsificación o la estafa, por ejemplo, no es buena; es peor que mala. Ya sabemos que el gobierno, como una organización de adscripción forzosa, tiene el poder de decidir en última instancia y que la imposición fiscal debe considerarse como mal, al menos desde el punto de vista liberal. Necesitamos ahora volver sobre ello para demostrar que la competencia democrática es, en efecto, peor que mala.

En todas las sociedades, mientras la humanidad siga siendo lo que es, habrá siempre gentes que codicien la propiedad de los demás[147]. Algunas personas están más afectadas que otras por este sentimiento, aunque lo normal es que la gente aprenda a no dejarse llevar por semejantes inclinaciones, llegando incluso a avergonzarse de experimentarlas. Sólo unos pocos individuos no son capaces de suprimir el deseo proyectado hacia la propiedad de los otros (criminales), razón por la que son amenazados por sus prójimos y reprimidos con el castigo físico. En el gobierno monárquico, tan sólo una persona particular —el príncipe— puede ambicionar la propiedad ajena, lo que le convierte en un peligro potencial, en un «malvado». Aparte de los desincentivos lógicos y económicos ya mencionados, los deseos redistributivos de un príncipe estarán además limitados por la circunstancia de que todos los miembros de la sociedad saben que tomar la propiedad de otro para distribuirla es vergonzoso e inmoral —ello explica que contemplen cada acción del príncipe con las mayores reservas—. Por el contrario, dejando expedita la entrada en el gobierno, cualquiera puede expresar abiertamente que desea la propiedad de otro hombre. Lo que antes se tenía por inmoral y prohibido, ahora se considera un sentimiento legítimo. Todos pueden abiertamente codiciar la propiedad de los demás siempre que invoquen la democracia; y cualquiera puede dejarse llevar de su pasión por la propiedad de otro, con tal que consiga entrar en el gobierno. Por tanto, en la democracia todo el mundo se convierte en una amenaza.

Desear la propiedad ajena —sentimiento popular, pero inmoral y antisocial— será algo frecuente en una democracia. Cualquier demanda expresada públicamente estará legitimada por la «libertad de expresión». Todo puede decirse y todo puede reivindicarse, pues todo está disponible. Ni siquiera el más pacífico e indisputado derecho de propiedad privada está a salvo de las exigencias redistributivas. Lo peor es que, sometidos a la elección de las masas, aquellos miembros de la sociedad con poco o ningún respeto por la propiedad de los demás, personas de conducta amoral dotadas de un talento especial para construir mayorías a partir de una multitud de demandas populares —mutuamente incompatibles y moralmente desinhibidas—, demagogos eficientes, conseguirán entrar en el gobierno y alcanzarán sus puestos más altos. A partir de aquí, una mala situación empeora todavía más[148].

Históricamente, la selección de un príncipe dependía del accidente de su noble nacimiento; su única cualificación personal era su educación como futuro príncipe y conservador de la dinastía, de su estatuto y posesiones. Lo cual no aseguraba, ciertamente, que un príncipe no fuese indecente o peligroso. Sin embargo, conviene recordar que un príncipe que fracasaba en su obligación fundamental de preservar la dinastía —destruyendo o arruinando el país, ocasionando el desasosiego civil, la confusión y la disensión, o de otra manera poniendo en peligro la posición de su linaje— se arriesgaba inmediatamente a ser neutralizado o asesinado por otro miembro de su propia familia. En todo caso, aunque el accidente del nacimiento y su educación no excluyen que un príncipe pueda ser indecente y peligroso, al mismo tiempo, el azar de un noble nacimiento y de una educación regia tampoco impide que pueda ser un inofensivo diletante o incluso una persona recta y bondadosa. En contraste, la selección de los gobernante a través de elecciones populares imposibilita de hecho que cualquier persona bondadosa e inofensiva pueda llegar alguna vez a lo más alto del gobierno. Los primeros ministros y los presidentes son seleccionados por su probada eficacia como demagogos moralmente desinhibidos. Así pues, la democracia asegura virtualmente que sólo los hombres indecentes y peligrosos podrán llegar arriba[149]. La concurrencia y la selección políticas libres hará todavía peores a los vencedores, pues como curadores temporales e intercambiables será muy raro que les asesinen.

VI

Después de más de un siglo de democracia coactiva, los previsibles resultados están delante de nuestros ojos. El impuesto con que se grava la propiedad hace que, en comparación, hasta la carga de los esclavos y siervos nos parezca moderada. La deuda del gobierno ha crecido hasta niveles imponentes. El oro se ha sustituido por el papel moneda fabricado por el gobierno y su valor se ha reducido continuamente. Cualquier detalle de la vida privada, la propiedad, el comercio y la contratación son regulados por montañas cada vez más altas de leyes de papel (legislación). En nombre de la seguridad nacional, pública o social, nuestros custodios nos «protegen» del calentamiento y del enfriamiento globales y de la extinción de animales y plantas, de los maridos y de las esposas, de los padres y los empleados, de la pobreza, la enfermedad, la desgracia, la ignorancia, los prejuicios, el racismo, el sexismo, la homofobia y de otros enemigos y peligros sin cuento. Y con enormes reservas de armas ofensivas y de destrucción masiva nos «defienden», incluso fuera de los Estados Unidos, de nuevos Hitlers y de cualquier presunto simpatizante hitleriano.

Sin embargo, nuestros custodios no cumplen la única misión que supuestamente deben asumir, la protección de nuestra vida y de nuestra libertad. Cuanto más altos son los gastos en la seguridad social, pública y nacional, más se erosionan nuestros derechos de propiedad privada, más expropiaciones, confiscaciones, destrucciones y depreciaciones minan nuestra propiedad y más se nos priva del fundamento de toda protección: la independencia personal, la fortaleza económica y la riqueza privada. Cuantas más leyes de papel se generen, mayores serán la incertidumbre legal y la indeterminación moral; finalmente, la anomia sustituirá a la ley y el orden. Y mientras nosotros nos quedamos desamparados, empobrecidos, amenazados e inseguros, nuestros gobernantes se arman peligrosamente y se vuelven más corruptos y arrogantes.

En este punto, se plantea la cuestión del futuro del liberalismo. Conviene volver al principio: a Ludwig von Mises y a la idea de un orden social liberal. Como Étienne de la Boëtie y David Hume antes que él, Mises reconoció que el poder de todo gobierno, de reyes o de curadores, de hombres benevolentes o de tiranos, no se basa, en última instancia, en la fuerza, sino en la opinión. Los agentes del gobierno sólo son una pequeña porción de la población bajo su control, tanto en un gobierno monárquico como en uno democrático. Todavía más pequeña es la proporción de los agentes del gobierno central. Ello quiere decir, no obstante, que un gobierno, y particularmente un gobierno central, no tiene posibilidad de imponer su voluntad a toda una población si no obtiene un amplio apoyo y la cooperación voluntaria del público ajeno al gobierno. Como señaló de la Boëtie: «Lo que tiene de más sobre todos vosotros [este que os domina] son las prerrogativas que le habéis otorgado para que os destruya. ¿De dónde tomaría tantos ojos con los cuales os espía si vosotros no se los hubierais dado? ¿Cómo tiene tantas manos para golpear si no las toma de vosotros? Los pies con que holla vuestras ciudades, ¿de dónde los tiene si no es de vosotros? ¿Cómo tiene algún poder sobre vosotros, si no es por obra de vosotros mismos? ¿Cómo osaría perseguiros si no hubiera sido enseñado por vosotros? ¿Qué os podría hacer si vosotros no fuerais encubridores del ladrón que os roba, cómplices del asesino que os mata y traidores a vosotros mismos? Sembráis vuestros frutos a fin de que él en vuestra presencia los devaste; amuebláis y ocupáis vuestras casa para proveer a sus expediciones de robo; criáis a vuestras hijas a fin de que tenga en qué saciar su lujuria; alimentáis a vuestros hijos a fin de que él les lleve consigo; para, en el mejor de los casos, conducirlos a la matanza de las guerras, o convertirlos en administradores de sus codicias y ejecutores de sus venganzas; os despedazáis dolorosamente, a fin de que él pueda tratarse delicadamente en sus diversiones y revolcarse en sucios y villanos placeres; os debilitáis a fin de hacerle más fuerte y rudo y teneros más cortos de la brida»[150].

Si el poder de todo gobierno depende únicamente de la opinión y de la cooperación consentida, entonces, como explicaba el aventajado discípulo de Mises y maestro nuestro, Murray N. Rothbard, en su introducción al discurso de la Boëtie del siglo XVI, cualquier gobierno puede ser derribado por el cambio de la opinión y el ejercicio del poder de la voluntad pura. «Pues si la tiranía está basada en el consentimiento de la masa, el medio para derrocarla es simplemente que la masa le retire ese consentimiento»[151]. Para desmontar el poder del gobierno y devolverle su estatuto de organización de adscripción voluntaria (como antes de 1861), no es necesario ocuparlo, promover una violenta batalla en su contra o apresar a sus miembros. En realidad, eso tan sólo reafirmaría el principio de la compulsión y de la violencia agresiva, característica del sistema actual que inevitablemente conduce a la sustitución de un gobierno o un tirano por otro. Lo único que se necesita es la decisión de retirarse de la unión forzosa y reasumir el derecho de autoprotección. En efecto, no hay otro camino que la secesión pacífica y la no cooperación[152].

Aunque este consejo puede parecer a primera vista ingenuo (¿qué cambiaría si usted o yo decidiéramos separarnos de la Unión?), se trata de la estrategia adecuada para la revolución social, lo cual se pone de manifiesto al explicar con detalle las implicaciones de un acto de secesión personal. La decisión de separarse significa que el gobierno central es considerado ilegítimo y que, consecuentemente, sus agentes son tratados como una agencia fuera de la ley y como fuerzas de ocupación «extranjeras».

Es decir, si alguien es compelido por ellos, se obedece, por prudencia y por autopreservación, pero no se hace nada para apoyar sus operaciones o facilitarlas. Se intenta conservar la propiedad y entregar el mínimo de impuestos posible. Toda legislación y regulación federales se consideran sin efecto, ignorándolas cuando sea posible. Ni se ofrece la colaboración voluntaria, ni se trabaja para el gobierno central o sus brazos ejecutivo, legislativo o judicial, ni se colabora con quien lo haga, sobre todo con quienes se han elevado en la jerarquía de los curadores. Tampoco se participa en la política del gobierno central ni se contribuye a las operaciones de la maquinaria política federal. No se debe apoyar a ningún partido político nacional ni contribuir a sus campañas; tampoco se debe ayudar a las organizaciones, agencias, fundaciones, institutos o gabinetes de asesores que cooperen con cualquier instancia del Leviatán federal o que hayan sido fundadas por ellas, ni a cualquier persona que viva o trabaje en Washington D.C. o en sus alrededores.

En efecto, con la propiedad que uno sea capaz de poner a salvo del gobierno hay que empezar a ocuparse de la propia protección, adoptando una doble estrategia de inversiones. Por un lado, lo mismo que la existencia del crimen privado exige una defensa adecuada (cerraduras, armas de fuego, puertas, guardas y seguro), la existencia del gobierno también requiere específicas medidas de salvaguardia: inversiones opacas o en lugares inaccesibles al gobierno. Pero las medidas defensivas no bastan. La protección integral de la propiedad obliga a no quedarse aislado en la decisión de autoexcluirse. Es claro que no todos tienen que hacer lo mismo. En rigor, no es necesario que la mayoría de la población siga el ejemplo. Sin embargo, sí lo es que al menos una parte importante de la población en numerosas ciudades lo haga, pues alcanzar el nivel crítico del rechazo masivo resulta esencial para completar las medidas defensivas con una estrategia ofensiva: invertir en una campaña ideológica para deslegitimar entre el público la idea y la institución del gobierno democrático.

La masa se compone mayormente, siempre y en todo lugar, según reconocían de la Boëtie y Mises, de «brutos», «palurdos» e «imbéciles», fácilmente engañados y sometidos a una servidumbre cotidiana. Así pues, hoy, anegados desde la infancia en la propaganda del gobierno, administrada por legiones de intelectuales orgánicos en las escuelas públicas y en otras instituciones educativas, la mayor parte de la gente acepta y repite acríticamente tópicos vacíos como el de la democracia, que consistiría en la autonomía y el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Incluso si son capaces de darse cuenta del engaño, muchos seguirán aceptando sin cuestionarlo el gobierno democrático, dado que le proporciona numerosos beneficios. Esta «torpe» gente, según observaba de la Boëtie, no comprende que «no hac[e] más que recobrar parte de lo que era suyo, y que lo que [recobraba] no se lo hubiera podido dar el tirano si antes no se lo hubiera quitado»[153]. Así pues, toda revolución social tendrá que empezar necesariamente con unos pocos hombres: la elite natural.

Así describe de la Boëtie esta elite y el papel que debe desempeñar: «Siempre quedan algunos mejor nacidos que los otros que sienten el peso del yugo y no pueden abstenerse de sacudirlo; no se acostumbran jamás a la sujeción, y jamás saben desprenderse de sus naturales privilegios ni dejan de acordarse de sus predecesores, ni de su primer ser, lo mismo que Ulises, el cual por mar y por tierra buscaba el humo de su casa. Esto son, desde luego, los que, teniendo el entendimiento claro y el espíritu clarividente, no se contentan como el pueblo bajo en mirar lo que está delante de sus pies, ni miran atrás ni adelante, ni consideran, pues, las cosas pasadas para juzgar las del porvenir, ni para medir las presentes; son los que, teniendo su cabeza bien hecha y habiéndola pulido por el estudio y el saber, aun cuando la libertad estuviera enteramente perdida y totalmente fuera del mundo, ellos, imaginándola y sintiéndola en su espíritu y saboreándola aún, consideran que la servidumbre no es nunca digna de su aprecio, por bien que se la adorne»[154].

No puede haber una revolución sin una elite libertaria, pero tampoco sin alguna forma de participación de la masa. Es decir, la elite no puede alcanzar la meta de restaurar los derechos de la propiedad privada, la ley y el orden si no es capaz de transmitir sus ideas al público —si es posible abiertamente, si no, clandestinamente—, y despertar a las masas de su sueño servil, desarrollando, al menos temporalmente, el instinto natural de desear ser libres. Como señala Mises: «El progreso de la humanidad depende, por un lado, de los descubrimientos sociales y económicos que los individuos intelectualmente mejor dotados efectúen y, por otro, de la habilidad de esos mismos u otras personas para hacer que estas ideologías sean atractivas a la mayoría»[155].

Por tanto, la decisión de los miembros de la elite natural de segregarse y no cooperar con el gobierno exige la decisión de incorporarse o contribuir al combate ideológico permanente, pues si el poder del gobierno se basa en la aceptación general de ciertas ideas falsas, absurdas y tontas, la única protección es el ataque sistemático a esas ideas y la propagación de la verdad. Hay que ser siempre prudentes y cautos en lo que se refiere a las inversiones materiales, pero es igualmente importante estar siempre vigilantes y ser selectivos en las inversiones ideológicas.

En particular, en esta empresa no basta con criticar o apoyar a los críticos de las políticas gubernativas o de personalidades concretas, pues incluso si aciertan y se popularizan, este tipo de crítica no suele alcanzar la raíz del problema. En la terminología de la New Left, esta actitud resulta «inmanente al sistema» y es, por tanto, inofensiva desde la óptica del gobierno. Todo apoyo a estos esfuerzos, aunque sea bien-intencionado, no deja de ser, en el mejor de los casos, un derroche y, en el peor, un estímulo para que aumente el poder del gobierno. Aunque la censura del gobierno puede empezar por personalidades o políticas concretas, siquiera como imperativo de popularidad, quienes quieran de verdad contribuir a la causa deberán ir más lejos. El crítico y la crítica dignos de apoyo tienen que explicar que cualquier flaqueza de un gobierno singular constituye el síntoma de un defecto fundamental de la genuina idea del gobierno (y del gobierno democrático en particular). En otras palabras, esta censura no merecerá ningún apoyo a menos que denuncie el doble fraude intelectual en que se apoya el poder del gobierno: que la protección de la propiedad privada, única entre todos los bienes, necesita de un monopolio coactivo (una organización de adscripción no voluntaria), y que la propiedad privada y la protección están mejor garantizadas si el acceso al monopolio de la ley y el orden es libre y sus dirigentes son elegidos democráticamente.

No puede haber la menor vacilación en el compromiso con el radicalismo ideológico intransigente («extremismo»). Pocas actitudes habrá más contraproducentes, sobre todo si se observa que sólo las ideas radicales —radicalmente elementales— tienen alguna posibilidad de agitar las emociones de las masas indolentes. Nada es más efectivo para disuadirlas de cooperar con el gobierno que ridiculizar a este último, desenmascararle y presentarle permanente e implacablemente —también a sus representantes—, como un fraude moral y como impostores: como emperadores desnudos sometidos al público desprecio y convertidos en blanco de todas las burlas.

El liberalismo tendrá futuro si y sólo si los miembros de la elite natural libertaria aprenden estas enseñanzas y comienzan a actuar de acuerdo con ellas. Sólo entonces habrán cumplido con el precepto de la Boëtie: «Estad resueltos a no servir más y seréis libres. No deseo que le forcéis, ni le hagáis descender de su puesto; sino únicamente no sostenerlo más; y le veréis como un gran coloso al que se ha quitado la base, y por su mismo peso se viene abajo»[156].

Capítulo 4

DEMOCRACIA, REDISTRIBUCIÓN

Y DESTRUCCIÓN DE LA PROPIEDAD

Imagínese un gobierno mundial, democráticamente elegido a escala planetaria según el principio un hombre, un voto. ¿Cuál sería el resultado de semejante elección? Con toda probabilidad tendríamos un gobierno de coalición chino-indio. ¿Cómo actuaría el nuevo gobierno para satisfacer a sus partidarios y ser reelegido? Denunciando tal vez que el llamado mundo occidental es muy rico y el resto del mundo, sobre todo China y la India, demasiado pobres, lo que exigiría una redistribución sistemática de la renta y la riqueza[157]. Suponga que en su propio país se amplía el derecho a votar hasta los niños de siete años. Aunque con toda probabilidad no habría niños en el gobierno, las políticas reflejarían claramente el «legítimo interés» de los niños a tener un acceso «adecuado», «igual» y «gratuito» a las patatas fritas, a la limonada y los videos[158].

Teniendo en cuenta estos «experimentos mentales», a nadie pueden sorprender los resultados del proceso de democratización que comenzó en Europa y los Estados Unidos en la segunda mitad de siglo XIX y ha culminado después del fin de la I Guerra Mundial. La sucesiva ampliación del derecho de sufragio realizó en cada país la misma tarea que la democracia ejecutó a escala planetaria: la puesta en marcha de una tendencia aparentemente permanente hacia la redistribución de la renta y la riqueza[159].

El lema «Un hombre, un voto» y el «libre acceso» a los gobiernos democráticos supuso que cualquier persona y sus propiedades se ponían a disposición de los demás. Tuvo lugar entonces una nueva «tragedia de los bienes comunales»[160]. Las mayorías de «desposeídos» intentaron inexorablemente enriquecerse a costa de las minorías de «poseedores». Ello no quiere decir que exista sólo una clase de desposeídos y de poseedores, y que la redistribución opere uniformemente entre ricos y pobres. Al contrario. Aunque la redistribución de la riqueza de los ricos a los pobres ha desempeñado siempre un papel destacado, es una tontería propia de sociólogos presumir que esta es la forma predominante de la redistribución, si no la única[161]. Después de todo, quienes son «permanentemente» ricos o pobres lo son por alguna razón. El rico suele ser inteligente e industrioso, y el pobre tonto, perezoso o las dos cosas[162]. No es muy probable que los imbéciles, ni siquiera si son mayoría, burlen sistemáticamente a una minoría de individuos inteligentes e inquietos y se enriquezcan a su costa. La redistribución acontece, más bien, dentro del grupo de «no poseedores» y con frecuencia son los mejor acomodados quienes consiguen hacerse subvencionar por los desfavorecidos. Consideremos, por ejemplo, la práctica casi universal de ofrecer educación universitaria «gratuita»; la clase trabajadora, cuyos hijos muy pocas veces llegan a la universidad, pagan con sus impuestos la educación de los hijos de las clases medias[163]. Serán numerosos, por otro lado, las coaliciones y grupos de intereses que intentarán aprovecharse de los demás. Los criterios que definen a una persona como «poseedora» (merecedora de ser expoliada) o como «desposeída» (merecedora de recibir el botín) serán muchos y cambiantes. Es posible que haya individuos que simultáneamente pertenezcan a diversos grupos de «poseedores» o «no poseedores», perjudicándose en unos casos, pero beneficiándose en otros; habrá, en suma, perdedores y ganadores netos de la redistribución.

El reconocimiento de la democracia como una maquinaria redistribuidora de riqueza y renta, sumado a algunos de los más importantes principios constitutivos de la Economía política, proporciona la clave para comprender la época contemporánea[164].

Toda redistribución, con independencia del criterio en que esté basada, implica que se «toma» de los propietarios o productores originales (los «poseedores» de algo) y se «da» a quienes no son ni propietarios ni productores (los «desposeídos» de algo). El incentivo para convertirse en el productor o el propietario de la cosa en cuestión se reduce, pero aumenta el incentivo para ser un no propietario o no productor. Si se subsidia a ciertos individuos porque son pobres se creará más pobreza. Subsidiar a la gente porque está desempleada, aumentará el desempleo. Subsidiar a las madres solteras con los impuestos provocará que haya más madres solteras, más hijos «ilegítimos» y más divorcios[165]. La prohibición del trabajo infantil transfiere renta de las familias con hijos a las personas sin hijos, pues la restricción legal impuesta a la oferta de trabajo aumenta los salarios. La tasa de natalidad descenderá. Por otro lado, subvencionar la educación de los niños tendrá el efecto contrario, es decir, provocará la transferencia de renta desde las familias con pocos hijos o ninguno a las familias numerosas. Se elevará entonces la tasa de natalidad. Sin embargo, el valor de los hijos caerá nuevamente y el sistema de la seguridad social hará descender la tasa de natalidad, lo cual, añadido a la subvención de los jubilados (los viejos) con cargo a los impuestos que gravan a los perceptores actuales de un salario (los jóvenes), debilitará a la familia, vínculo intergeneracional entre padres, abuelos e hijos. Los viejos ya no dependerán de la asistencia de sus hijos si no ahorraron para su vejez; los jóvenes (que apenas si han podido acumular riqueza) tendrán que mantener a los viejos (que aunque pudieron acumular riqueza tal vez no lo hicieron). El afecto de padres e hijos se resentirá, aumentarán las familias rotas y desestructuradas y la acción de provisión —ahorro y formación de capital— caerá, aumentando al mismo tiempo el consumo[166].

Subvencionar a enfermos fingidos, neuróticos, pródigos, alcohólicos, drogadictos, enfermos de sida y deficientes mentales y físicos mediante un sistema de seguros obligatorios, producirá más fingimiento de enfermedades, más neurosis, más prodigalidad, más alcoholismo, más drogadicción, más infecciones de sida y más retraso mental y físico[167]. Obligando a quienes no son delincuentes, incluidas las víctimas del crimen, a pagar el encarcelamiento de los criminales (en vez de hacer que estos últimos compensasen a sus víctimas y hagan frente al coste íntegro de su captura y encarcelamiento), aumenta la criminalidad[168]. Obligando a los empresarios, mediante programas de «acción afirmativa» («no discriminación»), a emplear a más mujeres, homosexuales, negros o miembros de otras «minorías» de lo que sería su deseo, habrá más trabajadores de esas minorías, pero menos empresarios y menos empleo masculino, heterosexual y blanco[169]. Forzando a los propietarios a subvencionar («proteger») a las «especies en peligro» que habitan sus tierras mediante la legislación medioambiental, habrá más animales y mejor acomodados y menos seres humanos y peor acomodados[170].

Lo más importante es que al obligar a los propietarios y a quienes obtienen un ingreso del mercado (productores) a subsidiar a los «políticos», «partidos políticos» y «funcionarios» (los políticos y los empleados del gobierno no pagan impuestos sino que son pagados con ellos)[171], se creará menos riqueza, escasearán los productores, disminuirá la productividad y habrá cada vez más despilfarro, «parásitos» y parasitismo.

Los hombres de empresa (capitalistas) y sus empleados no ingresan nada si no son capaces de producir bienes y servicios que se vendan en el mercado. Los compradores, en su caso, los adquirirán voluntariamente. Cuando el consumidor compra demuestra que prefiere cierto bien o servicio a la cantidad de dinero a la que debe renunciar para adquirirlo. Sin embargo, los políticos, los partidos y los funcionarios no producen nada que se pueda vender en los mercados. Nadie compra «bienes» o «servicios» del gobierno. Estos son producidos, lo cual tiene un costo, pero ni son vendidos ni comprados. Puesto que nadie los compra, nadie puede demostrar que esos bienes y servicios valen lo que cuesta producirlos, ni siquiera si alguien les atribuye algún valor. Desde la óptica de la teoría económica, la práctica de la contabilidad nacional de valorar los bienes y servicios del gobierno en función de lo que cuesta producirlos, sumando entonces ese valor al de los bienes y servicios «normales», producidos (vendidos y comprados) privadamente, para obtener el Producto interior (o nacional) bruto, no es de recibo. En realidad, los bienes y servicios del gobierno no valen nada, tal vez ni siquiera sean «bienes» sino «males» y, por tanto, lo que cuesta mantener a los políticos y a los funcionarios debería sustraerse del valor total de los bienes y servicios producidos privadamente. Aceptar esto estaría mucho más justificado que lo anterior. Pues por otro lado, dadas sus implicaciones prácticas, subsidiar a los políticos y funcionarios equivale a subsidiar una «producción» que se desentiende del bienestar del hipotético consumidor, y que sólo se preocupa por el de los «productores», es decir, políticos y funcionarios. Sus salarios se mantienen con independencia de que sus productos satisfagan o no a los consumidores. Según esto, como consecuencia de la expansión del empleo del sector «público», aumentará la holgazanería, la indiferencia, la incompetencia, los perjuicios, el maltrato, el despilfarro e incluso la destrucción —y al mismo tiempo habrá más arrogancia, demagogia y mentiras («defendemos el interés público»)—[172].

Los previsibles resultados de la democracia y la redistribución han quedado patentes en menos de un siglo. El «fondo de reserva» heredado del pasado parece agotado. Durante algunas décadas (desde finales de los 60 y principios de los 70), el nivel de vida se estancó e incluso cayó en occidente[173]. La deuda «pública» y el coste de la seguridad social y el sistema sanitario ofrecen la perspectiva de una inminente fisión económica[174]. A la vez, todo tipo de conductas indeseables relacionadas con el desempleo y con la dependencia de la asistencia social, como por ejemplo la negligencia, la temeridad, la falta de civismo, las psicopatías, el hedonismo y el crimen, han aumentado; los conflictos y la desestructuración de la sociedad han llegado a cotas peligrosas[175]. Si la tendencia actual continúa, puede decirse con seguridad que el Estado de bienestar occidental (Estado socialdemócrata) terminará derrumbándose, lo mismo que el socialismo oriental (de estilo ruso) a finales de los 80.

Sin embargo, el colapso económico no quiere decir que automáticamente se retomará el camino del desarrollo. Los problemas pueden incluso agravarse. Además de una crisis se necesitan ideas —ideas adecuadas— y hombres capaces de comprenderlas y desarrollarlas cuando se presente la oportunidad. El curso de la historia está determinado, en último análisis, por las ideas, sean verdaderas o falsas, y por los hombres cuya acción se inspira en ellas. La confusión actual está precisamente determinada por las ideas. Es la consecuencia de la extraordinaria penetración de la idea de democracia en la opinión pública. Mientras prevalezca su prestigio, la catástrofe será inevitable y no habrá esperanza de reforma, ni siquiera después de que aquella tenga lugar. La catástrofe sólo podrá evitarse cuando se reconozca la mixtificación y corrupción de las ideas democráticas —las ideas, en principio, pueden cambiar casi instantáneamente—.

La tarea fundamental de quienes aspiran a revertir la corriente y prevenir el colapso total ha de ser la «deslegitimación» de la democracia, pues está en la raíz del proceso de descivilización contemporáneo. En este sentido, lo primero que hay que destacar es la dificultad para encontrar a los defensores de la democracia en la historia de la teoría política. La mayoría de los pensadores eminentes despreciaron la democracia. Incluso los Padres fundadores de los Estados Unidos, país que hoy se tiene por un modelo de democracia, se opusieron claramente a ella. Sin una sola excepción, entendían la democracia como el gobierno de la muchedumbre. Considerándose a si mismos como miembros de una «aristocracia natural», abogaron por una república aristocrática y no democrática[176]. Además, incluso entre los escasos partidarios teóricos de la democracia, así en Rousseau, resulta casi imposible encontrar alguno que recomiende la democracia para una comunidad que no sea extremadamente pequeña (pueblos o ciudades). En las pequeñas comunidades, donde todo el mundo se conoce personalmente, la gran mayoría tiene que reconocer que la posición de los «poseedores» está fundada en la superioridad de sus logros personales, mientras que la de los «desposeídos» se explica por sus propios defectos o inferioridad personales. En estas circunstancias resulta mucho más difícil que quede sin castigo el intento de aprovecharse de los demás y esquilmar sus propiedades personales. Por el contrario, en los vastos espacios habitados por millones o incluso cientos de millones de personas, donde los saqueadores potenciales no conocen a sus víctimas y viceversa, el deseo humano de enriquecerse a costa de otro está sujeto a menos restricciones, tal vez a ninguna[177].

Resulta todavía más decisivo explicar que la idea democrática es inmoral y antieconómica. En cuanto a la cualidad moral del gobierno mayoritario, debe señalarse que está permitido que A y B se alíen para robar a C, que, a su vez, C se junte con A para robar a B, que B y C conspiren contra A, y así sucesivamente. Esto no es justicia, sino un atropello moral, de modo que la democracia y los demócratas, en vez de ser tratados con respeto, deberían ser abiertamente despreciados y ridiculizados, pues son verdaderos fraudes morales[178].

A propósito de la calidad económica de la democracia, nunca se ponderará lo suficiente que el origen de la civilización y la prosperidad humana no están en dicha forma de gobierno, sino en la propiedad privada, la producción y el intercambio voluntario. Debe recalcarse particularmente, en contra de los mitos ampliamente extendidos, que la falta de democracia no desempeñó ningún papel en la bancarrota del socialismo soviético. Su problema no tenía nada que ver con el principio de selección de sus dirigentes políticos, sino con la política como tal y el carácter político de las decisiones. En vez de que cada productor privado decidiera independientemente qué hacer con sus recursos, como sucede en un régimen de propiedad privada y libertad de contratación, al estar total o parcialmente socializados los factores productivos, toda decisión está sometida a la autorización de alguien. Para el productor resulta irrelevante el régimen de los permisos; su problema es conseguir uno a toda costa. Mientras se den estas condiciones, el incentivo de los productores para producir se reduce, sobreviniendo el empobrecimiento. La propiedad privada es incompatible con la democracia y con cualquier forma de gobierno[179]. La justicia y la eficiencia económica no necesitan de la democracia, sino de una sociedad que reconozca sin restricciones la propiedad privada, una «anarquía de la producción» en la que nadie se imponga a los demás y en la que todas las relaciones entre los productores sean voluntarias y, por tanto, beneficiosas para todos[180].

Por último, como una consideración estratégica que nos acerque a la meta de un orden social no explotador —anarquía de la propiedad privada—, hay que utilizar la ideología de las mayorías en contra del mismo gobierno democrático. Bajo cualquier forma de gobierno, incluyendo la democracia, la «clase dirigente» (políticos y funcionarios) representa tan sólo a una pequeña proporción de la población total. Si bien es posible que un centenar de parásitos lleven una vida confortable a costa de un centenar de huéspedes, mil de esos mismos parásitos ya no pueden mantenerse a expensas de los cien huéspedes. Reconociendo este hecho, la mayoría de votantes podría ser persuadida de que el insulto se añadiría al perjuicio si se permitiera a quienes viven de los impuestos de la gente tomar las decisiones relativas a esos mismos impuestos. Mas se les podría también convencer para que decidieran, democráticamente, excluir del derecho al voto a los empleados del gobierno y a cualquier persona que obtenga beneficios de este último, ya se trate de contratistas o de beneficiarios de la asistencia social.

Esta estrategia debe completarse con el reconocimiento de la trascendental importancia de la secesión y el movimiento secesionista. Si las decisiones mayoritarias fuesen «justas», también lo serían, en última instancia, las de la más amplia de las mayorías posibles, es decir, las de una mayoría planetaria y un gobierno mundial democráticamente elegido[181], con los efectos previstos al principio de este capítulo. Por el contrario, la secesión implica siempre que una parte pequeña de una población se desvincula de la mayoría, lo que se opone al principio democrático y a la ideología de las mayorías. Cuando el proceso de secesión vaya alcanzando los niveles inferiores —regiones, ciudades, distritos urbanos, pueblos, aldeas y, en última instancia, hogares particulares y asociaciones privadas de hogares y empresas— resultará casi imposible mantener las políticas redistributivas en sus niveles actuales. En las unidades territoriales más pequeñas será más probable que la minoría de individuos económicamente independientes, destacada profesionalmente, de conducta intachable, de una valentía, un juicio y un gusto superiores, sea reconocida pública y voluntariamente como la elite natural que legitima la idea de un orden natural de pacificadores y jueces competitivos (no monopolistas) y financiados libremente (voluntariamente), y de una serie jurisdicciones concurrentes como las que existen hoy en el comercio y los viajes internacionales. En suma, una sociedad basada en el derecho privado como alternativa a la democracia y a toda otra forma de imperio político[182].

Capítulo 5

CENTRALIZACIÓN Y SECESIÓN

Un Estado es un monopolista territorial de la coacción, una agencia que viola de manera permanente e institucionalizada los derechos de propiedad y explota a sus titulares con diversos métodos —expropiación, impuestos y reglamentaciones—[183]. Presupuesto el interés particular de los agentes del gobierno, todo Estado (o gobierno) usará de ese monopolio y exhibirá una tendencia hacia la explotación creciente. Por un lado, eso significa un mayor abuso de la nación y una fiscalidad más onerosa; por el otro, expansionismo territorial. De esto último nos ocupamos a continuación. Los Estados intentarán ampliar la base de sus exacciones fiscales. Al hacerlo se opondrán a otros Estados competidores. La competencia entre Estados como monopolistas territoriales de la compulsión es, por su propia naturaleza, eliminatoria. En un territorio dado sólo podrá subsistir un monopolista; en este sentido, la competencia entre varios monopolistas favorecerá la centralización política y, en última, instancia, la constitución de un único Estado mundial.

Una ojeada sobre la historia de occidente basta para ilustrar la validez de esta conclusión. A comienzos del segundo milenio, por ejemplo, Europa estaba constituida por millares de unidades políticas independientes, de las que apenas subsisten hoy unas docenas. Ciertamente, también operaron fuerzas descentralizadoras como las que desintegraron el Imperio otomano entre el siglo XVI y el final de la I Guerra Mundial, cuando apareció la nueva Turquía; o las que desmembraron lentamente el Imperio de los Habsburgos —territorialmente discontinuo—, hasta su desaparición y la fundación de la moderna Austria en 1918. Recientemente, delante de nuestros ojos, se ha desintegrado el antiguo Imperio soviético. En el solar de la extinta Unión Soviética existen ahora más de una docena de Estados independientes. La antigua Yugoslavia ha dado paso a Eslovenia, Croacia, Serbia, Macedonia y Bosnia. Los checos y los eslovacos se han separado, constituyéndose en sendos Estados independientes. Sin embargo, la tendencia predominante ha sido la contraria. Durante la segunda mitad del siglo XVII Alemania estuvo integrada por 234 principados, 51 ciudades libres y más de 1.500 señoríos independientes. Pero a principios del siglo XIX el número total cayó por debajo de 50, proceso culminado con la unificación de 1871. Algo parecido sucedió en Italia. Pero también los pequeños Estados tienen su historia de expansión y centralización. Suiza se constituyó como confederación de tres cantones independientes en 1291. En 1848 era un Estado federal con dos docenas de provincias cantonales.

Desde una perspectiva global, la humanidad está mas cerca que nunca del establecimiento de un gobierno mundial. Antes de la desintegración del Imperio soviético los Estados Unidos habían venido ejerciendo su hegemonía sobre la Europa occidental (particularmente sobre la Alemania occidental) y sobre los países ribereños del Pacífico (sobre todo Japón), según se colige de la presencia en esos lugares de tropas y bases militares norteamericanas; de los tratados fundadores de la OTAN y la SEATO; del papel desempeñado por el dólar americano como moneda de reserva internacional y por el Sistema de la Reserva Federal, «prestamista» que ha proporcionado «liquidez» a todo el sistema bancario occidental; y, por último, de las instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la recientemente creada Organización Mundial del Comercio[184] (OMC-WTO). Además, bajo la hegemonía norteamericana se ha avanzado en la integración política de la Europa occidental. Tras la fundación del Banco Central Europeo y la acuñación del euro está más cerca la unificación europea. Al mismo tiempo, el Tratado de libre comercio de América del Norte (TLCAN-NAFTA) ha dado un paso significativo hacia la integración política del continente americano. Sin el Imperio soviético y su amenaza militar, los Estados Unidos se han convertido en la única superpotencia planetaria, cuyo poder militar es indiscutible, y en el «superpolicía» del mundo.

Desde la perspectiva ortodoxa, la centralización constituye en términos generales un movimiento «bueno» y progresista; en cambio, la desintegración y la secesión, incluso si son inevitables, representan anacronismos. Supuestamente, las unidades políticas más grandes
—y en último análisis un único gobierno mundial— son sinónimo de amplios mercados y más riqueza. Para ejemplificarlo se suele decir que la prosperidad económica ha aumentado extraordinariamente con la centralización. Sin embargo, este punto de vista no participa de la verdad, sino que, más bien, ilustra el hecho de que la historia la escriben los vencedores. Una cierta correlación o coincidencia temporal no prueba ningún tipo de causación. La relación entre la prosperidad económica y la centralización es muy diferente, cuando no sea lo contrario de lo que pregona la ortodoxia[185].

La integración política (centralización) y económica (mercado) son dos fenómenos totalmente diferentes. La integración política implica la expansión territorial del poder fiscal de un Estado y de sus reglamentaciones sobre la propiedad (expropiación). La integración económica consiste en la extensión de la división interpersonal e interregional del trabajo, así como de la participación en el mercado[186]. En principio, gravar a los propietarios y a quienes obtienen una renta del mercado resulta contraproducente para cualquier gobierno, pues ello contrae los mercados y la formación de riqueza[187]. Una vez aceptada la existencia del gobierno desaparece toda relación directa entre la magnitud territorial y la integración económica. Suiza y Albania son pequeños países, pero Suiza disfruta de un elevado grado de integración económica y Albania no. Los Estados Unidos son inmensos, también lo era la antigua Unión Soviética, pero la extraordinaria división del trabajo y la importancia del mercado en los Estados Unidos no tiene parangón con la Unión Soviética, donde casi no había integración económica y no existía capital de propiedad privada[188]. Así pues, la centralización puede darse tanto en condiciones de progreso como de retroceso económico. Si un gobierno que no cobra demasiados impuestos y tampoco abusa de las reglamentaciones se hace más grande a costa de un gobierno más explotador, ello constituye un progreso. Pero si sucede lo contrario, la centralización significa en este caso la desintegración económica y la regresión.

Existe no obstante una muy importante relación indirecta entre la magnitud espacial y la integración económica. Un gobierno central que impere sobre vastos territorios —y con más razón un gobierno mundial— nunca apareció ab ovo. Todas las instituciones con poder para imponer tributos y reglamentar la propiedad privada empezaron como pequeñas unidades políticas. El reducido tamaño contribuye, empero, a la moderación. Un gobierno pequeño tiene muchos competidores y si grava a sus súbditos más que otros gobiernos sufrirá forzosamente la emigración del trabajo y del capital, lo que se traducirá en la mengua de los ingresos fiscales futuros. Consideremos, por ejemplo, una familia, un pueblo o un territorio independiente. ¿Acaso podría hacerle un padre a su hijo, o un alcalde a sus vecinos, lo mismo que la Unión Soviética hizo con sus súbditos —entre otras cosas, negarles todo derecho a la propiedad privada del capital— o lo que todos los gobiernos occidentales hacen con sus ciudadanos —expropiarles más de un 50 por ciento de sus ingresos—? Evidentemente no, pues o bien se producía inmediatamente una revolución que derrocaría al gobierno, o bien, quienes pudieran hacerlo, emigraría a los pueblos próximos[189].

Precisamente, en contra de la opinión convencional, el hecho de que Europa haya sido en el pasado una estructura de poder compleja altamente descentralizada, compuesta de incontables unidades políticas independientes, explica la aparición del capitalismo —la difusión de la participación en el mercado y del crecimiento económico— en el mundo occidental[190]. No es casual que el capitalismo floreciese en condiciones de extrema descentralización política: en las Ciudades Estado del norte de Italia, en el sur de Alemania y en los separatistas Países Bajos (Holanda).

La competencia entre los pequeños Estados para conseguir súbditos a los que gravar les llevó al enfrentamiento. El resultado de los conflictos interestatales, que se ha prolongado durante siglos, fue que unos pocos Estados consiguieron aumentar sus territorios, mientras que otros fueron eliminados o anexionados. La victoria de un Estado en esta competición eliminatoria depende de muchos factores, pero a largo plazo resulta decisiva la magnitud de los recursos económicos de los que disponen los gobiernos[191]. Estos no pueden contribuir positivamente a la creación de riqueza mediante las reglamentaciones y los impuestos. Más bien, la explotación parasitaria en la que se basan tiene un influjo negativo sobre los recursos disponibles. Permaneciendo todo lo demás igual, cuanto más bajos sean los impuestos y menores las cargas del gobierno impuestas a la economía del país, mayor será el desarrollo de su población —debido tanto a factores internos como al factor de la inmigración—, y mayor la riqueza que puede atraerse en los conflictos con sus vecinos. He aquí la razón del carácter progresivo de la centralización. Los Estados con una baja fiscalidad y con una mínima intromisión en las economías particulares—Estados liberales— suelen derrotar a los no liberales, cuyos territorios se anexionan[192]. Esto explica que la «Revolución industrial» se originase en las centralizadas Inglaterra y Francia y, así mismo, que en el transcurso del siglo XIX la Europa occidental dominase al resto del mundo y que su colonialismo impulsase generalmente el progreso de otros pueblos. Además, explica también la elevación de los Estados Unidos en el siglo XX al rango de superpotencia.

Sin embargo, a medida que los gobiernos más liberales se imponían a los menos liberales —proceso que trajo consigo la disminución del número de Estados, la ampliación territorial de los mismos, el aumento de las distancias y el encarecimiento de la emigración a otros país— fue desapareciendo el incentivo de los gobiernos para perseverar en su liberalismo interior. En la situación límite de la unidad política del mundo desaparecería la posibilidad de votar con los pies contra un gobierno particular, pues donde quiera que se vaya se aplicarían los mismo impuestos y reglamentaciones. Aliviado de este modo el problema de la emigración, habría desaparecido un freno fundamental a la expansión del gobierno. Esto explica los avatares del siglo XX: con la I Guerra Mundial y, sobre todo con la II, los Estados Unidos se convirtieron en la potencia hegemónica occidental, sucediendo a Europa en su poderío colonial. El establecimiento de la Pax americana resultó determinante para el proceso de globalización política. De hecho, durante ese periodo se produjo en los Estados Unidos, en Europa y también en el resto del mundo la hipertrofia del poder del gobierno, de la fiscalidad y de la medidas expropiatorias[193].

A la luz de la teoría social y económica puede abogarse por la secesión[194].

De entrada, la secesión no es otra cosa que el traspaso del control que sobre la riqueza nacionalizada tiene un gobierno central a un gobierno regional. La mayor o menor integración y prosperidad económicas depende sobre todo de las políticas del nuevo gobierno regional. Sin embargo, el acto de la secesión tiene en si mismo un impacto positivo sobre la producción, pues una de la razones primordiales de la secesión es que los secesionistas creen que su territorio y ellos mismos están siendo explotados. Los eslovenos sintieron, y con razón, que los serbios y el gobierno central de Yugoslavia, por ellos controlado, les estaban robando; a los pueblos bálticos les ofendía ser tributarios de los rusos y del gobierno de la Unión soviética[195]. Gracias a la secesión, las relaciones intranacionales de dominación se sustituyen por relaciones exteriores de tipo contractual, mutuamente beneficiosas. En vez de una integración forzosa se establece una separación voluntaria. La integración forzosa, ejemplificada en el control de rentas, la discriminación positiva y la legislación antidiscriminatoria y, según hemos de ver a continuación, la «inmigración libre», ocasiona tensiones, odio y conflicto. La separación voluntaria promueve la armonía y la paz[196]. La integración forzosa permite imputar cualquier error a un grupo o a una cultura «extranjera» y atribuirse siempre los aciertos; desaparecen pues la razones para que una cultura aprenda de otra. En un régimen de «separación simétrica» debe reconocerse no sólo la pluralidad cultural en un sentido cuantitativo, sino también la diversa cualidad de cada cultura. Si un pueblo secesionista aspira a mantenerse frente a un competidor, sólo podrá valerse de un aprendizaje selectivo. Tiene que imitar, asimilar y, si es posible, desarrollar las cualidades, rasgos, prácticas y reglas características de las sociedades más avanzadas, evitando lo que caracteriza a las menos desarrolladas. En vez de promover la nivelación por abajo de las culturas, característica de la integración forzosa, la secesión estimula los procesos cooperativos de selección y desarrollo cultural[197].

La relación entre el tamaño del país y la integración económica no es directa, sino indirecta. Así como la centralización política fomenta la desintegración económica y la secesión, la tendencia contraria estimula la integración y el desarrollo. En primer lugar, la secesión siempre supone que un pequeño grupo humano se separa de otro superior, lo que constituye una verdadera moción contra del principio democrático y la regla de la mayoría. Pero la secesión significa también más oportunidades para la emigración interregional, lo que enfrenta inmediatamente al gobierno secesionista con la amenaza de la emigración. Si no quiere perder a los ciudadanos más productivos, se verá sometido a una presión creciente para que adopte políticas liberales que amplíen el estatuto de los propietarios y rebaje la carga fiscal con respecto a sus vecinos[198]. En última instancia, con tantos territorios independientes como hogares, pueblos o ciudades, las oportunidades para una emigración de tipo económico se maximizarían, diminuyendo el poder del gobierno sobre las economías domésticas.

En un pequeño país la presión a favor del libre comercio se impone más fácilmente sobre la tendencia proteccionista. Toda interferencia gubernamental sobre el comercio exterior reduce los beneficios mutuos del intercambio entre unos territorios y otros, ocasionando, tanto dentro como fuera del país, un empobrecimiento relativo[199]. Cuanto más pequeños sean el territorio y sus mercados interiores, más dramáticos resultarán sus efectos. Un país de la magnitud de los Estados Unidos podría alcanzar niveles de vida comparativamente altos, incluso si renunciara absolutamente al comercio exterior, dado que posee un mercado interior sin restricciones. Pero si las ciudades o comarcas de mayoría serbia se convirtiesen en enclaves independientes dentro de Croacia, y practicasen idéntico proteccionismo, la experiencia resultaría desastrosa. Tomemos una hacienda familiar como la mínima unidad secesionista concebible. Al incorporarse al comercio libre sin restricciones, incluso el más pequeño territorio puede integrarse plenamente en el mercado mundial, participando de todas las ventajas de la división del trabajo y pudiendo convertirse en el pueblo más próspero de la tierra. La existencia de fortunas personales en cualquier lugar del mundo es la confirmación viva de esta hipótesis. Por otro lado, si sus propietarios decidieran renunciar al comercio con otros territorios, el resultado sería la miseria y la muerte. En consecuencia, cuanto más pequeño es un territorio y su mercado interior, más probable será que opte por el libre comercio.

Además, la secesión también promueve la integración monetaria. El proceso de centralización también ha sido la causa de la desintegración monetaria: la destrucción del antiguo patrón monetario internacional (oro) y su sustitución por un sistema dolarizado en el que fluctúan libremente las monedas de papel creadas por los gobiernos, es decir, un cártel de falsificación global dirigido por el gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, un sistema de libre fluctuación monetaria —el ideal monetarista de Friedman y sus adictos— no es, en rigor, un sistema monetario[200]. Se trata de un sistema imperfecto de trueque —disfuncional para el objetivo de la moneda, que es facilitar el intercambio, no dificultarlo—. Esto se pone de manifiesto en cuanto se reconoce que desde el punto de vista de la teoría económica la erección de las fronteras nacionales carece de relevancia. Si suponemos una proliferación de territorios nacionales cada vez más pequeños, hasta el punto de que cada familia constituya su propio país, la propuesta de Friedman se revelerá entonces como lo que es realmente: un absurdo total. Pues si cada hogar emitiese su propia moneda, el mundo regresaría a la época del trueque. Nadie aceptaría el papel amonedado de los demás, el cálculo económico sería imposible y el comercio se paralizaría[201]. Si esto se ha pasado por alto ha sido por el efecto de siglos de centralización política y por la permanencia de un número relativamente pequeño de monedas nacionales, lo que ha contenido las consecuencias desintegradoras y las dificultades de cálculo. En esta óptica, la secesión, con tal de que pueda desarrollarse, ha de promover actualmente la integración monetaria. En un mundo de cientos de miles de unidades políticas independientes, los países tendrían que abandonar el vigente sistema de moneda fiduciaria, causante de la inflación mundial más grave de la historia de la humanidad, y adoptar un sistema monetario internacional como el del patrón oro.

El secesionismo y el desarrollo de los movimientos separatistas y regionalistas en todo el mundo no constituye un anacronismo, sino, tal vez, la fuerza histórica más progresiva, sobre todo después de que el desplome de la Unión Soviética nos haya aproximado más que nunca al establecimiento de un «nuevo orden mundial». Después de siglos en los que la centralización ha aniquilado cientos de culturas, la secesión aumentaría la diversidad étnica, lingüística, religiosa y cultural[202]. Acabaría así mismo con la integración forzada impuesta por la centralización y sustituiría la lucha social y la nivelación cultural por la paz y la competencia cooperativa entre las diversas culturas. Se eliminaría particularmente el problema de la inmigración que azota tanto a los países de Europa occidental como a los Estados Unidos. Actualmente, cuando un gobierno central autoriza la inmigración, propicia que los extranjeros —utilizando las carreteras de titularidad del gobierno— se establezcan junto a los residentes nacionales, sin tener en cuenta si estos deseaban o no esa proximidad. Por tanto, la «libertad de inmigración» no es otra cosa que una integración forzosa. La secesión resolvería este problema dejando que cada territorio estableciera sus propios criterios de admisión, decidiendo por su cuenta con quienes desean asociarse en su propio territorio y con quienes prefieren cooperar a distancia[203].

En último análisis, la secesión promueve la integración y el desarrollo económicos. El proceso de centralización es el causante de la formación de un cártel internacional de emigración, comercio y dinero fiduciario dominado por los Estados Unidos; pero también de que los gobiernos sean cada vez más invasivos y gravosos, del estatismo globalizador, militarista y asistencial, y del estancamiento económico y el descenso del nivel de vida. Si prospera el movimiento secesionista, todo esto podría cambiar. El mundo estaría constituido entonces por decenas de miles de países, regiones y cantones, y por cientos de miles de ciudades libres independientes como las «excepciones» de Mónaco, Andorra, San Marino, Liechtenstein, Hong Kong y Singapur. El resultado sería una gran expansión de la oportunidades para la inmigración económica. Ese mundo sería una vasta unidad de pequeños gobiernos liberales integrados económicamente gracias al libre comercio y a una moneda-mercancía internacional como el oro. Sería un mundo de una prosperidad, un desarrollo económico y un progreso cultural inauditos[204].

Capítulo 6

SOCIALISMO Y DEVOLUCIÓN

DE LA PROPIEDAD

I

La riqueza únicamente puede obtenerse de una de estas tres formas: percibiendo la rareza o escasez de ciertas cosas dadas por la naturaleza e incorporarlas con determinación a nuestras posesiones antes de que lo haga otro (homesteading o derecho del primer ocupante); produciendo bienes con la ayuda del trabajo de otro sobre recursos que ya han sido ocupados previamente; o adquiriendo un bien mediante una transferencia contractual, es decir, voluntaria, realizada por su ocupante o productor. Los actos de adquisición originaria convierten lo que nadie antes había percibido como escaso en un activo remunerador; los actos productivos, por su propia naturaleza, aumentan el valor de un activo; finalmente, los intercambios contractuales consisten en la transferencia de activos concretos a quienes los valoran más que el poseedor original[205].

De donde se sigue que el socialismo únicamente produce pobreza.

De entrada, en un régimen socialista, la propiedad de los activos productivos se asigna a un colectivo de individuos sin tener en cuenta la acción o inacción previa de cada uno de los miembros en relación a los activos poseídos. La propiedad socialista favorece al no ocupante, al no productor, al no contratista y perjudica a ocupantes, productores y contratistas. Según esto, habrá menos adquisiciones originarias de recursos naturales de cuya escasez haya conciencia, habrá menos producción de factores de producción, disminuyendo la conservación de los existentes, y habrá menos transacciones, pues todas estas actividades tienen un coste. En un régimen de propiedad colectiva la ejecución de cualquiera de ellas resulta muy gravosa, de modo que abstenerse resulta más rentable[206].

En segundo lugar, como quiera que los medios de producción son inalienables bajo un régimen socialista, no puede haber precios de mercado para los factores de producción. Sin precios es imposible la contabilidad de costes; tampoco se pueden comparar los productos empleados con su producto, con lo que no se puede decidir si emplearlos en un fin dado aumentará la riqueza o, más bien, será un despilfarro de recursos escasos aplicados a unos proyectos que no interesan a los consumidores. Los socialistas que velan por los bienes de capital ignoran las oportunidades de las que se priva a la sociedad al prohibir que se tomen en consideración ofertas de algunos particulares que, tal vez, sabrían cómo emplear de un modo alternativo los medios de producción existentes. Ello da lugar a una mala asignación permanente de los factores de producción[207].

En tercer lugar, incluso si existe alguna asignación inicial de recursos, la propiedad colectiva de los factores de producción lamina sistemáticamente dos incentivos del productor privado: el que le hace mejorar la cantidad o la calidad de sus propios productos y que le impulsa a evitar la sobreexplotación o la infrautilización de los recursos. La socialización del balance de resultados de una empresa de capital socialista impide que las pérdidas y las ganancias se imputen a los productores individuales, lo que estimula la pereza y la negligencia. El resultado es una inferior calidad y cantidad de los bienes, así como un consumo permanente de capital[208].

En cuarto lugar, bajo un régimen de propiedad privada, la persona titular de un recurso puede disponer de él independientemente de los demás. Si desea aumentar su riqueza y mejorar su posición social, tendrá que servir lo mejor posible las necesidades más urgentes de los consumidores empleando su propiedad en la empresa. Con factores de producción de propiedad colectiva, se necesitan mecanismos de decisión colectivizados. Cualquier decisión sobre qué cómo y para quién producir, cuánto pagar o cobrar, a quién promover o degradar en la empresa, es un asunto político. Cualquier discrepancia se resolverá con la imposición de la voluntad de una persona sobre la opinión de otro, lo que acarrea, necesariamente, la aparición de ganadores y perdedores. Por tanto, quien desee subir en la escala social en un régimen socialista, tendrá que recurrir a los manejos políticos. La habilidad para descubrir nuevas necesidades de los consumidores y trabajar para cubrirlas no garantiza el éxito. Únicamente llegarán a lo más alto quienes utilicen la persuasión, la demagogia o las intrigas, las promesas, los sobornos o las amenazas. No hace falta decir que la politización de la sociedad, inherente a un sistema de propiedad colectiva, contribuye más si cabe a su empobrecimiento[209].

II

La evidente bancarrota del socialismo en la Europa del Este desde finales de los años 80, tras 70 años de «experimentación social», nos ilustra amargamente sobre la validez de la teoría económica. ¿Cómo puede contribuir a la pronta reconstrucción de la Europa arruinada por el socialismo la teoría que hace mucho tiempo predijo la inevitabilidad de este resultado[210]? Dado que la razón última de su miseria económica es la propiedad colectiva, la solución para un futuro próspero es la privatización. Ahora bien, la cuestión es si la propiedad socializada debe ser privatizada[211].

Un observación elemental, pero básica, debe ponerse por delante[212]. El socialismo no puede existir sin recurrir a la expropiación de lo que otros han «creado» o poseen como ocupantes individuales, productores o contratistas; viciado, pues, desde el principio, los títulos dominicales del socialismo carecen de validez. Ningún gobierno, ni siquiera uno libremente elegido, puede considerare propietario de la antigua propiedad socialista, pues quien hereda de un criminal, aun siendo él inocente, no se convierte en el propietario legítimo de aquello que se adquirió ilegítimamente. Siendo inocente, no será perseguido, pero tiene que devolver inmediatamente a las víctimas lo «heredado»; la reversión de la propiedad socialista a sus víctimas tendrá lugar sin que a estas se les exija contrapartida. En este sentido, cobrar un precio por la readquisición de lo que ya era de las poblaciones victimizadas por el socialismo constituye en si mismo un crimen y acaba con la inocencia que el gobierno, en un momento anterior, pudo tal vez invocar[213].

Todo título de propiedad original debería ser reconocido automáticamente, sin tener en cuenta al poseedor actual. Si las reclamaciones de los antiguos propietarios chocan con las de sus actuales detentadores, el título de aquellos debe prevalecer sobre el que estos últimos puedan alegar. La pretensión de un detentador prevalecerá y este será, por tanto, reconocido como legítimo propietario, únicamente el caso de que pueda probar que la reclamación de un heredero del propietario original carece de fundamento —es decir, que su título fue adquirido por medios coactivos o fraudulentos—[214].

Con respecto a la propiedad socialista que no sea reivindicada según este procedimiento, podrían desarrollarse algunas ideas sindicalistas. Es decir, la propiedad de esos bienes deberían transferirse inmediatamente a quienes los han estado utilizando —la tierra para los agricultores, las industrias para los obreros, las calles para quienes en ellas trabajan o para los residentes, las escuelas para los maestros, los despachos para los burócratas y así sucesivamente—[215]. El desguace de la mayoría de los sobredimensionados conglomerados productivos socialistas exigiría la aplicación del principio sindicalista a aquellas unidades de producción en las que se realiza una prestación de trabajo personal —edificios de oficinas, escuelas, calles o barrios, industrias y granjas—. Mas, en contra de la opinión sindicalista, la propiedad así adquirida debería ser enajenable sin restricciones, estableciéndose un mercado que permitiera la separación de funciones entre los capitalistas propietarios y de los empleados no propietarios, así como la fluida transferencia de los fondos a manos más productivas[216].

A nuestra estrategia privatizadora se le plantean ahora dos problemas. ¿Qué debería hacerse, en primer lugar, con lo edificado sobre un terreno cuyo propietario original aparece? ¿Se atribuiría su propiedad, según el esquema propuesto, a sus usuarios productivos actuales? En principio parece justo adjudicarle a estos últimos proporciones iguales[217]. ¿Mas cómo determinar entonces la alícuota correspondiente al propietario de la tierra? Las infraestructuras y la tierra no pueden separarse físicamente, pues ambas constituyen, para la teoría económica, factores de producción complementarios cuya contribución singular al valor final del producto no puede precisarse. En este caso no hay más remedio que negociar[218]. Contrariamente a la primera impresión, esto no tiene porqué ocasionar conflictos permanentes o insolubles, tampoco demasiados quebraderos de cabeza, pues en toda disputa no hay más que dos partes y unos recursos que están limitados. Por otro lado, encontrar un compromiso mutuamente aceptable y rápido interesa a las dos partes y no cabe duda de que la posición negociadora del propietario de la tierra es la más débil; este último no puede vender la tierra sin el consentimiento de los propietarios de la estructura productiva, mientras que estos sí que podrían desmantelar la industria sin necesidad de que el propietario de la tierra les autorizara.

Ahora bien, la estrategia de privatización sindicalista implica que los productores de las industrias intensivas en capital tienen una relativa ventaja si se les compara con los de las industrias intensivas en trabajo. El valor de los lotes recibidos por aquellos siempre excedería del valor de los adjudicados a estos. ¿Cómo justificar entonces esta desigual distribución de la riqueza? En realidad ya conocemos la solución. En contra de una creencia socialdemócrata ampliamente extendida, la desigualdad no es en si misma inmoral[219]. El problema de la privatización de la propiedad que fue socializada presenta enormes analogías con el establecimiento de la propiedad privada en un «estado de naturaleza», es decir, cuando los recursos todavía no tienen dueño. En esa situación, según el argumento central de la teoría lockeana de los derechos naturales, coincidente con el sentido de la justicia de la mayoría de personas, los actos de ocupación, es decir, la mezcla del trabajo con los recursos naturales, adelantándose a los demás, fundan la propiedad privada[220]. Los resultados de los distintos actos de apropiación originaria serán más bien desiguales, dada la diferente calidad de los recursos naturales. El enfoque sindicalista de la privatización no es más que la aplicación del principio de la ocupación originaria a unas circunstancias algo diferentes. Los factores productivos socializados ya han sido ocupados por individuos particulares. Lo que ha sucedido es que su derecho de propiedad sobre los mismos ha sido ignorado. Nuestro esquema se limitaría a rectificar esta injustificable situación. Si de ello se siguen ciertas desigualdades, no serán en cualquier caso más injustas que las desigualdades propias de la adquisición originaria pura y no adulterada[221].

Nuestra propuesta sindicalista resulta económicamente más eficiente que la única alternativa concebible, pues responde también a los requisitos esenciales de la justicia, a saber: que el gobierno no es el propietario legítimo de los bienes socializados y, por tanto, no está facultado ni para vender ni para subastar. La otra opción repartiría entre todos los ciudadanos partes iguales de todos los bienes no reclamados por un propietario original expropiado. Aparte de la dudosa moralidad de esta política[222], resultaría extraordinariamente ineficiente. En primer lugar porque una asignación nacional de cuotas necesitaría que en cada título se especificase a qué recursos concretos se refiere, condición de su alienabilidad en el mercado. Además, para desarrollar esta propuesta se necesita, de entrada, un inventario completo de todos los activos del país o, al menos, de todas las unidades de producción autónomas; después, suponiendo que se pudiese completar un inventario de esas características, los propietarios constituirían un vasto grupo de individuos que lo ignoran todo sobre sus propios activos. Sin embargo, con el modelo no igualitario de privatización sindicalista no hace falta inventario alguno. Pues la propiedad le corresponde a quienes, en razón de su implicación productiva en esos bienes de capital, están mejor informados que nadie para realizar una primera estimación realista de sus activos.

Junto a la privatización de todos los activos según estas pautas, el gobierno debería consagrar la propiedad privada en la constitución, haciendo de ella el principio jurídico básico del país. Esta constitución sería muy breve y se limitaría a constatar los siguientes principios con la máxima precisión: todas las personas, además de ser los únicos propietarios de su cuerpo, tienen derecho a utilizar su propiedad como estimen oportuno mientras no perturben la integridad física o la propiedad de los demás. Todo intercambio de títulos de propiedad entre propietarios particulares debe ser voluntario (contractual). Estos derechos de una persona son absolutos. Cualquier persona que los infrinja podrá ser legítimamente perseguida por la víctima o por su mandatario y podrá ser procesada de acuerdo con los principios de proporcionalidad del castigo y de la responsabilidad absoluta[223].

De esta constitución se deduce que todos los controles de precios y salarios existentes, todas las reglamentaciones de la propiedad y autorizaciones administrativas, así como las restricciones a la importación y la exportación, serán abolidas inmediatamente, introduciéndose plenamente las libertades de contratar, trabajar, comerciar y emigrar. Consecuentemente, el gobierno, ahora desposeído de sus propiedades, debería declararse a si mismo inconstitucional —en la medida en que depende de las adquisiciones no contractuales de la propiedad, es decir, de los impuestos— y abdicar[224].

III

La completa abolición del socialismo y la instauración de una sociedad basada en la propiedad privada —una anarquía de propietarios, regulada exclusivamente por el derecho de la propiedad privada— sería el camino más rápido para la reconstrucción económica de la Europa del este. La situación económica general de la población sería, desde el principio, muchísimo mejor, pues aunque en las economías del este reina el caos, los países no están destruidos. El valor real de los bienes raíces es alto y a pesar del consumo de capital del pasado, todavía quedan importantes acumulaciones de bienes de capital. Cuando no quedara ya ningún sector de la economía bajo control de gobierno y toda la riqueza nacional hubiese pasado a manos privadas, los pueblos del este de Europa devendrían en seguida objeto de la envidia de sus vecinos del oeste.

La liberación los factores productivos del control político y su entrega a los particulares, quienes pueden emplearlos como crean conveniente siempre que no causen un daño físico a los bienes de los demás, proporciona el estímulo esencial para la producción futura. En un mercado sin restricciones para los bienes de capital es posible una contabilidad de costes racional. La individualización de beneficios y pérdidas en los balances de capital y ventas de un propietario, maximizarán su incentivo para aumentar la cantidad o calidad de su producto y, al mismo tiempo, evitar la inadecuada utilización de sus recursos. En este sentido, la previsión constitucional de que sólo se protegerá la integridad física de la propiedad (no la estimación de su valor), garantizaría que cualquier propietario pudiese acometer las empresas más remuneradoras. Este tipo de esfuerzos promueven cambios favorables en el valor de la propiedad y, así mismo, previenen y contrarrestan aquello que lo perjudica.

La abolición de cualquier forma de control de precios elimina casi instantáneamente la escasez, y la producción comenzaría a crecer inmediatamente, tanto cuantitativa como cualitativamente. El desempleo aumentaría drásticamente durante un corto periodo de tiempo, aunque con salarios flexibles, sin negociación colectiva (sindical) y sin subsidios de desempleo pronto desaparecería. Inicialmente, los salarios medios estarían muy por debajo de los occidentales, pero eso no duraría mucho. Atraídos por unos salarios comparativamente más bajos, pues los europeos del Este necesitarían liquidar el capital recién adquirido para financiar sus gastos corrientes y, sobre todo, por las condiciones del Este como paraíso fiscal y refugio del librecambismo, numerosos inversores y grandes capitales empezarían a afluir inmediatamente.

La producción de seguridad —protección policial y sistema judicial—, que normalmente queda fuera del mercado, pues se supone que constituye la específica función del gobierno, sería asumida con toda probabilidad por las más importantes compañías de seguros occidentales[225]. La acción policial garante de la propiedad privada —prevención del crimen y resolución de los casos criminales para obtener una compensación— forma parte, de hecho, del negocio «natural» de estas empresas (a no ser que existan gobiernos que disuadan a las aseguradoras de dedicarse a ese negocio y se arroguen esa tarea, con las ineficiencias habituales propias de semejante monopolización). Dado que estas compañías ya tienen experiencia en el arbitraje de conflictos entre reclamantes de aseguradoras rivales, nada se opondría a que naturalmente asumieran la función de un sistema judicial.

Pero más importante que la entrada en un gran negocio, como el caso de las compañías aseguradoras que entran en la producción de seguridad, sería la influencia sobre muchísimos pequeños empresarios occidentales. Frente a la pesada carga fiscal propia de los Estados de bienestar de la Europa occidental y las asfixiantes regulaciones sin cuento (autorizaciones administrativas, leyes de protección del trabajo, horarios imperativos de trabajo y de apertura comercial), la economía desreglamentada de la Europa del Este ejercería una atracción casi irresistible. Muy pronto, el influjo a gran escala del talento y el capital empresariales impulsarían el crecimiento de los salarios reales, estimulando el ahorro interno y acelerando el proceso de acumulación de capital. La gente no sólo dejaría de emigrar al oeste, sino que el flujo migratorio se revertiría rápidamente, pues aumentaría el número de europeos occidentales que abandonarían los Estados socialdemócratas en busca de la oportunidades ofrecidas por la Europa del Este. Finalmente, enfrentadas las elites del poder occidentales a esa sangría de personas productivas, lo que presionaría todavía más sobre sus presupuestos socializantes, se verían también forzadas a la Devolución de la propiedad pública[226].

IV

Post-scriptum. La privatización

de los Estados de bienestar

Debería estar claro, a la vista de lo ya expuesto, que desde el punto de vista económico y moral los Estados de bienestar occidentales necesitan una reforma integral, lo mismo que los antiguos países socialistas. Sin embargo, es preciso aclarar que el método de privatización tiene que ser distinto en ambos casos. La estrategia de privatización sindicalista propuesta para los países del Este se aplicaría únicamente a los casos en que no pudiesen ser identificados el propietario expropiado o heredero de los factores de producción socializados. Mas pudiendo ser localizados sus legítimos propietarios, estos deberían ser restituidos en su propiedad. Si no existen propietarios o herederos, y únicamente en ese caso, podría reconocerse el derecho que sobre los distintos bienes tienen sus usuarios presentes o pretéritos, pues sólo ellos tienen un vínculo objetivo, es decir, intersubjetivamente constatable, con los mencionados recursos. Sólo ellos, de entre todo el pueblo, han ocupado adquisitivamente de facto los recursos en cuestión; tan sólo de su reivindicación puede decirse que tiene un fundamento real u objetivo.

Carecería así mismo de todo fundamento real —y sería, por tanto, indefendible moralmente— que la propiedad privada de los factores de producción «públicos» de las economías mixtas (Estados de bienestar) se adjudicase a los empleados del sector público, o sea, a los funcionarios, según el lema sindicalista que reza: «las escuelas públicas para los maestros, las universidades para los profesores, las oficinas de correos para los carteros, los terrenos públicos para los burócratas de la Agencia de Gestión del Territorio, los tribunales y las comisarías de policía para los jueces y policías, etc.» Este programa sería, efectivamente, un atropello moral, incluso en el caso, hasta cierto punto frecuente, de que la propiedad pública en cuestión no fuese el resultado de una previa expropiación dominical, sino de la actuación por el gobierno de su poder de «domino eminente» —incluso en este supuesto, la propiedad debería, sin más, devolverse al propietario o heredero original—. Toda propiedad «pública» es siempre el resultado de alguna forma de expropiación y aunque la identificación de las víctimas sea compleja, no es en absoluto imposible. En todo caso, resulta obvio que los funcionarios no están precisamente entre las víctimas. Su reivindicación de la propiedad es, por tanto, la peor fundada de todas.

Los edificios e infraestructuras públicos están financiados por los impuestos; el suelo público no urbanizado, más bien, no es sino el resultado de una política pública —sostenida por impuestos e de carácter imperativo— que prohíbe la apropiación y el desarrollo de la naturaleza y sus recursos. Así pues, corresponderían a los pagadores de impuestos, en razón de sus respectivas contribuciones, los títulos de los edificios e infraestructuras públicos; los terrenos no urbanizados de propiedad pública, en cambio, deberían abrirse a la ocupación particular. Hay que tener presente que los funcionarios no son pagadores de impuestos (aunque en el discurso público, con frecuencia, presuman de ello). Su salario neto se paga con los impuestos de quienes trabajan en el sector privado de la economía. Los funcionarios son consumidores de impuestos[227], como el resto de beneficiarios del Estado de bienestar. Todos estos deberían ser excluidos de la propiedad privada sobre los antiguos edificios e infraestructuras públicos. Funcionarios y demás beneficiarios viven a costa de los impuestos que paga la gente. Sería una burla que se les adjudicaran esas propiedades, privando de ellas a quienes han pagado sus sueldos y financiado los edificios e infraestructuras públicos que ocupan y controlan[228]. Por lo que se refiere al suelo público no urbanizado, susceptible por tanto de ser ocupado, cualquier gestor público del mismo, guardabosques, etc., debería también ser excluido —por las mismas razones— de la adquisición de la tierra que ahora «ocupan» y que anteriormente protegían contra potenciales promotores inmobiliarios. Podrían empero adquirir por el derecho del primer ocupante otra tierra pública, «ocupada» actualmente y con anterioridad protegida contra la urbanización privada por otros agentes del gobierno. Permitirles adquirir la tierra que ahora ocupan sería conferirles una ventaja sobre otros potenciales ocupantes, algo manifiestamente injusto teniendo en cuenta que ellos mismos, remunerados por los contribuyentes, se encargaron de excluir y alejar de esas tierras precisamente a quienes pagaban los impuestos.

Capítulo 7

INMIGRACIÓN LIBRE

E INTEGRACIÓN FORZOSA

I

El argumento clásico a favor de la inmigración libre opera de este modo: los negocios fluyen hacia las áreas de bajos salarios y el trabajo se traslada a donde estos últimos son altos; si se mantiene igual todo lo demás, ello no debe afectar tanto a la tendencia igualadora de los salarios (para un mismo tipo de trabajo), como a la localización óptima del capital. La afluencia de inmigrantes a un área con salarios altos reducirá el salario nominal. Sin embargo, si la población está por debajo de su dimensión óptima, el salario real no bajará. Siendo así, la producción aumentaría más que proporcionalmente y los salarios reales crecerían. Puede, pues, decirse que las restricciones a la inmigración que protegen a los trabajadores nacionales, les perjudican como consumidores más que les benefician como trabajadores. Por otro lado, este tipo de restricciones aumentan la «huida» de capitales al extranjero (exportación que evita su fiscalización), lo que provoca una equiparación de salarios (si bien algo más lenta) y una asignación menos que óptima del capital, lo que a su vez generaliza el deterioro del nivel de vida[229].

Además, antes los sindicatos y hoy los ecologistas se oponen a la libre inmigración, lo que, prima facie, constituye ya un argumento a favor de una política de inmigración liberal[230].

II

El argumento en defensa de la libre inmigración es irrefutable. Atacarlo sería tan estúpido como negar que el libre comercio promueve niveles de vida superiores al proteccionismo[231].

Sería también un error rechazar el razonamiento de la libre inmigración expuesto más arriba, alegando que la existencia del Estado de bienestar es en gran medida responsable de la inmigración que busca los beneficios del asistencialismo, lo que no hace aumentar, sino todo lo contrario, el nivel medio de vida, incluso en países que, como los Estados Unidos, están por debajo de su óptimo demográfico. Pero este no es realmente un argumento en contra de la inmigración, sino en contra del Estado de bienestar. No me cabe duda de que el Estado de bienestar tendría que ser totalmente demolido. Sin embargo, la inmigración y el Estado de bienestar son problemas analíticamente distintos y debemos ocuparnos de ellos sin confundirlos.

El razonamiento expuesto en el primer parágrafo adolece de dos fallos interrelacionados, lo que invalida su incondicional conclusión proinmigración o, en el mejor de los casos, hace de él un argumento aplicable sólo a supuestos históricos pretéritos muy poco realistas.

Nos referiremos brevemente al primer error. Para los libertarios de la Escuela austriaca resulta evidente que aquello que constituye la «riqueza» y el «bienestar» es algo subjetivo. La riqueza material no es la única cosa valiosa. Así pues, incluso si el ingreso real crece debido a la inmigración, no se sigue de ahí que la inmigración tenga que considerarse un «bien», pues hay quien prefiere un nivel de vida inferior y permanecer alejados de otros pueblos, a disfrutar de un nivel de vida superior más cerca de ellos[232].

Nos concentraremos aquí en el segundo error. La emigración a un territorio dado todavía no se ha examinado sobre la base de que alguien pueda poseer (o controlar) ese espacio. De hecho, para poder aplicar el argumento que discutimos, se asume implícitamente que el territorio carece de propietario y que el inmigrante se interna en un territorio virgen (frontera abierta). Obviamente, ya no podemos seguir aceptando esto. Si desecháramos esta suposición, el problema de la inmigración tomaría otro cariz y podría volver a plantearse desde sus supuestos fundamentales.

III

A efectos ilustrativos, asumamos una sociedad anarcocapitalista. Aunque estoy convencido de que ese tipo de sociedad constituye la única ordenación de la vida humana colectiva que podemos considerar justa, no explicaré ahora por qué[233]. En todo caso, la utilizaré como un concepto de referencia, pues me ayudará a explicar el error fundamental de la mayor parte de los abogados contemporáneos de la libre inmigración.

En la sociedad anarcocapitalista toda la tierra es propiedad privada, incluidas las calles, ríos, aeropuertos, puertos, etc. Con respecto a ciertas porciones de tierra, el título de propiedad puede no tener limitación alguna; o sea, que el propietario puede hacer con su propiedad lo que le plazca mientras no dañe físicamente la propiedad de los demás. Con respecto a otros territorios, el título jurídico del propietario puede presentar ciertas limitaciones, más o menos severas. Eso es lo que sucede con la urbanización, pues el propietario puede estar obligado por ciertas limitaciones contractuales del uso de su propiedad (ordenación voluntaria del suelo), incluyendo eventualmente ciertos usos alternativos del mismo (residencial o comercial), la limitación de la edificabilidad en altura, la prohibición de su venta o arrendamiento a judíos, alemanes, católicos, homosexuales, haitianos, familias con niños (o sin ellos), o tal vez fumadores.

En un escenario como este no puede existir nada parecido a la inmigración libre. Tan sólo los propietarios son libres para admitir o excluir a los extraños de su propiedad según las facultades que les confieran sus títulos dominicales. Las dificultades de admisión variarán de unos territorios a otros; en unos puede ser sencillo entrar, mientras que en otros resultará casi imposible. En cualquier caso, la admisión en cierta propiedad no implica la «libertad de merodear», a no ser que los demás propietarios consientan esos movimientos. Dependerá, por tanto, de los propietarios o de las asociaciones que estos puedan constituir el que haya más o menos inmigración, incluso que esta se prohíba; que la inmigración sea más o menos selecta, segregadora o integradora, igualitaria o discriminatoria en razón de la etnia, la raza, la religión, la cultura o cualesquiera otros motivos.

Debe observarse que ni siquiera la forma más exclusiva de segregación tiene relación con el rechazo del libre comercio y la aceptación del proteccionismo. El hecho de que una persona no desee relacionarse o vivir cerca de negros, turcos, católicos, hindúes, etc., no significa que se oponga también a comerciar con ellos a distancia[234]. Al contrario, sólo la libertad absoluta para decidir asociarse o separarse de otro u otros —exclusión de cualquier modalidad de integración forzosa—, hará posible las relaciones pacíficas —libre comercio— entre pueblos de diferentes culturas, razas, etnias o religiones[235].

IV

En una sociedad anarcocapitalista no existe gobierno, tampoco una distinción bien definida entre «moradores» (ciudadanos nacionales) y extranjeros. Esta distinción se presenta cuando se establece un gobierno, institución que posee el monopolio territorial de la agresión (impuestos). El territorio sobre el que se extiende el poder fiscal del gobierno se convierte en «interior»; así mismo, quien resida fuera de ese territorio deviene un extranjero. Las fronteras (y pasaportes) estatales son una institución «antinatural» (coercitiva). Su existencia, así como la del gobierno, implica una doble distorsión con respecto a la innata inclinación de la gente a asociarse con otros. En primer lugar, los moradores no pueden excluir al gobierno (el cobrador de impuestos) de su propiedad y quedan sujetos a lo que se podría denominar «integración forzosa». En segundo lugar, para poder inmiscuirse en la propiedad privada de sus súbditos y gravarles con tributos, un gobierno debe tener siempre el control de las carreteras, razón por la que empleará sus ingresos fiscales para producir más carreteras que le permitan un mejor acceso a toda propiedad privada qua fuente potencial de recursos. Mas la sobreproducción de carreteras no sólo influye inocentemente sobre las facilidades para el comercio interregional —disminuyendo los costes de las transacciones—, como nos han hecho creer ciertos cándidos economistas, sino que determina una forzosa integración doméstica (agregación artificiosa de localidades separadas)[236].

Por otro lado, con el establecimiento de un gobierno y fronteras estatales, la inmigración toma un nuevo cariz. La inmigración se convierte en la entrada de extranjeros a través de las fronteras estatales, pero la decisión de admitir o rechazar a una persona ya no corresponde a los propietarios particulares o sus asociaciones, sino al gobierno —soberano supremo y superpropietario que impera sobre las personas y propiedades de todos—. A partir de ese momento, si el gobierno excluye a una persona que un residente desea admitir en su propiedad, el resultado es la exclusión forzosa, un fenómeno que no existe bajo el anarquismo de la propiedad privada. Pero si el gobierno admite a personas que ningún residente quiere tener en su propiedad, la consecuencia es la integración forzosa, que tampoco existe en el anarquismo de la propiedad privada.

V

Es el momento de completar este análisis introduciendo unos cuantos supuestos empíricos «realistas». Imaginemos que el gobierno fuese de propiedad privada. El gobernante sería propietario de todo lo que se contiene dentro de las fronteras estatales. De una parte del territorio podría disponer plenamente (suponiendo que su título careciera de restricciones), pero del resto sólo sería propietario parcial (como propietario subsidiario o residual de los bienes raíces de todos sus ciudadanos-arrendatarios, aunque limitado por los contratos de arriendo previos). El gobierno podría vender o legar su propiedad, pudiendo calcular el valor monetario de su capital (su país).

Las monarquías tradicionales y los reyes constituyen el ejemplo histórico más próximo de esta forma de gobierno[237].

¿En qué consistiría la típica política de inmigración y emigración de un rey? Asumiendo su propio interés y dado que posee todo el valor del capital del país, tenderá a elegir políticas migratorias que conserven o aumenten el valor de su reino.

En cuanto a la emigración, un rey deseará prevenir la marcha de los súbditos productivos, particularmente de los mejores, pues al perderlos bajaría el valor del reino. En este sentido, entre 1782 y 1824 una ley prohibió que los operarios especializados abandonasen Inglaterra[238]. Por otro lado, un rey querrá desterrar de su reino a los sujetos no productivos y dañinos (maleantes, vagos, mendigos, gitanos, vagabundos, etc.), pues ello aumentaría el valor de su reino. Por esta razón Inglaterra expulsó a decenas de miles de delincuentes comunes, enviándolos a Norteamérica y Australia[239].

En cuanto a su política de inmigración, un rey dejará fuera a las turbas y a las gentes de inferiores aptitudes productivas. Estas últimas sólo serían admitidas temporalmente como trabajadores estacionales sin ciudadanía y no se les permitiría tener acceso a la propiedad permanente. En este sentido, después de 1880 muchísimos polacos fueron empleados estacionalmente en Alemania[240]. Un rey sólo autorizaría la inmigración permanente de personas superiores o al menos por encima de la media, es decir, aquellos cuya residencia en su reino incrementara el valor de su propiedad. Por ejemplo, después de 1685, con la revocación del Edicto de Nantes, decenas de miles de hugonotes pudieron establecerse en Prusia; del mismo modo, más tarde, Pedro el Grande, Federico el Grande y María Teresa promovieron la inmigración y el establecimiento de numerosos alemanes en Rusia, Prusia y en las provincias orientales de Austria-Hungría[241].

En suma, mientras que con sus políticas de inmigración un rey no podría evitar todos los casos de exclusión o integración forzosas, sus políticas se aproximarían mucho a lo que haría un propietario particular si pudiese decidir a quien admitir y a quien vetar la entrada. Un rey sería, por tanto, muy selectivo, pues estaría verdaderamente preocupado por la mejora de la calidad de su capital humano residente y por elevar el valor de su patrimonio.

VI

Las políticas migratorias se transforman en algo muy diferente cuando el gobierno es de propiedad pública. El gobernante dejará de ser titular del valor del capital del país, detentando únicamente su uso y disfrute. No puede enajenar ni legar su posición como gobernante, pues es un mero curador provisional. Se reconoce el «libre acceso» a esa posición, pues, en principio, cualquiera puede convertirse en gobernante del país.

Las democracias ofrecen ejemplos históricos de gobiernos «públicos» desde que esta configuración del mando político se generalizó en todo el mundo después de la I Guerra Mundial[242].

¿En qué consisten las políticas migratorias de una democracia? Presupuesto nuevamente su interés personal (maximización de las gratificaciones materiales y psíquicas: dinero y poder), cada gobernante democrático tenderá a maximizar su ingreso actual, susceptible de apropiación privada, a costa del valor del capital, insusceptible de apropiación particular. De acuerdo con el igualitarismo inherente a la democracia, cuyo lema reza «un hombre, un voto», los gobernantes promueven políticas de emigración e inmigración diferentes desde el punto de vista de la igualdad —no discriminación—.

A un gobernante demócrata le da igual si quienes abandonan el país son los ciudadanos más productivos e industriosos o los haraganes; no distingue entre unos y otros, pues el voto de cada uno de ellos vale lo mismo. En realidad, a un gobernante demócrata le preocupa más la salida de un vago que la de una persona especialmente capaz. Aunque la pérdida de esta última reduce el valor del país y la del otro podría aumentarlo, se trata de un asunto que al gobernante le trae sin cuidado, pues el país no es propiedad suya. A corto plazo, término preferido por el gobernante, es muy posible que el vago vote a favor de medidas igualitarias; por esta razón resultará incluso más valioso para el gobernante que la persona industriosa, la cual, siendo la primera víctima del igualitarismo, votará seguramente en contra del gobernante demócrata[243]. Por idénticos motivos, un gobernante democrático, a diferencia de un rey, no tomará ninguna medida para expulsar a aquellos cuya presencia en el país constituye una externalidad negativa (gente inútil que merma el valor de la propiedad individual). Tales externalidades negativas —parásitos improductivos, holgazanes y maleantes— constituyen probablemente sus más seguros partidarios.

En cuanto a las políticas de inmigración, también estas distorsionan los sistemas de incentivos y desincentivos sociales. Al gobernante demócrata no le preocupa si quienes llegan a su país son gentes vagas o industriosas, civilizadas o bárbaras. También se desentiende de la distinción entre trabajadores temporales (propietarios de un permiso de trabajo) e inmigrantes permanentes con bienes raíces (naturalizados ciudadanos)[244]. Las gentes no productivas pueden resultar preferibles como residentes y ciudadanos, pues dan lugar a los denominados problemas «sociales», y los gobernantes democráticos prosperan gracias a ese tipo de problemas. Los vagos y la gente sin cualificación apoyarán probablemente sus políticas igualitarias, cosa que no hará la gente más esforzada. Las consecuencias de esta política de no discriminación es la integración forzosa: el alojamiento de masas de inmigrantes sin cualificación en el dominio de los propietarios particulares, los cuales, si se les dejara decidir, serían muy selectivos y elegirían vecinos muy diferentes. El mejor ejemplo ofrecido por una democracia es el de las leyes de inmigración estadounidenses de 1965, que eliminaron todo requisito previo de «cualificación profesional» y la explícita preferencia por los inmigrantes europeos, sustituyéndolos por una política de no discriminación casi total (multiculturalismo)[245].

En efecto, la política de inmigración de una democracia es la imagen especular de su política para los movimientos de población interiores: de asociación voluntaria y disociación; de segregación y agregación; de alejamiento y acercamiento físico de varios propietarios particulares. Lo mismo que un rey, un gobernante demócrata promueve la sobreintegración espacial cuando produce en exceso cierto «bien público», las carreteras. Sin embargo, para un gobernante demócrata, al contrario que para un rey, no bastará con que cualquiera pueda desplazarse hasta la propiedad de un tercero por las carreteras del Estado. Un gobierno de este tipo, preocupado por su poder y sus ingresos presentes y no por el valor del capital y, así mismo, constreñido por sentimientos igualitarios, llegará mucho más lejos. Las leyes de no discriminación del gobierno —según las cuales no se puede discriminar a los alemanes, judíos, negros, católicos, indios, homosexuales, etc.— desean facilitar el acceso físico a la propiedad de todos los ciudadanos. A nadie debería sorprender que la llamada legislación para los «derechos civiles» en los Estados Unidos, que prohíbe toda discriminación por motivos de color, raza, origen nacional, religión, género, edad, orientación sexual, discapacidad, etc., y que, por tanto, decreta la integración forzosa[246], coincida con la adopción de una política de inmigración no discriminatoria que, de hecho, impone coactivamente una agregación internacional.

VII

La situación actual en los Estados Unidos y Europa occidental no tiene nada que ver con la inmigración «libre». Se trata, lisa y llanamente, de una integración forzosa, resultado previsible de la política de los gobiernos democráticos, basados en el lema «un hombre, un voto». Para terminar con la integración forzosa haría falta desdemocratizar la sociedad y, en última instancia, abolir la democracia. Particularmente, el poder de admisión y exclusión debería arrancarse de las manos del gobierno central[247] y ser devuelto a los Estados, provincias, ciudades, pueblos, distritos locales y, finalmente, a los propietarios particulares y a sus asociaciones. Los medios para lograrlo son la descentralización y la secesión, característicamente antidemocráticos y antimayoritarios[248]. Si al menos las ciudades y pueblos pudiesen actuar como ya se hiciera en Europa y en los Estados Unidos hasta bien entrado el siglo XIX, nos pondríamos en el camino de la restauración de la libertad de asociación y exclusión, implícita en la idea y la institución de la propiedad privada. Ello solventaría muchos de los conflictos sociales causados actualmente por la integración forzosa. Me refiero a la colocación de señales que avisen sobre los requisitos que se exigen para poder entrar en la ciudad, así como, una vez dentro, penetrar en ciertas propiedades (exclusión de mendigos y vagos, pero también de musulmanes, hindúes, judíos, católicos, etc.); a la expulsión de los intrusos que no cumplan las condiciones de entrada; a la resolución del problema de la «naturalización» de modo parecido a como se hace en Suiza, donde las asambleas locales, no el gobierno central, deciden quienes pueden convertirse en ciudadanos suizos y quienes no.

¿Cuál sería la política de inmigración alternativa más adecuada, al menos en términos relativos, mientras el Estado central democrático se siga arrogando el poder de establecer una política de inmigración nacional uniforme? Lo mejor que podemos esperar, incluso si ello resulta contrario a la «naturaleza» de una democracia y, por tanto, no es fácil que suceda, es que los gobernantes actúen como si fuesen los propietarios particulares del país y tuviesen que decidir a quien excluir o admitir en su propiedad (en sus propios domicilios). Ello les determinaría a seguir una política muy estricta de discriminación en favor de la cualificación personal, el carácter y la compatibilidad cultural.

También se distinguiría, más concretamente, entre «ciudadanos» (inmigrantes naturalizados) y «residentes extranjeros», excluyendo a estos últimos de cualquier derecho a las prestaciones sociales. Así mismo se exigirá que todos, de una u otra categoría, fuesen patrocinados por un ciudadano arraigado, quien se haría responsable por los daños que el inmigrante pudiera causar en la propiedad de terceros. Además, especialmente en la categoría de los ciudadanos, sería necesario que los inmigrantes demostraran fehacientemente, mediante algún tipo de prueba, un dominio suficiente de la lengua inglesa, unas aptitudes intelectuales superiores a la media y un carácter y un sistema de creencias compatibles. Resultaría de todo ello, previsiblemente, una inclinación por la inmigración europea[249].

Capítulo 8

LIBRECAMBIO Y RESTRICCIONES

A LA INMIGRACIÓN

I

Se suele afirmar que el «librecambismo» es a la «inmigración libre» lo que el «proteccionismo» a las «restricciones a la inmigración». Aunque no resulta del todo imposible que puedan combinarse, eventualmente, el proteccionismo con la inmigración libre, o el librecambismo con una actitud favorable a la inmigración restringida, se supone que estas posiciones son intelectualmente inconsistentes y, por tanto, erróneas; se trataría, en el mejor de los casos, de excepciones a la regla general, sobre las que no debemos llevarnos a engaño. Los hechos, al menos en principio, parecen confirmar esa opinión. Como se puso de manifiesto en las últimas elecciones primarias del partido republicano, la mayor parte de los candidatos que se declararon defensores del libre comercio abogaban también por políticas de inmigración relativamente abiertas, mientras que la mayoría de proteccionistas postulan políticas de inmigración muy selectivas y restrictivas. Ahora bien, aunque las apariencias señalan lo contrario, defenderé que esa tesis y su afirmación implícita no son correctas. Demostraré, particularmente, que el librecambismo y la inmigración restringida no sólo son posiciones perfectamente consistentes, sino que se trata de políticas que se refuerzan mutuamente. De modo que no son los abogados del librecambismo y de la inmigración restringida quienes están en un error, sino los librecambistas partidarios de la inmigración libre. Considero que la posición de lo primeros no es «intelectualmente culpable», de modo que, colocándoles en el lugar que les corresponde, espero contribuir a que cambie la opinión pública y propiciar un realineamiento político substancial.

II

Desde la época de Ricardo, nadie ha podido rebatir lógicamente los argumentos a favor del libre comercio. En aras de la claridad argumentativa sería útil exponerlos brevemente, pues ello nos permitirá plantear la reductio ad absurdum de las tesis proteccionistas tal y como las ha presentado recientemente Patrick Buchanan[250].

El argumento central del proteccionismo es el de la protección del empleo nacional. ¿Cómo pueden competir los productores norteamericanos, que pagan salarios de 10 dólares a la hora, con los mexicanos, que pagan 1 dólar o menos? No pueden, se dice, de modo que los empleos norteamericanos se perderían si no se establecieran aranceles a la importación, con el fin de aislar los salarios norteamericanos de la competencia mexicana. Se añade también que el librecambio sólo es posible entre países con salarios iguales, pues sólo en tal caso se compite «en el mismo terreno de juego». No siendo así, como en el caso de los Estados Unidos y México, se hace necesario emparejar el terreno mediante los aranceles. Para Buchanan y sus colegas proteccionistas, una política protectora del trabajo nacional de este tipo traería la prosperidad económica; en apoyo de esta tesis cita diversos ejemplos de países librecambistas que una vez perdieron su preeminente posición económica internacional, como Inglaterra durante el siglo XIX, y países proteccionistas que la alcanzaron, como los Estados Unidos en el siglo XX.

Esta pretendida «prueba empírica» (o cualquier otra) de la tesis proteccionista debe rechazarse inmediatamente, pues contiene la falacia de correlación accidental post hoc, ergo propter hoc. Esa inferencia histórica es muy poco solvente, ¿o es que, tal vez, de la evidencia de que los ricos consumen más que los pobres debería seguirse la conclusión de que el consumo enriquece a la gente? Los proteccionistas como Buchanan no aciertan a comprender las implicaciones de su tesis, pues cualquier argumento a favor del proteccionismo internacional es, simultáneamente, un argumento a favor de los proteccionismos locales y regionales. Las diferencias salariales no sólo se dan, por ejemplo, entre los Estados Unidos, México, Haití o China, sino que también existen entre Nueva York y Alabama, o entre Manhattan, el Bronx y Harlem. Así pues, si fuese cierto que el proteccionismo internacional es la causa de la prosperidad y buena marcha de las economías nacionales, también lo sería que el proteccionismo local y regional aprovecharían igualmente a las diversas localidades y regiones. Pero todavía se puede ir más lejos. Si el argumento proteccionista fuese correcto, ello supondría la condena de todo comercio y la defensa de la tesis de que cualquiera podría convertirse en la persona más próspera y rica limitándose a no comerciar con nadie y manteniéndose en un aislamiento autosuficiente. En ese supuesto, ciertamente, nadie perdería nunca su empleo; así mismo, el desempleo debido a la competencia «desleal» se reduciría a cero. Llevando el argumento proteccionista hasta sus últimas consecuencias se pone de manifiesto que es algo absurdo, pues esa «sociedad de pleno empleo» estaría enferma; la integrarían personas que, aunque trabajasen de sol a sol, estarían condenadas a la pobreza y a la miseria o a perecer de inanición[251].

Aunque el proteccionismo internacional, obviamente, resulta menos destructivo que una política de proteccionismo interpersonal o interregional, tiene los mismos efectos que ésta y constituye una receta para la decadencia económica norteamericana. Es cierto que el proteccionismo salvaría algunos empleos y ciertas industrias americanas, pero esa «salvación» tendría un precio. El nivel de vida y la renta de los consumidores americanos de productos extranjeros se reduciría drásticamente. Para el conjunto de los productores de los Estados Unidos que incorporan a sus negocios los productos de la industria protegida, aumentaría el coste de los factores, lo que les haría menos competitivos internacionalmente. ¿Qué harían los extranjeros con el dinero obtenido de sus exportaciones a los Estados Unidos? O adquirir con él bienes americanos, o dejarlo en los Estados Unidos e invertirlo. Ahora bien, si cesaran o se redujeran sus importaciones, comprarían menos bienes americanos o invertirían cantidades más pequeñas. De esto modo, por salvar unos pocos e ineficientes empleos americanos se destruiría un número mucho mayor de empleos eficientes o se impediría que estos se generasen[252].

El librecambismo no hizo perder a Inglaterra su antigua preeminencia y afirmar lo contrario es una tontería. Perdió su posición a pesar de su política librecambista y a causa de las políticas socialistas que predominaron en Inglaterra durante el último tercio del siglo XIX[253]. Tampoco es cierto que los Estados Unidos alcanzaran una próspera situación económica en el siglo XIX gracias a sus políticas proteccionistas. Más bien la alcanzaron a pesar del proteccionismo y a causa de su inigualable política de laissez-faire. La actual decadencia americana, que Buchanan querría contener y revertir, no es el resultado de supuestas políticas librecambistas, sino de la circunstancia de que en el siglo XX los Estados Unidos adoptaron poco a poco las mismas políticas socialistas que antes habían arruinado a Inglaterra[254].

III

A continuación desarrollaremos el argumento a favor de las restricciones a la inmigración, combinadas con políticas de libre comercio. Defenderemos aquí sistemática y contundentemente ese tipo de restricciones: partiendo de que el librecambio y las restricciones a la inmigración pueden combinarse, pues no se excluyen mutuamente, llegaremos a la conclusión de que el principio fundamental del libre comercio exige en realidad las mencionadas restricciones.

De entrada, ni la más restrictiva de las políticas inmigratorias ni la más exclusiva forma de segregación tienen nada que ver con el rechazo del librecambio y la adopción del proteccionismo. Del hecho de que no queramos asociarnos ni convivir en el vecindario con alemanes, haitianos, chinos, coreanos, mexicanos, musulmanes, hindúes, católicos, etc., no se sigue que no deseemos comerciar con ellos a distancia. Además, incluso en el caso de que el salario real aumentase como resultado de la inmigración, ello no quiere decir que la inmigración tenga que considerarse «buena», pues la riqueza material no es lo único que importa. En realidad, el «bienestar» y la «riqueza» son algo subjetivo; así, hay quien prefiere niveles materiales de vida inferiores y vivir alejado de cierto tipo de gente, a elevados niveles materiales de vida teniendo al lado a esas personas. Es justamente el carácter absolutamente voluntario de la asociación y la separación humanas —la ausencia de cualquier tipo de integración forzosa— lo que hace posible las relaciones pacíficas —librecambio— entre pueblos racial, étnica, lingüística, religiosa o culturalmente diferentes.

La relación entre comercio e migración parece ser inversamente proporcional, pues si aumenta aquél (o ésta) menos se necesita de ésta (o aquél). Permaneciendo lo demás igual, los negocios se trasladan a las áreas de bajos salarios, mientras que el trabajo busca las de salarios altos, determinando una tendencia a la equiparación salarial (para el mismo tipo de trabajo) y a la óptima localización del capital. Pero las fronteras políticas que separan las zonas de altos y bajos salarios, así como las políticas inmigratorias y comerciales nacionales, debilitan esas tendencias normales —inmigración y exportación de capital—. Si los productos mexicanos —provenientes de un área de bajos salarios— pueden entrar libremente en un área de salarios más elevados como los Estados Unidos, el incentivo de los mexicanos para trasladarse a los Estados Unidos será menor. Pero si a los productos mexicanos se les impide el acceso al mercado americano, la atracción ejercida por los Estados Unidos sobre los trabajadores mexicanos será mayor. Del mismo modo, si los productores de los Estados Unidos pueden comprar y vender libremente a los productores y consumidores mexicanos, la exportación de capitales americanos a México disminuirá; sin embargo, si los productores de los Estados Unidos no pueden hacer eso, será más fácil que trasladen su producción a México[255].

Pero la política comercial exterior de los Estados Unidos no es la única que influye sobre la inmigración, también lo hace la política comercial doméstica. El libre comercio interior es a lo que se suele denominar laissez-faire. De lo que se trata, en otras palabras, es de que el gobierno no se injiera en las transacciones voluntarias entre los ciudadanos que afectan a su propiedad privada. La política del gobierno consiste en contribuir a la protección de los ciudadanos y su propiedad frente a las agresiones, daños o fraudes (como en los supuestos del comercio y las agresiones extranjeras). Si los Estados Unidos observasen una estricta política librecambista interior, la inmigración proveniente de regiones con bajos salarios se reduciría; en cambio, las políticas «asistencialistas» hacen más atractiva la inmigración desde las áreas de bajos salarios.

IV

Si un área de altos salarios como los Estados Unidos se comprometiera sin reservas con el libre comercio, tanto en el exterior como en el interior, la presión inmigratoria desde los países de bajos salarios se mantendría baja o se reduciría y la inmigración dejaría de ser un problema acuciante. Por otro lado, en la medida en que los Estados Unidos optaran por una política proteccionista contra los productos de las áreas de bajos salarios y políticas sociales en el interior, esa presión se mantendría alta o incluso aumentaría, ocupando este asunto un lugar privilegiado en la agenda política.

Obviamente, las regiones del mundo con mayores salarios —Norteamérica y Europa occidental— se hallan actualmente en esa situación; la inmigración se ha convertido en ellas en un problema cada vez más urgente[256]. En vista de la creciente presión inmigratoria desde las regiones con más bajos salarios, pueden proponerse tres estrategias generales para afrontarla: la libre inmigración sin restricciones, la libre inmigración condicionada o la inmigración restringida. Aunque aquí nos interesan las dos últimas alternativas, conviene asentar algunas posiciones sobre la libre inmigración sin restricciones, siquiera sea tan sólo para ilustrar que su irresponsabilidad intelectual nos puede llevar al desastre.

Según los postulantes de la libre inmigración incondicional, los Estados Unidos, qua área de altos salarios, se beneficiarían invariablemente de ese tipo de inmigración. En consecuencia, debería practicar una política de fronteras abiertas, sin tener en cuenta las condiciones actuales, ni siquiera que los Estados Unidos están internamente enredados en el proteccionismo y en el asistencialismo social[257]. Con seguridad, una propuesta tan fantástica tiene que chocar a una persona razonable, pues supone que los Estados Unidos o, mejor todavía, Suiza, decretarían la eliminación de los controles fronterizos con el fin de que cualquiera que pueda pagarse el pasaje tenga derecho a entrar en el país y, como un residente más, acceder a todas las prestaciones asistenciales «normales». ¿Puede dudar alguien de las desastrosas consecuencias que tendría hoy una medida semejante? Los Estados Unidos, y aún antes Suiza, ya debilitados por el proteccionismo y el asistencialismo, serían invadidos por millones de inmigrantes del Tercer mundo[258]. El coste de la asistencia social se dispararía inmediatamente, la estrangulada economía llegaría al colapso y, finalmente, se desintegraría, una vez que el fondo de subsistencia (las reservas de capital acumuladas y heredadas —de los padres y antepasados—) fuese saqueado. La civilización desaparecería sin dejar rastro de los Estados Unidos y Suiza, como ya lo hizo una vez en Grecia y Roma[259].

Puesto que la libre inmigración sin condiciones es como aconsejar el suicido de la sociedad, la posición lógica entre los librecambistas será una alternativa a ese tipo de inmigración. Según esto, los Estados Unidos y Suiza tendrían que volver a instaurar plenamente el librecambio y abolir todos los programas asistencialistas con cargo a impuestos; sólo entonces se podrían abrir las fronteras a cualquiera que deseara venir. En el ínterin, mientras el Estado de bienestar subsistiese, la inmigración estaría sometida a una condición: la exclusión de los inmigrantes de la asistencia social.

Aunque el error de este planteamiento no es tan obvio, ni sus consecuencias tan dramáticas como las que están asociadas con la posición de la inmigración sin restricciones, se trata empero de un error pernicioso. Es cierto que estas medidas reducirían la presión inmigratoria sobre los Estados Unidos y Suiza, pero no la harían desaparecer. La política librecambista, doméstica y exterior, aumentaría los salarios con respecto a los de otros países (con menos esclarecidas políticas económicas). La atracción ejercida por Estados Unidos y Suiza podría incluso ser mayor. Como quiera que alguna presión inmigratoria subsistiría, tendría que habilitarse algún tipo de política al respecto. ¿Acaso exigen los postulados básicos del librecambismo que esa política tenga que ser necesariamente la de la libre inmigración sin restricciones? No. No hay analogía entre el librecambio y la libre inmigración, tampoco entre las restricciones al comercio y a la inmigración. Los fenómenos del comercio y la inmigración son diferentes en un aspecto esencial y el significado de «libre» y «restringido» apuesto a ambos términos es categorialmente diferente. La gente puede moverse y emigrar, pero los bienes y servicios no pueden hacerlo por si mismos.

Para decirlo de otra manera, mientras que una persona puede emigrar de un lugar a otro sin contar con la voluntad de un tercero, los bienes y servicios no pueden ser enviados a ningún sito sin el acuerdo del librador y el receptor de los mismos. Por trivial que pueda parecer esta distinción, tiene consecuencias trascendentales, pues libre comercio significa comerciar sólo a requerimiento de las familias y empresas; del mismo modo, comercio restringido no significa proteger a las familias y empresas contra la llegada de bienes o servicios no demandados, sino la invasión y expropiación del derecho de aquellas a aceptar o rechazar la entrada de bienes y servicios en su propiedad. Por el contrario, la libre inmigración no es una inmigración condicionada por una invitación previa de las familias o firmas, sino una invasión no deseada o una integración forzosa; en cambio, la inmigración restringida significa de hecho la protección de las familias y empresas frente a una invasión no deseada y una integración forzosa. Claramente, la defensa del libre comercio y la inmigración restringida están basadas en el mismo principio, a saber: que tanto las personas como los bienes y servicios necesitan de una invitación previa.

La posición de los partidarios del librecambio y el libre mercado que optan por la libre inmigración condicionada resulta intelectualmente inconsistente. La libertad de los mercados y el comercio significa que los propietarios privados pueden recibir o librar bienes y servicios sin la interferencia gubernativa. El gobierno no debe estorbar el comercio interior y exterior, pues para cada bien o servicio librado existe un receptor que desea pagar por él. De aquí se deduce que todo cambio de ubicación de un bien o servicio como consecuencia de un acuerdo entre librador y receptor, resultará beneficioso para ambas partes. La exclusiva misión del gobierno es el mantenimiento del proceso comercial, protegiendo a los ciudadanos y sus propiedades. Sin embargo, con respecto al movimiento de las personas, el gobierno no agotará su misión protectora limitándose a consentir que los acontecimientos sigan su curso, pues la gente, al contrario que los productos, tiene una voluntad y puede migrar. Según esto, los movimientos de población, al contrario que los envíos de mercaderías, no son per se mutuamente beneficiosos, pues no siempre —necesaria e invariablemente— son el resultado del acuerdo entre un librador y un receptor concretos. Puede haber envíos (inmigrantes) no deseados por los receptores domésticos. En ese caso, los inmigrantes se convierten en invasores extranjeros y la inmigración representa un acto de invasión.

Mas la primordial función protectora del gobierno incluye también la prevención de las invasiones extranjeras y la expulsión de los intrusos, de modo que para cumplir su cometido y someter a los inmigrantes al mismo régimen que las importaciones (invitación previa de los residentes), no puede legítimamente autorizar el tipo de inmigración recomendada por la mayoría de librecambistas. Imaginemos nuevamente que los Estados Unidos y Suiza abren sus fronteras a cualquiera que quiera entrar en el país, con la única condición de que los inmigrantes están excluidos de los beneficios de la asistencia social (que se reservaría para los ciudadanos de cada país). Aparte del problema sociológico que supone la creación de dos categorías de residentes y las tensiones sociales que ello acarrearía, no hay duda de las graves consecuencias que este experimento acarrearía[260]. El resultado no sería tan drástico e inmediato como en el escenario de la libre inmigración incondicional, pero no se evitaría la masiva invasión extranjera y, en última instancia, la destrucción del modo de vida norteamericano y suizo. Aunque no se dispensara asistencia social a los inmigrantes, estos aún podrían vivir sin trabajar y subsistir en las calles y parques públicos de los Estados Unidos y Suiza, lugares en los que la vida resulta confortable en comparación con las condiciones que la existencia «cotidiana» impone en otras partes del mundo. Así pues, el gobierno de un área de altos salarios que quiera cumplir su misión como protector de los ciudadanos y sus propiedades, no puede adoptar una política inmigratoria de laissez-passer, sino que tendrá que adoptar medidas restrictivas[261].

V

Una vez reconocido que los partidarios del librecambio y del libre mercado no pueden defender la libre inmigración sin incurrir en contradicciones y que, por tanto, la inmigración debe ser lógicamente restringida, se aceptará fácilmente cómo limitarla. De un modo u otro, todos los gobiernos de las áreas con elevados salarios ponen actualmente condiciones a la inmigración. En ningún lugar del mundo la inmigración es «libre». Sin embargo, las restricciones impuestas por ejemplo por los Estados Unidos y Suiza son totalmente diferentes. ¿Cuáles son las restricciones que deben mantenerse? Más concretamente, ¿qué medidas limitadoras de la inmigración están obligados a adoptar los partidarios del mercado y del libre comercio en pro de sus ideas?

He aquí el principio rector de la política de inmigración de un país con elevados salarios: únicamente es libre la inmigración requerida. Los detalles se deducen de la elucidación de los conceptos de invitación o requerimiento e invasión e integración obligatoria.

Como referencia conceptual presupondremos la existencia de lo que los filósofos políticos han denominado anarquía de la propiedad privada, anarco-capitalismo o anarquía ordenada[262]. En esa hipótesis, toda la tierra está en manos de propietarios particulares, incluyendo las calles, ríos, puertos y aeropuertos. Con respecto a ciertas porciones de tierra, el título dominical sobre ellas puede no tener limitaciones, lo que quiere decir que el propietario puede hacer lo que le plazca con su propiedad, en tanto no dañe físicamente la propiedad de los demás. Para el resto de territorios, el correspondiente título dominical puede atribuir más o menos facultades. Como sucede ahora en ciertos desarrollos urbanísticos, el propietario puede ver limitadas contractualmente sus facultades dominicales (pactos restrictivos, distribución voluntaria de usos), lo que puede afectar el suelo a usos comerciales o más bien residenciales, excluir la edificación de más de cuatro alturas o la venta o alquiler a parejas de hecho, fumadores o alemanes, pongamos por caso.

Evidentemente, en una sociedad como esta no hay nada parecido a la libertad de inmigración o un derecho de tránsito del inmigrante. Cualquier propietario, en función de la mayor o menor amplitud de sus títulos dominicales, es libre de admitir o excluir a los demás de su propiedad. La admisión en ciertos territorios puede ser fácil, mientras que en otros resultaría casi imposible. Además, el hecho de que alguien sea admitido en una propiedad no le confiere la «libertad de merodear», a no ser que otros propietarios estén de acuerdo con tales movimientos. La magnitud de la inmigración, la hospitalidad o el rechazo, la agrupación o la segregación, la discriminación o la equiparación de los inmigrantes dependería, en suma, de los propietarios particulares o de sus asociaciones[263].

Traemos a colación el modelo de sociedad anarco-capitalista porque en ella no cabe, pues no está permitida, la integración forzosa (inmigración no solicitada). En este escenario no hay diferencias entre los movimientos físicos de los bienes y las migraciones humanas. Si la expedición de cualquier producto refleja un acuerdo previo entre el receptor y el librador, la entrada de los inmigrantes en una sociedad anarco-capitalista, o sus movimientos dentro de ella, son la consecuencia del acuerdo entre el inmigrante y uno o más propietarios receptores. Así pues, aun en el caso de que el modelo anarco-capitalista fuese rechazado finalmente —aceptándose, por «realismo», la existencia de un gobierno y bienes y propiedades públicos (además de privados)—, se habría conseguido al menos poner de relieve el tipo de política de inmigración que debe practicar un gobierno legitimado por la soberanía del «pueblo», expresión de un pacto o «contrato social» (condiciones estas que se cumplen, presumiblemente, en todos los gobiernos post-monárquicos contemporáneos). Ciertamente, un gobierno «popular» que asumiera como misión primordial la protección de sus ciudadanos y sus propiedades (la producción de seguridad interior), aspiraría más bien a preservar, no a abolir, la integración voluntaria característica del anarco-capitalismo.

Ahora bien, ¿cómo influye sobre una sociedad anarco-capitalista la instauración de un gobierno? ¿Cómo afecta al problema de la inmigración? En una sociedad anarco-capitalista no existe gobierno, tampoco una distinción bien definida entre «moradores» (ciudadanos nacionales) y extranjeros. Esta distinción aparece al establecerse un gobierno. El territorio sobre el que se extiende su poder se convierte en «interior»; así mismo, quien resida fuera de ese territorio deviene un extranjero. Aparecen entonces las fronteras (y pasaportes) estatales, tan diferentes de los límites de la propiedad (y títulos dominicales), y la inmigración adquiere un nuevo significado. La inmigración consiste en el tránsito fronterizo de los extranjeros, sobre cuya admisión ya no pueden decidir los propietarios, sino el gobierno, monopolista de la producción de seguridad. En estas condiciones, si el gobierno excluyera a una persona habiendo un residente que deseara admitirla en su propiedad, el resultado sería la exclusión forzosa. En cambio, si el gobierno admitiese a personas que ningún residente querría tener en su propiedad, la consecuencia sería la integración forzosa.

La fundación del gobierno institucionaliza la propiedad y los bienes públicos; es decir, un tipo de propiedad y bienes de los que disponen colectivamente los residentes nacionales y que están controlados y administrados por el gobierno. El problema de la inmigración dependerá, en este sentido, de la magnitud de la propiedad pública. Consideremos una sociedad socialista como la Unión Soviética o Alemania del Este. Todos los factores productivos (bienes de capital), incluyendo toda la tierra y los recursos naturales, son de titularidad pública. Según esto, si el gobierno admite a un inmigrante a quien nadie ha invitado a venir, esa admisión tendrá efectos para todo el país; en efecto, excluida la propiedad privada de la tierra, no existirían más limitaciones a sus desplazamientos interiores que las decretadas por el gobierno. Bajo un régimen socialista, la integración forzosa se generaliza e intensifica enormemente. (En la Unión Soviética y Alemania de Este el gobierno podía alojar a un extraño en la casa o apartamento de otra persona. Este tipo de medidas, así como el reforzamiento de la integración obligatoria, se justificaban por el «hecho» de que todas las casas particulares están edificadas sobre suelo público[264]).

Los países socialista no fueron áreas de salarios altos. Aunque lo hubiesen sido, no habrían podido mantener por mucho tiempo esa situación. Su problema no era la presión de la inmigración, sino la de la emigración. La Unión Soviética y Alemania del Este prohibieron la emigración y dieron muerte a quienes intentaron abandonar el país[265]. Sin embargo, el problema de la ampliación y la intensificación de la integración forzosa persiste en países no socialistas como los Estados Unidos, Suiza o la Alemania reunificada, destinos preferidos por la inmigración. En ellos, ciertamente, no podría un inmigrante aceptado por el gobierno trasladarse a cualquier sitio, pues su libertad de movimiento se halla severamente limitada por la propiedad privada, la de la tierra en particular. Sin embargo, sirviéndose de las carreteras públicas y de los transportes públicos, del suelo, parques y edificios públicos, un inmigrante podría atravesar el país y llegar a cualquier barrio. Si la cantidad de propiedad pública fuese menor, sería más difícil que eso ocurriera; aún así, mientras se mantenga alguna propiedad pública el problema no se podrá evitar del todo.

VI

Un gobierno de base popular que aspire a proteger a los ciudadanos y sus propiedades de la integración forzosa y los invasores extranjeros, puede emplear dos métodos: uno correctivo y otro preventivo. El método correctivo va encaminado a atenuar los efectos de la integración forzosa una vez que los invasores ya se han aposentado. Para lograrlo, el gobierno tiene que reducir la propiedad pública y ampliar la privada cuanto le sea posible; cualquiera que sea la proporción entre una y otra, debe el gobierno hacer valer el derecho de los propietarios privados a admitir y excluir a terceros de su dominio. Si toda propiedad fuese privada y el gobierno la fomentara haciendo respetar los derechos de los propietarios, los inmigrantes a quien nadie hubiese llamado, incluso si pudieron atravesar la frontera y adentrarse en el país, no tendrían probablemente nada que hacer allí.

El mayor perfeccionamiento de esta política correctora, es decir, una difusión superior de la propiedad privada, haría menos necesarias medidas protectoras como la defensa fronteriza. El coste de la protección contra los invasores extranjeros a lo largo de la frontera de los Estados Unidos y México resulta comparativamente alto porque durante largos trechos no existe la propiedad privada en el lado norteamericano. Aunque el coste de la protección de fronteras se redujese gracias a la privatización, no desaparecería empero del todo mientras se mantuviesen diferenciales de rentas y salarios tan divergentes entre los territorios de altos y bajos sueldos. Por ello, para cumplir su función protectora básica, el gobierno de un área de elevados salarios también desarrollaría medidas de tipo preventivo. En todos los puertos de entrada al país y a lo largo de todas sus fronteras, el gobierno, encargado por sus ciudadanos de ello, tendría que exigir a los recién llegados una «entrada», es decir, una invitación válida cursada por un propietario residente; quien no dispusiera de dicha entrada sería expulsado a sus propias expensas.

Son invitaciones válidas los contratos entre uno o más propietarios receptores —residentes o comerciantes— y el recién llegado. Tratándose de una admisión contractual, la parte que invita únicamente puede disponer de su propiedad particular. De modo que, como sucede en el escenario de la libre inmigración condicionada, la admisión implica que el inmigrante será excluido de la asistencia pública financiada con impuestos. Por otro lado, ello supone también que la parte receptora tiene que asumir la responsabilidad legal derivada de las acciones de su invitado durante su estancia en el país. Quien le invitó deberá responder económicamente con todas sus propiedades por cualquier delito cometido por su invitado contra la persona o la propiedad de un tercero (lo mismo que los padres responden por los daños causados por sus descendientes mientras están bajo su patria potestad). Esta exigencia legal, que obligaría al residente receptor a contratar un seguro de responsabilidad civil que cubra a todos sus invitados, desaparece cuando estos abandonen el país u otro propietario asuma la responsabilidad derivada de las acciones de la persona en cuestión, al admitirla en su propiedad.

La invitación puede ser privada (personal) o comercial, temporal o permanente, relativa sólo al alojamiento (residencia) o también al empleo, pero no será válido un contrato referido únicamente al empleo y no al alojamiento[266]. En todo caso, empero, como relación contractual, cada invitación puede ser revocada o interrumpida por el huésped, en cuyo caso, el invitado —se trate de un turista, un hombre de negocios que está de paso o un residente extranjero— tendrá que dejar el país (a no ser que otro ciudadano residente llegue a concertar con el una invitación-contrato).

El invitado, sujeto en todo momento al riesgo potencial de la expulsión inmediata, sólo puede cambiar su estatuto legal de no residente o residente extranjero adquiriendo la ciudadanía. De conformidad con el objetivo de transformar en contractual toda inmigración, el requisito fundamental para obtener la ciudadanía será convertirse en propietario o, más exactamente, adquirir casa y otros bienes raíces. Por el contrario, resultaría inconsistente con la idea de inmigración que aquí se defiende la concesión de la ciudadanía según el principio de territorialidad, como en los Estados Unidos, según el cual un niño nacido de un no residente o de un residente extranjero adquiere automáticamente la nacionalidad estadounidense. De hecho, como reconoce la mayoría de gobiernos del resto de áreas con salarios altos, ese niño debería adquirir la nacionalidad de sus padres. El gobierno que le otorga la nacionalidad no está cumpliendo con sus funciones protectoras básicas, pues ello constituye un acto invasivo perpetrado contra su propia ciudadanía. Convertirse en ciudadano significa que se adquiere el derecho a permanecer en un país permanentemente; por otro lado, no hay otro modo de asegurar una invitación permanente que adquirir vivienda en propiedad. Un ciudadano sólo muestra efectivamente su conformidad con la presencia permanente de un extranjero cuando le vende bienes raíces. Del mismo modo, sólo un inmigrante que arraiga adquiriendo y pagando propiedad inmobiliaria y residencial asumirá un interés permanente en el bienestar y la prosperidad del país huésped. Pero en ocasiones no basta con que un ciudadano desee vender una vivienda a quien pueda pagarla. En tanto que la propiedad en cuestión esté sometida a pactos restrictivos, los obstáculos que debe sortear un futuro ciudadano pueden ser muy importantes[267]. En Suiza, por ejemplo, la ciudadanía puede estar condicionada por la aprobación de la venta de la vivienda a un extranjero por la mayoría o eventualmente todos los propietarios locales directamente afectados.

VII

Juzgado en función de una política de inmigración que le obliga a proteger a los propios ciudadanos de la invasión extranjera y de la integración forzosa, y a promover el carácter contractual de los movimientos migratorios internacionales, el gobierno suizo lo ha hecho mucho mejor que el de los Estados Unidos. Entrar en Suiza sin invitación o permanecer en el país en esas condiciones es relativamente más difícil. Preservada más claramente allí la distinción legal entre ciudadanos residentes y residentes extranjeros, que uno de estos adquiera la ciudadanía suiza resulta muy complicado. A pesar de estas diferencias, las políticas inmigratorias de los dos gobiernos son excesivamente permisivas. Además, la exposición de las poblaciones suiza y norteamericana a la integración forzosa con los extranjeros se ve agravada por las extraordinarias dimensiones que alcanza la propiedad pública en los dos países (y en otras áreas de altos salarios); por el altísimo y creciente gasto asistencial financiado con cargo a impuestos que no excluye a los extranjeros; y, en contra de los pronunciamientos oficiales, porque incluso la observancia de las políticas librecambistas es cualquier cosa menos perfecta. En Suiza, en los Estados Unidos y la mayor parte de las zonas con salarios altos, las protestas populares contra las políticas de inmigración no han dejado de arreciar. En este capítulo se ha pretendido no sólo defender la privatización de la propiedad privada, el laissez-faire interior y el libre comercio internacional, sino también, particularmente, la adopción de una política de inmigración restrictiva. Demostrando que el librecambio no se compagina ni con la libre inmigración condicionada, ni con la incondicionada, sino que más bien necesita de una entrada de inmigrantes sometida a un régimen de invitación contractual, queremos contribuir al esclarecimiento de las políticas futuras.

Capítulo 9

COOPERACIÓN, TRIBU,

CIUDAD Y ESTADO

I

Ludwig von Mises ha explicado la evolución de la sociedad —de la cooperación humana basada en la división del trabajo— como el resultado de la combinación de dos factores. En primer lugar, las diferencias entre los hombres (trabajo) o las desigualdades de la distribución geográfica de los factores naturales de la producción (tierra); en segundo lugar, el reconocimiento de que las tareas acometidas mediante la división del trabajo resultan más productivas que si se realizan en un aislamiento autárquico. Mises escribió: «Mientras el trabajo resulte más fecundo bajo el signo de la división del mismo y en tanto el hombre sea capaz de advertir este hecho, la acción humana tenderá espontáneamente a la cooperación y a la asociación. No se convierte el individuo en ser social sacrificando sus personales intereses ante el altar de un mítico Moloch, la sociedad, sino simplemente porque aspira a mejorar su propio bienestar. La experiencia enseña que esta condición —la mayor productividad de la división del trabajo— aparece porque su causa —la innata desigualdad de los hombres y la desigual distribución geográfica de los factores naturales de producción— es real. Y así podemos comprender el curso de la evolución social»[268].

Merece la pena resaltar aquí algunos aspectos para comprender adecuadamente la doctrina miseana de la naturaleza de la sociedad —lo que nos ayudará también a obtener algunas conclusiones preliminares sobre el papel del sexo y la raza en la evolución social—. De entrada, es importante reconocer que las desigualdades con respecto al trabajo o la tierra son necesarias, pero en modo alguno una condición suficiente para la emergencia de la cooperación humana. Si todos los hombres fuesen idénticos y estuviesen igualmente dotados de recursos naturales, todos producirían la misma cantidad de bienes y de la misma calidad, de modo que a nadie se le hubiese ocurrido la idea del intercambio y la cooperación. Sin embargo, la existencia de desigualdades no basta para que se establezca la cooperación. También existen diferencias en el reino animal —entre las más notables: la diferencia de sexo (género) entre los miembros de la misma especie animal y las diferencias entre las distintas especies y subespecies (razas)—, si bien no existe en él nada parecido a la cooperación. De las abejas y las hormigas se dice, ciertamente, que son «animales sociales», pero las sociedades que conforman sólo lo son en un sentido metafórico[269]. La cooperación entre las abejas y las hormigas está asegurada biológicamente por los instintos innatos. No pueden no cooperar y salvo que se altere su genotipo, la cooperación entre ellas no corre peligro. Al contrario, la cooperación entre humanos es el resultado de acciones humanas finalistas, del objetivo consciente de alcanzar ciertas metas individuales. Es por ello que la división del trabajo entre los hombres está continuamente amenazada por la posibilidad de desintegración.

La diferenciación de los sexos en el reino animal es un factor de atracción —de reproducción y multiplicación de la especie—; en cambio, las diferencias de las especies y subespecies constituye un factor de repulsión —de separación o incluso de un antagonismo fatal, de evasión, de lucha y de aniquilación—. Carece de sentido describir las conductas resultantes de la atracción sexual como algo consentido (amor) o no (violación); así mismo, tampoco puede hablarse de la relación entre los miembros de diferentes especies o subespecies como relación de hostilidad y odio, o de criminal y víctima. En el reino animal no se registran conductas cooperativas (sociales) ni criminales (antisociales), sino únicamente la interacción. Como dice el propio Mises, «hay interacción —influencia recíproca— entre todas las partes del universo: entre el lobo y la oveja devorada; entre el microbio y el hombre a quien mata; entre la piedra que cae y el objeto sobre el que choca. La sociedad, al contrario, implica siempre la actuación cooperativa con miras a que todos los partícipes puedan alcanzar sus propios fines»[270].

Junto a la desigualdad en el trabajo y la tierra, el desarrollo de la cooperación humana necesita que se satisfaga una segunda exigencia: la aptitud de los hombres —al menos de dos de ellos— para discernir la superior productividad del trabajo basado en el reconocimiento mutuo de la propiedad privada (del control exclusivo de todo hombre sobre su propio cuerpo y sobre sus adquisiciones y posesiones físicas), comparada con el aislamiento autárquico, la agresión y el sojuzgamiento. Tiene que existir, por tanto, un mínimo de inteligencia o racionalidad; y los hombres —al menos dos de ellos— tienen que tener la suficiente fortaleza moral para actuar de esta manera y la voluntad para renunciar a la gratificación inmediata a cambio de una satisfacción futura mayor. A no ser por su inteligencia, escribe Mises, «los hombres habrían continuado siendo siempre enemigos mortales entre sí, los unos frente a los otros, rivales irreconciliables en sus esfuerzos por apropiarse porciones siempre insuficientes del escaso sustento que la naturaleza espontáneamente proporciona. Cada uno vería en su semejante un enemigo; el indomeñable deseo de satisfacer las propias apetencias habría provocado implacables conflictos. Ningún sentimiento de amistad y simpatía hubiera podido florecer en tales condiciones»[271].

Un miembro de la raza humana completamente incapaz de comprender la mayor productividad de la división del trabajo y la propiedad privada no es, propiamente hablando, una persona, sino que moralmente es como un animal —de los inofensivos (que son domesticados y empleados como un bien de consumo o de producción, o utilizados como «bienes libres») o de los salvajes y peligrosos (que hay que combatir como una plaga)—. Por otro lado, algunos miembros de la especie humana son capaces de comprender ese proceder, pero carecen de la fortaleza moral para actuar en consecuencia. Ese tipo de personas, o son brutos inofensivos que viven al margen y apartados de la sociedad o criminales más o menos peligrosos. Hay también personas que actúan mal a sabiendas y que además de ser reprimidas o incluso reducidas físicamente, deben ser castigadas proporcionalmente a la gravedad de su crimen, para hacerles así entender la naturaleza de sus fechorías y puedan aprender la lección para el futuro. La cooperación humana (sociedad) sólo progresará en la medida en que el hombre sea capaz de enseñorear, ocupar, domesticar y cultivar su entorno físico y animal y, así mismo, suprimir el crimen, reduciéndolo a algo excepcional mediante la autodefensa, la protección de la propiedad y el castigo[272].

II

Cuanto antes se verifiquen estas condiciones y en la medida en que el hombre, motivado por el conocimiento de la mayor productividad física de la división del trabajo basada en la propiedad privada, participe en los intercambios mutuamente beneficioso, las fuerzas «naturales» de repulsión o enemistad que tienen su causa en las diferencias entre las razas o incluso dentro de ellas, pueden ser transformadas en genuinas relaciones «sociales». La atracción sexual y la copulación pueden transformarse en una suerte de relación «contractual», en una vinculación recíproca, en familias, amor y afecto[273]. (Ninguna otra institución ha demostrado ser tan duradera y capaz de producir este tipo de emociones como la familia patrimonial). Los sentimientos de enemistad u hostilidad, propios de la repulsión interracial e intrarracial, pueden trocarse en la preferencia por la cooperación (comercio) con gentes física y geográficamente apartadas, preferentemente de un modo indirecto[274].

La cooperación humana (división del trabajo), basada en la unidad del patrimonio familiar y en la pluralidad de haciendas, aldeas, tribus, naciones, razas, etc., operante sobre las repulsiones y atracciones propias de la condición biológica del hombre para transformarlas en un sistema mutuamente reconocido de distribución espacial (o geográfica) —o de aproximación e integración física, o de separación o segregación, o de contacto directo o indirecto, intercambio y comercio—, produce una mejora de los niveles de vida, un crecimiento de la población y la ulterior intensificación y extensión de la división del trabajo, y la creciente diversidad y diferenciación[275].

El resultado de este desarrollo y del cada vez más rápido aumento de los bienes y los deseos que pueden ser adquiridos y satisfechos sólo de manera indirecta, es la aparición de negociantes profesionales, mercaderes y centros comerciales. Los mercaderes y ciudades operan como instancias mediadoras de los intercambios indirectos entre haciendas y asociaciones comunales territorialmente separadas, deviniendo con ello los factores de difusión de la asociación intertribal e interracial. Dentro de la clase de los mercaderes serán relativamente más frecuentes los matrimonios mixtos (interraciales, interétnicos, intertribales); en la medida en que la mayoría de la población de los grupos de referencia desapruebe ese tipo de alianzas, serán los miembros más pudientes de esa clase quienes puedan permitirse semejantes extravagancias. Sin embargo, incluso los mas ricos de las familias de negociantes se mostrarán muy prudentes ante estos empeños. Para no arriesgar su propia posición como mercaderes, se cuidarán de que cualquier matrimonio mixto sea, o al menos lo parezca, un matrimonio entre «iguales». En consecuencia, la combinación racial entre las clases comerciantes muy probablemente contribuirá a la «mejora» genética (más que a la «depauperación»)[276]. Según esto, será en las grandes ciudades como centros de comercio y negocios internacionales, donde las parejas mixtas y su descendencia habiten, donde los miembros de diferentes etnias, tribus, razas, incluso si no se casan entre ellos, tengan un trato personal directo con los otros y donde se desarrollen los más sofisticados sistemas de integración y separación física y funcional[277]. Será también en las grandes ciudades donde, como reflejo subjetivo del complejo sistema de distribución espacio-funcional, los ciudadanos desarrollen sus más refinadas habilidades personales y profesionales, etiqueta social y estilo. La ciudad engendra la civilización y la vida civilizada.

Para mantener el orden y el derecho en una gran ciudad, con su complejo modelo de integración y separación funcional y física, aparecerá una gran variedad de jurisdicciones, jueces, árbitros y agencias de ejecución, que han de sumarse a la autodefensa y a la protección privada. Existirá lo que bien podría denominarse gobernación de la ciudad, pero no Estado[278]. La institución de un gobierno necesita que uno de esos jueces, árbitros o agencias de ejecución se imponga como monopolista. Es decir, tiene que porfiar para que los ciudadanos no puedan elegir a otro como juez o árbitro o última instancia y, así mismo, suprimir a los jueces o árbitros que le disputan el desempeño de ese papel. Más relevante que la cuestión de la naturaleza del gobierno es, empero, lo siguiente: ¿cómo puede ser que un juez se convierta en monopolista, teniendo en cuenta que los demás jueces se opondrán naturalmente a semejante intento? ¿Qué lo hace posible? ¿Qué implicaciones tiene el establecimiento de un monopolio de la ley y el orden en una gran ciudad, es decir, sobre un territorio habitado por diversas etnias, tribus o razas?

De entrada, el establecimiento de un gobierno de varias razas, tribus, etnias o clanes familiares en una ciudad hará aumentar, casi por definición, las tensiones, pues el monopolista, quienquiera que sea, tiene que pertenecer a alguno de los grupos; de modo que ser el monopolista será considerado por los ciudadanos de otras etnias como una postergación injuriosa, es decir, como un acto de discriminación arbitraria. El delicado equilibrio de la pacífica cooperación racial, tribal o familiar, habilitado mediante un complejo sistema de integración (asociación) y separación (segregación) espacial y funcional, será alterado. En segundo lugar, en este razonamiento se prefigura la estrategia del magistrado que es capaz de imponerse a todos los demás. Para superar la resistencia de los jueces competidores, un aspirante a monopolista tiene que encontrar el apoyo de la opinión pública. En un medio étnicamente complejo esto significa, característicamente, jugar la «baza racial». El futuro monopolista tiene que estimular la conciencia tribal, racial o de clan entre los ciudadanos de su propio grupo y prometer, a cambio de su apoyo, ser más que un juez imparcial en los asuntos relacionados con la propia raza, tribu o clan; es decir, lo mismo que temerían los ciudadanos de otra raza: el ser tratados con menos imparcialidad[279].

Permítasenos en este punto del análisis sociológico, prescindiendo de ulteriores explicaciones, introducir brevemente unos cuantos elementos adicionales necesarios para establecer un escenario realista para el estudio de la raza, el sexo, la sociedad y el Estado. Un monopolista intentará mantener su posición y, si la ocasión se presenta, transformarla en un título hereditario —haciéndose, por tanto, rey—. Acometer esta empresa es mucho más difícil en una ciudad heterogénea que en una comunidad rural homogénea. Los gobiernos de las grandes ciudades tienden, en cambio, a adoptar la forma de una república democrática —con «entrada sin restricciones» a la posición del legislador supremo, partidos políticos rivales y elecciones populares[280]—. En el transcurso del proceso de centralización política[281] —la expansión territorial de un gobierno a costa de otro— este modelo de gobierno de una gran ciudad perfeccionó la única forma bajo la cual es posible: la del Estado democrático que ejerce el monopolio judicial sobre un territorio poblado por razas o etnias totalmente diferentes.

III

El monopolio jurisdiccional de los gobiernos se extiende actualmente más allá de una simple ciudad, abarcando, en algunos casos, casi un continente completo. Su impacto sobre las relaciones entre las razas o los sexos y la proximidad o lejanía del gobierno, puede observarse óptimamente en la declinación de las grandes ciudades contemporáneas como centros de civilización y su transformación en centros de decadencia y degeneración.

El pluriverso de Estados y la división entre amigos y enemigos es la consecuencia de que existan gobiernos centralizadores, imperantes sobre numerosas ciudades y áreas rurales. Pero esto no tiene un efecto inmediato donde no hay extranjeros (miembros de diferentes etnias, razas, etc.) En los grandes centros comerciales, donde la población es heterogénea, la distinción legal entre moradores (amigos) y extranjeros (enemigos) —más que la diferenciación racial o étnica entre los propietarios privados— conducirá invariablemente a alguna forma de exclusión forzosa y a una reducción del nivel de cooperación interétnica. Por otro lado, un Estado centralizador reducirá sistemáticamente la autonomía y la separación física entre la ciudad y el campo. Para ejercer su monopolio jurisdiccional, el gobierno central deberá procurarse el acceso a la propiedad de todos los ciudadanos, para lo cual necesitará controlar todos los caminos e incluso ampliar la red de comunicaciones. Los diversos hogares y pueblos estrecharán sus relaciones, probablemente más de lo que ellos hubiesen preferido, y la distancia física y la separación mediadora entre la ciudad y el campo se verá significativamente disminuida. El resultado será la integración forzosa interior.

Naturalmente, esta tendencia hacia la integración forzosa favorecida por la monopolización de las carreteras y las calles estará más pronunciada en las ciudades. Tendencia que se intensificará cuando el gobierno se aposente en una urbe para establecer en ella su sede. Un gobierno elegido por el pueblo no puede dejar de utilizar su monopolio jurisdiccional para ocuparse de las políticas redistributivas en beneficio de su circunscripción étnica o racial, lo que invariablemente atraerá a un número cada vez mayor de miembros de su propia tribu. Los sucesivos cambios en el gobierno arrancarán del campo a un número creciente de individuos, de una u otra tribu, que acudirán a la ciudad para recibir los trabajos y las dádivas del gobierno. La ciudad capital se verá así «sobredimensionada» (igual que otras ciudades menguarán), pero no será la única consecuencia, pues el monopolio de las calles «públicas» —por las que cualquiera puede desplazarse a su conveniencia— engendrará todo tipo de tensiones y animosidades étnicas, tribales o raciales.

Por otro lado, mientras que en la época anterior los matrimonios mixtos eran excepcionales, quedando restringidos a los estratos superiores de la clase mercantil, con la llegada a la capital de burócratas y vagabundos de variado origen, la frecuencia de los matrimonios interétnicos aumentó y las relaciones sexuales interétnicas —incluso al margen del matrimonio— se desplazaron mayormente hacia las clases bajas —incluso a aquellas que dependían de la asistencia social—. En estas condiciones no se producirá la mejora genética, sino el empobrecimiento, tendencia fomentada además por el asistencialismo gubernamental, entre cuyos beneficiarios se disparó la natalidad en relación con los miembros de las clases superiores de su propia tribu o raza. Este crecimiento más que proporcional de la gente de las clases inferiores y el número creciente de descendientes mestizos, especialmente en los estratos sociales ínfimos, determinó la gradual transformación del carácter democrático (popular) del gobierno. La «baza racial» dejó de ser el instrumento básico de la política, convertida desde ese momento en una «política de clase». Los miembros del gobierno ya no pudieron contar exclusivamente con sus activos y apoyos étnicos, tribales o raciales, sino que se vieron obligados a encontrar el apoyo de otros grupos apelando al sentimiento de la envidia y del igualitarismo, que no tiene un carácter particularista sino universal —nacieron así las clases sociales (la de los intocables o los esclavos y la de los señores; la de los trabajadores y los capitalistas; la de los pobres y los ricos, etc.)—[282], [283]

El amalgamamiento de la política igualitarista de clase con las políticas tribales desencadenó un gran número de tensiones, agravando la hostilidad social y racial. A ello se debió también la gran proliferación de la población de las clases inferiores. La expulsión de las ciudades de ciertos grupos, como resultado de políticas tribales, estuvo acompañada del extrañamiento urbano de las clases superiores, que marcharon a los suburbios (para ser a la postre seguidos —mediante los transportes públicos propiedad del gobierno— por aquellos de cuyas conductas pretendían escapar)[284]. Cuando la mayoría de los miembros de la clase superior y los comerciantes abandonaron las ciudades, se debilitó una de las últimas fuerzas civilizadoras. En la ciudad quedó entonces representada una selección crecientemente negativa de la población: burócratas del gobierno que trabajan en la ciudad pero que no vivían en ella y gentes modestas y marginados sociales de todas las tribus y razas que habitaban en la ciudad pero que no trabajaban, sino que sobrevivían gracias a la asistencia social. Piense el lector en Washington, D.C.

Quien crea que es imposible que estos problemas puedan agravarse, está equivocado. Después de que las bazas racial y de clase hayan sido jugadas y operado su devastador efecto, el gobierno busca en el sexo y el género una nueva baza; la «justicia de género» complementará la «justicia racial» y la «justicia social»[285]. La institución de un gobierno —monopolio jurisdiccional— no sólo implica que las antiguas jurisdicciones independientes (como los distritos separados por razones étnicas o raciales) serán integradas a la fuerza; al mismo tiempo, esas jurisdicciones en otro tiempo integradas (como las haciendas y las familias) serán derribadas con determinación o incluso disueltas. En vez de reconocer que nadie, salvo el cabeza de familia, puede ocuparse de los asuntos familiares (incluido el aborto)[286], los agentes del monopolio jurisdiccional establecido por el gobierno se afanarán por ampliar sus funciones judiciales y de arbitraje sobre todos los asuntos familiares, erigiéndose en última instancia. Para ganarse el apoyo popular, el gobierno, además de utilizar a una tribu, raza o clase social contra otras, promoverá la división dentro de la familia: entre los sexos —maridos y mujeres— y entre las generaciones —padres e hijos—[287]. Una vez más, esto será algo especialmente perceptible en las grandes ciudades.

Toda forma de asistencia social —la transferencia forzosa de riqueza o ingresos de los «poseedores» a los «desposeídos»— rebaja el valor de la pertenencia a un sistema familiar extenso como sistema social de cooperación, ayuda y asistencia mutuas. También se devalúa el matrimonio. Para los padres se reduce el valor y la importancia de una «buena» crianza (educación) de sus propios hijos. En justa correspondencia, los hijos valorarán y respetarán menos a sus padres. A causa de la elevada concentración urbana de perceptores de ayudas sociales, la desintegración de la familia ya está muy avanzada en las grandes ciudades. La apelación al género y a la generación (edad) para obtener apoyo político y legislar sobre sexo (género) y familia debilitará invariablemente la autoridad y la «natural» jerarquía intergeneracional de los cabezas de familia; disminuirá así el valor de la familia multigeneracional, unidad básica de la sociedad humana. En efecto, debería estar claro que tan pronto como el derecho y la legislación del gobierno reemplazan al derecho y la legislación de la familia (incluidos los acuerdos y negocios interfamiliares, conjuntamente con los matrimonios, la descendencia, la herencia, etc.), el valor y la importancia de esta institución resulta sistemáticamente erosionado. ¿Qué sentido tiene una familia que ni siquiera puede ocuparse de su propia ordenación interna? Debería también estar claro, aunque no se ha reparado suficientemente en ello, que desde la óptica de los miembros del gobierno, su capacidad para interferir en los problemas familiares debe considerarse como la última recompensa y el remate de su propio poder. Una cosa es la explotación de los resentimientos tribales y raciales o de la envidia de clase para aprovecharse de ellos. Muy distinto resulta, en cambio, utilizar las pendencias familiares para destruir el sistema —generalmente armonioso— de las familias autónomas, para apartar a los individuos de sus familias y para aislarlos y atomizarlos, aumentado sobre ellos el poder del Estado. Toda política familiar del gobierno aumentará el número de divorcios, el celibato, las familias monoparentales, los hijos ilegítimos, los episodios de abandono o abuso conyugal o paternofilial y la variedad y frecuencia de estilos de vida «no convencionales» (homosexualidad, lesbianismo, comunismo y ocultismo)[288].

Paralelamente a este desarrollo se desencadenará una oleada de crímenes y conductas criminales. Bajo los auspicios del monopolista, el derecho se transformará inexorablemente en legislación. Como resultado de un proceso sin fin de redistribución de la riqueza y los ingresos en nombre de las justicia racial, social o de género, la idea originaria de la justicia, entendida como unos principios universales e inmutables de conducta y cooperación, será erosionada y en última instancia destruida. El derecho dejará de ser considerado como algo preexistente (y por descubrir), generalizándose la idea de que se trata de un derecho fabricado por el gobierno (legislación). Pero no sólo aumentará la incertidumbre legal, sino que en reacción, la estimación de la preferencia temporal social se disparará, es decir, la gente se orientará más al presente y a introducir en su horizonte el cálculo a corto plazo. También se fomentará el relativismo moral, pues si no existe un bien último, tampoco existe un mal absoluto. En efecto, lo que hoy es aceptado, puede no serlo mañana y viceversa. La elevación de las preferencias temporales combinada con el relativismo moral, proporciona el caldo de cultivo ideal para los criminales y el crimen —una tendencia especialmente evidente, de nuevo, en las grandes ciudades—. En estas, la disolución de las familias está más adelantada, se registran mayores concentraciones de beneficiarios de la asistencia social, el progreso de empobrecimiento genético está más avanzado y las tensiones raciales y tribales como resultado de la integración forzosa son más virulentas. En vez de centros de civilización, las ciudades se han convertido en centros de desintegración social, pozos negros de decadencia física y moral, corrupción, brutalidad y crimen[289].

IV

¿Qué consecuencias tiene todo esto? Es claro que la civilización occidental emprendió el camino de la autodestrucción hace bastante tiempo. ¿Puede detenerse ese proceso? ¿De qué modo? Me gustaría poder ser optimista, pero no estoy seguro de que haya alguna razón para ello. Ciertamente, la historia está en última instancia determinada por las ideas, y las ideas pueden, al menos en principio, cambiar casi instantáneamente. Pero para conseguir que las ideas cambien no basta con que la gente descubra que algo está mal. Al menos un número significativo de individuos tiene que ser lo suficientemente inteligente para reconocer el problema. Es decir, para comprender cuáles son los principios esenciales en que se basa la sociedad —cooperación humana—, precisamente los principios explicados en este libro. Necesitan también la fuerza de voluntad suficiente para actuar conforme a los mismos. Pero es esto precisamente lo que cada vez parece más improbable. La civilización y la cultura tienen una base genética (biológica). Sin embargo, como resultado del estatismo —integración forzosa, igualitarismo, políticas sociales y destrucción familiar— la calidad genética de la población ha degenerado[290]. ¿Cómo podría ser de otro modo si el éxito es castigado sistemáticamente y el fracaso recompensado? El Estado de bienestar, intencionadamente o no, hace aumentar el número de personas intelectual y moralmente inferiores; pero las cosas todavía podrían ir peor si no fuese porque los índices de criminalidad son especialmente altos entre esa gente, de modo que tienden frecuentemente a eliminarse unos a otros.

Aunque esta visión no resulta demasiado halagüeña, no todo está perdido. Todavía existen algunos reductos de civilización y cultura. No en las ciudades y áreas metropolitanas, sino en las zonas interiores (en el campo). Para preservarlas sería necesario asumir que el Estado y su monopolio jurisdiccional son la causa de la descivilización —el Estado no crea ni el Derecho ni el orden, sino que los destruye—; que las familias son el origen de la civilización —es esencial que los cabezas de familia reafirmen su superior autoridad como jueces de todos los asuntos familiares internos, hasta el extremo de que los hogares deberían declararse territorios extraterritoriales, como las embajadas extranjeras—; que la segregación espacial voluntaria y la discriminación no son algo malo, sino bueno, ya que facilitan la cooperación pacífica entre grupos étnicos y raciales diferentes; que la asistencia social atañe exclusivamente a las familias y a la caridad voluntaria —el Estado de bienestar no hace otra cosa que subsidiar la irresponsabilidad—.

Capítulo 10

CONSERVADURISMO

Y LIBERTARISMO

I

Comenzaré precisando los dos posibles usos del término «conservador». En el primero de ellos, un conservador es alguien que generalmente apoya el status quo; es decir, una persona que desea mantener todo tipo de leyes, reglas, prescripciones, códigos morales y de conducta vigentes en un momento concreto. Dado que las leyes, reglas e instituciones políticas son accidentales, pues varían en el tiempo y en el espacio, la vocación de un conservador es algo relativo. Ser un conservador no tiene un significado concreto, salvo el gusto por el orden vigente, cualquiera que este sea. No nos interesa, por tanto, esta primera acepción[291].

Mas el término «conservador» puede tener un sentido diferente. Lo que realmente significa y, a mi juicio, lo único que puede significar es esto: un conservador es alguien que cree en la existencia de un orden natural, una disposición natural de los asuntos humanos que se corresponde con la naturaleza de las cosas, es decir, con la naturaleza humana. Este orden natural puede ser alterado y de hecho lo es por accidentes y anomalías: por terremotos y huracanes, enfermedades, plagas, monstruos y bestias, por caballos con dos cabezas y hombres con cuatro piernas, lisiados e idiotas y por la guerra, la conquista y la tiranía. No resulta empero difícil distinguir lo normal de lo anómalo, lo esencial de lo accidental. Una mínima capacidad de abstracción disipa cualquier confusión y permite a la inmensa mayoría «ver» lo que es natural y lo que no lo es, a la luz de la naturaleza de las cosas. Por otro lado, lo natural es al mismo tiempo la situación más perdurable. El orden natural es antiguo y persiste en su ser —sólo las anomalías y los accidentes están sometidos al cambio—, por lo que podemos descubrirlo en todo tiempo y lugar.

El conservador es alguien que reconoce lo originario y natural en las «interferencias» de lo patológico y lo defiende y sustenta frente a lo temporáneo y anómalo. Para un conservador, en el contexto de las humanidades, incluidas las ciencias sociales, las familias (padres, madres, hijos, nietos) y hogares basados en la propiedad privada y en la cooperación con los demás miembros de la comunidad, constituyen las unidades sociales básicas y naturalmente originarias y, como tales, las más importantes e indispensables. Por otro lado, el hogar familiar representa también el modelo de orden social en general, pues su ordenación jerárquica se proyecta sobre la comunidad de familias —aprendices, sirvientes y amos; vasallos, caballeros, señores feudales e incluso reyes— ligadas por un sutil y complejo sistema de relaciones de parentesco; lo mismo sucede con la ordenación de la jerarquía social —hijos, padres, sacerdotes, obispos, cardenales, patriarcas o papas y, en última instancia, el Dios trascendente—. El brazo del poder secular (padres, señores feudales y reyes) está naturalmente subordinado a la autoridad de la instancia espiritual suprema (sacerdotes, obispos y, finalmente, Dios).

Si los conservadores o, más concretamente, los conservadores occidentales de estirpe greco-cristiana, creen en algo, es en la familia, en las jerarquías sociales y en los principios seculares y espirituales de la autoridad que, basados justamente en la familia y en las relaciones de parentesco, las trascienden[292].

II

Permítaseme ahora examinar el conservadurismo contemporáneo y explicar por qué los conservadores actuales deben ser libertarios antiestatistas y, a la inversa, por qué los libertarios deben ser conservadores.

En los Estados Unidos y Europa el conservadurismo contemporáneo se entiende mal y se tergiversa. La confusión se debe en gran parte a la democracia. La influencia de la democracia representativa y la transformación de los Estados Unidos y Europa en democracias de masas después de la I Guerra Mundial, han influido en la transformación del conservadurismo —fuerza originariamente antiigualitaria, aristocrática e ideológicamente antiestatista—, en un movimiento estatista y culturalmente conservador: el ala derecha del socialismo y la socialdemocracia. La mayoría de quienes actualmente se autoproclaman conservadores están preocupados, como en principio les corresponde, por la decadencia familiar, el divorcio, la bastardía, la pérdida de autoridad, el multiculturalismo, los estilos de vida extravagantes, la desintegración social, el sexo y el crimen. Todos estos fenómenos constituyen anomalías y desviaciones escandalosas del orden natural. Un conservador tiene pues que oponerse a ellas e intentar restaurar la normalidad. Sin embargo, la mayoría de ellos —al menos los portavoces del cotarro conservador—, bien ignoran que esa meta exige una política antiestatista de lo más drástico, incluso revolucionaria, bien (si tienen conciencia de ello) son miembros de la «quinta columna» encargada de destruir el conservadurismo desde dentro, razón por la que deben considerarse como un mal.

Que los llamados neoconservadores confirman esta hipótesis no necesita aquí de ulteriores aclaraciones. De hecho, la mayoría de sus líderes pertenecen a la segunda categoría («quinta columna»). En rigor son indiferentes a los problemas de la cultura, pues para ellos sólo cuenta el partido que puedan sacarle al conservadurismo cultural para preservar su poder y promover la política contraria, la socialdemócrata[293]. Sin embargo, también es cierto que muchos conservadores se preocupan sinceramente por la desintegración y la disfunción de la familia y por la decadencia cultural. Estoy pensando aquí particularmente en el conservadurismo representado por Patrick Buchanan y su movimiento[294]. El conservadurismo de Buchanan no difiere tanto de la ideología de los líderes del Partido Republicano como él mismo y sus seguidores imaginan. En un aspecto decisivo, su conservadurismo coincide plenamente con el del cotarro conservador: ambos son estatistas. La diferencia estriba en lo que cada uno cree necesario para restaurar la normalidad en los Estados Unidos; mas están de acuerdo en atribuir al Estado la misión restauradora. En ningún caso hay rastro de los principios antiestatistas. Ilustraré el caso con una cita de Samuel Francis, uno de los teóricos y estrategas más importantes del movimiento de Buchanan. Después de lamentar la propaganda «antiblanca» y «antioccidental», el «secularismo militante, el egoísmo adquisitivo, la globalización económica y política, la inundación demográfica y el centralismo estatal sin control», expone el nuevo espíritu de «América primero», lo que «no sólo significa colocar el interés nacional por delante del de otras naciones y abstracciones tales como liderazgo mundial, armonía global y Nuevo orden mundial, sino también dar prioridad a la nación sobre los individuos y las agrupaciones infranacionales de intereses. Cuanto más mejor. Ahora bien, ¿en qué términos plantea Francis el problema de la degeneración moral y la decadencia de la cultura? Las partes del Leviatán federal que, como el Departamento de educación, el Fondo Nacional para las Artes, la Comisión para la igualdad de oportunidades en el empleo y la judicatura federal, son responsables de la proliferación de la contaminación moral y cultural, deberían ser desmanteladas o al menos reducidas de tamaño. No hay empero oposición a que el Estado se involucre en la educación. No se reconoce que el orden natural, en lo que a esta última se refiere, significa la no injerencia del Estado. La educación es un asunto exclusivamente familiar[295]. Por otro lado, tampoco se reconoce que la degeneración moral y la decadencia de la cultura tienen causas profundas y no pueden remediarse imponiendo cambios en los currícula o recurriendo a exhortaciones y declamaciones. Al contrario, Francis propone que el cambio cultural —la restauración de la normalidad— se puede operar sin un cambio fundamental en la estructura del moderno Estado de bienestar. En efecto, Buchanan y sus ideólogos defienden explícitamente los tres puntales de esa institución: la seguridad social, la asistencia sanitaria y los subsidios de desempleo. Incluso aspiran a ampliar las responsabilidades «sociales» del Estado, atribuyéndole la misión de «proteger» los empleos americanos, especialmente los de las industrias de interés nacional, y «aislar los salarios de los trabajadores americanos de la competencia de los extranjeros que tienen que trabajar por un dólar la hora o menos», y todo ello recurriendo a las restricciones nacionales a la exportación y la importación. De hecho, los partidarios de Buchanan admiten voluntariamente que son estatistas. Detestan y ridiculizan el capitalismo, el laissez-faire, los mercados libres y el librecambio, la riqueza, las elites y la nobleza; abogan, en cambio, por un nuevo conservadurismo populista, en rigor proletario, que amalgama el conservadurismo social y cultural con una economía social o socialista. De este modo, añade Francis, «la izquierda, que puede ganarse a los americanos medios con sus medidas económicas, los pierde con su radicalismo social y cultural; y la derecha, por su parte, pudiendo atraérselos apelando a la ley y al orden, a la defensa de la normalidad sexual, las convenciones morales y religiosas y las instituciones sociales, e invocando el nacionalismo y el patriotismo, los aparta de si al repetir sus viejas fórmulas económicas burguesas»[296]. Haría falta, por tanto, combinar las políticas económicas de la izquierda con el nacionalismo y el conservadurismo cultural de la derecha, para crear «una nueva identidad que sintetice los intereses económicos y las lealtades culturales y nacionales de la proletarizada clase media en un movimiento político independiente y unificado»[297]. Por razones obvias, esta doctrina no es reconocida como tal, pero existe un término para el conservadurismo de esta especie: se le denomina nacionalismo social o socialismo nacional (nacionalsocialismo).Dejaré a un lado aquí la cuestión de si el conservadurismo de Buchanan tiene atractivo para la masa y si su diagnóstico de la política norteamericana es sociológicamente correcto. Dudo que sea así, pues, ciertamente, la suerte de Buchanan en las primarias republicanas de 1995 y 2000 no indica otra cosa. Prefiero abordar aspectos más importantes: suponiendo que el conservadurismo cultural y la economía socializante de la izquierda pudiesen ser psicológicamente combinados (sosteniendo la gente ambos puntos de vista simultáneamente sin disonancia cognoscitiva), ¿sería realmente viable —económica y praxeológicamente— su combinación? ¿Se podría mantener el socialismo económico (seguridad social, etc.) en los niveles actuales y restaurar la normalidad cultural (familias naturales y reglas de conducta normales)?Buchanan y sus teóricos no sienten la necesidad de plantear esta interrogante, pues entienden que la política es tan sólo un problema de voluntad y poder. No creen en cosas como las leyes económicas. Si la gente tiene alguna aspiración y dispone del poder para realizar su voluntad, cualquier objetivo puede alcanzarse. El «economista austriaco muerto» Ludwig von Mises, a quien Buchanan se refirió desdeñosamente en su campaña, caracterizó esta creencia como «historicismo», la postura intelectual de los socialistas de cátedra (Kathedersozialisten) alemanes, quienes justificaban todas las medidas estatistas.Mas la inexorabilidad de las leyes económicas no depende del desprecio historicista ni de la ignorancia de la economía. No podemos reservarnos un pastel y comerlo al mismo tiempo. Lo que se consume ahora no podrá ser consumido nuevamente en el futuro. Aumentar la producción de un bien exige que se produzca menor cantidad de otro. No hay ilusión que pueda derogar estas leyes. Pensar de otra manera sólo puede conducir al fracaso. «La verdad es que —según apunta Mises— la historia económica ofrece un rico inventario de actuaciones políticas que fracasaron en sus pretensiones precisamente por haber despreciado las leyes de la economía»[298]. A la luz de las inmutables leyes económicas, el programa de Buchanan de nacionalismo social sólo es un ensueño, audaz pero imposible. Las utopías no pueden cambiar el hecho de que el mantenimiento de las instituciones básicas del Estado de bienestar contemporáneo y el deseo de volver a las familias, normas, conducta y cultura tradicionales son metas incompatibles. Se puede tener una cosa —socialismo (asistencialismo)— o la otra —moral tradicional—, mas no ambas, pues la economía del nacionalismo social, el pilar del sistema del Estado de bienestar que Buchanan quiere mantener intacto, es la verdadera causa de las anomalías culturales y sociales.

Para aclarar esto sólo hace falta recordar una de las leyes económicas fundamentales, la que reza: toda redistribución coactiva de la riqueza o de la renta que no tenga en cuenta los criterios de los que estas dependen, significa tomar la propiedad de algunos —los poseedores— y entregarla a otros —los desposeídos—. Hay pues muchos menos alicientes para convertirse en poseedor que en desposeído. Lo que tiene el poseedor se considera generalmente «bueno» y aquello de lo que carece el desposeído es considerado «malo» o deficiente. En efecto, la idea subyacente a toda redistribución es que algunos tienen demasiados bienes mientras que otros no tienen suficientes. El resultado de cualquier redistribución es que se producirán menos bienes y cada vez de peor calidad, más imperfectos y más deficientes. Subsidiando a los pobres con los impuestos (fondos detraídos de terceros) se creará más pobreza. Subsidiando a los desempleados habrá más desempleo. Subsidiando a las madres solteras aumentará el número de madres solteras y de nacimientos ilegítimos[299].

Obviamente, este razonamiento elemental puede ampliarse a todo el sistema de la llamada seguridad social, desarrollado en Europa occidental (desde la década de 1880) y en los Estados Unidos (después de lo años 1930), es decir, un sistema de aseguramiento gubernamental forzoso contra la vejez, la enfermedad, los accidentes laborales, el desempleo, la indigencia, etc. Junto con el más antiguo sistema de la educación pública obligatoria, constituye un grave ataque contra la institución de la familia y la responsabilidad personal. Dispensando a los individuos de la obligación de ocuparse de sus propios ingresos, de su salud, de su seguridad, de su vejez o de la educación de los hijos, se reduce el horizonte temporal de la provisión privada, disminuyendo así mismo el valor del matrimonio, la familia, la descendencia y las relaciones de parentesco. La irresponsabilidad, la previsión a corto plazo, la negligencia, la enfermedad e incluso el «destruccionismo», todos ellos «males», serán promovidos, mientras que la responsabilidad, la previsión a largo plazo, la diligencia, la salud o el conservadurismo, «bienes» en si mismos, serán castigados. El seguro obligatorio de vejez particularmente, mediante el cual los jubilados (los viejos) son subsidiados con los impuestos que paga la población activa (los jóvenes), ha minado el vínculo natural intergeneracional entre padres, abuelos e hijos. Los viejos que no fueron providentes ya no tendrán que depender de la asistencia de sus hijos; así pues, los jóvenes, que por definición no han podido todavía acumular riqueza, tendrán que mantener directamente a los viejos, que en principio pudieron hacerlo, al margen de la familia. Consecuentemente, la gente no sólo preferirá tener menos hijos —de hecho, las tasas de natalidad han descendido desde el establecimiento de la moderna seguridad social—, sino que se perderá el respeto con que los jóvenes distinguían tradicionalmente a sus mayores y aumentarán todos los indicadores de la desintegración y disfuncionalidad de la familia (tasas de divorcio, bastardía, abusos infantiles y conyugales, familias monoparentales, soltería, estilos de vida excéntricos y aborto)[300].

Además, con la socialización de la asistencia sanitaria a través de instituciones como Medicaid y Medicare y la regulación del sector de los seguros (restringiendo al asegurador el derecho a excluir ciertos riesgos por considerarlos insusceptibles de aseguramiento y a discriminar libremente, según el cálculo actuarial, entre diversos tipos de riesgos), se puso en marcha una monstruosa maquinaria redistribucionista, financiada por los individuos providentes y los grupos de bajo riesgo a beneficio de los actores irresponsables y los grupos de alto riesgo. Las prestaciones a los enfermos o minusválidos fomentan las enfermedades, los síndromes y las minusvalías y debilitan el deseo de trabajar para vivir y llevar una vida saludable. Traigamos a colación nuevamente al «economista austriaco muerto» Ludwig von Mises: «[la enfermedad] no es un fenómeno aparte de la voluntad consciente... La capacidad de trabajo de un individuo no es función únicamente de su estado físico, sino que depende en gran parte de su inteligencia y su voluntad... El elemento destruccionista del seguro contra accidentes y enfermedades reside, ante todo, en el hecho de que multiplica los accidentes y enfermedades, estorba la curación y en casos numerosos provoca las perturbaciones funcionales que de ellos resultan... Sentirse en buen estado de salud y estarlo, en el sentido médico de la palabra, son cosas diferentes... cuando se debilita [la voluntad de estar bien y de trabajar de un individuo] se atacan su salud y su capacidad de trabajo. Esto es lo que hace el seguro social, por lo cual crea enfermos e inválidos, provoca un estado de espíritu recriminador que es ya, en si mismo, una neurosis, y todavía crea otras... Como institución social, enferma física y moralmente a una nación y ayuda, cuando menos, a multiplicar las enfermedades y a prolongar su duración y gravedad... El seguro social ha hecho de la neurosis de los asegurados la enfermedad más peligrosa del pueblo. Al dar amplitud al seguro se propagará igualmente la enfermedad, y ninguna reforma sería capaz de remediar este mal. Es imposible debilitar o suprimir la voluntad de estar bien de salud en el individuo sin provocar la enfermedad»[301].

No deseo detenerme ahora en las políticas proteccionistas de Buchanan y sus teóricos, sustentadas en ideas económicas absurdas. Si estos tuviesen razón, su argumento a favor de la protección económica constituiría una sumaria acusación contra toda actividad comercial y la defensa de la tesis de que todos (cada familia) estarían mejor sin comerciar nunca con nadie. En ese caso, ciertamente, nadie podría perder nunca su empleo y el desempleo causado por la competencia «desleal» se reduciría a cero. Sin embargo, esa sociedad de pleno empleo no sería próspera ni fuerte; la compondrían gentes (familias) que, a pesar de trabajar de sol a sol, estarían condenadas a la pobreza y al hambre. El proteccionismo internacional de Buchanan, aún siendo menos destructivo que una política proteccionista interpersonal o interregional, tendría los mismos efectos. Eso no es empero conservadurismo, pues los conservadores aspiran a que las familias sean prósperas y fuertes. Eso es destruccionismo económico[302].

Quede claro, en todo caso, que la degeneración moral y la decadencia cultural que nos rodean —los signos de la descivilización—, son, si no totalmente al menos en parte, las consecuencias inexorables e inevitables del Estado de bienestar y sus instituciones centrales. Los conservadores clásicos del viejo estilo lo sabían y por eso se opusieron vigorosamente a la educación pública y a la seguridad social. Eran conscientes de que el Estado, en último análisis, pretende minar y destruir las familias, las instituciones, los grupos sociales más o menos organizados y las jerarquías de autoridad que constituyen la prolongación natural de las comunidades basadas en la familia, para incrementar y fortalecer su propio poder[303]. Sabían también que para conseguirlo, los Estados tenían que aprovecharse de la rebeldía natural de los adolescentes y jóvenes contra la autoridad paterna, sirviéndose de la socialización de la educación y de la responsabilidad. La educación social y la seguridad social proporcionan una brecha para que los jóvenes rebeldes escapen de la autoridad del cabeza de familia (y no tengan que responder ante nadie por su conducta desviada). Los viejos conservadores sabían que estas políticas emanciparían a los individuos de la disciplina impuesta por la familia y la vida en sociedad, sometiéndoles, en cambio, al control directo e inmediato del Estado[304].

El conservadurismo populista-proletario de Buchanan —nacionalismo social— ignora todo de esos procesos. La combinación del conservadurismo cultural y el estatismo asistencialista es imposible y económicamente absurda. El estatismo asistencialista —la seguridad social con todas sus variadas acepciones— alimenta la decadencia y la degeneración moral y cultural. Así pues, quien esté preocupado por el declive moral americano y aspire a restaurar la normalidad en la sociedad y la cultura, tiene que rechazar de plano todo lo que tenga que ver con el Estado social o de bienestar. La vuelta a la normalidad exige nada menos que la erradicación total del actual sistema de aseguramiento social: seguro de desempleo, Seguridad social, Medicare, Medicaid, educación pública, etc. —lo que equivale a la casi completa disolución y desmantelamiento del aparato estatal y del poder del gobierno—. La restauración de la normalidad exige que el poder y los fondos del gobierno se rebajen o que incluso caigan por debajo de los niveles del siglo XIX. Por eso, los verdaderos conservadores tienen que ser libertarios de la línea dura (antiestatistas). El conservadurismo de Buchanan es falso: pretende volver a la moralidad tradicional, pero al mismo tiempo no quiere que se toquen ciertas instituciones responsables de la perversión y la destrucción de la moral tradicional.

III

La mayoría de los conservadores contemporáneos, particularmente en los medios de comunicación, no son realmente conservadores, sino socialistas —bien de la especie internacionalista (los neoconservadores del asistencialismo bélico estatal y los socialdemócratas), bien de la variedad nacionalista (los populistas de Buchanan)—. Los verdaderos conservadores tienen que oponerse a ambos grupos. Para restaurar la normalidad en la moral y la cultura deben pasarse al radicalismo libertario y exigir la demolición de toda la estructura de la seguridad social, causa de la perversión moral y económica. Si los conservadores deben ser libertarios, ¿por qué deben ser conservadores los libertarios? Si los conservadores deben aprender de los libertarios, ¿deben también los libertarios aprender de los conservadores?

Se imponen, en primer lugar, algunas clarificaciones terminológicas. El término libertarismo (libertarianism), según lo empleamos aquí, es un fenómeno del siglo XX o, más precisamente, un fenómeno de la II postguerra mundial, cuyas raíces espirituales están en el liberalismo de los dos siglos clásicos, el XVIII y el XIX, y en la todavía más antigua filosofía jusnaturalista. Se trata, por tanto, de un producto del racionalismo ilustrado moderno[305]. El libertarismo, que culmina en los trabajos de Murray N. Rothbard, origen del movimiento libertario contemporáneo, y sobre todo en su Ética de la libertad, es un sistema racional ético-jurídico[306]. Encuadrado en la tradición de la filosofía política clásica —Hobbes, Grocio, Pufendorf, Locke y Spencer— y utilizando, como estos escritores, la lógica y los conceptos analíticos antiguos, el libertarismo (rothbardismo) constituye un código jurídico sistemático, decantado mediante la deducción lógica a partir de los principios elementales, cuya validez no puede discutirse sin caer en contradicciones lógico-prácticas (praxeológicas) o performativas, o sea, sin afirmar implícitamente aquello que se niega. Esto convierte al principio libertario fundamental en un axioma ético y al código libertario en una teoría axiomático-deductiva de la justicia. Dicho axioma es el inveterado principio de la apropiación adquisitiva: la propiedad sobre los recursos escasos —el derecho a un control exclusivo sobre los mismos (propiedad privada)— se constituye gracias a un acto de apropiación originaria, mediante el cual esos recursos son extraídos del estado de naturaleza y elevados a un estado de civilización. De no ser así, nadie podría actuar (hacer o proponerse algo). En este sentido, cualquier otro principio alternativo al axioma fundamental es praxeológicamente inconsistente y argumentativamente indefendible. Del principio de la apropiación originaria, que atribuye el domino al primer ocupante, se derivan las normas reguladoras de la transformación y transferencia (intercambio) de los recursos de ese modo adquiridos; la ética (el derecho), incluyendo los principios penales, puede así reconstruirse a partir de la teoría de los derechos de propiedad: los verdaderos derechos humanos son los derechos de propiedad y las violaciones de aquellos no son sino violaciones de estos últimos. La consecuencia de esta teoría libertaria de la justicia es bien conocida en esos círculos: el Estado, según la corriente más influyente de la teoría libertaria, la rothbardiana, es una organización criminal y el único orden social justo es la anarquía de la propiedad privada.

No pretendo exponer aquí la teoría libertaria de la justicia y sus bondades. Sin embargo, debo confesar que se trata de una teoría verdadera, irrefutablemente verdadera[307]. Prefiero volver sobre el asunto de la relación entre libertarismo y conservadurismo (la creencia en un orden social natural basado y centrado en la familia). Algunos intelectuales superficiales, sobre todo del lado conservador, como Russell Kirk, han afirmado que el libertarismo y el conservadurismo son ideologías incompatibles, hostiles o incluso antagonistas[308]. Pero se trata de una visión totalmente equivocada. La relación entre uno y otro es de compatibilidad praxeológica, complementariedad sociológica y mutuo reforzamiento.

Para explicar esto, me permitiré antes destacar, como una cuestión meramente fáctica, que la mayoría, si no todos, de los más influyentes pensadores libertarios han sido conservadores culturales: defensores de las costumbres y la moral burguesa tradicional. El propio Murray Rothbard, el más importantes e influyente pensador libertario, era un conservador cultural declarado. También lo fue su maestro, Ludwig von Mises. (El caso de Ayn Rand, otra influyente figura del libertarismo contemporáneo, es caso aparte[309]). Aunque esto no prueba demasiado, aparte de que el libertarismo y el conservadurismo pueden reconciliarse psicológicamente, resulta indicativo de una afinidad sustantiva entre las dos doctrinas. No es difícil reconocer la perfecta compatibilidad (congruencia) entre las visiones de la sociedad de uno y otro. Ciertamente, sus métodos son diferentes. Uno es empirista, sociológico y descriptivo, o al menos lo parece; el otro es racionalista, filosófico, lógico y constructivista. A pesar de esta diferencia, ambos están de acuerdo en algo fundamental. Los conservadores están persuadidos de que lo «natural» y lo «normal» viene de antiguo y está generalizado (razón por la que puede descubrirse siempre y en todo lugar). Del mismo modo, los libertarios creen que los principios de justicia son eterna y universalmente válidos (por lo que necesariamente han tenido que ser conocidos por la humanidad desde sus orígenes). Así pues, la ética libertaria no es reciente y revolucionaria, sino muy antigua y conservadora. Incluso las personas sencillas y los niños son capaces de comprender la validez del principio de la apropiación originaria, que la mayoría de la gente acepta como una evidencia incuestionable.

Además, en la medida en que conservadores y libertarios se refieren, por un lado a la familia, al parentesco, a las comunidades, a la autoridad y a la jerarquía social y, por otro a la propiedad y a su apropiación, transformación y transferencia, parece claro que, si bien no se refieren a las mismas entidades, en realidad se ocupan de aspectos diferentes del mismo objeto: los actores humanos y la cooperación social. En un sentido amplio, el campo de sus investigaciones (su marco de referencia) es idéntico. Familias, autoridad, comunidades y ordenaciones sociales son concreciones empirosociológicas de las categorías y conceptos abstractos filosófico-praxeológicos de propiedad, producción, intercambio y contrato. La propiedad y las relaciones dominicales no existen al margen de las familias y las relaciones de parentesco. Estas últimas, dentro de los límites de las leyes eternas y universales de la escasez y la propiedad, moldean y determinan la configuración de las primeras. De hecho, como ya hemos visto, las familias normales según los conservadores son las que se ajustan al patrón de la familia patrimonial; por otro lado, la desintegración de la familia y el declive de la moral y la cultura que aquellos deploran, es el resultado, en su mayor parte, de la erosión y destrucción de la base económica de la familia —el patrimonio familiar— por el Estado de bienestar. Así pues, la teoría libertaria de la justicia puede actualmente dotar al conservadurismo de una definición más precisa y de una defensa moral de sus metas más sólida (el retorno de la vida civilizada en la forma de la normalidad moral y cultural) que la que esta ideología podría ofrecer con su propias categorías. La perspectiva antiestatista tradicional del conservadurismo se fortalecería y afinaría operando así[310].

IV

Aunque los creadores intelectuales del moderno libertarismo eran conservadores culturales y sus doctrinas totalmente compatibles y congruentes con el pensamiento conservador (pues no suponen, como pretenden algunos críticos conservadores, ni un «individualismo atomístico», ni un «egoísmo adquisitivo»), la doctrina libertaria, corrompida por el Estado de bienestar, ha sufrido una importante transformación. Se ha convertido en gran medida, sobre todo para los medios de comunicación y para el público, en un movimiento que combina el antiestatismo radical y la economía de mercado con el izquierdismo cultural, la contracultura, el multiculturalismo y el hedonismo personal, o sea, justamente lo contrario del programa del socialismo culturalmente conservador buchaniano, una especie de capitalismo contra-cultural.

Ya se ha dicho aquí que el programa del nacionalismo social(ista) de Buchanan no parece tener mucho atractivo popular, al menos en los Estados Unidos. Sucede lo mismo con el intento libertario de elaborar la síntesis entre la economía de mercado y el multiculturalismo y la contracultura. La cuestión no es si esta doctrina puede llegar a interesar a la gente, ni si ciertos conceptos pueden combinarse psicológicamente, sino si las ideas a las que nos referimos pueden integrarse práctica y efectivamente. Pretendo demostrar que eso no es posible y que buena parte del libertarismo contemporáneo es un libertarismo falsario y contraproducente (como sucede, por otro lado, según hemos visto, con el conservadurismo de Buchanan).

El izquierdismo cultural del libertarismo no se debe a que los teóricos libertarios más destacados participen de esa inclinación. Sabemos que en su mayor parte eran conservadores culturales. Ese izquierdismo fue, más bien, el resultado de una comprensión superficial de la doctrina libertaria por parte de sus adictos y seguidores, ignorancia que tiene su explicación en una coincidencia histórica y en la ya mencionada tendencia del Estado socialdemócrata a promover la infantilización intelectual y emocional (descivilización).

Los orígenes del moderno movimiento libertario en los Estados Unidos nos retrotraen a mediados de la década de 1960. En 1971 se fundó el Partido Libertario (Libertarian Party) y en 1972 eligió al filósofo John Hospers como su primer candidato presidencial. Era la época de la Guerra del Vietnam. Al mismo tiempo, propiciado por los notables «progresos» del Estado de bienestar desde principios de los 60, tanto en los Estados Unidos —a través de la legislación para los derechos civiles y el programa de guerra a la pobreza (War on Poverty)— como en Europa, se produjo un nuevo fenómeno de masas: la emergencia de un nuevo «lumpemproletariado» de jóvenes intelectuales o intelectualizados —resultado del expansivo sistema de educación (pública) socialista— «alienados» por la moral y la cultura «burguesas» que, no obstante, vivía mucho más confortablemente que el viejo Lumpenproletariat, instalado en el bienestar propiciado por esa misma cultura. El multiculturalismo y el relativismo cultural —vive y deja vivir— dejaron de ser fases temporales y transitorias del desarrollo mental (adolescencia) y se elevaron a la categoría de actitudes permanentes entre los intelectuales adultos y sus estudiantes.

La neta oposición de los libertarios a la Guerra del Vietnam coincidió con la de la Nueva izquierda, algo más difusa. Además, a la izquierda contracultural le interesaba el sesgo anarquizante de la doctrina libertaria[311]. La ilegitimidad del Estado y el axioma de la no agresión —nadie empleará la fuerza, ni amenazará con emplearla contra otras personas o sus propiedades—, vistas desde esa izquierda, parecían justificar la libertad de todos para elegir vivir de cualquier manera. Del mismo modo, y en la medida en que la vulgaridad, la obscenidad, la profanación, el uso de drogas, la promiscuidad, la pornografía, la prostitución, la homosexualidad, la poligamia, la pedofilia o cualquier perversión o anormalidad concebible no perjudicasen a terceros (crímenes sin víctimas), en absoluto debían considerarse agresiones, sino estilos de vida y actividades perfectamente normales y legítimas. Por ello no es extraño que, desde un principio, se adhirieran al movimiento libertario un número inusualmente elevado de personas anormales o pervertidas. El ambiente contracultural y la «tolerancia» relativista y multiculturalista del libertarismo atrajo en seguida a individuos inadaptados, gente fracasada, personal o profesionalmente, y a perdedores en general. Murray Rothbard les llamó, desaprobadoramente, «libertarios nihilistas» (nihilo-libertarians), viendo en ellos el «modelo» (típico y representativo) del libertario (modal libertarian). Esta gente se imaginó una sociedad en la que todos podrían elegir o cultivar libremente el modo de vida no agresivo, la carrera o los hábitos que mejor les pareciesen, y en la que, como consecuencia de la economía del libre mercado, ello estaría la alcance de cualquiera sobre la base de un elevado nivel de prosperidad general. Irónicamente, el movimiento que preconizó el desmantelamiento del Estado y la restauración de la propiedad privada y la economía de mercado, fue tomado y su factura moldeada por los productos mentales y emocionales del Estado de bienestar: la nueva clase de los eternos adolescentes[312].

V

Difícilmente podía tener un final feliz este acoplamiento intelectual. El capitalismo de la propiedad privada y el multiculturalismo igualitario son tan poco compatibles como el socialismo y el conservadorismo cultural. Empeñándose en una síntesis imposible, el movimiento libertario contemporáneo ha contribuido en realidad a agravar la erosión de los derechos de propiedad privada (en la misma medida que el conservadorismo facilitó la laminación de las familias y la moral tradicional). Los libertarios contraculturales no supieron ver que la restauración de la propiedad privada y del laissez-faire exige un drástico incremento de la «discriminación» social y la pronta eliminación de todos o casi todos los experimentos multiculturales e igualitaristas de formas de vida alternativas, tan caros a la izquierda libertaria. Este fue el error de los verdaderos libertarios. En otras palabras, los libertarios tienen que ser conservadores radicales y libres de todo compromiso.

Al contrario que los libertarios de izquierdas, reunidos en instituciones como el Cato Institute y el Institute for Justice con el objetivo de recabar ayuda del gobierno central para ejecutar diversas políticas de no-discriminación y para defender una política de inmigración no-discriminatoria o «libre»[313], los verdaderos libertarios preconizan la discriminación, la interior (nacional) y la exterior (internacional). En efecto, toda propiedad privada presupone una discriminación, pues si tal o cual cosa me pertenece, ello quiere decir que a usted no le pertenece y que yo estoy facultado para excluirle a usted de ella. Puedo consentirle que use mi propiedad bajo ciertas condiciones, pero puedo igualmente expulsarle. Además, tanto usted como yo, propietarios particulares, podemos concertar un pacto restrictivo (protector) de nuestras propiedades. Si ello nos pareciera beneficioso, también podríamos, junto con otros, imponer limitaciones sobre los usos futuros a que podemos destinar nuestras propiedades.

El Estado de bienestar ha desprovisto ampliamente a los propietarios del derecho de exclusión inherente al concepto de la propiedad privada. La discriminación ha sido proscrita. Los empresarios no pueden contratar a quien mejor les parezca. Los terratenientes tampoco pueden arrendar sus fincas a quienes ellos quieran. Ni los vendedores ni los compradores pueden vender o comprar a su libre arbitrio. No se permite a las agrupaciones de propietarios concertar un acuerdo limitador si ello les resulta mutuamente beneficioso. El Estado ha robado al pueblo una dimensión fundamental de su derecho a la autoprotección física y personal, pues la imposibilidad de excluir a terceros no significa otra cosa que la imposibilidad de defenderse a si mismo. La consecuencia de semejante erosión de los derechos de propiedad privada en el Estado socialdemócrata es la integración forzosa. La integración forzosa es ubicua. Los americanos tienen que aceptar, aunque no quieran, a los inmigrantes. Los profesores no pueden deshacerse de los malos estudiantes o de los de conducta desviada o enferma; los empresarios tienen que cargar con trabajadores destructivos o sin preparación; los propietarios de tierras se ven obligados a vivir con pésimos arrendatarios; a los bancos y a las compañías de seguros no les está permitido no asumir ciertos graves riesgos; los restaurantes y bares tienen que acomodar a clientes que no son bienvenidos y los clubes privados son constreñidos a aceptar cierto tipo de miembros o acciones que violan sus propias reglas y restricciones. Por lo demás, en el ámbito de lo público, particularmente en lo referido a la propiedad del gobierno, la integración forzosa ha adquirido la peligrosa forma del puro desorden normativo[314].

La facultad de exclusión dominical es el único medio que realmente puede permitirle a un propietario evitar ciertas «desgracias», es decir, aquellos acontecimientos que rebajen el valor de su propiedad. Pero si no se le permite excluir a su libre arbitrio, la incidencia de esas desgracias —comportamientos patológicos, vagos y gentes irresponsables, estudiantes, empleados o clientes indeseables— será mayor y el valor de su propiedad caerá. De hecho, la integración forzosa (el resultado de todas las políticas no-discriminadoras) fomenta las conductas desviadas y las personalidades enfermizas. En una sociedad civilizada, ese tipo de conductas se pagan con la expulsión; incluso si no ha llegado a cometer ningún delito, el anormal o inadaptado será inmediatamente rechazado por todos y de todo lugar, convirtiéndose en un paria, excluido físicamente de la civilización. Se trata de un precio exorbitante, pero resulta ciertamente efectivo para reducir la frecuencia de las conductas patológicas. En cambio, si se privase a una persona de su facultad de expulsar a terceros de su propiedad, aunque considere su presencia indeseable, se estimularían los comportamientos desviados y las personalidades enfermas (pues su «coste» se abarataría). En vez de quedar aislados y, en última instancia, apartados de la sociedad, los «holgazanes» —en cualquier dominio concebible de incompetencia («holgazanería»)— tendrían permiso para perpetrar sus fechorías; de este modo, proliferaría la holgazanería y las conductas a ella asimiladas. Los resultados de la integración forzosa son bien visibles. Todas las relaciones sociales, tanto las de carácter más bien personal como las comerciales, han devenido más igualitarias (todo el mundo se trata por el nombre de pila) y bárbaras.

Contrariamente, una sociedad que restaurase plenamente la facultad dominical de exclusión de la propiedad privada, sería profundamente desigualitaria, intolerante y discriminatoria. Apenas existiría esa «tolerancia» o «apertura de mente» tan cara a los libertarios de izquierda. Sólo con que los pueblos y ciudades volvieran a proceder como hicieron hasta el siglo XIX en Europa y los Estados Unidos, se abriría el camino de la restauración de la libertad de asociación y exclusión, consustancial con la institución de la propiedad privada. Carteles informativos colocados a la entrada de las ciudades advertirían de los requisitos locales de admisión y, una vez dentro, de las condiciones de arraigo (por ejemplo, exclusión de holgazanes, vagabundos, pero también, en su caso, de los homosexuales, consumidores de drogas, judíos, musulmanes, alemanes o zulúes), de modo que quienes no se ajustasen a las mismas serían expulsados a patadas como invasores. De este modo, casi instantáneamente, se verían reafirmadas la normalidad cultural y moral.

Los libertarios de izquierdas y los aficionados a experimentar los estilos de vida multiculturales o contraculturales, incluso si no estuviesen implicados en delito alguno, tendrían que pechar, una vez más, con las consecuencias de su conducta. De seguir con su comportamiento o su estilo de vida, serían separados físicamente de la sociedad civilizada, viviendo al margen de la misma o en guetos, teniendo vedado el acceso a muchos cargos y profesiones. Por el contrario, si su deseo fuese vivir y progresar dentro de la sociedad, tendrían que adaptarse a la sociedad en la que pretenden ser admitidos, asimilando para ello sus normas morales y culturales. Ello no implicaría necesariamente que tuviesen que renunciar del todo a conducirse o vivir anormalmente o según otros patrones, sino que los comportamientos alternativos no podrían anunciarse ni exhibirse públicamente. Estas conductas permanecerían en el armario, ocultas al ojo público y físicamente restringidas a la privacidad de las cuatro paredes de la propia casa. Hacer publicidad de ellas o ejercitarlas en público sería sancionado con la expulsión[315].

Los verdaderos libertarios conservadores —al contrario que los de izquierda— no sólo reconocen y enfatizan el hecho de que en una sociedad libertaria, en la que los propietarios hayan sido totalmente restablecidos en su derecho, se producirá un claro aumento de la discriminación (exclusión, expulsión); sobre todo, reconocerán —y a eso pueden ayudar las tesis conservadoras— que tiene que ser así: es decir, que para alcanzar la meta de una anarquía de la propiedad privada (o una sociedad basada exclusivamente en el Derecho privado), resulta necesaria la más estricta discriminación. Una sociedad libertaria que no perseverara en la discriminación se erosionaría rápidamente, degenerando en el socialismo del Estado de bienestar. Todo orden social, incluido el libertario o el conservador, necesitan de un mecanismo de autoafirmación. Pues los órdenes sociales, al contrario que los sistemas mecánicos y biológicos, no se mantienen automáticamente: para conjurar su desintegración, la sociedad necesita del esfuerzo consciente y de la acción intencionada de sus miembros[316].

VI

El modelo convencional de una comunidad libertaria es aquel en el que los individuos, en vez de vivir físicamente separados y aislados unos de otros, se asocian mutuamente como vecinos que habitan sobre parcelas independientes pero adyacentes. Sin embargo, este modelo es demasiado simplista. Presumiblemente, la razón para preferir la convivencia al aislamiento tiene que ver con la participación de los individuos en los beneficios de la división del trabajo, a lo que la cercanía añade la ventaja de un menor coste en las transacciones. Así pues, la vida en comunidad facilita el intercambio. Consecuentemente, el valor de una parcela individual será mayor si limitan con ella las parcelas de otros propietarios. Pero esto no siempre es así. La proximidad de los demás también supone riesgos y no puede excluirse que se produzca una bajada en el precio de las propiedades. Suponiendo, según exige el modelo que estamos considerando, que el establecimiento inicial de las propiedades colindantes resultase mutuamente beneficioso, y, así mismo, que todos los miembros de la comunidad se abstuviesen de cualquier actividad criminal, todavía podría suceder que un antiguo «buen» vecino se volviese detestable, que se despreocupase de su propiedad o la alterase hasta el punto de afectar negativamente al valor de las propiedades de sus vecinos, o que, sin más, se opusiese a participar en cualesquiera de los esfuerzos cooperativos orientados a aumentar el valor de la comunidad como un todo[317]. Para sortear las dificultades inherentes al desarrollo de una comunidad-propietaria cuando la tierra está dividida, se ha recurrido a modelos alternativos.

En realidad, las comunidades propietarias o convencionales fueron fundadas y poseídas por un único señor, el cual, bajo determinadas condiciones, «arrendó» parcelas separadas a individuos concretos[318]. Originalmente, este tipo de pactos estaban basados en relaciones de parentesco, desempeñando el cabeza de familia o el jefe del clan el papel de propietario. En otras palabras, lo mismo que la vida familiar, en el caso de la familia nuclear, está coordinada por quien es cabeza de familia y propietario de la hacienda, cuando se trata de ordenar los usos de la tierra que pertenece a un grupo de haciendas próximas, la función directora y coordinadora era atribuida tradicionalmente al jefe de la parentela en un sentido amplio[319]. En la época contemporánea, caracterizada por un masivo crecimiento demográfico y una significativa pérdida de importancia de las relaciones de parentesco, el modelo libertario original de una comunidad propietaria ha sido sustituido por nuevos tipos de colonias familiares: los centros comerciales y las «urbanizaciones residenciales». Unos y otras son propiedad de una sola entidad, ya sea un individuo o una corporación privada, y la relación entre el propietario de la comunidad y sus arrendatarios y residentes es puramente contractual. El propietario es en este caso un empresario que persigue el beneficio urbanizando y gestionando zonas residenciales o de negocios que atraen a las personas que desean vivir o establecerse comercialmente en ellas. «El dueño, según precisa Spencer MacCallum, añade valor al inventario de la tierra de la comunidad principalmente satisfaciendo tres exigencias funcionales de una comunidad, que sólo él como propietario puede satisfacer adecuadamente: la selección de los miembros, el planeamiento territorial y el liderazgo... Las dos primeras funciones se ejecutan automáticamente cuando el propietario decide a quién cederá el uso de la tierra y con qué finalidades. La tercera función, el liderazgo, constituye su responsabilidad natural, pero también el instrumento del que dispone para asegurar la prosperidad de toda la comunidad por encima de los intereses singulares. La asignación de la tierra establece automáticamente diferentes tipos de habitantes y de yuxtaposiciones espaciales entre unos y otros; fíjase así la estructura económica de la comunidad... El liderazgo también comprende el arbitraje de las diferencias entre los habitantes, así como la dirección y la participación en los esfuerzos comunes... [De hecho], la seguridad de la comunidad es un atributo esencial del propietario de los terrenos. El planeamiento territorial le permite supervisar el diseño de las construcción desde el punto de vista de la seguridad. El propietario, que debe aprender a anticiparse en los contratos y proveer soluciones para las disputas entre los habitantes, elige a los moradores atendiendo a su compatibilidad y complementariedad con los demás miembros de la comunidad. Este arbitraje y pacificación informales le permiten resolver ciertas divergencias que de otro modo podrían enconarse. Por diversas vías el propietario salvaguarda la “pacífica posesión” de sus habitantes, según la admirable fórmula acuñada por el Derecho común (Common Law)»[320].

Resulta evidente que la tarea del mantenimiento del pacto obligatorio en una comunidad (propietaria) libertaria le corresponde primariamente a su dueño. Tratándose de un hombre sólo es imposible que pueda cumplir su misión si no cuenta con el apoyo de una mayoría de los miembros de la comunidad en cuestión. Particularmente, el dueño necesita el sostén de la elite de la comunidad, o sea, de los cabezas de las distintas haciendas y empresas más solventes. Para proteger y, en la medida de lo posible, aumentar el valor de su propiedad e inversiones, el dueño y la elite de la comunidad deben estar dispuestos para adoptar dos tipos de medidas de protección. En primer lugar, la auto-defensa, recurriendo a la fuerza y al castigo físicos contra los invasores externos y los criminales domésticos. Pero igualmente importante es su voluntad de defenderse a si mismos con medidas como el ostracismo, la marginación y, en última instancia, la expulsión, aplicadas contra los miembros de la comunidad que aboguen, anuncien o hagan apología de actividades incompatibles con la finalidad esencial del pacto: la protección de la propiedad y la familia[321].

En este sentido, una comunidad encara siempre la doble amenaza del igualitarismo y el relativismo cultural, dos peligros afines. El igualitarismo, en todas sus formas, resulta incompatible con la idea de la propiedad privada. Esta última presupone la exclusividad, la desigualdad y la diferencia. También el relativismo cultural, de otra parte, es incompatible con el hecho fundamental, en rigor fundacional, de las familias y las relaciones de parentesco intergeneracionales. Las familias y las relaciones de parentesco presuponen el absolutismo cultural. Los sentimientos igualitarios y relativistas encuentran un apoyo mayor en cada nueva generación de adolescentes. Se trata de un hecho socio-psicológico. Los jóvenes, en particular los varones, son muy proclives a esas ideas, lo que caracteriza su todavía incompleto desarrollo mental. La adolescencia está marcada por periódicas erupciones de rebeldía, normales en la edad juvenil, contra la disciplina que les impone la vida familiar y la autoridad paterna[322]. El relativismo cultural y el multiculturalismo proporcionan el instrumento ideológico para emanciparse de esas constricciones. El igualitarismo —basado en la creencia infantil de que la propiedad está dada» (y arbitrariamente distribuida) y no, como sucede en realidad, individualmente apropiada y producida (y, por tanto, justamente distribuida de acuerdo con la productividad personal)— proporciona, por su parte, los medios intelectuales mediante los cuales los jovencitos rebeldes pueden justificar los recursos económicos que necesitan para llevar una vida independiente y al margen de la disciplina familiar[323].

Hacer valer un pacto es en buena medida cuestión de prudencia, esto es claro. Cómo y cuándo reaccionar y qué medidas de protección tomar, necesita del discernimiento de los miembros de la comunidad, especialmente del dueño de la misma y de su elite. Así pues, por ejemplo, mientras la amenaza del relativismo moral y del igualitarismo se circunscriba a una pequeña proporción de la cohorte juvenil y de los adultos jóvenes y sólo durante un breve período de su vida (hasta que las obligaciones familiares de la vida adulta les hagan sentar la cabeza), no será necesario hacer nada. Los partidarios del relativismo cultural y del igualitarismo apenas causarán alguna dificultad temporal, y castigarles al ostracismo puede resultar beneficioso. Una mínima dosis de ridículo y desprecio puede ser suficiente para contener su amenaza. La situación es muy diferente, exigiendo más drásticas medidas, una vez que el espíritu del relativismo moral y del igualitarismo está bien asentado entre los miembros adultos de la sociedad: entre madres y padres, y entre los jefes de haciendas y empresas.

Una vez que los miembros maduros de la sociedad manifiesten con normalidad que aceptan o incluso apoyan los sentimiento igualitarios, sea bajo una forma democrática (regla de la mayoría) o comunista, resultará decisivo que los otros miembros, en particular las elites sociales naturales, estén preparadas para actuar sobre ellos, para aislar a los disconformes contumaces y, en última instancia, expulsarles de la sociedad. El pacto concluido entre el dueño y los arrendatarios con el objetivo de proteger su propiedad privada no puede contener nada parecido a un derecho a la libertad (ilimitada) de expresión de los arrendatarios, ni siquiera en la posesión de cada cual. Puede afirmarse lo que se quiera y patrocinar casi cualquier idea, mas a nadie le está permitido defender ideas como la democracia o el comunismo, contrarias a los objetivos últimos del pacto preservador de la propiedad privada. Un orden social libertario no puede tolerar ni a los demócratas ni a los comunistas. Será necesario apartarlos físicamente de los demás y extrañarlos. Del mismo modo, en un pacto instituido con la finalidad de proteger a la familia, no puede tolerarse a quienes promueven formas de vida alternativas, no basadas en la familia ni en el parentesco, incompatibles con aquella meta. También estas formas de vida alternativa —hedonismo individualista, parasitismo social, culto al medio ambiente, homosexualidad o comunismo— tendrán que ser erradicadas de la sociedad si se quiere mantener un orden libertario.

VII

Debería resultar obvio por qué los libertarios tienen que ser moral y culturalmente conservadores, además de la especie más intransigente. El estado de degeneración moral, desintegración social y podredumbre cultural es justamente el resultado de demasiada tolerancia, de una tolerancia equivocada y mal entendida. En vez de coger a los inevitables demócratas, comunistas y gentes alternativas y aislarlos rápidamente y expulsarles de la civilización, de acuerdo con los principios del pacto, la sociedad les tolera. Esa tolerancia únicamente alentará y promoverá más sentimientos y actitudes igualitarias y relativistas, hasta que, finalmente, se alcance un punto en el que la autoridad para excluir determinados individuos y conductas se habrá evaporado (mientras que el poder del Estado, puesto de manifiesto en las políticas de integración forzosa por él patrocinadas, habrá correlativamente aumentado).

Los libertarios, en su intento de establecer un orden social natural libre, tienen que esforzarse por arrebatarle al Estado el derecho de exclusión inherente a la propiedad privada. Incluso antes de alcanzar la meta final y precisamente con el fin de hacerla posible, no será demasiado pronto para que los libertarios empiecen a reafirmar y ejercer su derecho a la exclusión en la vida cotidiana, hasta donde la situación se lo permita. Los libertarios deben distinguirse de los demás practicando y defendiendo la formas más radicales de intolerancia y discriminación contra los igualitaristas, demócratas, socialistas, comunistas, multiculturalistas y ecologistas, contra las costumbres pervertidas, los comportamientos antisociales, la incompetencia, la indecencia, la vulgaridad y la obscenidad. Al igual que los verdaderos conservadores, que tendrán que apartarse del falso conservadurismo social(ista) de los partidarios de Buchanan y los neoconservadores, los verdaderos libertarios tendrán que desvincularse manifiesta y ostensiblemente de los impostores del pseudoliberatarismo de izquierda, multicontra-cultural, igualitario y contrario a todo principio de autoridad.

Capítulo 11

LOS ERRORES

DEL CAPITALISMO CLÁSICO

Y EL FUTURO DE LA LIBERTAD

I

El declive del liberalismo clásico comenzó hace más de cien años. Desde la segunda mitad del siglo XIX, la vida pública, tanto en los Estados Unidos como en la Europa occidental, ha estado determinada de manera creciente por las ideas socialistas. De hecho, el siglo XX puede muy bien definirse como el siglo socialista par excellence: del comunismo, del fascismo, del nacionalsocialismo y de la socialdemocracia, el más persistente de todos los socialismos, que incluye a los «liberales» y neoconservadores norteamericanos[324].

Ciertamente, su declinación no ha sido continua. No todo ha ido a peor sistemáticamente para el pensamiento liberal, pues hubo algunos momentos de recuperación. Así, después de la II Guerra Mundial, la Alemania occidental e Italia experimentaron una significativa liberalización en comparación con el status quo ante, bajo el nacionalsocialismo y el fascismo. Del mismo modo, el colapso del Imperio soviético a finales de los años 80 supuso una notable liberalización a lo largo y ancho de la Europa oriental. Sin embargo, estos acontecimientos, saludados por los liberales, no son indicativos de un verdadero renacimiento del liberalismo. Mas bien, tanto la liberalización de Alemania e Italia durante la postguerra como el proceso liberador ahora en curso en la Europa del este, son el resultado de eventos ajenos al devenir de la doctrina liberal: una derrota militar y una bancarrota económica terminal. A falta de otras soluciones, se optó por liberalizar los viejos sistemas; pero la opción por defecto adoptada no fue sino una variante del socialismo: la socialdemocracia, hoy ejemplificada por los Estados Unidos, la única superpotencia superviviente (todavía no derrotada militarmente y no arruinada económicamente).

A pesar de los periodos de recuperación liberal, en realidad escasos, el desplazamiento del liberalismo por el socialismo ya se ha completado. De hecho, tan completa ha sido la victoria socialista que hoy, a principios del siglo XXI, algunos neoconservadores han celebrado triunfalmente el «Fin de la historia» y el advenimiento del «último hombre», es decir, del último milenio de una socialdemocracia global administrada por los Estados Unidos y un nuevo homo socio-democraticus[325].

II

Aún contemplando la vocación hegeliana de esta interpretación como una simple preposteración, según la cual el liberalismo constituye no más que un estadio transitorio en la evolución del hombre socialdemócrata plenamente desarrollado[326], la mera apariencia de verdad de esta filosofía neoconservadora mortificará sin duda a los liberales. Ni siquiera se consuelan sabiendo que también la socialdemocracia está abocada al colapso económico. Los liberales sabían que el comunismo se autodestruiría, pero cuando esto sucedió no por ello tuvo lugar un renacimiento de sus doctrinas. No hay ninguna razón a priori para pensar que el hundimiento de la socialdemocracia les será más propicio.

Si se admite que el curso de la historia humana está determinado por las ideas (no por «fuerzas ciegas») y que los cambios históricos se producen por los desplazamientos ideológicos de la opinión pública, hay que concluir que la transformación socialista de los últimos cien años es el resultado de la derrota intelectual —filosófica y teórica— del liberalismo, rechazado por la opinión pública como una doctrina imperfecta[327]. En esta situación, al liberal se le ofrecen dos alternativas. Puede seguir manteniendo que el liberalismo es una sana doctrina y que el público la margina a pesar de su verdad. Pero entonces alguien debe explicar por qué la gente se aferra a las falsas creencias, incluso si son conscientes de la bondad de las ideas liberales[328]. ¿No es la verdad atractiva por si misma? ¿No es en sí misma una recompensa? Entonces, ¿por qué la verdad liberal suscita cada vez más oposición en beneficio de las falsificaciones socialistas? ¿Acaso la gente se va volviendo más indolente y degenerada? En tal caso, ¿qué explicación tiene?[329] La otra alternativa es considerar que en el rechazo se denuncia el error de una doctrina. En tal caso, se puede proceder a reconsiderar los principios teóricos para descubrir así el error. En otras palabras, la transformación socialista debe hacerse inteligible como un proceso originado y lógicamente alimentado por la destrucción y degeneración, progresivas y predecibles, de la teoría política liberal. En el error liberal se halla, pues, la causa última de la subsecuente confusión socialista.

III

El error trascendental del liberalismo radica en su teoría del gobierno[330].

La filosofía política liberal clásica —personificada en Locke y expuesta señeramente por Jefferson en la Declaración de independencia de los Estados Unidos— era ante todo una doctrina moral. Inspirada en la filosofía de los estoicos y la escolástica tardía, está basada en la posesión del propio cuerpo, la apropiación originaria de los recursos naturales (sin dueño), la propiedad y el contrato como derechos humanos universales, inherentes a la naturaleza del hombre qua animal racional[331]. En la época de los gobernantes regios o principescos, este énfasis en la universalidad de los derechos humanos colocó a la filosofía liberal en oposición radical a los gobiernos establecidos[332]. Para un liberal, todo hombre, sea rey o campesino, está sometido a los mismos eternos y universales principios de la justicia; y en cuanto al gobierno, o se legitima en un contrato entre los propietarios particulares o carece absolutamente de justificación[333]. Mas ¿acaso existe algún gobierno de esas características?

La respuesta liberal afirmativa es bien conocida y se basa en la proposición, a todas luces cierta, de que mientras la humanidad siga siendo lo que es, habrá asesinos, atracadores, ladrones, desalmados y estafadores, de modo que la vida en sociedad no será posible a menos que se les amenace con castigos físicos. Para mantener un orden social liberal, los liberales insisten en que es necesario que a sus miembros les sea dado oponerse (amenazando con el recurso a la violencia o empleándola directamente) a cualquiera que no respete la vida y la propiedad de los demás. A partir de esta premisa correcta, los liberales concluyen que la indispensable tarea de mantener la ley y el orden constituye la única función del gobierno[334].

Esta conclusión, sea o no correcta, depende en realidad de la propia definición del gobierno. Podría ser válida si por «gobierno» se entendiera simplemente que un individuo o una empresa proporcionan servicios de seguridad y protección a una clientela voluntaria de propietarios. Sin embargo, no fue esa la definición de gobierno adoptada por los liberales. Para un liberal, el gobierno no es sólo una empresa especializada. Más bien, el gobierno es una institución que posee dos características exclusivas. Al contrario que una empresa normal, posee un monopolio territorial coactivo de la jurisdicción (decisión suprema) y el derecho a cobrar impuestos. Sin embargo, aceptando esta definición del gobierno, la conclusión liberal es falsa. Pues de la necesidad y el derecho de protección personal y patrimonial no se sigue que esa protección sólo pueda prestarse legítimamente por un monopolio jurisdiccional y fiscal. Al contrario, puede demostrarse que una institución de esta especie resulta incompatible con la protección legítima y efectiva de la propiedad.

Según la doctrina liberal, los derechos de propiedad privada preceden histórica y lógicamente a cualquier gobierno. Son el resultado de actos de apropiación originaria, de producción o de intercambio entre un propietario anterior y otro posterior, y facultan al propietario para ejercer una jurisdicción exclusiva sobre recursos físicos bien delimitados. De hecho, el objetivo último de la propiedad privada es el establecimiento de dominios separados de jurisdicción exclusiva, para evitar posibles conflictos relativos al usos de recursos escasos[335]. Ningún propietario puede renunciar a su derecho a la decisión última y a la protección física de su propiedad en favor de un tercero, a no ser que se la venda o transfiera (en cuyo caso, el tercero adquiere la exclusiva jurisdicción sobre esa propiedad). Todo propietario puede, empero, participar de las ventajas de la división del trabajo y buscar más o mejor protección para su propiedad en la cooperación con otros propietarios —comprándola, vendiéndola o, en general, llegando a acuerdos con ellos—. Mas cualquier propietario podrá, unilateralmente y en cualquier momento, abandonar ese tipo de cooperación con los demás o cambiar su afiliación. Así pues, podrían aparecer individuos o agencias especializadas en ofrecer protección, aseguramiento y servicios de arbitraje a los clientes que voluntariamente pagaran un precio por ello. Lo cual, además de legítimo, sería económicamente posible[336].

Representarse el origen contractual de un sistema de suministradores competitivos de seguridad es fácil; resulta imposible, sin embargo, imaginar de qué modo podrían los propietarios adherirse a un contrato que facultara a otro agente para obligar (a cualquier persona dentro de un territorio dado) a recurrir a él para obtener protección y arbitraje, expulsando a cualquier otro agente de la prestación de servicios de protección. Ese contrato de monopolio implicaría la renuncia de los propietarios a su supremo derecho de decisión y protección permanente de su persona y patrimonio, en beneficio de un tercero. En efecto, al transferir ese derecho, una persona se sometería a una esclavitud permanente. De acuerdo con la doctrina liberal, un contrato de sometimiento como ese sería de todo punto inaceptable (nulo y no vinculante), pues contradice el fundamento praxeológico de todo contrato, es decir, la propiedad privada y la propiedad del individuo sobre si mismo[337]. No es posible ni legítimo renunciar de modo permanente a la persona y los bienes propios, quedando indefensos ante las acciones de los demás. Resulta del mismo modo inconcebible que una persona endose a su protector monopolista la facultad irrevocable de cobrar impuestos. Nadie puede celebrar un contrato, ni adherirse a uno ya existente, que permita al protector determinar unilateralmente, sin el consentimiento de los protegidos, la suma que estos últimos tienen que pagar por su protección.

Desde Locke, los liberales han intentado resolver su contradicción interna improvisando constituciones, contratos o acuerdos «tácitos», «implícitos» o «de concepto». Pero estos intentos, característicamente tortuosos y confusos, tan sólo han contribuido a una misma y única conclusión inevitable: la imposibilidad de justificar el gobierno a partir de contratos explícitos entre propietarios particulares[338].

IV

El liberalismo ha pretendido cohonestar la institución del gobierno con los principios liberales básicos de la posesión de si mismo, la apropiación originaria, la propiedad y el contrato. Este error le ha conducido a su propia destrucción.

En primer lugar y ante todo, del error de partida relativo al estatuto moral del gobierno se sigue que la solución liberal al eterno problema humano de la seguridad —un gobierno constitucionalmente limitado—, constituye un ideal contradictorio y praxeológicamente imposible. En contra de la originaria pretensión liberal de salvaguardar la libertad y la propiedad, todo gobierno mínimo (minimal government) manifiesta una tendencia característica a devenir un gobierno máximo (maximal government).

Una vez que equivocadamente se acepta como justo el principio de todo gobierno —monopolio judicial y poder fiscal—, la posibilidad de restringir su poder y salvaguardar la libertad y la propiedad individuales deviene ilusoria. Es previsible que el monopolio haga aumentar el precio de la justicia y la protección en mengua de su calidad. Las agencias de protección financiadas con impuestos representan una contradicción en sus propios términos, pues el protector de la propiedad incautada será, inevitablemente, la causa de más impuestos y menos protección. Incluso si, como los liberales han propuesto, un gobierno limitara sus actividades exclusivamente a la protección de los derechos de propiedad preexistentes, se plantearía a continuación el problema de cuánta seguridad producir. Motivado (como cualquiera) por el propio interés y la desutilidad del trabajo, pero pertrechado con el exclusivo poder de imponer tributos, el objetivo de un agente del gobierno será invariablemente maximizar el coste de la protección (casi toda la riqueza de la nación puede ser consumida, concebiblemente, por esos costes) y, al mismo tiempo, minimizar su producción. Cuanto más dinero pueda gastar y menos tenga que producir, mejor le irá[339].

Además, un monopolio judicial producirá inevitablemente el deterioro progresivo de la calidad de la protección. Si nadie puede recurrir judicialmente salvo a las instancias gubernamentales, la justicia se pervertirá en provecho del gobierno, a pesar de las constituciones y los Tribunales supremos. Tratándose, en ambos casos, de instituciones del gobierno, cualesquiera limitaciones de la acción de este último que puedan establecerse (constituciones) o invocarse (Tribunales supremos) dependerán, ciertamente, de agentes de aquél. Previsiblemente, la definición de la propiedad y la protección será continuamente alterada y el ámbito de la jurisdicción ampliado para beneficio del gobierno[340].

En segundo lugar, del error sobre el estatuto moral del gobierno se sigue, igualmente, que la preferencia y adhesión liberales tradicionales al gobierno local (descentralizado y territorialmente pequeño) es inconsistente y contradictoria[341]. En contra de la presunción liberal, todo gobierno, incluidos los gobiernos locales, tiene una tendencia inherente hacia la centralización, hasta convertirse, en última instancia, en un gobierno mundial.

Una vez que sin fundamento alguno se ha aceptado que para proteger y hacer respetar la cooperación pacífica entre dos individuos A y B, está justificado y es necesario que haya un monopolista judicial X, se sigue una doble conclusión. Presumiendo que no puede haber paz entre A y B si no existe X, operando varios monopolistas territoriales, X, Y y Z, tampoco habría paz entre ellos mientras persistiera el «estado de anarquía». Para satisfacer el desideratum liberal de una paz universal y eterna, toda centralización y unificación políticas y, en última instancia, el establecimiento de un único gobierno mundial, se considera justificada y necesaria[342].

La aceptación del gobierno, por último, tiene también como consecuencia la confusión de las inveteradas ideas de la universalidad de los derechos humanos y la unidad del derecho, transformadas en un vehículo del igualitarismo bajo el encabezamiento de la «igualdad ante la ley». A pesar del antiigualitarismo y del sentimiento aristocrático de los viejos liberales[343], una vez que la idea de los derechos humanos universales se mezcla con el gobierno, el resultado será el igualitarismo y la destrucción de esos mismos derechos.

Una vez que haya sido asumida la existencia del gobierno y eliminados los príncipes y reyes hereditarios, pues son incompatibles con la idea de los derechos humanos universales, se planteará el problema de cómo conciliar el gobierno con la concepción universalista e igualitaria de los derechos humanos. La respuesta liberal consiste en abrir a todos la participación y la entrada en el gobierno, en igualdad de condiciones, por la vía democrática. Todos —no sólo la clase hereditaria de los nobles— pueden convertirse en miembros o agentes del gobierno y ejercer cualesquiera de sus funciones. Sin embargo, esta igualdad democrática ante la ley es algo totalmente diferente (e incompatible) de la idea de un único Derecho universal, igualmente aplicable a todo el mundo, en todo tiempo y lugar. De hecho, la objetable división y desigualdad entre el Derecho superior de los reyes y el Derecho subordinado de los sujetos ordinarios se sigue manteniendo en democracia bajo la forma de separación entre el Derecho público y el privado, y la supremacía de aquel sobre este[344]. Bajo una democracia, todos son iguales en la medida en que el gobierno está abierto a todos en los mismos términos. En una democracia no existen privilegios personales o personas privilegiadas. Sin embargo, sí hay privilegios funcionales y funciones privilegiadas. Los agentes públicos, en la medida en que actúan las competencias de su cargo, se rigen por el Derecho público, ordenamiento que les protege y les reconoce una posición privilegiada frente a las personas que actúan bajo la autoridad del Derecho privado —sobre todo cuando les permite financiar sus actividades con cargo a los impuestos que gravan a los particulares, sometidos al Derecho privado—[345]. El privilegio y la discriminación legal no desaparecerán. Al contrario. En vez de quedar limitados a los príncipes y nobles, el privilegio, el proteccionismo y la discriminación legal estarán al alcance de todo el mundo y podrán ser ejercidos por cualquiera.

La democracia refuerza la tendencia de todo monopolio a aumentar el precio y disminuir la calidad. Como monopolista hereditario, un rey o un príncipe consideraban al territorio y a la población de su jurisdicción como su «propiedad» personal, sometiéndolos a su explotación monopolística. En una democracia no desaparecen ni el monopolio ni la explotación monopolística. Incluso si a todo el mundo se le franquea el acceso al gobierno, no se elimina por ello la distinción entre los que mandan y los que obedecen. El gobierno y los gobernados no son la misma persona. Al custodio democrático, intercambiable y provisional, se le coloca al frente del monopolio de un país que no le pertenece. Aunque no es propietario, en la medida en que desempeña el cargo puede usarlo en su beneficio y en el de sus protégés. Dispone, por tanto, del uso corriente —usufructo—, pero no del capital acumulado. Esto no eliminará la explotación, sino que determinará una explotación menos racional y probablemente ajena a la situación del capital. En otras palabras, la explotación será a corto plazo[346]. Además, con la libre entrada en el gobierno y la ampliación de la idea de la participación ciudadana, la perversión de la justicia se producirá aún más rápidamente. En vez de proteger los derechos de propiedad vigentes, el gobierno democrático se convertirá en una maquinara para redistribuirlos en nombre de la engañosa «seguridad social». Hasta la idea de unos derechos humanos universales e inmutables desaparecerá y será sustituida por el derecho como legislación positiva creada por el gobierno.

V

A la luz de lo anterior, podemos intentar dar respuesta a la pregunta sobre el futuro del liberalismo.

Por su error fundamental sobre la naturaleza moral del gobierno, el liberalismo ha contribuido realmente a la destrucción de su programa de salvaguarda: libertad y propiedad. Una vez aceptado el principio del gobierno, era sólo cuestión de tiempo el triunfo definitivo del socialismo sobre el liberalismo. La representación neoconservadora del «Fin de la historia», promotora de la socialdemocracia global norteamericana, es el resultado de dos siglos de confusión liberal. Así pues, el liberalismo, tal y como lo conocemos hoy, no tiene futuro. Su futuro es la socialdemocracia y ese futuro ya está aquí (y sabemos que no funciona).

Al aceptar el principio del gobierno, los liberales perdieron todos sus argumentos contra el socialismo, ideología que llevó la premisa hasta sus últimas consecuencias. Si el monopolio es justo, la centralización es justa. Si los impuestos son justos, más impuestos serán todavía más justos. Y si, por último, la igualdad democrática es justa, la expropiación de la propiedad privada de los particulares es también justa (lo que quiere decir que la propiedad privada no lo es). ¿Cómo puede entonces un liberal defender una menor imposición fiscal y una menor redistribución? Al admitir la justicia de los impuestos y del monopolio, los liberales pierden todo argumento moral de principio[347]. Bajar los impuestos no es para ellos un imperativo moral, sino el consecuente de un razonamiento exclusivamente económico. Unos impuestos más bajos, por ejemplo, producirán ciertos beneficios a largo plazo. Sin embargo, al menos a corto plazo y para algunas personas (los perceptores actuales de impuestos), eso tendrá un coste económico. Sin un principio moral a su disposición, un liberal se queda sólo con el expediente del análisis coste-beneficio, pero ese tipo de análisis exige una comparación interpersonal de utilidades, y estas comparaciones son imposibles (y científicamente inaceptables)[348]. El análisis coste-beneficio es arbitrario y cualquier propuesta que se apoye en sus resultados no deja de ser una mera opinión. En esta situación, los socialdemócratas aparecerán como gente más sincera y coherente, mientras que los liberales darán la impresión de ser poco prácticos y confusos, carentes de principios e incluso oportunistas, pues aceptan la premisa fundamental del orden vigente —el gobierno democrático—, pero se lamentan constantemente de sus consecuencias antiliberales.

Si el liberalismo debe tener algún futuro, debe remediar su grave error. Los liberales tendrán que reconocer que ningún gobierno puede justificarse contractualmente, que todos los gobiernos destruyen aquello que quieren proteger y que la protección y la producción de seguridad sólo puede proporcionarlas eficaz y legítimamente un sistema competitivo de compañías de seguridad. El liberalismo tendrá que convertirse en una teoría del anarquismo de la propiedad privada (una sociedad basada exclusivamente en el derecho privado), como por primera vez destacó hace casi 150 años Gustave de Molinari y ha expuesto sistemáticamente en nuestra época Murray Rothbard[349].

Semejante transformación teórica tendría inmediatamente un doble efecto. Por un lado, serviría para purificar el movimiento contemporáneo liberal. Los socialdemócratas con disfraz de liberales, así como numerosos altos funcionarios de gobiernos liberales, rápidamente se apartarían del renovado movimiento liberal. Por otro, la transformación determinaría una radicalización sistemática del liberalismo. Para aquellos miembros del movimiento que todavía sostienen la noción clásica de los derechos humanos universales y la idea de que la propiedad de uno mismo y los derechos dominicales preceden a la legislación y al gobierno, la transición del liberalismo al anarquismo de la propiedad privada sería sólo un pequeño salto, sobre todo si tenemos en cuenta la imposibilidad manifiesta de los gobiernos socialdemócratas para suministrar el único servicio que tradicionalmente han pretendido garantizar, el de la protección. El anarquismo de la propiedad privada es un liberalismo coherente, pensado hasta sus últimas consecuencias y retrotraído a sus aspiraciones originales[350]. Sin embargo, este pequeño salto teórico tiene implicaciones prácticas trascendentales.

Una vez dado este paso, los liberales abandonarían su lealtad al sistema actual, denunciarían la ilegitimidad de la forma de gobierno democrática y vindicarían su derecho a la autodefensa. Políticamente volverían a los orígenes revolucionarios del credo liberal. Al negar la validez de todo privilegio hereditario, el liberalismo clásico se opuso frontalmente a los gobiernos establecidos. Es sabido que el mayor éxito del liberalismo —la Revolución americana— fue el resultado de una guerra secesionista[351]. En la Declaración de independencia, al justificarse las acciones de los colonos americanos, Jefferson afirmó que «los gobiernos son instituidos entre los hombres, derivando sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados», para salvaguardar el derecho a «la vida, la libertad y la persecución de la felicidad». Así pues «cuando una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno fundado en dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad».

La propiedad privada anarquista reafirmará el derecho liberal clásico a «derrocar a ese tipo de gobierno y proporcionar nuevas salvaguardas a su seguridad futura».

Naturalmente, el renovado radicalismo del movimiento liberal no tendrá por si mismo gran alcance (aunque como enseña la Revolución americana, el radicalismo puede llegar a ser popular). En cambio, la sugestiva visión de una alternativa al sistema actual, proveniente de este nuevo radicalismo, podría romper finalmente la maquinaria socialdemócrata. Los anarcoliberales, contrarios a la integración política supranacional, a los gobiernos, constituciones, tribunales, bancos y monedas internacionales, a la socialdemocracia globalizadora y al ubicuo universalismo del multiculturalismo, proponen la reducción del Estado-nación a sus heterogéneas partes constitutivas. Al igual que sus antepasados, los nuevos liberales no aspiran a asumir la gobernación, pues prescinden del gobierno. Lo único que quieren es que el gobierno les deje solos, separarse de su jurisdicción y organizar su propia protección. Mas contrariamente a sus predecesores que aspiraban simplemente a reemplazar un gobierno grande por uno más pequeño, los liberales de nuevo cuño prolongan la lógica secesionista hasta el final. Proponen la secesión ilimitada, es decir, la proliferación sin restricción alguna de territorios libres e independientes, hasta que la jurisdicción estatal se extinga[352]. Para ello —y apartándose completamente de los proyectos estatistas de «integración europea» y de un «Nuevo Orden Mundial»— defienden una visión del mundo dividido en decenas de miles de cantones, regiones y ciudades libres; en centenares de miles de ciudades libres independientes —al estilo de las hoy pintorescas ciudades de Mónaco, Andorra, San Marino, Liechtenstein, Singapur y, hasta no hace mucho, Hong Kong— y todavía más distritos y barrios libres, económicamente integrados gracias al libre comercio (cuanto más pequeño es un territorio, mayor es la presión económica para que adopte el libre comercio) y a un patrón monetario internacional basado en el oro.

Si esta alternativa liberal se ganara a la opinión pública, la liquidación del «Fin de la historia» socialdemócrata impulsaría el renacimiento liberal.

Capítulo 12

SOBRE EL GOBIERNO Y LA PRODUCCIÓN

PRIVADA DE DEFENSA

El pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad.

(Declaración de independencia).

I

La creencia en la seguridad colectiva constituye uno de los tópicos más populares y trascendentales de nuestro tiempo. Nada menos que la legitimación del Estado reposa sobre ella.

Demostraré que la idea de la seguridad colectiva es un mito que no puede proporcionar justificación alguna para el Estado y, así mismo, que la seguridad es y debe ser un asunto privado. Antes que nada, expondré la reconstrucción en dos etapas del mito de la seguridad colectiva, reparando en unas pocas cuestiones en cada caso.

El mito de la seguridad colectiva puede también denominarse mito hobbesiano. Thomas Hobbes, así como la legión de filósofos y economistas políticos que le siguieron, sostenía que en el estado de naturaleza los hombres se atacarían unos a otros todo el tiempo. Homo homini lupus est. Expresado en términos más modernos, en el estado de naturaleza existiría una «insuficiente producción» de seguridad. Cada individuo, dejado a su suerte, gastaría «demasiado poco» en su propia defensa, lo que acarrearía una guerra interpersonal sin cuartel. La solución para esta situación, intolerable según Hobbes y sus sucesores, es el establecimiento de un Estado. Para instituir la cooperación pacífica entre dos individuos, A y B, se necesita de un tercero independiente, E, como árbitro y pacificador en última instancia. Sin embargo, el tercero, E, no es un individuo como los demás y el bien que proporciona, la seguridad, no es un bien «privado». E es un soberano y como tal tiene dos únicas prerrogativas. Por un lado, puede porfiar para que sus súbditos, A y B, no busquen protección en nadie más aparte de él; por tanto, E se convierte en un monopolista territorial coactivo de la protección. E puede determinar también unilateralmente, por otra parte, la cantidad que A y B deben gastar en su propia seguridad; es decir, E puede exigir los tributos necesarios para la provisión «colectiva» de seguridad.

De poco sirve discutir si el hombre es tan malo y tan lobo como suponía Hobbes o no, salvo para recalcar que la tesis de Hobbes, obviamente, no puede significar que al hombre sólo le muevan los instintos agresivos. De ser así, la humanidad hubiese perecido hace muchísimo tiempo. El hecho de que sobreviva prueba que el hombre también posee la razón y es capaz de domeñar sus impulsos naturales. La disputa se centra exclusivamente en la solución hobbesiana. Dado que el hombre es un animal de naturaleza racional, ¿puede considerarse un progreso su solución al problema de la inseguridad? ¿Puede la fundación de un Estado reducir la conducta agresiva y promover la cooperación pacífica, mejorando de este modo la provisión privada de seguridad y protección? Las dificultades que plantea el argumento hobbesiano son evidentes. Una de ellas, dejando a un lado el problema de la maldad humana, es la existencia de E —rey, dictador o presidente electo—. La aparición de E no altera la naturaleza del hombre. ¿Cómo puede ser mejor la protección de A y B si E les grava para proporcionársela? ¿Acaso no resulta contradictoria la institución de E como protector de la propiedad expropiada? ¿No es esto lo que a veces de denomina —con mayor propiedad— un chantaje? Ciertamente, E hará la paz entre A y B, pero con el fin de poder robarles con mayor provecho. Cuanto mejor pertrechada esté la defensa de E, más indefensos y expuestos a sus ataques estarán A y B. Vista así, la seguridad colectiva no parece mejor que la privada. En el fondo se trata de la seguridad privada del Estado, E, perfeccionada con la expropiación o desarme económico de sus súbditos. Por lo demás, los estatistas, desde Hobbes a Buchanan, han argumentado que un Estado protector como E llegaría a alguna solución parecida a un contrato «constitucional»[353]. ¿Pero quién en su sano juicio suscribiría un contrato que permitiese al protector determinar unilateralmente —e irrevocablemente— la suma que el protegido tiene que pagar por su protección? El hecho es que nadie nunca lo ha hecho[354].

Permítaseme interrumpir mi discusión y regresar a la reconstrucción del mito hobbesiano. Una vez aceptado que para instituir la cooperación pacífica entre A y B es necesario que haya un Estado, E, se imponen dos conclusiones. Si existe más de un Estado, E1, E2, E3, del mismo modo que las relaciones entre A y B pueden no ser pacíficas, no tiene por qué haber paz entre los Estados E1, E2 y E3 mientras persista entre ellos el estado de naturaleza (o estado de anarquía). En consecuencia, para realizar la paz universal, son necesarias la centralización y la unificación políticas y, en última instancia, la unidad del mundo bajo un único gobierno.

Resultará útil precisar aquello que puede considerarse incontrovertible. Para empezar, el razonamiento de Hobbes es correcto hasta el final. Si la premisa es correcta, las consecuencias se seguirán una detrás de otra. Los presupuestos empíricos hobbesianos parecen a primera vista ser corroborados por los hechos. Es cierto que los Estados están permanente en guerra entre si. También puede constatarse una tendencia histórica hacia la centralización política y la gobernación global. Lo discutible es la interpretación de estos hechos y la consideración de la unidad del mundo como un progreso para la provisión de seguridad y protección privadas. Alguna anomalía empírica parece viciar entonces su argumento. La razón de la oposición entre los diferentes Estados E1, E2 y E3 se debe, según Hobbes, al estado de anarquía en el que se desenvuelven todos. Sin embargo, antes del advenimiento del Estado mundial, no son sólo E1, E2 y E3 quienes viven en la anarquía, sino que también cualquier ciudadano de un Estado vive en estado de naturaleza con respecto a los ciudadanos de los otros Estados. La consecuencia de ello debería ser la constatación de que la guerra y la agresión tienen lugar entre los ciudadanos particulares de cada Estado, así como entre los diferentes Estados. Sin embargo, esto no es así empíricamente. El trato privado entre extranjeros suele ser sensiblemente menos belicoso que el trato entre los diferentes gobiernos. Pero esto no es una sorpresa. Después de todo, un agente del Estado, E, a diferencia de sus súbditos, puede contar con la imposición fiscal doméstica para dirigir sus «asuntos extranjeros». Dada su natural agresividad, parece evidente que E se comportará más cínica y violentamente con los extranjeros si puede externalizar los costes de esa conducta. Seguramente, cualquiera de nosotros correría mayores riesgos y se implicaría en acciones de provocación y agresión si pudiese hacer que los demás pagaran por ello. También los Estados, con toda probabilidad, estarían dispuestos a ampliar su monopolio de protección territorial (chantaje de la protección) a costa de otros Estados, apareciendo el gobierno mundial como resultado final de la competencia interestatal[355]. ¿Cómo se puede decir que esto supone un progreso sobre la provisión privada de seguridad y protección? En realidad sucede lo contrario. El Estado mundial es el vencedor de todas las guerras y el superviviente del chantaje de la protección. ¿Acaso no le convierte esto en una institución especialmente peligrosa? ¿Quién se resistirá al poder arrollador de un único Estado mundial, a cuyo lado los individuos son insignificantes?

II

Hagamos un receso en nuestra abstracta consideración teórica para examinar brevemente la evidencia empírica que se relaciona con este asunto. Como se dijo al principio, el mito de la seguridad colectiva es tan popular como trascendental. No conozco ninguna investigación sobre esta materia, pero aventuraría que el mito hobbesiano es más o menos aceptado, sin cuestionarlo, por más del 90 % de la población adulta. Hasta ese punto está extendida la creencia en el carácter indispensable de la protección y la defensa estatales. Sin embargo, creer una cosa no la convierte en verdadera. Si la creencia es falsa, la acción errará. ¿Qué sucede con la prueba? ¿Confirma a Hobbes y a sus seguidores o más bien corrobora los temores y reservas anarquistas?

Los Estados Unidos se fundaron expresamente como un Estado «protector» de estilo hobbesiano. Esto es lo que se dice en la Declaración de Independencia redactada por Jefferson: «Sostenemos la evidencia de estas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que el Creador les dotó de derechos inalienables; que entre estos se cuentan el derecho a la vida, a la libertad y a la persecución de la felicidad; que los gobiernos, que derivan sus legítimos poderes del consentimiento de los gobernados, han sido instituidos para asegurar estos derechos».

El gobierno de los Estados Unidos se instituyó para cumplir exclusivamente una misión: la protección de la vida y la propiedad. Así pues, debería proporcionar el mejor ejemplo para juzgar la validez de la afirmación hobbesiana (la vocación protectora del Estado). Después de más de dos siglos de estatismo protector, ¿en qué situación se encuentra nuestra protección y la pacífica cooperación humana? ¿Ha tenido éxito el experimento americano del estatismo protector?

Según las opiniones de nuestros gobernantes y sus intelectuales orgánicos —más numerosos que en épocas anteriores—, nunca hemos estado tan bien protegidos y seguros. Supuestamente estamos a salvo del calentamiento y el enfriamiento globales; de la extinción de animales y plantas; de los abusos de los maridos y las esposas, de los padres y los empresarios; también de la pobreza, la enfermedad, los desastres, la ignorancia, los prejuicios, el racismo, el sexismo, la homofobia y otros incontables enemigos y peligros públicos. Para proporcionarnos toda esa «protección» frente problemas tan diversos, los administradores del Estado expropian más del 40% de los ingresos de los productores privados cada año. El endeudamiento y las responsabilidades del gobierno se han engrosado ininterrumpidamente, incrementándose a su vez la necesidad de futuras expropiaciones. La sustitución del oro por el papel moneda del gobierno ha hecho aumentar claramente la inseguridad financiera. Con la depreciación monetaria se roba a los individuos continuamente. Todos los detalles de la vida privada, la propiedad, el comercio y la contratación están regulados por montañas de leyes cada vez más altas (legislación), lo que es causa de una incertidumbre legal permanente y del deterioro moral. Nos han arrancado, particularmente, el derecho de exclusión, consustancial con la propiedad privada. No podemos, como vendedores o como compradores, vender o comprar a quien mejor nos parezca. Tampoco se nos permite concertar con nuestros socios los pactos restrictivos que, como miembros de una asociación, consideremos mutuamente beneficiosos. Como americanos, tenemos que aceptar en nuestro vecindario a inmigrantes que no queremos tener cerca. Como profesores no podemos desentendernos de los estudiantes de conducta desviada. Como empresarios tenemos que cargar con trabajadores destructivos o sin preparación. Como propietarios de tierras nos vemos obligados a vivir con pésimos arrendatarios. Como banqueros y aseguradores no nos está permitido dejar de asumir graves riesgos. Como propietarios de restaurantes y bares tenemos que acomodar a clientes que no son bienvenidos. Como socios de clubes privados somos constreñidos a aceptar cierto tipo de miembros o acciones que violan nuestras propias reglas y restricciones. En suma, cuanto más crecen los gastos del Estado en la seguridad «social» y la protección «pública», más se erosionan nuestros derechos de propiedad privada, más expropiaciones, confiscaciones, destrucciones y depreciaciones minan nuestra propiedad y más se nos priva del verdadero fundamento de toda protección: la independencia económica, la fortaleza financiera y la riqueza personal[356]. Todos los presidentes y la mayoría de miembros del Congreso han dejado en el camino cientos de miles de víctimas sin nombre de la ruina económica, la bancarrota financiera, la crisis, el empobrecimiento, la desesperación, las privaciones y la frustración.

El retrato es todavía más desolador si consideramos la política exterior. El territorio continental de los Estados Unidos rara vez ha sido atacado por un ejército extranjero. (Pearl Harbor fue el resultado de una provocación norteamericana). Los Estados Unidos se han distinguido por tener un gobierno que declaró la guerra contra una amplia parte de su población, implicándose en el cruel asesinato de cientos de miles de sus ciudadanos. Además, mientras que las relaciones entre los ciudadanos americanos y los extranjeros no parecen haber sido especialmente conflictivas, el gobierno de los Estados Unidos, casi desde sus orígenes, practicó permanentemente un expansionismo agresivo. Desde la Guerra hispano-norteamericana hasta nuestros días, pasando por las dos Guerras mundiales, el gobierno de los Estados Unidos ha estado implicado en cientos de conflictos internacionales, elevándose al rango de potencia imperialista hegemónica. Puede decirse que casi todos los presidentes del siglo XX han sido responsables del homicidio, el asesinato o la muerte por inanición de muchísimos inocentes en todo el mundo. Mientras que nosotros, los ciudadanos, nos empobrecíamos y nos sentíamos amenazados e inseguros, el gobierno de los Estados Unidos se ha hecho cada vez más cínico y agresivo. En el nombre de la seguridad «nacional» «nos» defiende. Por eso se ha pertrechado con enormes arsenales de armas de agresión y de destrucción masiva, intimidando a todo nuevo «Hitler», grande o pequeño, y a todos aquellos sospechosos de simpatizar con él en cualquier lugar del mundo[357].

La evidencia empírica es clara. La creencia en un Estado protector constituye un error patente y el experimento americano del estatismo proteccionista un completo fracaso. El gobierno de los Estados Unidos no nos protege. En realidad, no existe un peligro más grande para nuestra vida, propiedad y prosperidad que ese gobierno. El presidente de los Estados Unidos representa la mayor amenaza armada del mundo, capaz de terminar con quien se le oponga y destruir el planeta.

III

Los estatistas reaccionan como los socialistas cuando se enfrentan a los catastróficos resultados económicos de la Unión Soviética y sus satélites. No niegan necesariamente la sombría realidad de los hechos, pero sostienen que estos últimos son el resultado de la discrepancia (desviación) entre el estatismo (socialismo) «real» y el «ideal» o «verdadero». Los socialistas defienden que el «verdadero» socialismo no ha sido todavía refutado por la experiencia y que todo hubiese ido mejor, alcanzándose una prosperidad sin parangón, de haber triunfado el socialismo de Trotsky, Bujarin u otras versiones auténticas, en vez del estalinismo. Del mismo modo, toda evidencia aparentemente contradictoria es interpretada por los estatistas como algo meramente circunstancial. Si en determinados momentos históricos hubiese alcanzado el poder cierto presidente o si se hubiese adoptado esta o aquella enmienda constitucional, se habrían garantizado la paz y la seguridad como nunca antes se hiciera. Se dice entonces que eso es todavía posible si se aplican sus políticas.

Hemos aprendido de Ludwig von Mises cómo responder a la evasiva (y autoinmune) estrategia socialista[358]. Mientras subsista como característica definitoria o esencia del socialismo la inexistencia de la propiedad privada de los factores productivos, de nada servirán las reformas. La idea de una economía socialista es una contradicción en sus propios términos y la pretensión de que el socialismo representa un modelo de producción social «superior» y más eficiente es absurda. Para realizar eficientemente los propios fines, sin malgastar los recursos disponibles, en el marco de una economía de intercambio basada en la división del trabajo, se necesita el cálculo monetario (contabilidad de costes). Salvo para una economía familiar primitiva autosuficiente, el cálculo monetario es el único instrumento de una acción racional y eficiente. Tan sólo la comparación aritmética entre ingresos y gastos en términos de un medio común de intercambio (moneda), permite a una persona determinar si su acción es acertada o no. En cambio, el socialismo es la total ausencia de economía. Sus condiciones hacen imposible, por definición, el cálculo monetario y la contabilidad de costes. Si no existe la propiedad privada de los factores de producción, estos no tienen precio, por lo que resultará imposible determinar si se están empleando económicamente o no. Así pues, el socialismo no es un modo superior de producción, sino el caos económico y la regresión al primitivismo.

Murray N. Rothbard nos ha enseñado cómo responder a la evasiva estrategia de los estatistas[359]. Sin embargo, la diáfana y trascendental lección rothbardiana, no ha sido hasta hace poco reconocida y apreciada. Mientras persista la esencia del Estado, solía decir, toda reforma, personal o constitucional, será inútil. Supuesto el principio de todo gobierno —monopolio judicial y poder fiscal—, la limitación de su poder y la salvaguarda de la vida y la propiedad personales son meras ilusiones. El monopolio hace aumentar el precio de la justicia y la protección y rebaja su calidad. Una agencia de protección financiada con impuestos resulta contradictoria, pues estos suben cada vez más y la protección empeora. Aunque el gobierno se limitara exclusivamente a la protección de los derechos de propiedad vigentes —lo que en principio constituye su misión—, no por ello dejaría de plantearse la cuestión ulterior de cuánta seguridad se necesita. La respuesta del gobierno —como la de cualquier otro actor—, motivado por el propio interés y la desutilidad del trabajo, será invariablemente la misma: maximizar los gastos en protección —siendo concebible que casi toda la riqueza nacional se utilice para financiarlos— y minimizar la producción de seguridad. El monopolio judicial, por otro lado, deteriora la calidad de la justicia y la protección que administra. Si únicamente se puede recurrir al gobierno para obtenerlas, la justicia y la protección se pervierten en beneficio de quien las administra, no obstante las constituciones y los Tribunales supremos. Después de todo, no se trata sino de constituciones y tribunales supremos estatales, cuyas limitaciones a la acción del gobierno están determinadas por agentes dependientes del mismo gobierno. En consecuencia, la definición de la propiedad y la protección sufrirán continuas alteraciones y el ámbito de la jurisdicción se ampliará para favorecer al gobierno.

De aquí se deduce, según Rothbard, que lo mismo que el socialismo no puede ser reformado sino que tiene que ser abolido para lograr la prosperidad, tampoco la institución estatal puede ser reformada, sino que tiene que desaparecer para que se garanticen la justicia y la protección. «La defensa en una sociedad libre —incluyendo servicios de defensa personal y dominical como la protección policial y los fallos judiciales— tendría que ser suministrada, concluye Rothbard, por personas o empresas que (a) obtuviesen sus ingresos en transacciones voluntarias, no coercitivas y (b) no se arrogasen, como hace el Estado, el monopolio coactivo de la protección policial y judicial... La empresas de defensa tendrían que poder competir libremente y sin causar daños a las gentes pacíficas, en las mismas condiciones, por tanto, que cualesquiera otros proveedores de bienes y servicios en el mercado libre. Los servicios de defensa, como los demás servicios, pueden y deben ser exclusivamente objeto de comercio»[360].

Cualquier propietario particular debería poder participar de las ventajas de la división del trabajo y procurarse una protección más eficiente que la que podría obtener por sus propios medios (auto-defensa) o cooperando directamente con otros propietarios. Todo el mundo tendría derecho a comprar, vender o, en general, a obtener contractualmente de un tercero los servicios de protección y judiciales, pudiendo en todo momento abandonar la cooperación con terceros y defenderse por si mismo o cambiar la afiliación protectora.

IV

Después de revisar el mito de la seguridad colectiva —que no es otra cosa que el mito de Estado— y refutarlo desde supuestos empíricos y teóricos, debo proceder a construir el argumento a favor de la seguridad y la protección privadas. Para acabar con el mito de la seguridad colectiva no basta con poner de manifiesto el error implícito en la noción de un Estado protector. Es tan importante o más comprender de qué modo operaría, efectivamente, la alternativa de la seguridad no estatal. Rothbard, continuando los estudios precursores del economista francobelga Gustave de Molinari[361], nos ha proporcionado un bosquejo del sistema de la protección y la defensa en un mercado libre[362]. Estamos también en deuda con Morris y Linda Tannehill por sus agudos análisis e intuiciones a este respecto[363]. Elaboraré mi propio análisis siguiendo su ejemplo, con el fin de proporcionar una más comprehensiva visión del sistema alternativo —no estatal— de provisión de seguridad y protección, y su capacidad para repeler los ataques de individuos, bandas y, particularmente, Estados.

Existe un acuerdo general entre liberales libertarios como Molinari, Rothbard, los Tannehill y otros muchos comentaristas, sobre la defensa como una forma de aseguramiento y los gastos que la misma conlleva como una especie de prima (precio). Por tanto, y en esto insisten especialmente Rothbard y los Tannehill, los candidatos más probables para ofrecer los servicios de protección y defensa en una economía moderna y compleja, basada en la división internacional del trabajo, son las agencias de seguros. Cuanto mejor sea la protección de la propiedad asegurada, de menor cuantía serán las reclamaciones por daños y, consecuentemente, disminuirán los costes del asegurador. Así pues, proporcionar una eficiente protección parece redundar en el propio interés financiero de todo asegurador. De hecho, aunque su actividad está limitada y obstaculizada por el Estado, las compañías de seguros ofrecen una amplia gama de servicios de protección e indemnización (compensación) de daños infligidos a particulares. Las compañías de seguros cumplen una segunda y esencial condición. Obviamente, quienquiera que ofrezca protección debe parecer capaz de cumplir lo pactado si quiere conseguir clientes. Tiene que poseer los medios económicos necesarios —recursos humanos y financieros— para ocuparse de los peligros, ciertos o supuestos, del mundo real. También en este punto las entidades aseguradoras se presentan como las candidatas perfectas. Operan a escala nacional, incluso internacional y sus recursos están repartidos por todo el mundo, más allá de las fronteras estatales. Tienen pues un interés manifiesto en la protección efectiva. Son «grandes» y económicamente poderosas, pero además están todas conectadas a través de una red de acuerdos de asistencia mutua y arbitraje. El sistema internacional de compañías de reaseguro constituye una combinación de poder económico de tal magnitud que deja pequeños a la mayoría de los gobiernos.

Permítaseme ahora examinar la tesis de que la protección y la defensa son formas de «aseguramiento» que pueden ser ofrecidas por compañías de seguros. Mi análisis tiene dos presupuestos. En primer lugar, no es posible asegurar a una persona frente a todas las contingencias de la vida. Por ejemplo, yo no puedo asegurarme contra el suicidio, el incendio de mi propia casa, el desempleo, las pocas ganas de levantarme por la mañana o las pérdidas de mi empresa, pues el resultado final, en cada caso, depende total o parcialmente de mi. Este tipo de riesgos deben asumirse individualmente. Nadie, salvo yo mismo, puede hacerles frente. En este sentido, el punto de partida es aquello que hace de la protección y la defensa riesgos asegurables. Después de todo, como ya hemos visto aquí, la cosa no es tan evidente. ¿Acaso no tenemos cada uno no nosotros un apreciable control sobre la posibilidad de sufrir un ataque invasivo de nuestra persona o propiedades? ¿No es cierto que podemos hacernos responsables de un ataque contra nosotros mismos al agredir o provocar a un tercero y que, en tal caso, la protección se convierte en una contingencia inasegurable, como el suicidio y el desempleo, que todo individuo tiene que asumir personalmente?

La respuesta no puede ser un si o un no excluyentes. Será afirmativa en la medida en que nadie puede ofrecer una protección incondicional, es decir, el aseguramiento frente a cualquier tipo de invasión. Este tipo de protección tan sólo está al alcance de cada individuo. Pero la respuesta habrá de ser negativa en lo que se refiere a una protección condicional, pues únicamente las agresiones provocadas por la víctima no son susceptibles de ser aseguradas. Los ataques no provocados, es decir, «accidentales», pueden, por el contrario, asegurarse[364]. Así pues, la protección deviene un bien asegurable si y sólo si el agente asegurador restringe contractualmente las acciones del asegurado, excluyendo toda «provocación» por su parte. Las distintas compañías pueden definir la provocación de diversa forma, pero no habrá diferencias entre los aseguradores con respecto al principio de exclusión (prohibición) de toda acción hostigadora.

Por elemental que pueda parecer esta primera aproximación a la naturaleza esencialmente defensiva —no agresiva y no provocadora— del seguro de protección, tiene una enorme importancia. Por un lado, ello supone que ningún agresor conocido podrá conseguir que le aseguren, quedando aislado y debilitado económicamente. Por el otro, quien desee más protección de la que sea capaz de procurarse a si mismo, sólo podrá obtenerla a condición de que se someta a determinadas normas de conducta no agresiva y civilizada. Además, cuanto mayor sea el número de personas aseguradas —y en una economía de intercambio moderna la mayoría de la gente no se conforma con la autodefensa—, mayor será la presión económica sobre los que no están asegurados para que adopten los mismos patrones de conducta social. En este sentido, el resultado de la competencia entre aseguradores será una tendencia a la baja en el precio de las primas.

Al mismo tiempo, un sistema de aseguradores competitivos tendría un doble impacto sobre el modo de producción del derecho, contribuyendo a reducir los conflictos. Este sistema tendría en cuenta la creciente variabilidad y flexibilidad de la ley. En vez de imponer, como el Estado, un patrón jurídico uniforme, las agencias aseguradoras competirían no sólo con los precios, sino también mediante la diferenciación del producto. Los aseguradores se diferenciarían y distinguirían unos de otros según el código de conducta impuesto a sus clientes y el comportamiento que se espera de ellos en cada caso, el procedimiento probatorio o el tipo de compensaciones y castigos. Coexistirían así aseguradores católicos, judíos, musulmanes y no creyentes que aplicarían, respectivamente, el Derecho canónico, la Ley mosaica, la Ley coránica o un Derecho secular en cualquiera de sus variantes, y que estarían sostenidos por una clientela voluntaria, objeto de su competencia. Los consumidores podrían elegir y, en ocasiones, cambiar el derecho aplicable a su persona y propiedades, pues nadie sería forzado a vivir sometido a un derecho «extraño». De este modo se eliminaría una importante fuente de conflictos.

Ahora bien, un sistema de aseguradores que ofrecen códigos legales competitivos promovería la unificación del derecho. El derecho «doméstico» —católico, judío, romano, germánico, etc.— únicamente se aplicaría y obligaría a todos los asegurados por el mismo asegurador bajo la misma ley. El Derecho canónico, por ejemplo, tan sólo se aplicaría a los católicos, rigiendo únicamente en los conflictos entre católicos. Mas es posible que un católico trate o tenga alguna diferencia con gentes ajenas a su confesión, deseando entonces ser protegido de los adscritos a otros códigos, por ejemplo, el coránico. Esto no supondría un problema si las leyes canónica y coránica ofrecen una solución parecida en el caso litigioso. Sin embargo, si cada código llegara a una conclusión distinta —supuesto que necesariamente se presentaría en algunos casos—, nos enfrentaríamos a un nuevo problema. En un conflicto de estas características resulta inútil la apelación del asegurado al código de su propio grupo, pues no puede pretender que su compañía católica someta a sus fallos a un asegurador musulmán, o viceversa. Cada asegurador tendrá más bien que contribuir al desarrollo de un derecho intergrupal, aplicable en aquellos supuestos de discrepancia entre los códigos de los aseguradores. Comoquiera que estas provisiones resultarán creíbles a los asegurados, que las considerarán un bien, en la medida en que sean también aceptadas por otros aseguradores —y cuanto más mejor—, la competencia promoverá el desarrollo y el refinamiento de un cuerpo jurídico que suscitará el más amplio consenso legal y moral (abarcador de varias culturas), representando el más amplio denominador común entre los diversos códigos jurídicos del mercado[365].

Aunque los diversos aseguradores y códigos puedan discrepar sobre la conveniencia de plantear ciertos casos ante una u otra sede, las circunstancias les obligarían a someterse en esos supuestos al arbitraje de una tercera parte independiente. Esta, empero, no sólo sería independiente de las dos partes discrepantes. También sería, simultáneamente, la elección unánime de ambas; razón por la cual los árbitros representarían o incluso personificarían el «consenso» y la «predisposición al acuerdo». Sus fallos serían aceptados al reconocer las partes su capacidad para hallar y formular soluciones mutuamente satisfactorias, es decir, «equitativas», en los supuestos de desacuerdos que afectan a diversos grupos. Además, si un árbitro errara y ofreciese soluciones percibidas como «injustas» o «parciales» por uno de los aseguradores o sus clientes, sería muy poco probable que esa persona volviese a ser elegida como árbitro.

En consecuencia, los contratos de protección y seguridad serían el resultado más destacable de la competencia desatada entre diversos aseguradores a la búsqueda de clientes. Los aseguradores, al contrario que los Estados, ofrecerían a sus clientes unos contratos con descripciones precisas del producto y claras definiciones de las cargas y obligaciones. La relación entre los asegurados y los árbitros estaría pues definida y regida por un instrumento contractual. Cada parte de un contrato, durante su término o hasta su cumplimiento, estaría limitada por sus estipulaciones y condiciones. Cualquier cambio de las mismas exigiría el consentimiento unánime de las partes concernidas. En condiciones de competencia no puede admitirse la «legislación». Ningún asegurador que no sea un Estado saldría bien librado si «prometiera protección» a sus clientes sin explicarles de qué modo y a qué precio, manifestando además que, si así lo decidiera unilateralmente, podría cambiar las condiciones de la relación protector-cliente. Los clientes asegurados demandarían un servicio «mejor», a lo que otros aseguradores accederían ofreciendo contratos y un derecho constante, en vez de promesas y una legislación movediza y cambiante. La cooperación permanente entre varios aseguradores y árbitros inauguraría la tendencia a la unificación del derecho de la propiedad y los contratos, así como a la armonización de las reglas de procedimiento, prueba y resolución de conflictos, incluidos los asuntos relacionados con la responsabilidad, agravios, compensaciones y castigos. Gracias al seguro de protección contratado, todos estarían vinculados en una empresa competitiva global cuya meta sería la reducción del conflicto y el aumento de la seguridad. Todo conflicto y reclamación por daños, por insignificantes que parezcan, caerían bajo la jurisdicción de una o más agencias de seguros y podrían ser abordadas según el código «doméstico» de un asegurador particular, o según las previsiones y procedimientos legales «internacionales» previamente acordados por un grupo de aseguradores, quedando así plenamente asegurada ex ante la estabilidad y la certeza jurídicas.

V

Debemos ocuparnos ahora de una segunda cuestión. Con independencia de la asegurabilidad de la protección defensiva, el seguro presenta dos formas básicas. Permítasenos considerar tan sólo dos ejemplos característicos: el aseguramiento contra desastres naturales, como terremotos, inundaciones o huracanes, y el aseguramiento contra accidentes o desastres industriales, como el mal funcionamiento de ciertas instalaciones, las explosiones o los productos defectuosos. Aquellos pueden servir como ejemplo del seguro de grupos o mutualista. Algunos territorios son más propensos a los desastres naturales que otros; por esta razón, la demanda y el precio de los seguros será más alto en esas áreas. Los riesgos de cualquier localización geográfica dentro de ciertos límites territoriales son contemplados homogéneamente por el asegurador. El asegurador conoce presumiblemente la frecuencia y la intensidad de los eventos en la región concebida como una unidad, pero en cambio lo ignora todo sobre el riesgo particular de una ubicación concreta. En este caso, toda persona asegurada pagará la misma prima por valor asegurado. Las primas recaudadas en un periodo de tiempo dado deben ser suficientes para cubrir todas las reclamaciones por daños acontecidas en dicho periodo temporal o, de otro modo, el negocio del asegurador incurriría en pérdidas. Puede decirse, en suma, que los riesgos individuales concretos son agrupados y asegurados en común.

Los seguros industriales constituyen ejemplos de aseguramiento individual. Al contrario que los desastres naturales, el riesgo asegurado en este caso es el resultado de una acción humana, concretamente de los esfuerzos productivos. Todo proceso de producción está controlado por un productor individual. Ningún productor se propone como meta de su actividad experimentar un siniestro. No obstante, según se ha expuesto ya, únicamente son asegurables los desastres accidentales, es decir, no intencionados. Aunque la producción está ampliamente regulada y tiene, generalmente, buen fin, los productores y las tecnologías que se emplean no están libres de eventuales contratiempos y accidentes que escapan a su control
—el margen de error—. En la medida en que se trata de la resultante —intencionada o no— de los esfuerzos de producción individuales y de unas técnicas concretas, este tipo de riesgos varía mucho en cada caso. El riesgo de los diferentes productores y técnicas no puede agruparse, de modo que cada productor debe asegurarse individualmente. El asegurador tendrá que conocer en este caso la frecuencia temporal del evento, pero, salvo que se tratara de un productor y de unas técnicas operantes en todas las épocas, no puede saber la posibilidad de que el evento se produzca en un momento singular. No puede presumirse que las primas cobradas en un periodo dado bastarán para cubrir todos los daños emergentes durante dicho periodo. La presunción correcta es otra: que las primas correspondientes a numerosos periodos temporales serán suficientes para cubrir la reclamaciones por daños del lapso temporal abarcador de todos los periodos. En consecuencia, un asegurador debe disponer de reservas de capital para cumplir sus obligaciones contractuales, tomando en consideración el valor actualizado de sus reservas a la hora de calcular sus primas.

Otro asunto de interés es qué tipo de seguro protege contra las agresiones e invasiones de otros actores. ¿Puede tratarse de un seguro mutualista, como los que cubren los desastres naturales, o puede ofrecerse como un seguro individual, como en el caso de los accidentes industriales?

Nótese que ambas formas de aseguramiento representan únicamente los dos extremos posibles de un continuo y que la posición en el mismo de un riesgo particular nunca está definitivamente fijada. A causa de los avances científicos y tecnológicos en meteorología, geología o ingeniería, por ejemplo, riesgos que anteriormente se consideraban homogéneos (susceptibles de un seguro mutualista) pueden descomponerse poco a poco, dejando de serlo. Es digna de mención esta tendencia en el campo de los seguros médicos y de salud. Los avances de la ingeniería genética médica —huella genética— están determinando que riesgos homogéneos o inespecíficos con respecto a grandes poblaciones, se hayan convertido en riesgos cada vez más heterogéneos y específicos.

¿Puede añadirse algo, teniendo todo esto en cuenta, sobre los seguros de protección en particular? Creemos que sí. Después de todo, aunque el seguro necesita que el riesgo sea accidental desde el punto de vista del asegurador y el asegurado, el evento de una invasión agresiva se aparta claramente del supuesto de los desastres naturales o industriales. Estos son el resultado de las fuerzas de la naturaleza y la agresión es una acción humana. Por otro lado, la naturaleza es «ciega» y no discrimina entre individuos o tiempos; un agresor, en cambio, sí que puede distinguir y elegir a su víctimas y el momento de lanzar su ataque.

VI

Comparemos el seguro de defensa y protección con el de desastres naturales. Resultará instructivo examinar hasta dónde llega su analogía. En principio, todos los individuos que habitan en una región determinada están expuestos de igual modo al riesgo de terremotos, inundaciones o huracanes: la cuestión es si los habitantes de los Estados Unidos o de Alemania, por ejemplo, corren el mismo riesgo de ser víctimas de un ataque extranjero. A pesar de una cierta similitud superficial —sobre la que volveré inmediatamente—, la pretendida analogía presenta dos fallos fundamentales. En primer lugar, la delimitación geográfica de las zonas propensas a sufrir terremotos, inundaciones o huracanes depende de criterios objetivos; se trata, de alguna manera, de fronteras «naturales». En cambio, las fronteras políticas son «artificiales». La de los Estados Unidos ha ido cambiando a lo largo del siglo XIX. Alemania, por su parte, integrada por 38 principados antes de 1871, sólo existe como tal después de esta fecha. Seguramente, nadie defendería que las rectificaciones fronterizas sucesivas en los Estados Unidos y Alemania fueron el resultado del descubrimiento de que los riesgos para la seguridad de los americanos y los alemanes, en contra de lo que antes se creía, iban a ser más homogéneos (idénticos) dentro de un espacio mayor.

Pero hay otro fallo no menos evidente. Las catástrofes naturales
—terremotos, inundaciones, huracanes— son ciegas. No distinguen lugares ni objetos más o menos valiosos, sino que «atacan» indiscriminadamente. Ahora bien, un agresor o invasor puede discriminar, y de hecho lo hace. No ataca lugares o cosas sin valor como el desierto del Sáhara, sino objetivos apreciables. Permaneciendo todo lo demás igual, los lugares y objetos más valorados tendrán más posibilidades de sufrir una invasión.

Ello plantea una interrogante esencial. Si las fronteras políticas son arbitrarias y los ataques nunca son indiscriminados, sino que se dirigen específicamente contra algo valioso, ¿podrían trazarse fronteras no arbitrarias que separasen zonas según una distribución homogénea del riesgo de sufrir un ataque? La respuesta es afirmativa. Esos contornos no arbitrarios son los de la propiedad privada. La propiedad privada es el resultado de la apropiación o de la producción de objetos o efectos físicos concretos por individuos concretos en lugares concretos. Los actos de apropiación o producción demuestran que el individuo (propietario) estima positivamente lo apropiado o producido (bienes), pues de otro modo no hubiese procedido así. Las fronteras de la propiedad privada son objetiva e intersubjetivamente verificables. Están determinadas, básicamente, por la extensión y la dimensión de los objetos apropiados o producidos por un individuo particular. En todo momento, cualquier lugar u objeto valioso es poseído por alguien; tan sólo lo que no tiene valor carece de dueño.

Todo ocupante o productor, rodeado de otros hombres, puede ser objeto de un ataque o una invasión. Toda propiedad, al contrario que las cosas indeterminadas, es necesariamente valiosa; ello la convierte en objeto de los deseos agresivos de otros individuos. Consecuentemente, la elección de la ubicación y forma de la propiedad, junto a otras consideraciones sin cuento, está también influida por los problemas de seguridad. Permaneciendo todo lo demás igual, los lugares y formas de la propiedad más seguros son preferidos a los más expuestos. Aunque pueda parecer que un propietario es indiferente a la situación de su propiedad, en realidad, el hecho de que no la abandone, ni siquiera ante una amenaza potencial, manifiesta su voluntad de proteger y defender sus posesiones.

Dado que las fronteras de la propiedad privada constituyen la única delimitación territorial no arbitraria basada en el riesgo de agresión, puede decirse que habrá tantas zonas diferenciadas desde el punto de vista de la seguridad como propiedades particulares, y que la extensión de aquellas se corresponderá con la de estas últimas. Así pues, el aseguramiento de la propiedad contra la agresión es un ejemplo óptimo de seguro individual, no mutualista, de protección. Más representativo incluso de esta modalidad que los seguros industriales.

Aunque el riesgo de accidente de un proceso productivo específico es independiente de su localización espacial —pues el margen de error no cambia aunque el productor reproduzca el mismo proceso en lugares diversos—, el riesgo de agresión contra la propiedad privada —la planta de producción— varía de una situación geográfica a otra. La propiedad, dada su naturaleza (bienes apropiados o producidos privadamente), es siempre independiente y distinta. Toda propiedad tiene una ubicación singular y depende de individuos diferentes; así pues, los riesgos de seguridad serán únicos y distintos en cada caso. La consideración de la seguridad de una vivienda varía, por ejemplo, si está en el campo o en la ciudad, en una colina o en un valle, en las proximidades de un río, un océano, un puerto, una línea de ferrocarril o cierto barrio, o alejada de ellos. De hecho, ni siquiera las ubicaciones contiguas se enfrentan a los mismos riesgos. No es igual, con respecto al vecino, residir a mayor o menor altura en la montaña, río arriba o río abajo, más o menos alejado del océano que él o, simplemente, vivir al norte, al sur, al oeste o al este de su propiedad. Toda propiedad, con independencia de su localización, puede ser configurada y transformada por su propietario con el fin de incrementar su seguridad y reducir la posibilidad de una agresión. Podemos adquirir una pistola o una caja fuerte, dotarnos de un arma que nos permita abatir un caza desde nuestro propio jardín o poseer un rayo láser que fulmine a un agresor a cientos de kilómetros de distancia. Los propietarios, por tanto, deben asegurarse individualmente, pero ello dependerá de que los aseguradores dispongan de suficientes reservas de capital para entrar en ese negocio.

VII

Hemos visto que la supuesta analogía entre los seguros contra desastres naturales y agresiones externas es esencialmente imperfecta. La defensa no es otra cosa que la respuesta a una agresión, que nunca es indiscriminada, sino selectiva de ciertos objetivos. No obstante, a pesar de las diferentes localizaciones y propiedades que defender —y de la variabilidad de los riesgos de cada individuo—, algún grano de verdad existe en esa analogía. La similitud entre los desastres naturales y las agresiones externas no se debe a la propia naturaleza de la agresión y la defensa, sino más bien a las peculiaridades de la agresión y la defensa estatales (guerra interestatal). Como se explicó más arriba, un Estado es un agencia que ejerce un monopolio coactivo territorial de protección e imposición fiscal; una agencia de estas características será comparativamente más agresiva, pues externaliza los costes de su actividad sobre los súbditos. La existencia de un Estado no sólo incrementa la frecuencia de la agresión, sino que transforma absolutamente su carácter. Todo Estado, en especial los Estados democráticos, convierten la agresión y la defensa —guerra— en una guerra total indiscriminada[366].

Pensemos por un momento en un mundo sin Estados. La mayoría de propietarios estarían individualmente asegurados a través de grandes compañías de seguros, normalmente multinacionales, dotadas de enormes reservas de capital; en cambio, los agresores, en su mayoría si no todos, serían considerados como clientes de alto riesgo y no encontrarían quien les asegurase. En esta situación, cada agresor o grupo de agresores intentaría limitar sus objetivos a la propiedad no asegurada, evitando todo «daño colateral»; de lo contrario, se enfrentarían a las poderosas agencias de defensa. La violencia defensiva sería también muy selectiva. Los agresores serían individuos o grupos concretos, localizados en ciertas áreas y equipados con determinados instrumentos. Como respuesta a los ataques sufridos por sus clientes, las agencias de defensa identificarían esos lugares, así como los recursos de esos individuos, para proceder contra ellos. Para evitar problemas con otras compañías, sobre todo para no incurrir en responsabilidad criminal, se abstendrían de causar cualquier daño colateral.

En el mundo de las guerras interestatales todo es muy distinto. El ataque de un Estado cualquiera, pongamos los Estados Unidos, a otro, digamos Iraq, no es un mero ataque realizado por un número limitado de personas, equipadas con recursos limitados, sobre un espacio definido. Se trata, más bien, de un ataque de todos los norteamericanos ejecutado con todos sus recursos. En teoría, todos los americanos pagan impuestos al gobierno de los Estados Unidos; de facto, todos están implicados, de grado o a la fuerza, en cada agresión de su gobierno. Es una falsedad afirmar que cualquier americano tiene las mismas posibilidades de ser atacado por Iraq —con independencia de que el riesgo no exista o sea muy bajo, lo cierto es que es mayor en la ciudad de Nueva York que en Wichita, en el Estado de Kansas—; sin embargo, todos son igualados en la activa participación en las agresiones de su gobierno, incluso si se oponen a ellas.

En segundo lugar, el atacado, Iraq, es un Estado como el atacante. Como homólogo de los Estados Unidos, el gobierno iraquí cobra impuestos y alista a su población en las fuerzas armadas. Como contribuyente o recluta, cualquier iraquí está implicado en la defensa de su Estado, en los mismos términos que los norteamericanos son arrastrados por el ataque de su gobierno. La guerra se convierte así en una guerra de todos los americanos contra todos los iraquíes, es decir, en una guerra total. La estrategia de ambos Estados ha de adaptarse a esas circunstancias. Aunque el atacante tiene que seleccionar los precisos objetivos de su ofensiva, pues también una agencia fiscal (Estado) está constreñida por la escasez, no tiene en realidad incentivos para evitar o minimizar los daños a terceros. Por el contrario, dado que toda la población y la riqueza nacionales están implicadas en el esfuerzo defensivo, ese tipo de daños, infligidos a vidas y propiedades, se consideran deseables. No hay pues una clara delimitación del estatuto de combatientes y no combatientes. Todos los ciudadanos del otro país son enemigos y sus propiedades, en todas sus formas, son consideradas instrumentos al servicio del gobierno atacado. Todos y todo se convierten en una presa legítima. El Estado que se defiende tampoco está demasiado concernido por los daños colaterales que sus represalias ocasionen al atacante. Los ciudadanos del país agresor y sus propiedades son enemigos, candidatos, por tanto, a ser represaliados. Finalmente, dado el carácter de la guerra interestatal, los Estados desarrollarán y emplearán armas de destrucción masiva (bombas atómicas) en vez de armas de gama selectiva (un cañón láser o armas por el estilo).

La similitud entre la guerra y las catástrofes naturales, eventos de destrucción y devastación general, es un rasgo distintivo del mundo estatista.

VIII

Llegamos así al último problema. Hemos visto que, del mismo modo que toda propiedad es privada, toda defensa debe ser garantizada individualmente por agencias de seguros capitalizadas, como en el caso de los seguros por accidentes industriales. También sabemos que estas dos formas de seguros difieren en un aspecto fundamental. En el caso del seguro de defensa, lo que importa es la localización de la propiedad asegurada. La prima por el valor asegurado será diferente en cada sitio. Por lo demás, los agresores pueden merodear la propiedad o renovar su arsenal de armas; puede suceder incluso que la agresión se transforme en algo distinto con la presencia de los Estados. Dada pues cierta ubicación de la propiedad, la prima se adaptará a las circunstancias cambiantes. ¿Como respondería un sistema de agencias de seguros competitivas a este desafío? ¿Cómo se enfrentaría, en particular, a la existencia de los Estados y de la agresión estatal?

Para responder a estas preguntas es esencial que se traigan a colación unas pocas evidencias económicas. Permaneciendo todo lo demás igual, los propietarios privados en general y los empresarios en particular, prefieren localizaciones con bajos costes de protección (primas) y valor en alza, a aquellas con elevados costes de protección y valor declinante. En consecuencia, la gente (y los bienes) tenderán a emigrar de aquéllas a éstas. Obsérvese ahora que los costes de protección y el valor de la propiedad tienen una estrecha relación. Si las circunstancias no cambian, unos costes de protección más elevados (gran riesgo de ataque) se corresponden con una propiedad poco valiosa. Un precio más barato por la protección quiere decir, en cambio, que el valor de la propiedad es elevado o se está elevando. Estas leyes y tendencias configuran el funcionamiento de un sistema competitivo de agencias de seguros de protección.

Mientras que un monopolista que se financia con impuestos acusará una tendencia al crecimiento de los costes y el precio de la protección, las agencias de seguros que asumen pérdidas y ganancias pueden ofrecer primas más reducidas. Al mismo tiempo, las agencias de seguros están más interesadas que nadie en la elevación del valor de las propiedades, pues ello no sólo implica que se apreciará su patrimonio, sino que tendrán más propiedades que asegurar. Por el contrario, si el riesgo de agresión se incrementa y el valor de la propiedad cae, el valor asegurable será menor, mientras que el coste de la protección y las primas se elevarán, lo cual mermará las oportunidades de negocio del asegurador. En consecuencia, las compañías de seguros estarán económicamente presionadas para promover las condiciones más favorables para su negocio y evitar las desfavorables.

Esta estructura de incentivos tiene un impacto fundamental sobre el tráfico de los aseguradores. En primer lugar, como sucede en el supuesto elemental de la protección contra la criminalidad común, un sistema de aseguradores competitivos determinaría una transformación sustancial en la actual política criminal. Para reconocer el alcance de dicho cambio, será muy instructivo echar un vistazo a la política criminal estatista de nuestra época. Aunque los agentes del Estado combaten la delincuencia común (siquiera porque este es un modo de asegurarse propiedades que gravar), dado que se financian con impuestos, apenas tienen interés en ser realmente efectivos en la prevención del delito o en la compensación de las víctimas, la captura y el castigo de los agresores, una vez que ya han actuado. Además, en una democracia el insulto se añade al daño, pues si todo el mundo puede votar y ser elegido para un cargo del gobierno —agresores o no agresores, residentes de zonas con elevada o baja tasa de criminalidad—, tendrá lugar una redistribución de los derechos de propiedad —de los no agresores a los agresores, de los que habitan zonas con baja criminalidad a los que habitan en zonas menos seguras— y un aumento de la criminalidad. El crimen y la demanda de servicios de seguridad privada de todo tipo están actualmente en el nivel más alto de todos los tiempos. Lo más escandaloso es que, en vez de compensar a las víctimas de unos crímenes que no previene (aunque tendría que hacerlo), el gobierno obliga a las víctimas a pagar como contribuyentes los costes de la captura, encarcelamiento, rehabilitación y diversión de sus agresores. En vez de exigir un precio más elevado por la protección dispensada en los lugares más conflictivos, y más bajo en las zonas seguras, como haría un asegurador privado, el gobierno hace exactamente lo contrario. Grava más a estas últimas, llegando incluso a subsidiar a los residentes de las zonas peligrosas —los suburbios— a costa de los otros, erosionando todo aquello que sirve de barrera contra el crimen[367].

El tráfico de los aseguradores competitivos sería bien distinto. Por un lado, si un asegurador no fuese capaz de evitar un crimen, tendría que indemnizar a la víctima. El máximo objetivo de los aseguradores sería, pues, prevenir eficazmente la comisión de delitos. Si a pesar de todo no pudiesen impedirlo, tendrían que ser eficientes en el descubrimiento, aprehensión y castigo de los agresores, pues sólo dando con ellos y arrestándoles podría el asegurador obligarles a reparar los daños y pagar la indemnización —de lo contrario tendrían que correr con esos gastos la víctima y su asegurador—.

Las compañías de seguros suelen mantener permanentemente actualizados unos inventarios locales sobre el valor de las propiedades; nada se opondría, en este sentido, a que mantuvieran al día un detallado fichero de crímenes y criminales. A igualdad de condiciones, el riesgo de agresión contra cualquier localización de la propiedad privada se incrementa en función de la proximidad y el número de agresores, así como de los recursos de que estos disponen. Los aseguradores tendrían gran interés en hacer acopio de información actual sobre la criminalidad y conocer quiénes son los criminales y dónde están afincados. Sería mutuamente beneficioso que compartiera esa información con otros competidores (como hacen los bancos con la información sobre morosidad y clientes de riesgo). Los aseguradores tendrían también un interés particular en recoger información sobre crímenes y agresores potenciales (todavía no cometidos ni conocidos), lo que les permitiría acometer una revisión general de las estadísticas del crimen —suministradas por el Estado— y mejorarlas. Para predecir la incidencia futura del crimen y poder calcular las primas, los aseguradores correlacionarían la frecuencia, la descripción y el carácter de los crímenes y sus autores con el entorno social. Bajo la presión de la competencia, desarrollarían y refinarían un preciso sistema de indicadores demográficos y sociales del crimen[368]. Cualquier vecindario podría pues ser descrito y sus riesgos valorados en términos de una multitud de indicadores criminales, tales como el sexo de sus habitantes, grupos de edad, razas, nacionalidades, etnias, religiones, lenguas, profesiones e ingresos.

En consecuencia, y en acusado contraste con la situación actual, desaparecería toda redistribución interlocal, regional, racional, nacional, étnica, religiosa o lingüística de ingresos y riqueza. Se erradicaría así definitivamente una fuente constante de conflictividad social. La correspondiente estructura de precios (primas) tendería a reflejar exactamente el riesgo de cada ubicación y su entorno social, de modo que cada cliente pagaría exclusivamente por los riesgos propios y los asociados con el entorno de sus propiedades. Sobre la base de su registro estadístico actualizado y depurado continuamente, y de la consabida tendencia a emigrar de las zonas de alto riesgo y poco valor (en lo sucesivo «malas») a las de bajo riesgo y alto valor (en lo sucesivo «buenas»), un sistema competitivo de aseguradores contra las agresiones promovería el progreso de la civilización.

Los gobiernos, particularmente los gobiernos democráticos, erosionan los sitios «buenos» y cuidan de los «malos» mediante su política fiscal y de transferencia de rentas. Hacen algo parecido con su política de integración forzosa, que puede tener efectos aún más perniciosos. Esta política presenta dos aspectos. Por un lado, desde el punto de vista de los propietarios y residentes de los «buenos» sitios que se enfrentan a un problema de inmigración, la integración forzosa significa que tienen que aceptar, sin discriminación posible, a cualquier inmigrante, transeúnte o turista, que se sirva de las carreteras públicas, como cliente, residente o vecino. Su gobierno les prohíbe excluir a terceros, ni siquiera a aquellos individuos indeseables que consideren un riesgo potencial. Por otro lado, para los propietarios y residentes de los «malos» vecindarios (afectados más bien por la emigración que por la inmigración), la integración forzosa significa que se les impide recurrir a la autoprotección. Desposeídos de la facultad de librarse por si mismos del crimen, expulsando a los criminales del vecindario, el gobierno les obliga a vivir en permanente asociación con sus agresores[369].

Los resultados de un sistema de compañías de protección privadas nada tienen que ver con los efectos y tendencias descivilizadoras de la protección estatista contra el crimen. Para decirlo todo, los aseguradores no serían capaces de eliminar las diferencias entre los «buenos» y los «malos» vecindarios. De hecho, estas diferencias podrían incluso acentuarse más. Sin embargo, guiados por su interés en la elevación del valor de la propiedad y la reducción de los costes de la protección, los aseguradores promoverían una tendencia hacia la mejora de ambos tipos de vecindarios. En los «buenos», los aseguradores adoptarían una política de inmigración selectiva. Al contrario que los Estados, ni pueden ni deben permanecer indiferentes a las inclinaciones discriminadoras de los asegurados contra los inmigrantes. De hecho, los aseguradores estarían todavía más interesados en la discriminación que sus propios clientes, procediendo, por ejemplo, a admitir únicamente a aquellos inmigrantes cuya presencia contribuya a bajar el riesgo criminal y a incrementar el valor de las propiedades, y a excluir a aquellos cuya presencia tenga los efectos contrarios. En vez de eliminar la discriminación, los aseguradores racionalizarían y perfeccionarían este tipo de prácticas. Basándose en sus estadísticas sobre la propiedad y el crimen, los aseguradores formularían un sistema de reglas y procedimientos restrictivos (excluyentes) aplicable a la inmigración, condición de la reducción de los costes de producción y del aumento del valor de la propiedad. Adaptado permanentemente a las circunstancias, representaría con gran precisión cuantitativa —en la forma de diferencias de precios y primas— el valor de la discriminación (y el coste de la no discriminación) entre inmigrantes potenciales.

También resultarían coincidentes los intereses de aseguradores y asegurados en los «malos» vecindarios. Los aseguradores no se opondrían a la preferencia de los asegurados por la expulsión de criminales ya fichados. Probablemente racionalizarían esas tendencias ofreciendo primas reducidas especiales (dependiendo de operaciones específicas de limpieza social). Es claro que los aseguradores, en cooperación con los demás, se ocuparían de expulsar a los criminales no sólo de las inmediaciones de cada vecindario, sino de la civilización, enviándoles a las tierras vírgenes o a la frontera abierta de la selva del Amazonas, al Sáhara o a las regiones polares.

IX

¿Qué sucede con la defensa frente al Estado? ¿Podrían protegernos los aseguradores contra la agresión estatal?

Antes que nada, es esencial que se recuerde que los gobiernos, como monopolios de la coacción financiados con impuestos, son de suyo derrochadores e ineficientes en cualquier empresa que acometan. Esto también es cierto para la producción de armamento tecnológico y la estrategia y la inteligencia militares, especialmente en nuestra época, altamente tecnificada. Según esto, los Estados no podrían competir en el mismo territorio contra agencias de seguros financiadas voluntariamente. En cualquier caso, la normativa restrictiva de la inmigración, diseñada por los aseguradores para bajar el coste de la protección y aumentar el valor de la propiedad, comprendería una regla relativa a los agentes del gobierno. El Estado es consustancialmente agresivo y constituye un peligro permanente para cualquier asegurador o asegurado. Así pues, los aseguradores especialmente desearían excluir o al menos restringir severamente —como un riesgo potencial para la seguridad— la inmigración —entrada en el territorio— de cualquier agente conocido del gobierno, induciendo al asegurado, como condición del aseguramiento o de una prima más baja, a excluir o limitar severamente todo contacto directo con cualquier agente del gobierno, sea visitante, cliente, residente o vecino. De este modo, allí donde opere una compañía de seguros (en los territorios libres), los agentes del Estado serían tratados como maleantes, potencialmente más peligrosos que un delincuente común. Los Estados y su personal tan sólo podrían operar y residir lejos de los territorios libres, en sus márgenes exteriores. Además, en razón de la comparativamente más baja productividad de los territorios estatales, la continua emigración de los residentes más productivos debilitaría a sus respectivos gobiernos.

¿Qué sucedería si uno de esos gobiernos decidiera atacar o invadir un territorio libre? En realidad, decir eso es más fácil que hacerlo, pues ¿quién atacaría y a qué? Para empezar no habría Estados rivales, sino únicamente propietarios y propiedades particulares y agencias de seguros privadas. Nadie tendría interés en agredir o provocar a terceros, y los aseguradores menos que nadie. De registrarse algún ataque, este sería la acción de una persona concreta, en cuyo caso los intereses del Estado y los de la compañía aseguradora coincidirían plenamente. A los dos les conviene que se castigue al atacante y que se repita contra él por todos los daños que ha causado. Pero si no hay enemigo-agresor, difícilmente podría el Estado justificar un ataque —no digamos ya un ataque indiscriminado—. Y sin duda tendría que legitimarlo de alguna manera, pues el poder de cada gobierno, incluso el más despótico, depende de la opinión y el consentimiento, como de la Boëtie, Hume, Mises y Rothbard nos han enseñado[370]. Los reyes y presidentes pueden decretar un ataque, naturalmente, pero deben contar con cientos de personas que accedan a ejecutar su orden. Debe haber generales que reciban y acaten la orden, soldados que quieran marchar, matar y ser muertos, y productores nacionales que deseen seguir produciendo para sostener la campaña. Si no existiera esta voluntad consensual porque las órdenes de los gobernantes fuesen consideradas ilegítimas, incluso los gobiernos en apariencia más poderosos quedarían inermes y se colapsarían, como se ha demostrado en los ejemplos todavía recientes del Sah del Irán y de la Unión Soviética. Un ataque sobre territorios libres sería considerado extremadamente arriesgado para los líderes estatistas. Ningún esfuerzo propagandístico, por elaborado que estuviese, haría creer al público que su ataque no es una agresión contra víctimas inocentes. En esta situación, los gobernantes deberían contentarse con mantener el control monopolístico sobre su territorio, en vez de aventurarse a perder su legitimidad y su poder en una aventura expansionista.

¿Qué sucedería si, contra todo pronóstico, un Estado atacase o invadiese un territorio libre? En ese caso, el agresor no se encontraría con una población desarmada, pues sólo a los ciudadanos de los territorios estatales se les prohíbe poseer armas. Se entiende que todo Estado aspire a desarmar a sus ciudadanos, pues ello facilita el cobro de impuestos y las expropiaciones. Los aseguradores de los territorios libres, por el contrario, no desarmarían a los asegurados. Tampoco podrían hacerlo si quisieran. ¿Quién aceptaría la protección de alguien que pone como condición la renuncia del interesado a los más elementales medios de autodefensa? Más bien, las agencias de seguros incentivarían la posesión de armas entre sus clientes con rebajas en las primas.

Además de la oposición de una ciudadanía armada, el Estado agresor se toparía, probablemente, con la resistencia de todas las agencias de seguros y reaseguros. Si una invasión de esas características tuviera éxito, los aseguradores tendrían que enfrentarse a indemnizaciones astronómicas. Sin embargo, esos aseguradores serían empresas eficientes y competitivas. A igualdad de condiciones, el riesgo de un ataque —y el precio del seguro de defensa— sería más alto en los lugares más próximos a los territorios estatales que en los más retirados. Para justificar este precio, los aseguradores deberían acreditar una adecuada capacidad de respuesta defensiva ante una eventual agresión del Estado a sus clientes (servicios de inteligencia, propiedad de un armamento y equipos adecuados, personal militar adiestrado). Dicho de otro modo, los aseguradores tendrían que afrontar la contingencia de un ataque con una doble estrategia defensiva. Por lo que se refiere a las operaciones en los territorios libres, los aseguradores estarían preparados para repeler, capturar o incluso matar a cada invasor, intentando al mismo tiempo no causar daños colaterales. En territorio estatal, en cambio, los aseguradores se marcarían como meta represaliar al agresor (el Estado). En pocas palabras, los aseguradores deberían ser capaces de contraatacar y, en su caso, liquidar, recurriendo a armas de precisión o a comandos especiales, a los agentes del Estado, desde lo más alto de la jerarquía política (rey, presidente o primer ministro) hasta la base, intentando en todo momento evitar o minimizar los daños la propiedad de los civiles inocentes. Por ello estimularían la resistencia interna contra el gobierno agresor, promoverían su deslegitimación y posiblemente llamarían a la liberación y transformación del territorio estatal en un país libre.

X

Hemos completado nuestra argumentación. En primer lugar, hemos demostrado que las ideas de un Estado protector y de la protección estatal de la propiedad privada están basadas en un error teórico fundamental de consecuencias desastrosas: la destrucción y la inseguridad de toda propiedad privada y la guerra perpetua. En segundo lugar, hemos aclarado que la defensa de la propiedad privada frente a las agresiones no es distinta a la producción del resto de bienes y servicios, pudiendo ocuparse de ella los propietarios particulares, por si mismos o mediante la cooperación con otros basada en la división del trabajo, y las agencias de seguridad que compitan en un mercado libre. En tercer lugar, se ha precisado de qué modo minimizaría la agresión, política o común, un sistema de aseguradores competitivos, promoviendo así la tendencia hacia la civilización y la paz perpetua. Mas queda todavía una tarea pendiente: retirar el apoyo y la voluntad de cooperar con el Estado, deslegitimándolo ante la opinión pública y persuadiendo a los demás de que hagan lo mismo. Erradicada la errónea percepción pública de que el Estado es justo y necesario, y excluida la cooperación voluntaria con el gobierno, hasta el Estado aparentemente más poderoso se desmoronaría y sus poderes se evaporarían. Liberados de este modo, recuperaríamos nuestro derecho a la auto-defensa, estando facultados para recurrir a agencias de seguros libres y desreglamentadas, en busca de una asistencia profesional eficiente para cualquier asunto relacionado con la protección y la solución de conflictos.

Capítulo 13

LA IMPOSIBILIDAD DE UN GOBIERNO

LIMITADO Y LA PERSPECTIVA

DE LA REVOLUCIÓN

En una reciente encuesta se le preguntaba a personas de diferentes nacionalidades si se sentían orgullosos de ser americanos, alemanes, franceses, etc., y si creían que el mundo sería un lugar mejor si hubiese más países como el propio. Los países que ocupaban los primeros lugares en la escala del orgullo nacional fueron los Estados Unidos y Austria. Aunque sería muy interesante detenerse en el caso de Austria, aquí me ocuparé solamente de los Estados Unidos y de si la pretensión de sus habitantes puede estar y en qué medida justificada.

A continuación identificaremos las tres fuentes principales del orgullo nacional americano. Demostraré que las dos primeras están justificadas, mientras que la tercera constituye realmente un error fatal. Finalmente explicaré como se podría remediar ese error.

I

La primera fuente del orgullo nacional es el recuerdo del no tan lejano pasado colonial de América, nación de pioneros.

Los colonos ingleses que arribaron a la América del Norte fueron el último ejemplo de las gloriosas hazañas a las que Adam Smith se refería como «un sistema de libertad natural»: la facultad de los hombre para crear, desde cero, una comunidad política libre y próspera. Frente a la visión hobbesiana de la naturaleza humana —homo homini lupus—, los colonos ingleses no sólo demostraron la viabilidad de un orden social sin Estado o anarcocapitalista, sino también su dinamismo y atractivo. Probaron también, de acuerdo con las teorías de John Locke, que la propiedad privada está fundada naturalmente en la apropiación originaria —mediante su uso o transformación finalistas— de una tierra inculta (salvaje) por una persona. Demostraron, así mismo, sobre los supuestos del reconocimiento de la propiedad privada, de la división del trabajo y del intercambio contractual, que los hombres son capaces de protegerse eficazmente a si mismos contra los agresores antisociales: sobre todo con la defensa propia (no en vano había entonces menos crímenes que ahora) y, cuando las sociedades se vuelven más prósperas y complejas, con medios especializados, por ejemplo, recurriendo a instituciones y agencias como los registros de la propiedad, notarios, abogados, jueces, tribunales, jurados, alguaciles, asociaciones de defensa mutua y milicias populares[371]. Los colonos americanos acreditaron además la importancia sociológica fundamental de la institución de los pactos: asociaciones lingüística, étnica, religiosa y culturalmente homogéneas dirigidas por su fundador, un líder a cuya jurisdicción se sometían los miembros para asegurar la cooperación humana en paz y mantener la ley y el orden[372].

II

La segunda fuente del orgullo nacional es la Revolución Americana.

En Europa hace siglos que quedaron fijadas las fronteras interestatales, de modo que la experiencia de la colonización intraeuropea pertenece a un pasado lejano. La expansión demográfica de las sociedades imprimió en éstas una estructura jerarquizada: de hombres libres (propietarios) y siervos, de vasallos, señores feudales y reyes. Aunque las sociedades feudales europeas eran más jerárquicas y aristocráticas que la América colonial, no dejaban de ser órdenes sociales aestatales. Un Estado, según una terminología generalmente aceptada, se define como un monopolista territorial coactivo de la ley y el orden, como alguien que decide en última instancia. Los señores feudales y los reyes no se ajustaban al patrón estatal, pues tan sólo podían «imponer tributos» con el consentimiento de aquellos a quienes gravaban y todo hombre libre era dueño soberano de su tierra, lo mismo que lo era el rey feudal sobre sus posesiones[373]. Sin embargo, en el transcurso de los siglos, aquellas sociedades feudales aestatales se transformaron gradualmente en monarquías —estatificadas— absolutas. Aunque en un principio se les reconoció voluntariamente como protectores y jueces, los reyes europeos consiguieron después de mucho tiempo convertirse en la jefatura hereditaria del Estado. Con la ayuda del «pueblo» y en contra de la resistencia aristocrática, se transformaron en monarcas absolutos con el poder de cobrar impuestos sin consentimiento de los ciudadanos y con la capacidad para tomar decisiones que afectaban a la propiedad de los hombres libres.

El curso de los acontecimientos europeos tuvo un doble efecto en América. Inglaterra estaba también gobernada por un rey absoluto, al menos hasta 1688, y cuando los colonos ingleses arribaron al nuevo continente el derecho regio se extendió a América. A diferencia de la propiedad privada instituida por los colonos, quienes también se proveyeron privadamente —es decir, voluntaria y cooperativamente— de su seguridad y de una administración de justicia, el establecimiento de las colonias y las administraciones reales no fue el resultado de una apropiación originaria o de un contrato —en realidad, ningún rey inglés pisó nunca el continente americano—, sino de una usurpación (ocupación meramente declarativa) y una imposición.

Por otro lado, los colonos trajeron consigo algo más de Europa. En el viejo continente, el desarrollo del absolutismo encontró la resistencia de la aristocracia, pero también la oposición, en teoría, de la doctrina de los derechos naturales de la filosofía escolástica. Según ésta, el gobierno estaba basado en un contrato y cualquier agente del gobierno, el rey incluido, estaba sometido a los mismos derechos y leyes universales que cualquier otra persona. Aunque así sucedía en las épocas tempranas, todo cambió, ciertamente, con los monarcas absolutos modernos. Los reyes absolutos era usurpadores de los derechos humanos y por tanto estaban deslegitimados. De ahí que la insurrección no sólo fuese facultativa, sino una obligación sancionada por el Derecho natural[374].

Los colonos americanos estaban familiarizados con la doctrina de los derechos naturales. De hecho, tratándose de disidentes que habían dejado la madre patria por estar en desacuerdo con el rey y la Iglesia de Inglaterra, su propia experiencia de los efectos de la libertad natural les hacía particularmente receptivos a esa doctrina[375].

Empapados en la doctrina de los derechos naturales, alentados por la distancia del rey inglés y estimulados, por lo demás, por la censura puritana de la frivolidad, el lujo y la pompa reales, los colonos consiguieron liberarse de la dominación británica. Como Thomas Jefferson escribiera en la Declaración de independencia, el gobierno se ha instituido para proteger la vida, la libertad y la persecución de la felicidad, obteniendo su legitimidad del consentimiento de los gobernados. Por el contrario, el gobierno del rey británico pretendía gravar a los colonos sin su consentimiento. Pero si un gobierno no cumple su misión, en palabras de Jefferson, «el pueblo tiene el derecho a reformarl[o] o abolirl[o] e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad».

III

¿Qué se hizo después de que se alcanzara la independencia de Gran Bretaña? Esta cuestión nos aboca a la tercera fuente del orgullo nacional —la constitución americana— y a la explicación de por qué se trata de un error fatal y no de un motivo de orgullo.

Gracias a los grandes avances de la teoría política y económica desde finales del siglo XVIII, en particular gracias a Ludwig von Mises y Murray N. Rothbard, podemos hoy ofrecer una respuesta precisa a esta cuestión. Según Mises y Rothbard, una vez que ha desaparecido la entrada libre al negocio de la producción de protección y evacuación de sentencias, el precio de la protección y la justicia aumentará y su calidad caerá. El monopolista de la coacción dejará de ser protector y juez, convirtiéndose en un chantajista de la protección: en el destructor e invasor de las personas y propiedades de las que supuestamente debería cuidar, es decir, en un belicista y un imperialista[376]. En efecto, el precio artificialmente elevado de la protección y la destrucción del antiguo derecho por el rey inglés, que condujeron a los colonos americanos a la rebelión, tuvieron como resultado inevitable el monopolio de la coacción. Una vez consumada la secesión y expulsados los ocupantes británicos, lo único que necesitaban los colonos americanos era reconocer las propias instituciones de defensa propia y de protección y arbitraje privadas —voluntarias y cooperativas— en manos de agentes especializados y agencias encargadas de la ley y el orden.

Pero no fue esto lo que sucedió. Los americanos no sólo no echaron en el olvido la herencia regia de la administración de las colonias y los gobiernos coloniales, sino que las reconstruyeron dentro de las antiguas fronteras bajo la forma de Estados independientes, cada uno de los cuales estaba provisto de un exclusivo poder coactivo (unilateral) fiscal y legislativo[377]. Aunque esto ya era suficientemente malo en si mismo, los nuevos americanos empeoraron la situación adoptando la Constitución americana y sustituyendo una flexible confederación de Estados independientes por el gobierno central (federal) de los Estados Unidos

Esta constitución estipuló la sustitución de un rey hereditario por un parlamento y un presidente de elección popular, pero no modificó lo atinente a sus prerrogativas fiscal y legislativa. Aunque el poder del rey inglés para cobrar impuestos sin consentimiento nunca fue reconocido expresamente, siendo una cuestión disputada[378], la constitución lo garantizó explícitamente al Congreso. Además, mientras que los reyes, teóricamente incluso los reyes absolutos, no fueron considerados los autores, sino tan sólo los intérpretes y ejecutores del derecho antiguo e inmutable, pues eran más bien jueces que legisladores[379], la constitución invistió expresamente al Congreso con el poder de legislar, y al Presidente y al Tribunal Supremo con el de ejecutar e interpretar el derecho legislado[380].

He aquí, en efecto, la obra de la constitución americana: en vez de un rey que consideraba las colonias americanas como su propiedad privada y a los colonos como sus arrendatarios, la constitución atribuyó el monopolio nacional de la justicia y la protección a unos curadores temporales e intercambiables. El país no era propiedad suya, pero mientras desempeñaran su magistratura podían usarlo, incluidos sus residentes, en beneficio propio y de sus protégés. Sin embargo, según el pronóstico de una teoría económica elemental, esta estructura institucional no elimina la inclinación egoísta del monopolista de la ley y el orden hacia una creciente explotación. Al contrario, refuerza la tendencia a una explotación improvisada, más a corto plazo y despilfarradora. Como dice Rothbard: «mientras que un propietario privado que tiene asegurada su propiedad y dispone plenamente de ella planifica el empleo de sus recursos para un largo periodo de tiempo, el magistrado público, al no ser propietario, tiene que ordeñar la propiedad pública tan rápidamente como le sea posible... Los magistrados tienen el uso de los recursos, pero no pueden disponer de su valor (excepto en el supuesto de la “propiedad privada” de una monarquía hereditaria). Disponiendo tan sólo del uso de los recursos, pero no de los recursos mismos, no le beneficiará conservarlos y sí servirse de ellos cuanto antes... El particular, asegurado en su propiedad y en su capital, puede adoptar la perspectiva del largo plazo, pues le interesa mantener el valor de su capital. Pero el magistrado público tiene que apoderarse de su botín a toda velocidad y saquear la propiedad mientras detente el poder»[381].

Por otro lado, puesto que la constitución establece expresamente la «entrada libre» en el gobierno estatal —cualquiera puede pertenecer al Congreso o convertirse en Presidente o juez del Tribunal supremo—, la resistencia contra las invasiones gubernamentales de la propiedad se debilita. Así mismo, y como resultado de la «abierta competencia política», se alterará la estructura de toda de la sociedad, siendo cada vez más frecuente que los individuos peores obtengan los puestos más elevados[382]. La competencia y entrada libres no siempre resultan convenientes. La competencia en la producción de cosas buenas es beneficiosa, pero no la competencia en la producción de cosas indeseables. La libre competencia en el asesinato, el robo, la falsificación o la estafa no es buena: es peor que mala. Pero eso es precisamente lo que ha instituido la «abierta competencia política», es decir, la democracia.

En todas las sociedades hay hombres que codician la propiedad de los demás; sin embargo, en la mayoría de los casos, la gente aprende a no dejarse llevar por esa inclinación e incluso se siente avergonzada de albergar esos sentimientos[383]. En una sociedad anarcocapitalista, quienquiera que actúe de ese modo es considerado un delincuente y reducido mediante la violencia física. Bajo un gobierno monárquico, en cambio, tan sólo una persona —el rey— puede apetecer la propiedad de los demás, lo que le convierte en una amenaza potencial. Dado que sólo él puede actuar la facultad expropiadora que los demás tienen vedada, cualquier acción regia debe observarse con la máxima reserva[384]. Por otro lado, la selección de un rey depende del accidente de su noble nacimiento. Su única cualificación objetiva es su educación para ser rey y preservar la dinastía y sus posesiones. Lo que, naturalmente, no puede asegurar que el futuro rey no será un personaje funesto. Ello no excluye empero que un rey pueda ser un inofensivo diletante o incluso una persona decente.

Mas al dejar expedita la entrada en el gobierno, la constitución autorizó que cualquiera pudiese expresar abiertamente que codiciaba la propiedad de otros hombres; en efecto, la garantía constitucional de la «libertad de expresión» permite que todo el mundo pueda hacerlo. A todo el mundo se le permite proceder de acuerdo con ese deseo si consigue hacerse con el gobierno; de ahí que, al amparo de la constitución, todo el mundo se convierte en una amenaza potencial.

Hay personas, sin duda, inmunes al deseo de dominar a los demás y enriquecerse a su costa o, lo que es lo mismo, existen personas que únicamente aspiran a trabajar, producir y disfrutar de los rendimientos de su esfuerzo. Sin embargo, si la actividad política —la adquisición de bienes por medios políticos (fiscalidad y legislación)— está autorizada, incluso esas gentes inofensivas se verán afectadas. Para defenderse contra los ataques a su libertad y propiedades de quienes tienen menos escrúpulos morales, esas personas honradas e industriosas tendrán que convertirse en «animales políticos» y gastar cada vez más tiempo y energía para desarrollar sus habilidades políticas. Dado que las características y talentos que se necesitan para triunfar en política —buena presencia, sociabilidad, capacidad oratoria, carisma, etc.— están desigualmente distribuidos, aquellos que poseen esas habilidades particulares tendrán una neta ventaja sobre quienes carecen de ellas a la hora de competir por los recursos escasos (éxito económico).

Teniendo en cuenta que en cualquier sociedad los «desposeídos», no importa de qué, son más que los «poseedores», el hombre políticamente talentoso, sin escrúpulos para apoderarse de la propiedad de terceros y mandar sobre ellos, tendrá una clara ventaja sobre quienes actúan con más miramientos. La competencia política sin restricciones favorece a los hombres de temperamento agresivo (peligrosos) más que a los de temperamento defensivo (inofensivos) y estimula el cultivo y perfeccionamiento de la demagogia, el fraude, la mentira, el oportunismo, la corrupción y el soborno. Consecuentemente, resultará cada vez más difícil que una persona con reparos morales contra la mentira y el robo pueda llegar al gobierno y tener éxito en el desempeño de sus funciones. La posición de los congresistas, presidentes y jueces del Tribunal supremo, al contrario que la de los reyes, no es accidental. Puede decirse que alcanzan esas posiciones en virtud de su solvencia como demagogos moralmente desinhibidos. Por lo demás, incluso fuera de la órbita del gobierno, en la sociedad civil, será cada vez más frecuente que los individuos triunfen en los negocios no como consecuencia de su capacidad productiva o empresarial, ni siquiera en razón de su superior talento político defensivo, sino por su eficacia como lobbistas y empresarios politiqueros sin escrúpulos. Así pues, la constitución asegura virtualmente que tan sólo los hombres moralmente peligrosos alcanzarán el ápice de la gobernación y que su modo de proceder y sus patrones éticos influirán negativamente en todo lo que les rodea.

Las consecuencias de la «separación de poderes» constitucionalmente prevista no son, a este respecto, muy distintas. Dos o incluso tres errores no constituyen al final un acierto. Al contrario, ello amplía, acumula, refuerza y agrava el error. Los legisladores no pueden imponer su voluntad sobre sus desventurados súbditos sin la cooperación del presidente, en su condición de cabeza del poder ejecutivo; pero el presidente, a su vez, utilizará su posición y medios disponibles para influir sobre los legisladores y su obra legislativa. Y aún en el caso de que el Tribunal supremo estuviese en desacuerdo con ciertos actos particulares del Congreso o del presidente, los jueces de dicho tribunal son propuestos por el presidente y confirmados por el Senado, dependiendo de ellos a efectos financieros. Como una parte integral de la institución del gobierno, no tienen ningún interés en limitarlo, sino todo lo contrario, pues la expansión del poder del gobierno amplía su propio poder[385].

IV

Después de más de dos siglos de «gobierno constitucionalmente limitado», los resultados no admiten controversia. Al principio del «experimento americano» la carga fiscal impuesta a los americanos era ligera, casi despreciable. El dinero era una cierta cantidad fija de oro y plata. La definición de la propiedad privada era clara y aparentemente inmutable; el derecho a la defensa propia se consideraba sagrado. No existía un ejército permanente, estableciéndose, como dijo Washington en su Discurso de despedida, un firme compromiso con el librecambio y la política exterior no intervencionista. Doscientos años más tarde, la naturaleza de los problemas ha cambiado dramáticamente[386]. Ahora, año tras año, el gobierno norteamericano expropia más del 40% de los ingresos de los productores particulares, lo que comparativamente hace más moderado el gravamen económico al que eran sometidos los esclavos y siervos. El oro y la plata han sido sustituidos por el papel moneda fabricado por el gobierno y este dinero inflacionario sirve para esquilmar continuamente a los americanos. El significado de la propiedad privada, en otro tiempo claramente establecido, se ha hecho más oscuro, flexible y ambiguo. De hecho, cualquier detalle de la vida privada, la propiedad, el comercio o la contratación es regulado una y otra vez por una creciente montaña de leyes de papel (legislación), causante de una gran inseguridad jurídica y de graves riesgos morales, pues, en última instancia, la anarquía ha sustituido a la ley y el orden. Finalmente, el compromiso con el librecambio y el no intervencionismo han cedido la vez a una política proteccionista, militarista e imperialista. En realidad, el gobierno de los Estados Unidos ha venido practicando, casi desde sus orígenes, un implacable expansionismo agresivo; desde la guerra hispano-norteamericana hasta la actualidad, pasando por las dos Guerras mundiales, los Estados Unidos se han enredado en cientos de conflictos internacionales, convirtiéndose en un poder imperialista y en el país que más armas vende del mundo. Al tiempo que los ciudadanos americanos se veían cada vez más indefensos, inseguros y empobrecidos, y los extranjeros de todo el mundo más amenazados y intimidados por el poder militar de los Estados Unidos, los presidentes americanos, los congresistas y los jueces del Tribunal supremo se hacían cada vez más arrogantes, moralmente corruptos y peligrosos[387].

¿Qué se puede hacer en estas circunstancias? De entrada, la constitución americana debe presentarse como lo que es, una equivocación. Como se recoge en la Declaración de independencia, el gobierno debe proteger la vida, la propiedad y la búsqueda de la felicidad. Sin embargo, al garantizar que el gobierno puede cobrar impuestos sin consentimiento, la constitución no puede asegurar la meta original, convirtiéndose en el instrumento de la invasión y la destrucción de los derechos que debe asegurar. Resulta absurdo creer que una agencia facultada para gravar fiscalmente a los ciudadanos sin su consentimiento puede ser protectora de la propiedad. Del mismo modo, no tiene sentido creer que una agencia con poderes legislativos puede preservar la ley y el orden. Más bien, debe reconocerse que la constitución es en si misma anticonstitucional, o sea, incompatible con la doctrina de los derechos naturales del hombre que inspiraron la Revolución americana[388]. En efecto, nadie en sus cabales estaría de acuerdo con un contrato que autorizara a un pretendido protector a determinar unilateralmente
—sin el consentimiento del interesado— e irrevocablemente —sin salida posible— el precio de la protección; del mismo modo, tampoco sería de recibo que el pretendido protector, en virtud de un contrato irrevocable, tuviese el derecho de decidir en última instancia sobre la propiedad y la persona de los demás —legislación unilateral—[389].

En segundo lugar, es necesario ofrecer una alternativa positiva y sugeridora al sistema actual.

Aunque es importante que el recuerdo de una América que fue tierra de pioneros y un efectivo sistema anarcocapitalista, basado en la defensa propia y en la milicia popular, se mantenga vivo, no podemos volver a un pasado feudal ni a la época de la Revolución americana. Aún así, la situación no es desesperada. A pesar del avance inexorable del estatismo durante los dos últimos siglos, el desarrollo económico no se ha detenido y nuestro nivel de vida ha alcanzado cotas extraordinarias. En estas circunstancias es viable una opción inédita: la provisión de la ley y el orden por entidades de seguros privadas en libre competencia[390].

Aunque el gobierno dificulta su actividad, las entidades de seguros protegen la propiedad privada, a cambio de una prima, frente a numerosos desastres naturales y sociales, desde inundaciones y huracanes hasta robos y fraudes. Así pues, parece que la producción de seguridad y protección es el objetivo último del aseguramiento. Por lo demás, la gente no encomendaría a cualquiera un servicio tan esencial como el de la protección. Más bien, como decía Molinari, «antes de negociar con [un] productor de seguridad... las gentes se cerciorarán de si son suficientemente fuertes para protegerse a si mismas... [y] de si su carácter es de los que le permiten a uno despreocuparse de las agresiones que el protector debe, supuestamente, eliminar»[391].

La idoneidad de las agencias de seguros parece evidente. Son «grandes» y tienen a su disposición los recursos físicos y humanos necesarios para afrontar los peligros, ciertos o imaginarios, del mundo real. De hecho, los aseguradores operan a escala nacional o incluso internacional, poseyendo importantes posesiones distribuidas en vastos territorios, más allá de las fronteras de los Estados. Su interés por la protección efectiva es pues manifiesto. Además, todas las compañías de seguros están vinculadas mediante una compleja red de acuerdos de asistencia mutua y arbitraje, formando también parte de un sistema de entidades internacionales de reaseguros, las cuales constituyen un poder económico agregado de tal magnitud que a su lado casi todos, si no todos los gobiernos contemporáneos parecen pequeños. La posición que dichas compañías han adquirido se debe a su reputación como negocios eficaces, responsables y honrados.

Aunque esto puede parecer suficiente para defender que las entidades de seguros son una alternativa viable a la actual provisión estatal de ley y orden, se necesita un examen más detallado para probar la esencial superioridad de esta alternativa al status quo. Basta con que se reconozca que las entidades de seguros no pueden imponer tributos ni legislar; es decir, que la relación entre asegurador y asegurado es consensual. Ambos son libres de cooperar o no, lo que tiene consecuencias decisivas. A este respecto, las entidades de seguros son categóricamente diferentes a los Estados.

He aquí las ventajas de tener agencias de seguros que proporcionen seguridad y protección. Ante todo, la competencia entre los aseguradores para conseguir clientes producirá una tendencia permanente hacia la disminución del precio de la protección (en función del valor asegurado), lo que hará de esta un servicio mucho más asequible. En cambio, un protector monopolístico que pueda gravar a aquellos a quienes protege, cobrará un precio cada vez mayor por sus servicios[392].

En segundo lugar, los aseguradores tendrán que indemnizar a sus clientes en el caso de un daño real, lo que les obligará a proceder de un manera eficiente. Con respecto a los desastres sociales (crimen), el asegurador tendrá que preocuparse, ante todo, de que la prevención sea efectiva, pues si no es capaz de evitar un crimen tendrá que pagar por él. Además, si no puede impedirse un acto criminal, un asegurador querrá recuperar el botín, prender al agresor y llevarle ante la justicia, pues de este modo el asegurador puede reducir sus costes y forzar al criminal —en vez de a la víctima— a reparar los daños y pagar la indemnización. Sin embargo, dado que los Estados monopolizadores de la coacción no indemnizan a las víctimas y pueden recurrir a los impuestos para financiarse, apenas si tienen incentivos para prevenir la criminalidad o recuperar el producto de los delitos y capturar a los delincuentes. Si son capaces de prender a los criminales, normalmente obligan a las víctimas a costear su encarcelación, añadiéndose el quebranto económico a la humillación[393].

En tercer lugar, y esta es la consideración más importante, dado que la relación entre los aseguradores y sus clientes es voluntaria, aquellos tienen que aceptar la propiedad privada como un «supuesto» último y los derechos dominicales como una ley inmutable. De modo que para atraer y conservar a los clientes, los aseguradores tendrán que ofrecerles contratos en los que se describan con detalle las propiedades protegidas, los daños cubiertos, las reglas de actuación, prueba, compensación, restitución y castigo, así como los procedimientos de solución de conflictos y arbitraje entre clientes de la misma agencia y de diversas agencias. Más allá de la permanente cooperación de los aseguradores para habilitar sistemas de arbitraje entre las distintas agencias, florecerá una tendencia hacia la unificación del derecho
—de un derecho verdaderamente internacional o «universal»—. Cada individuo, en su condición de asegurado, quedaría ligado con los demás en el esfuerzo de competencia global para minimizar el conflicto y la agresión; y todo conflicto o reclamación por daños, con independencia del lugar donde se produjera y de la identidad del reclamante y del responsable, caería bajo la jurisdicción concreta de una o más entidades de seguros y sus acuerdos sobre los procedimientos de arbitraje, generándose así una «perfecta» seguridad jurídica. Contrasta vivamente con ello que los Estados, como monopolios de protección basados en los impuestos, no ofrezcan a los consumidores de protección nada mínimamente parecido a un contrato de servicios. En lugar de eso, operan en un vacío contractual que les permite alterar las reglas del juego a medida que la relación se desenvuelve. Lo más destacable es que mientras los aseguradores deben someterse a procedimientos y arbitrajes de terceros independientes para conseguir clientes, los Estados, en la medida que han asumido todo arbitraje, atribuyen esa misión a un juez financiado por el Estado y dependiente de él[394].

Otras consecuencias derivadas de la esencial diferencia entre los suministradores contractuales (aseguradores) y no contractuales (Estado) de seguridad merecen también una atención especial.

Los Estados, al no estar sometidos y limitados contractualmente, acostumbran a prohibir a sus «clientes» la posesión de armas, incrementando de este modo su propia seguridad a costa de la indefensión de sus pretendidos clientes. En cambio, nadie que contratara voluntariamente un seguro de protección aceptaría que sus estipulaciones le obligaran a renunciar a su derecho a la defensa propia, a desarmarse o a permanecer, de cualquier otro modo, indefenso. Con las entidades de seguros sucede lo contrario, pues estas fomentan entre sus clientes la tenencia de armas de fuego y de otro tipo de dispositivos de protección ofreciéndoles precios reducidos, pues cuanto mejor sea la protección privada de los clientes, menores serán los costes de protección e indemnización a cargo del asegurador.

Además, puesto que los Estados operan en un vacío contractual y no dependen de los pagos o contribuciones voluntarias, definen una y otra vez, según su conveniencia, lo que debe considerarse o no una agresión punible y, así mismo, lo que es o no susceptible de compensación. Por ejemplo, cuando los Estados imponen un impuesto progresivo o proporcional sobre la renta para redistribuir los ingresos de los ricos entre los pobres, se está definiendo al rico como agresor y a los pobres como víctimas suyas. (De otro modo, si el rico no fuese agresor y el pobre no fuese su víctima, ¿cómo podría justificarse que se tome algo que pertenece al primero para entregarlo a este último?). Del mismo modo, cuando los Estados promulgan la legislación para la acción afirmativa, se define efectivamente a los varones blancos como agresores y a las mujeres negras como sus víctimas. Para las entidades de seguros, ese tipo de conducta empresarial sería imposible por dos razones fundamentales[395].

En primer lugar, cada seguro presupone la subsunción de riesgos particulares dentro de ciertas categorías. Ello significa que algunos asegurados habrán desembolsado más dinero del que ingresarán y otros menos. Sin embargo, y esto es lo decisivo, nadie sabe de antemano quienes serán los «ganadores» y los «perdedores». Ganadores y perdedores se distribuyen, como las rentas, al azar. En otro caso, si pudiese predecirse sistemáticamente quienes serán ganadores y perdedores, los perdedores no querrían agregar sus riesgos a los de los ganadores, sino sólo a los de otros perdedores, pues ello rebajaría su prima.

En segundo lugar, no resulta posible asegurarse frente a cualquier «riesgo» concebible. Cabe hacerlo contra los «accidentes», es decir, contra los riegos que el asegurado no controla y sobre los cuales no puede influir. Así pues, un individuo puede asegurarse contra el riesgo de la muerte o de un incendio, pero no contra el de suicidarse o quemar la propia casa. Es imposible, de la misma manera, asegurar la quiebra de un negocio, el desempleo, el no hacerse rico, el no tener ganas de levantarse por la mañana, el que no nos gusten nuestros vecinos, nuestros compañeros o nuestros jefes, pues en cada uno de estos supuestos el individuo tiene un control total o parcial sobre el evento y puede influir en su probabilidad. Por su propia naturaleza, la evitación de este tipo de riesgos pertenece al ámbito de la responsabilidad individual, y cualquier asegurador que se comprometa a asegurarlos se hace candidata a una bancarrota instantánea. A estos efectos, la inasegurabilidad de las acciones y sentimientos individuales, al contrario que los accidentes, supone que resulta imposible asegurar el riesgo de sufrir ciertos daños que son resultado de una agresión o provocación anterior. Todo asegurador tiene que limitar las acciones de sus clientes para excluir cualquier agresión o provocación por su parte. O sea, que todo aseguramiento contra desastres sociales como el crimen depende de que el asegurado se atenga a unas normas de conducta no agresiva —civilizada—, especificadas previamente.

Según esto, mientras que los Estados, como protectores monopolísticos, pueden comprometerse a realizar políticas redistributivas que beneficiarán a ciertos grupos a expensas de otros y, como agencias financiadas con impuestos, pueden incluso «asegurar» riesgos inasegurables y proteger a los provocadores y agresores, los aseguradores que dependen de las primas voluntarias de sus clientes se abstendrán sistemáticamente de actuar de ese modo. La competencia entre los aseguradores imposibilitaría cualquier forma de distribución de la renta o la riqueza entre diversos grupos de asegurados, pues una compañía que realizase este tipo de prácticas perdería clientes. Estos deben pagar exclusivamente por su propio riesgo, como la gente con la misma (u homogénea) exposición al riesgo[396]. Los aseguradores que dependen de primas voluntarias no estarían en condiciones de «proteger» a cualquier persona de las consecuencias de su conducta o sentimientos equivocados, locos, peligrosos o agresivos. La competencia entre aseguradores, en cambio, fomentaría sistemáticamente la responsabilidad individual y los provocadores y gentes agresivas serían excluidos de toda cobertura por el elevado riesgo que supone tenerlos asegurados, convirtiéndose en parias económicamente aislados y vulnerables.

Por último, con respecto a las relaciones internacionales, dado que los Estados pueden externalizar los costes de sus acciones cargándolos a los desventurados contribuyentes, tienen la permanente propensión a convertirse en agresores y belicistas. Según esto, los Estados tienden a financiar y desarrollar armas de agresión y destrucción masiva. En cambio, los aseguradores se cuidarán de implicarse en una agresión externa, pues eso es algo muy costoso y exige elevadas primas, lo que significa la pérdida de clientes en beneficio de los competidores no agresivos. Los aseguradores únicamente deplegarán una violencia defensiva y en vez de adquirir armas de agresión y destrucción masiva, invertirán en el desarrollo de armas de defensa para su objetivo resarcimiento[397].

V

A pesar de todo lo apuntado, ¿puede triunfar una reforma constitucional de esas características? En la actualidad, las entidades de seguros están sometidas a innumerables reglamentaciones que les impiden ocuparse de aquello para lo que naturalmente están capacitadas. ¿Cómo liberarlas de esas reglamentaciones?

En esencia, la respuesta a esta interrogante es la misma que ya dieron los revolucionarios americanos hace más de doscientos años: la creación de territorios libres recurriendo a la secesión.

Las condiciones del actual régimen democrático hacen que esa respuesta sea ahora la única posible. Durante la época monárquica, los abogados de una revolución social, antiestatista y libertario-liberal tenían todavía una opción alternativa que se perdió después. Los libertarios liberales de los viejos tiempos podían creer —y frecuentemente creían— en la posibilidad de convertir al rey a sus doctrinas, iniciando de ese modo una «revolución desde arriba». Para ello no hacía falta el apoyo de las masas, tan sólo la intuición de un príncipe ilustrado[398]. Por realista que la estrategia de la revolución social de arriba abajo fuese en su época, actualmente es imposible. Los dirigentes políticos que hoy son elegidos en función de su capacidad demagógica y su probada y cotidiana inmoralidad, según se vio más arriba, son mucho más difíciles de convertir a las doctrinas libertario-liberales de lo que lo era un rey, el cual se había limitado simplemente a heredar su posición. Además, el monopolio de protección del Estado es ahora una propiedad pública y el gobierno ya no está vinculado a un individuo particular, sino a las funciones concretas desempeñadas por funcionarios anónimos. Por tanto, la estrategia de la conversión de un hombre o de una minoría ya no sirve. No importa si se convence a los titulares de unas cuantas altas magistraturas políticas —el presidente y algunos de los más importantes magistrados o jueces—, pues según las reglas del gobierno democrático ningún individuo tiene el poder para resignar el monopolio gubernamental de la protección. Los reyes sí tenían este poder, pero los presidentes no. El presidente puede dimitir, naturalmente, pero sólo para que otro ocupe su lugar. No puede disolver el monopolio gubernamental de la protección, pues según las reglas democráticas el «propietario» del gobierno es «el pueblo», no su representación electa.

Así pues, en las circunstancias actuales, entre una reforma desde arriba y una revolución desde abajo, hay que optar por esta última. Al principio, esta estrategia podría parecer incompatible con la empresa de una revolución social libertario-liberal, pues tal vez presupondría persuadir a la mayoría del público para que votase a favor de la abolición de la democracia y por la liquidación de todos los impuestos y de la legislación. ¿Acaso no es esto una pura fantasía, pues las masas son siempre torpes e indolentes y las democracias fomentan la degeneración moral e intelectual? ¿Cómo puede confiar alguien en que la mayoría de un pueblo cada vez más degenerado y acostumbrado al «derecho» al voto, pueda alguna vez renunciar a la posibilidad de saquear la propiedad de otras personas? Así las cosas, hay que admitir que la revolución social no tiene porvenir. Pero después de pensarlo mejor, considerando la secesión como una parte de cualquier estrategia de abajo arriba, la revolución libertario-liberal parece algo menos imposible, aun cuando siga siendo una empresa desalentadora.

¿De qué modo puede incluirse la secesión en esa estrategia? ¿Cómo puede un movimiento secesionista evitar el destino de la Confederación surista, que fue aplastada por un gobierno central tiránico y peligrosamente armado?

Para responder a estas preguntas es necesario recordar que ni la revolución ni la constitución americanas fueron originalmente el resultado de la voluntad de la mayoría de la población. Un tercio de los colonos americanos eran en realidad conservadores (Tories); otro tercio estaba integrado por personas que se ocupaban del tráfago cotidiano, sin más preocupaciones políticas. Los colonos que apoyaban la causa revolucionaria no eran más de un tercio y sin embargo triunfaron. Por lo que respecta a la constitución, la inmensa mayoría del público americano era contrario a su aprobación, de modo que su ratificación fue producto del coup d’état de una minoría, no la expresión de la voluntad general. Todas las revoluciones, sean buenas o malas, las han empezado las minorías. Así pues, la vía secesionista hacia la revolución social, implicando necesariamente la separación de un pequeño grupo de personas de un conjunto mayor, tiene que tomar conciencia de este importante hecho.

Por otro lado, es necesario que se reconozca que el poder de cualquier gobierno, monárquico o democrático, reposa exclusivamente en la opinión, no en la fuerza física. Los agentes del gobierno no dejan de representar una pequeña proporción de toda la población que está bajo su control. En consecuencia, no existe gobierno capaz de imponer su voluntad a la población, a no ser que encuentre el apoyo y la cooperación voluntaria del público. Ello implica, del mismo modo, que todo gobierno puede ser derribado por un mero cambio de la opinión pública, es decir, por la negativa de esta a seguir prestándole su consentimiento y cooperación[399]. Es bien cierto, a todos los efectos, que después de más de dos siglos de democracia el público americano ha sufrido tal degeneración moral e intelectual que es muy improbable que la retirada de la confianza en el gobierno pueda producirse a escala nacional; sin embargo, no parece una dificultad insuperable alcanzar una mayoría partidaria de la secesión en pequeños distritos y regiones. Contando con una elite intelectual minoritaria y entusiasta, inspirada en la doctrina de una sociedad libre en la que la ley y el orden sean ofertados por diversos aseguradores en régimen de libre competencia, y teniendo en cuenta que la secesión es todavía considerada por mucha gente como algo legítimo y conforme al ideal democrático de la autodeterminación[400] —especialmente en los Estados Unidos, que deben su existencia a un acto secesionista—, no parece que sea ingenuo creer que pueda haber una mayoría secesionista o que esta pueda crearse a lo largo y ancho de todo el país. Además, la certeza de que el gobierno federal americano y los Estados socialdemócratas occidentales en general están abocados a la bancarrota —a un colapso económico muy parecido al que hace diez años sufrieron las democracias socialistas populares del Este—, sólo puede agravar en el futuro la tendencia actual hacia la desintegración política. Según esto, el número de regiones potencialmente secesionistas tiene que seguir aumentando.

Por último, la posibilidad de que el movimiento secesionista se extienda y desarrolle, permite además dar una respuesta a la cuestión relativa al peligro de represalias del gobierno central.

Aunque mantener vivo el recuerdo del pasado secesionista de los Estados Unidos es importante, conjurar los errores del segundo intento secesionista fallido es aún más decisivo para el éxito de la revolución libertario-liberal. Afortunadamente, la cuestión de la esclavitud, que complicó y oscureció la situación en 1861[401], ya se ha resuelto. Sin embargo, hay que aprender una importante lección de la comparación entre el fracaso del segundo experimento secesionista americano y el éxito de 1776.

La primera secesión americana se vio significativamente favorecida por el hecho de que en Gran Bretaña la opinión sobre la causa secesionista distaba mucho de ser unánime. De hecho, no fueron pocos los intelectuales que, como Edmud Burke y Adam Smith, simpatizaron abiertamente con ella. Dejando a un lado motivaciones puramente ideológicas, que apenas si influyen sobre unas cuantas mentes filosóficas, la ausencia en la opinión pública británica de una oposición unificada a los secesionistas americanos puede atribuirse a dos factores complementarios. Por un lado, a los numerosos vínculos regionales, culturales, religiosos y también personales y familiares existentes entre los británicos y los colonos. Por otro, a lo lejanos que les resultaban los acontecimientos americanos y a la poca importancia económica que se le daba a la pérdida de las colonias. Pero la situación en 1861 era totalmente distinta. Ciertamente, en el centro del poder político, desplazado hacia los Estados norteños de la Unión, no había una posición unificada; la causa confederada tenía también apoyos allí. Sin embargo, los vínculos culturales y de parentesco entre el norte y el sur tenían mucha menos importancia que los existentes anteriormente entre los británicos y los colonos; así mismo, la secesión de la Confederación del sur suponía casi la mitad del territorio de la Unión y un tercio de toda su población. Los norteños sintieron pues la extrema cercanía del problema y la magnitud de las pérdidas económicas. Por lo demás, a la elite política del norte le resultó relativamente fácil presentar bajo un frente unificado el carácter «progresista» de la cultura yanqui, enfrentándose con ventaja a la cultura atrasada y «reaccionaria» de los once Estados confederados (Dixieland).

Parece pues estratégicamente aconsejable no intentar otra vez lo que en 1861 fracasó tan dolorosamente. Descartada la secesión de algunos Estados contiguos o incluso de todo el sur, como vía para eludir la tiranía de Washington D.C., la moderna estrategia libertario-liberal debe seguir más bien el ejemplo de la Edad media, cuando Europa, desde el siglo XII hasta bien entrado el siglo XVII, se caracterizaba por la existencia de cientos de ciudades libres e independientes, incorporadas a una estructura social predominantemente feudal[402]. Al elegir este modelo y afanarse en transformar los Estados Unidos en un conglomerado territorialmente discontinuo de ciudades libres —una gran cantidad de ciudades como Hong Kong, Singapur, Mónaco y Liechtenstein diseminadas por todo el continente—, pueden conseguirse dos objetivos fundamentales, de otro modo inalcanzables. En primer lugar, además de que se reconoce que el potencial libertario-liberal está muy desigualmente distribuido por todo el país, la estrategia gradual hace que la secesión parezca menos amenazadora política, social y económicamente. En segundo lugar, persiguiendo esta estrategia simultáneamente en muchos lugares, resultará sobremanera difícil que el Estado central pueda crear una oposición unificada y contraria a la secesión en la opinión pública, lo que le garantizaría un apoyo bastante para que las medidas que pueda adoptar contra los territorios secesionistas tengan éxito[403].

Únicamente si esta empresa tiene éxito podremos devolver la propiedad pública, como corresponde, a manos privadas, adoptando una nueva «constitución» que declare que los impuestos y la legislación son, en lo sucesivo, ilegales. Entonces, si finalmente se permite que las agencias de protección realicen su misión, podremos nuevamente sentirnos orgullosos y América podrá presentarse como un ejemplo para el mundo.

[1] Es la tesis sostenida por Dalmacio Negro [1931] en su magnífico libro, hasta cierto punto heterodoxo en el planteamiento historiográfico, La tradición liberal y el Estado. Madrid, Unión Editorial, 1995.

[2] Una comparación sistemática de la Escuela austriaca y la Economía neoclásica en J. Huerta de Soto [1956], «El Methodenstreit, o el enfoque austriaco frente al enfoque neoclásico en la ciencia económica (1997)». Nuevos estudios de Economía política. Madrid, Unión Editorial, 2002.

[3] Murray N. Rothbard, For a New Liberty. The Libertarian Manifesto (19731ª). San Francisco, Fox and Wilkes, 1996.

[4] Los resultados de estas investigaciones aparecen sistematizados como una teoría ética en M.N. Rothbard, La ética de la libertad (19821ª). Trad. Marciano Villanueva Salas. Madrid, Unión editorial, 1995.

[5] Sobre la «centralidad» de lo político: Alessandro Campi [1961], Il retorno (necessario) della politica. Roma, Antonio Pellicani, 2002.

[6] Como ha recordado J. Huerta de Soto, «el sistema de Estados mínimos y ciudades libres concebido por Hoppe» tiene, «en última instancia, carácter gubernamental, por lo que podrían seguir coaccionando a sus ciudadanos mediante el sistema fiscal, las regulaciones intervencionistas, etc...». Véase «El desmantelamiento del Estado y la democracia directa (2000)», op. cit., p. 244.

[7] M.N. Rothbard, La ética de la libertad, p. 242.

[8] Véanse sobre estos asuntos: Carl Schmitt [1888-1985], «Staat als ein konkreter, an eine geschichtliche Epoche gebundener Begriff (1941)», en Verfassungsrechtliche Aufsätze. Berlín, Duncker und Humblot, 1958, pp. 375-85. Jerónimo Molina [1968], Julien Freund, lo político y la política. Madrid, Sequitur, 2000, pp. 187-89. Dalmacio Negro, Gobierno y Estado. Madrid, Marcial Pons, 2002.

[9] M.N. Rothbard, op. cit., p. 259. Cfr. Julien Freund [1921-1993], L’essence du politique (19651ª). París, Sirey, 1992, p. 32: «Lo Político está en el corazón de lo social. En este sentido, lo Político es una esencia, es decir, un elemento constitutivo de la sociedad y no una simple institución inventada por la maldad de los hombres o por el designio de unos pocos».

[10] Con la Monarquía austrohúngara hasta 1918 y con la Monarquía hispánica hasta 1931-36. Mientras que la sustitución de la primera por una pluralidad de Estados obedecía, según Hoppe, a la obsesión antiaustriaca de la elite norteamericana favorable a la intervención en la Gran guerra, la transformación de la segunda en Estado obedece, a nuestro juicio, a factores internos, genuinamente españoles.

[11] Gianfranco Miglio, cultivador clásico de la teoría política, adquirió un enorme protagonismo en el panorama intelectual italiano al vincularse a principios de los 90 a la Lega Nord de Umberto Bossi [1941], partidario de la secesión padana, y defender una visión de Europa como un gran espacio político constituido por las viejas ciudades europeas y sus respectivas áreas de influencia, liberadas finalmente de la dominación estatal que se impuso progresivamente a partir de la Baja Edad media. Véase G. Miglio, Le regolarità della politica. 2 tomos. Milán, Giuffrè, 1988.

[12] La teoría clásica de la formas de gobierno, de origen griego, nunca experimentó modificaciones sustantivas, pues su trilogía resulta praxeológicamente insuperable. Lo cierto es que o manda uno (monocracia), o mandan varios (aristocracia) o mandan casi todos o la mayoría (democracia). La elaboración de Hoppe, que contrapone «gobiernos públicos» y «gobiernos privados», no sólo resulta original, sino que además puede llegar a ser de mucha utilidad en el campo de la ciencia y la filosofía políticas.

[13] El jurista alemán Ernst Forsthoff [1902-1974] ha explicado suficientemente la incompatibilidad del elemento liberal de las constituciones contemporáneas («Estado de derecho») con su elemento socializante («Estado social»). La experiencia constitucional demuestra que la ambigüedad constitucional se resuelve siempre, con raras excepciones, a favor de los elementos antiliberales. Véase Ernst Forsthoff, «Problemas constitucionales del Estado social», en Ernst Forsthoff et alii, El Estado social. Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1986.

[14] El liberalismo político del siglo XIX, cuyo espíritu reguló el concierto de las potencias europeas, haciéndose depositario de la visión estatal de lo político, nunca fue en realidad partidario de la teoría de las causas justas de las guerras. En rigor, todas las guerras europeas posteriores a las campañas napoleónicas y anteriores a la I Guerra Mundial fueron justas desde la óptica del Derecho de gentes. Si todos los enemigos estatales son justos y así mismo, por definición, son justas sus causas, ambos supuestos operan como factores moderadores de la violencia que los enemigos pueden recíprocamente aplicarse. En cambio, cuando la causa del enemigo es considerada injusta y el enemigo mismo reducido a un hors l’humanité, su propia existencia resulta odiosa. Se allana así el camino a las guerras de exterminio. Aquí han tropezado no pocas de las ideologías que durante el siglo XX han reivindicado para si la ascendencia liberal, pues han terminado defendiendo causas liberticidas como la del «progreso» frente a la «reacción».

[15] Expresión máxima de esta actitud intelectual es el esquemático enunciado de los artículos de una constitución genuinamente liberal, en la que no hay lugar para los principios orgánicos de las convenciones constitucionales. He aquí su contenido, recogido por Hoppe en el capítulo VI: «Todas las personas, además de ser los únicos propietarios de su cuerpo, tienen derecho a utilizar su propiedad como estimen oportuno mientras no perturben la integridad física o la propiedad de los demás. Todo intercambio de títulos de propiedad entre propietarios particulares debe ser voluntario (contractual). Estos derechos de una persona son absolutos. Cualquier persona que los infrinja podrá ser legítimamente perseguida por la víctima o por su mandatario y podrá ser procesada de acuerdo con los principios de proporcionalidad del castigo y de la responsabilidad absoluta».

[16] Una notable exposición de las causas y consecuencias de la I Guerra Mundial en Ralph Raico, «World War I: The Turning Point», en John V. Denson (ed.), The Costs of War: America’s Pyrrhic Victories. New Brunswick, N.J., Transaction Publishers, 1999.

[17] Erik von Kuehnelt-Leddihn, Leftism Revisited: From de Sade to Pol Pot. Washington, D.C., Regnery, 1990, p. 210. Sobre Wilson y el wilsonismo véase además M.N. Rothbard, «World War I as Fulfillment: Power and the Intellectuals», en Journal of Libertarian Studies, 9, n.º 2, 1990; Paul Gottfried, «Wilsonianism: The Legacy that Won’t Die», en Journal of Libertarian Studies, 10, n.º 1, 1991; Robert A. Nisbet, The Present Age. Nueva York, Harper and Row, 1988.

[18] Véanse M.N. Rothbard, «War Collectivism in World War I», en Ronald Radosh y Murray N. Rothbard (eds.), A New History of Leviathan. Nueva York, E.P. Dutton, 1972; Robert Higgs, Crisis and Leviathan: Critical Episodes in the Growth of American Government. Nueva York, Oxford University Press, 1987.

[19] Véase Francis Fukuyama, El fin de la historia y el último hombre. Trad. P. Elías. Barcelona, Planeta, 1992.

[20] Esta lista incluye a Ludwig Boltzmann, Franz Brentano, Rudolph Carnap, Edmund Husserl, Ernst Mach, Alexius Meinong, Karl Popper, Moritz Schlick y Ludwig Wittgenstein entre los filósofos; Kurt Gödel, Hans Hahn, Karl Menger y Richard von Mises entre los matemáticos; Eugen von Böhm-Bawerk, Gottfired von Haberler, Friedrich A. von Hayek, Carl Menger, Fritz Machlup, Ludwig von Mises, Oskar Morgenstern, Jospeh Schumpeter y Friedrich von Wieser entre los economistas; Rudolph von Jhering, Hans Kelsen, Anton Menger y Lorenz von Stein entre los juristas y teóricos del derecho; Alfred Adler, Joseph Breuer, Karl Bühler y Sigmund Freud entre los psicólogos; Max Adler, Otto Bauer, Egon Friedell, Heinrich Friedjung, Paul Lazarsfeld, Gustav Ratzenhofer y Alfred Schütz entre los historiadores y sociólogos; Hermann Broch, Franz Grillparzer, Hugo von Hofmannsthal, Karl Kraus, Fritz Mauthner, Robert Musil, Arthur Schnitzler, Georg Trakl, Otto Weininger y Stefan Zweig entre los literatos y críticos; Gustav Klimt, Oskar Kokoschka, Adolf Loos y Egon Schiele entre los artistas y arquitectos; y Alban Berg, Hohannes Brahms, Anton Bruckner, Franz Lehar, Gustav Mahler, Arnold Schönberg, Johann Strauss, Anton von Webern y Hugo Wolf entre los compositores.

[21] Véase Allan Janik y Stephen Toulmin, Wittgenstein’s Vienna. Nueva York, Simon and Schuster, 1973; William M. Johnson, The Austrian Mind: An Intellectual and Social History 1848-1938. Berkeley, University of California Press, 1972; Carl E. Schorske, Fin-de-siècle Vienna: Politics and Culture. Nueva York, Random House, 1981.

[22] Un repertorio contemporáneo de ejemplos de «historia ucrónica» en Nial Ferguson (ed.), Virtual History: Alternatives and Counterfactuals. Nueva York, Basis Books, 1999.

[23] Sobre la relación entre el comunismo y el ascenso del fascismo y del nacional-socialismo puede verse Ralph Raico, «Mises on fascism, democracy, and other questions», en Journal of Libertarian Studies, 12, n.º 1, 1996; Ernst Nolte, La Guerra civil europea, 1917-1945. Nacionalsocialismo y bolchevismo. Trad. Sergio Monsalvo Castañeda. México, F.C.E., 2001.

[24] Nada menos que un miembro del cotarro como George F. Kennan tuvo que admitir en 1951 que «si nos fuese dado regresar a la Alemania de 1913, gobernada por una clase política conservadora pero relativamente moderada, excluyendo a los nazis y a los comunistas, una nación vigorosa, unida y no ocupada, digna de confianza, hubiese podido contrapesar el poder ruso en Europa... lo que, comparado con la situación actual, no hubiese sido tan malo. Pensemos en lo que eso significa. Si se examinan los resultados de las dos guerras, en términos de sus pretendidos objetivos, resulta bastante difícil encontrar en ellas algo positivo». American Diplomacy 1900-1950. Chicago, University of Chicago, 1951, pp. 55-56.

[25] Sobre esto L. von Mises, Teoría e historia. Trad. Rigoberto Juárez-Paz. Madrid, Unión Editorial, 1974; del mismo, The Ultimate Foundation of Economic Science: An Essay on Method. Kansas City, Sheed Andrews and McMeel, 1978; H.-H. Hoppe, Untersuchen zur Grundlegung von Soziologie und Ökonomie. Opladen, Westdeutscher Verlag, 1983; del mismo, Economic Science and the Austrian Method. Auburn (Alabama), Ludwig von Mises Institute, 1995.

[26] Véase Brand Blanshard, Reason and Analysis. La Salle (Indiana), Open Court, 1964; también Arthur Pap, Semantics and Necessary Truth. New Haven (Conneticut), Yale University Press, 1958; Saul Kripke, «Naming and Necessity», en Donald Davidson y Gilbert Harman (eds.), Semantics of Natural Language. Nueva York, Reidel, 1972; y Paul Lorenzen, Methodisches Denken. Francoforte del Meno, Suhrkamp, 1968.

[27] Hasta un «buen empiricista» tendría que admitir, según su propia doctrina, que probablemente no se puede saber a priori si los teoremas a priori existen o no; tampoco si estos pueden resultar útiles para decidir entre explicaciones incompatibles de una única secuencia histórica. También él tendría que adoptar la actitud de esperar y ver.

[28] Para evitar cualquier malentendido debe tenerse en cuenta que no hace falta creerse infalible para poder decir de algo que es «necesario» (y que puede ser así reconocido a priori). También los matemáticos y los lógicos se ocupan de las relaciones necesarias y, sin embargo, no pretender ser infalibles. Para refutar una proposición teorética (a diferencia de una hipotética) necesitan, más bien, otro argumento teorético más sólido, es decir, una prueba o argumento (no «evidencias empíricas») capaces de refutar un teorema matemático o lógico.

[29] Véase M.N. Rothbard, Historia del pensamiento económico (I). El pensamiento económico hasta Adam Smith. Trad. Federico Basáñez y Ramón Imaz. Madrid, Unión Editorial, 1999. Historia del pensamiento económico (II). La economía clásica. Trad. Ramón Imaz. Madrid, Unión Editorial, 2000. También Randal Holcombe (ed.), Fifteen Great Austrian Economists. Auburn, Ala., Ludwig von Mises Institute, 1999.

[30] L. von Mises, La acción humana. Tratado de economía. Trad. Joaquín Reig Albiol. Madrid, Unión Editorial, 2001; M.N. Rothbard, Man, Economy, and State: A Treatise on Economic Principles [1962] Auburn, Ala., Ludwig von Mises Institute, 1993.

[31]Sobre lo que sigue a continuación puede verse especialmente L. von Mises, La acción humana, cap. XVIII y XIX.; también William Stanley Jevons, La teoría de la Economía política. Trad. Juan Pérez Campanero. Madrid, Pirámide, 1998; Eugen von Böhm-Bawerk, Capital e interés. Historia y crítica de las teorías sobre el interés. Trad. Carlos Silva. México, F.C.E., 1947; Richard von Strigl, Capital and Production. Auburn, Ala., Ludwig von Mises Institute, 2001; Frank Fetter, Capital, Interest, and Rent. Kansas City, Sheed Andrews and McMeel, 1977; M.N. Rothbard, Man, Economy, and State, 2 vols. Los Ángeles, Nash, 1970.

[32] L. von Mises, La acción humana, pp. 577 y 586.

[33] Ciertamente, no todos los procesos productivos dilatados en el tiempo son más productivos que los más cortos, sin embargo, supuesto que el hombre, constreñido por la preferencia temporal, concebirá siempre e invariablemente el medio de producción más corto para producir un resultado dado, todo incremento de esta última magnitud depende —praxeológicamente— de la prolongación del proceso productivo, manteniéndose constante la tecnología empleada.

[34] Si no pudiese hacerse nada para mitigar las previsibles pérdidas infligidas a los bienes futuros, ni siquiera el ahorro compensatorio o el aseguramiento —pues los bienes a ello destinados también serían destruidos—, la preferencia temporal crecería inmediatamente, permaneciendo en ese nivel hasta después del suceso.

[35] Sobre la alta preferencia temporal de los niños y los factores biológicos (raciales) y culturales que la modifican: Walter Mischel, «Preference for Delayed Reinforcement: An Experimental Study of a Cultural Observation», en Journal of Abnormal and Social Psycology, n.º 56, 1958; del mismo: «Preference for Delayed Reinforcement and Social Responsibility», en Journal of Abnormal and Social Psycology, n.º 62, 1961 y «Father-Absence and Delay of Gratification: Cross-Cultural Comparisons», en Journal of Abnormal and Social Psycology, n.º 63, 1961.

[36] A diferencia del amplio reconocimiento del fenómeno de la preferencia temporal por los economistas, en particular por los de la Escuela Austriaca, sorprendentemente los politicólogos y sociólogos apenas si han reparado en él. Véase la notable excepción de Edward C. Banfield, The Unheavenly City Revisited. Boston, Little/Brown, 1974, espec. cap. 3. Banfield identifica la preferencia temporal con la causa que subyace a las diferencias persistentes entre clases sociales y culturas, en particular entre la «clase alta» y la «clase baja». Mientras que los miembros de aquella se caracterizan por su orientación hacia el futuro, la autodisciplina, así como por su capacidad para privarse de una gratificación actual a cambio de otra mejor en el futuro, los de la «clase baja» se orientan hacia el presente y son hedonistas. «La conciencia que del futuro tiene [el individuo de clase baja] se refiere a algo fijado, fatal, más allá de su control: las cosas le acontecen, no puede hacer que sucedan. Los impulsos gobiernan su conducta, bien porque no es disciplinado para sacrificar una satisfacción presente por otra futura, bien porque carece del sentido del futuro. Es por ello que resulta radicalmente improvidente... Trabaja tan sólo para vivir; ocupado en tareas no especializadas, cambia con frecuencia de trabajo sin interesarse por ninguno... No se ocupa de sus cosas... e incluso cuando estas son casi nuevas, probablemente permanecen inutilizadas por falta de reparaciones menores. Del mismo modo, también su cuerpo es una cosa “que debe agotarse pero no repararse”» (Banfield, op. cit., pp. 61-62.) Fenómenos típicamente asociados con la «clase baja», como la ruptura familiar, la promiscuidad, las enfermedades venéreas, el alcoholismo, la adicción a las drogas, la violencia, el crimen, la elevada mortalidad infantil y la baja expectativa de vida tienen una causa común en la alta preferencia temporal. No en el desempleo ni en el bajo salario. Más bien, como señala Banfield, la causalidad sigue, si cabe, el camino contrario: el desempleo permanente y los bajos ingresos son las consecuencias de una elevada preferencia temporal. Otra importante excepción al general abandono del fenómeno de la preferencia temporal por los no economistas en R. Alexander Smith, Time and Public Policy.

[37] Para una detallada descripción empírica y sociopsicológica del fenómeno del «proceso de civilización» véase también Norbert Elias, El proceso de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas. Trad. A. García Cotarelo. Madrid, F.C.E., 1988.

[38] Para evitar cualquier malentendido, debe aclararse que el mero hecho de una vida más larga no tiene efecto alguno sobre la preferencia temporal. Tan sólo la conciencia personal de ese hecho, la expectativa subjetiva, hace bajar el nivel de la preferencia temporal de una persona.

[39] Para lo que sigue, véase M. Rothbard, Man, Economy, and State, pp. 147-59; del mismo, Power and Market. Kansas City, Sheed Andrews and McMeel, 1977; H.-H. Hoppe, A Theory of Socialism and Capitalism. Boston, Kluwer, 1989; del mismo, The Economics and Ethics of Private Property. Boston, Kluwer, 1993.

[40] Véase también Gordon Tullock, «The Welfare Costs of Tariffs, Monopolies, and Theft», en Western Economic Journal, 5, 1967.

[41] Según la figura 1, los desastres naturales y sociales implican igualmente un desplazamiento hacia arriba y hacia la izquierda de la curva de preferencias temporales dada de una víctima concreta. Mas ello no significa que se altere la estructura caracteriológica de una persona, por ejemplo desplazándose hacia arriba su curva de preferencias temporales. Semejante movimiento tiene lugar, empero, con motivo de las desastrosas interferencias gubernamentales.

[42] Sobre la evolución y la eficiencia de los sistemas de tribunales competitivos, de provisión privada de defensa y aplicación de la ley, véase Gustave de Molinari, The Production of Security. Nueva York, Center for Libertarian Studies, 1977; William C. Wooldridge, Uncle Sam the Monopoly Man. New Rochelle, N.Y., Arlington House, 1970; M.N. Rothbard, For A New Liberty. Nueva York, McMillan, 1978; Hoppe, The Economics and Ethics of Private Property. Morris and Linda Tannehill, The Market for Liberty. Nueva York, Laissez Faire Books, 1984; Terry Anderson and P.J. Hill, «The American Experiment in Anarcho-Capitalism: The Not So Wild, Wild West», en Journal of Libertarian Studies, 1980; Bruce L. Benson, «Guns for Protection, and other Private Sector Responses to the Government’s Failure to Control Crime», en Journal of Libertarian Studies, 1986; del mismo, Justicia sin Estado. Trad. José Ignacio del Castillo y Jesús Gómez. Madrid, Unión Editorial, 2000; Roger D. McGrath, Gunfighters, Highwaymen, and Vigilantes: Violence on the Frontier. Berkeley, University of California Press, 1984; del mismo, «Treat Them to a Good Dose of Lead», en Chronicles, enero de 1994.

[43] Sobre la teoría del Estado véanse, junto a los trabajos citados en la nota 9, Franz Oppenheimer, The State. Nueva York, Vanguard Press, 1914; Alexander Rüstow, Freedom and Domination. Princeton, N.J., Princeton University Press, 1980; Charles Tilly, «War Making and State Making as Organized Crime», en Peter B. Evans, Dietrich Rueschemeyer y Theda Skocpol (eds.), Bringing the State Back In. Cambridge, Cambridge University Press, 1985; Richard A. Epstein, Takings: Private Property and the Power of Eminent Domain. Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1985.

[44] Escribe Lysander Spooner: «El gobierno, en efecto, no permanece al acecho en un lugar solitario por el que transita un hombre cualquiera, le sale al paso desde una cuneta, le pone una pistola en la cabeza y le vacía los bolsillos. Por eso mismo el robo es todavía mas ruin y vergonzoso. El salteador asume la responsabilidad y el riesgo derivados de su acción. No cree tener derecho alguno sobre vuestro dinero, ni pretende utilizarlo en vuestro propio beneficio. No aspira a ser otra cosa que un bandido. No es tan descarado como para presentarse como un “protector” y suponer que la apropiación del dinero de la gente contra su voluntad le permite “proteger” a esos caprichosos viajeros que se sienten capaces de defenderse por si mismos, o no aprecian su singular sistema de protección. Un salteador es demasiado inteligente para creer en esas cosas. Por lo demás, en cuanto se ha apoderado de vuestro dinero os deja en paz, justo lo que esperáis que haga. No se empeñará en seguiros en contra de vuestra voluntad; tampoco se creerá vuestro legítimo “soberano” por prestaros “protección”. No insistirá en “protegeros”, sometiéndoos u obligándoos a servirle; exigiéndoos esto y prohibiéndoos aquello; robándoos sin medida, por gusto o interés, según le parezca; estigmatizándoos por rebelde, traidor o enemigo de la patria, abatiéndoos sin piedad si os oponéis a su autoridad u os resistís a sus mandatos. Pues un salteador es demasiado caballeroso para incurrir en semejantes imposturas, ultrajes y vilezas. En suma, no pretende que, además de robaros, os convirtáis en sus esclavos.» Véase No Treason: The Constitution of No Authority. Larkspur, Colo., Pine Tree Press, 1996, p. 17.

[45] Sobre la trascendencia de una opinión pública favorable al ejercicio del poder gubernamental puede verse el clásico de Étienne de la Boëtie, Discurso de la servidumbre voluntaria o el Contra uno. Trad. e intr. J.M.ª Hernández Rubio. Tecnos, Madrid, 1986. También David Hume, «De los primeros principios del Gobierno», en Ensayos Políticos. Estudio preliminar de J. Colomer. Trad. César Armando Gómez. Madrid, Tecnos, 1987. Según Hume: «Nada más sorprendente para quienes consideran con mirada filosófica los asuntos humanos que la facilidad con los muchos son gobernados por los pocos, y la implícita sumisión con que los hombres resignan sus sentimientos y pasiones ante los de sus gobernante. Si nos preguntamos por qué medios se produce este milagro, hallaremos que, pues la fuerza está siempre del lado de los gobernados, quienes gobiernan no pueden apoyarse sino en la opinión, que es, por tanto el único fundamento del gobierno; esta máxima alcanza lo mismo a los gobiernos más despóticos y militares que a los más populares y libres. El sultán de Egipto o el emperador de Roma pueden manejar a sus inermes súbditos como a simples brutos, a contrapelo de sus sentimientos e inclinaciones, pero tendrán, al menos, que contar con la adhesión de sus mamelucos o de sus cohortes pretorianas», p. 21. Además: L. von Mises, La acción humana, pp. 1020-21.

[46] Acerca del vasto proceso histórico de la apropiación del poder político y el primado del gobierno monárquico, véase Bertrand de Jouvenel, La soberanía. Trad. y pról. Leandro Benavides. Madrid, Rialp, 1957, esp. cap. 10. Del mismo, Sobre el poder. Historia natural de su crecimiento. Trad. J. Marcos de la Fuente. Estudio preliminar de Dalmacio Negro. Madrid, Unión Editorial, 1998. Así mismo, El principado. Trad. Pilar López Máñez. Madrid, Ediciones del Centro, 1974. De A. Rüstow, Freedom and Domination, esp. pp. 101-05.

[47] Para la ubicuidad de la autoridad natural véase de Jouvenel, La soberanía, esp. cap. 2. «No es preciso preguntarse si las jefaturas se instauraron por la violencia o por la deliberación. Bastaría que un hombre se sintiese apto para dirigir y que inspirase confianza a otros... Si podemos observar a diario la génesis de las jefaturas a nuestro alrededor, ¿qué necesidad hay de imaginarse otra forma en el pasado lejano de la especie? Los jefes se han hecho siempre por el asentimiento natural, por la nuda autoridad. De la misma manera que se forman ante nuestra vista cuando hay que organizar un sabotaje o sofocar un incendio», p. 75. Y sobre la transición de la autoridad al poder señala a continuación: «El poder difiere mucho de la autoridad. Lo característico de la autoridad es que no se ejerce sino sobre los que la aceptan gustosos. Por el contrario, basta a los dirigentes tener autoridad sobre una parte de los súbditos para que estos les proporcionen fuerzas capaces de situar a otros bajo su poder... El límite de la autoridad está en el punto en que falta el asentimiento voluntario. Hay en todo Estado un margen de obediencia que no se obtiene sino por el empleo, o por la amenaza de empleo, de la fuerza. Este margen lesiona la libertad y acusa una falta de autoridad. Entre los pueblos libres ese margen es mínimo, pues la autoridad es allí enorme», pp. 76-77.

[48] Véase también para lo que sigue la literatura sobre la «tragedia de los bienes comunales». Garrett Hardin y John Baden (eds.), Managing The Commons. San Francisco, W.H. Freeman, 1977. Además, Mancur Olson, «Dictatorship, Democracy, and Development», en American Political Science Review, 87, n.º 3, 1993.

[49] Según esta conceptualización, es evidente que las «monarquías» contemporáneas como las de Gran Bretaña, Holanda, Bélgica, Suecia, Noruega, Dinamarca o España lo son tan sólo nominalmente. De hecho son representativas de lo que en este lugar y más adelante se considera propio de las democracias. El término «monarquía», como se define aquí, se aplica con más propiedad a la forma de gobierno característica de la Europa de finales del siglo XVIII: el Ancien régime. El proceso de lenta transformación de las monarquías en democracias, estimulado por la Revolución americana y, sobre todo, por la francesa, no se completó hasta después de la I Guerra Mundial. En efecto, monarquía y democracia pueden concebirse analíticamente como los dos polos de un continuo que comprende varias formas posibles de gobierno, más o menos alejadas de los extremos. Monarquías electivas como las que existieron en otras épocas en Polonia, Bohemia y Hungría fueron menos monárquicas que las hereditarias. Por la misma razón, las monarquías «constitucionales» son menos monárquicas que las preconstitucionales. Las monarquías parlamentarias, finalmente, están más cerca de una democracia que de una monarquía, siendo incluso ajenas al principio monárquico si en ellas se reconoce el sufragio universal. En cambio, mientras que una forma de gobierno republicana supone por definición que el aparato gubernamental no se posee privada sino públicamente (por «el pueblo») y una república tiende hacia la adopción del sufragio universal (republicanismo democrático), no todas las repúblicas están a la misma distancia de la democracia. Por ejemplo, una «república» aristocrática como las Provincias Unidas de Holanda hasta 1673, fecha en que Guillermo de Orange fue elegido Stadtholder (Príncipe reinante), debería catalogarse actualmente más como una cuasi-monarquía que como una democracia. Sobre la distinción entre monarquía, república, democracia y sus variadas manifestaciones históricas véase E. von Kuehnelt-Leddihn, Leftism Revisited.

[50] Véase Carlo M. Cipolla, Historia económica de la Europa preindustrial. Trad. Esther Benítez. Madrid, Alianza Editorial, 1992, p. 67: «En conjunto, hay que admitir que la proporción de la renta drenada por el sector público fue aumentando desde el siglo XI en adelante en toda Europa. Pero es difícil imaginar que, aparte situaciones y momentos particulares, también en los siglos más próximos a la Revolución Industrial consiguieran nunca los poderes públicos atraer más del 5-6 por 100 de la renta nacional». Más adelante señala que esta proporción no se rebasó sistemáticamente hasta la segunda mitad del siglo XIX. Véanse también las dos notas siguientes.

[51] Acerca del reconocimiento de la preexistencia del derecho de la propiedad privada bajo los monarcas véase de Jouvenel, La soberanía, espec. caps. 10 y 11. «La actitud del soberano respecto a los derechos se expresa por medio del juramento de la primera estirpe: “Honraré y preservaré a cada uno de vosotros tratándolo según su rango y dignidad, y conservaré a cada uno la ley y la justicia que le pertenecen y corresponden”. Cuando se dice que el rey es “deudor de justicia”, no se pronuncian palabras vanas. Si debe suum cuique reddere, el suum no es incierto, no se trata de que dé a cada uno lo que él crea, según su plena inteligencia, que debe darle, sino que dé a cada uno lo que le corresponde según la costumbre que los jurados de costumbre puedan atestiguar. Los derechos subjetivos no son otorgados y precarios: son propiedades. Propiedad es también el derecho que pertenece al soberano, que es igualmente un derecho subjetivo, de dignidad más elevada que los demás, pero incapaz de destruirles». La soberanía, pp. 307-08. Jouvenel recuerda más adelante que «constituyó el escándalo de la Cristiandad que el emperador Federico II, el primer “déspota ilustrado”, se arrogara el derecho de suprimir los antiguos privilegios, anular los contratos que constituían el esqueleto de la sociedad y forjara leyes nuevas alterando todas las relaciones y todos los estatutos». Op. cit., p. 341. Sigue siendo digno de mención que toda monopolización de la ley y el orden significa precios elevados y menor calidad de los productos, al menos en comparación con una situación de competencia. Incluso un rey empleará el monopolio represivo en su propio beneficio: cambiando el principio de restitución y compensación de la víctima de un atropello por la compensación de si mismo, el rey. Véase sobre esto Bruce L. Benson, «The Development of Criminal Law and Its Enforcement», en Journal des Économistes et des Études Humaines, 3, 1992.

[52] Bertrand de Jouvenel escribe: «En la Edad Media, el gobierno real es muy débil... debido a los recursos: como los demás señores, laicos o eclesiásticos, el rey obtiene los suyos de los impuestos... El rey debilita periódicamente la base de sus rentas asignando fuentes a quienes pretende atraerse como aliados, ganancia política a corto plazo que se paga con un retroceso a largo plazo». Véase «Sobre la evolución de las Formas de gobierno». El Principado, p. 69. En otro lugar ha precisado que «nada hace sentir mejor la gran debilidad del soberano que su impotencia para imponer contribuciones. Para obtener subsidios era necesario reunir a los poseedores de recursos y pedirles una ayuda que era voluntaria, y consentida en razón de las explicaciones que se les daban. Lo que permitía poner condiciones, como se hace, por ejemplo, a Juan el Bueno al concederle subsidios, con la obligación para él de no acuñar moneda que no tuviera el peso adecuado. Es un error común, pero enorme, confundir una asamblea convocada con el fin de conceder subsidios, con un Parlamento moderno, y decir que se trata en uno y otro caso de un consentimiento popular al impuesto. Actualmente, el Parlamento no tiene, en absoluto, el carácter de una asamblea de contribuyentes. Tiene el carácter de un soberano que cobra impuestos a su gusto. Para encontrar actualmente analogía con la mendicidad real, sería necesario suponer que el soberano en ejercicio, es decir, el Parlamento, tuviera que vivir de lo suyo, el monopolio del tabaco y otros elementos de su patrimonio, y que cuando le fuera necesario un suplemento tuviera que convocar a los que habían de proporcionárselo, exponiéndoles por qué es necesario y apelando a su buena voluntad. Así, víspera de la Guerra de los Cien años, Felipe VI es invitado por su consejeros a una verdadera tournée, en el curso de la cual, en las diferentes ciudades donde estaría reunido el pueblo, “alto, medio y bajo”, iría explicando sucesivamente sus necesidades». La soberanía, pp. 316-17. También Douglass C. North y Robert P. Thomas, The Rise of the Western World: A New Economic History. Cambridge, Cambridge University Press, 1973, p. 96.

[53] Sobre la descentralización política —«anarquía política»— como una limitación del poder del gobierno y razón, entre otras, de la evolución de los mercados y el capitalismo, y así mismo sobre la tendencia hacia la centralización política —supresión expansionista de competidores— y el proceso paralelo de subida de los impuestos y reforzamiento de los poderes de reglamentación del gobierno, véase Jean Baechler, Los orígenes del capitalismo. Trad. Amadeu Monrabà. Barcelona, Península, 1976, esp. parte III, cap. 2; H. Hoppe, The Economics and Ethics of Private Property, espec. caps. E y 4; del mismo, «Migrazione, centralismo e secessione nell’Europa contemporanea», en Biblioteca della libertà, 118, 1992, y «Nationalism and Secession», en Chronicles, noviembre de 1993; además, Natham Rosenberg y Luther E. Birdzell, How the West Grew Rich. Nueva York, Basic Books, 1986.

[54] Los Habsburgos austriacos son muy representativos de este tipo de política exterior, cristalizada en su lema «Bella gerunt alii; tu, felix, Austria, nubes». Maximiliano I [1493-1519] «se casó con la heredera de los duques de Borgoña, quienes durante el siglo anterior habían adquirido numerosas provincias en los confines occidentales del [Sacro] Imperio [Romano Germánico] —los Países Bajos y Borgoña, contiguos a Francia—. Maximiliano tuvo un hijo de ese matrimonio, Felipe, que casó con Juana, heredera de los Reyes Católicos. Felipe y Juana fueron los padres de Carlos. Carlos reunió en su persona la herencia de sus cuatro abuelos: de Maximiliano, Austria; de María de Borgoña, los Países Bajos y Borgoña; de Isabel, Castilla y la América hispánica; de Fernando, Aragón y sus posesiones mediterráneas e italianas. En 1519 fue elegido Emperador convirtiéndose en la cabeza simbólica del Sacro Imperio Romano Germánico.» En Robert R. Palmer y Joel Colton, A History of the Modern World. Nueva York, Alfred Knopf, 1992, p. 74. Acerca del carácter limitado y moderado de las guerras regias véase más abajo la discusión sobre la guerra democrática.

[55] Sobre la naturaleza de la propiedad pública y la irracionalidad que le es inherente: M.N. Rothbard, Power and Market, pp. 172-84; H. Hoppe, A Theory of Socialism and Capitalism, cap. 9. La diferencia fundamental entre la propiedad privada del gobierno y su baja preferencia temporal y la propiedad pública del mismo y su alta preferencia temporal puede ilustrarse examinando las institución de la esclavitud, distinguiendo el caso de la esclavitud privada, como existía en los Estados Unidos antes de la Guerra de Secesión, y el de la esclavitud pública practicada en la antigua Unión Soviética y sus países satélites. En el Imperio soviético la emigración fue proscrita y castigada como un crimen, pudiendo ser abatidos quienes intentaran evadirse. Además, las leyes represoras de la ociosidad permitían al gobierno imponer todo tipo de tareas, recompensas o sanciones a cualquier ciudadano. No existen pues grandes diferencias con la esclavitud privada y nada se opone, por tanto, a la clasificación de la Unión Soviética entre los sistemas esclavistas. Mas a diferencia del esclavista particular, un esclavista de los Estados de la Europa oriental —desde Lenin a Gorbachov— no podían vender o alquilar a sus súbditos en el mercado de trabajo, ni apropiarse del producto de la venta o alquiler de su «capital humano». Esto último les confiere el carácter de sistemas esclavistas públicos (o socialistas). Lejos de mejorar, la situación para los esclavos se agrava en ausencia del mercado, pues si no puede fijarse el precio de un esclavo y su trabajo, el amo no puede asignar racionalmente su «capital humano». No puede determinar el valor de escasez de sus heterogéneas unidades de capital humano y tampoco el coste de oportunidad que supone el darle un uso concreto, ni siquiera, finalmente, compararlo con el ingreso que podría generar. El resultado de todo ello es una mala asignación permanente del capital humano, su despilfarro y, finalmente, su «agotamiento». Así lo indica la evidencia empírica. Mientras que sólo de vez en cuando sucedía que un amo daba muerte a su esclavo, «consumiendo» definitivamente su capital humano, la esclavitud socialista en la Europa oriental provocó el asesinato de millones de personas. Por regla general, la salud y las expectativas de vida de los esclavos particulares de otras épocas mejoraba, pero en décadas recientes se ha constatado el deterioro permanente de la asistencia sanitaria y de la esperanza de vida en el Imperio soviético. Así mismo, el adiestramiento y la educación de los esclavos privados mejoraron, pero los de los esclavos socializados ha disminuido. La tasa de reproducción de aquellos era positiva, la de las poblaciones del Este de Europa ha sido generalmente negativa. Los índices de suicidios, autolesiones, familias rotas, promiscuidad, nacimientos «ilegítimos», defectos genésicos, enfermedades venéreas, abortos, alcoholismo, idiocia o comportamientos desviados fueron elevados entre los esclavos privados; pero todas estas taras indicativas del «consumo del capital humano» han sido todavía mayores entre los esclavos socializados del antiguo Imperio soviético. Ciertamente, las conductas violentas o anómicas seguían a la emancipación de los esclavos particulares, sin embargo, la degradación de la vida social como consecuencia de la abolición de la esclavitud socialista ha sido mucho peor, revelando un mayor grado de degeneración moral. Véase H.-H. Hoppe, «Note on Socialism and Slavery», en Chronicles, agosto de 1993, 6.

[56] Como dice de Jouvenel: «Desde el siglo XII al XVIII el poder público no dejó de aumentar. El fenómeno lo comprendieron todos los testigos y provocaba continuas protestas y violentas reacciones. Desde entonces ha continuado creciendo a un ritmo acelerado, extendiendo la guerra a medida que él se iba extendiendo. En cuanto a nosotros, ya no lo comprendemos, no protestamos ni reaccionamos. Esta pasividad tan nueva la debe el Poder a la bruma de que se rodea. Antes era visible; se manifestaba en la persona del rey, que se declaraba amo y señor, con su defectos y pasiones. Ahora se enmascara en el anonimato, y pretende no tener existencia propia y no ser más que instrumento impersonal... Hoy como siempre, el Poder lo ejerce un puñado de hombres que controlan la “sala de máquinas”. Este grupo constituye lo que se llama el Poder, y su relación con los hombres es una relación de mando. El único cambio ha consistido en dotar al pueblo de unos medios cómodos para que pueda cambiar a los principales participantes en el Poder. En cierto sentido, el Poder se ha debilitado, puesto que entre las virtudes que aspiran a dirigir la vida social, el electorado puede elegir, en determinadas fechas. Pero al abrir a todas las ambiciones la perspectiva del Poder, este régimen facilita mucho su extensión. En el antiguo régimen, la gente capaz de ejercer una influencia, al ser conscientes de que jamás podrían participar en el Poder, estaban dispuestos a denunciar la menor usurpación. Mientras que ahora todos son pretendientes, y nadie tiene interés en disminuir una posición a la cual se espera acceder algún día, ni paralizar una máquina que cuando llegue el momento le tocará manejar. Por eso observamos en los círculos políticos de la sociedad moderna una amplia complicidad a favor de la extensión del Poder». Sobre el poder, pp. 58-59. En efecto, a lo largo de la era monárquica, al menos hasta la segunda mitad del siglo XIX, periodo que representa el punto de inflexión histórica del proceso (antimonárquico) de la democratización, iniciado por la Revolución francesa y concluido por la I Guerra Mundial, la carga fiscal casi nunca excedió del 5% del producto nacional —véase también nota 20 supra—. Desde entonces ha aumentado permanentemente. En la Europa occidental de la primera postguerra se colocó entre el 15 y el 20% del producto nacional, suponiendo un incremento cercano al 50%. Tampoco el empleo público, salvo raras excepciones, fue más allá del 2% de la fuerza del trabajo en toda la época monárquica. Desde entonces no ha dejado de crecer, manteniéndose actualmente entre el 15 y el 20%. Más detalles en Peter Flora, State, Economy, and Society in Western Europe 1815-1975: A Data Handbook. Londres, MacMillan, 1983, vol. I, caps. 5 y 8.

[57] Las dificultades de un monarca para asegurar los préstamos son conocidas (véase también la nota 22 supra), debiendo abonar tipos de interés por encima de la media que reflejen el mayor riesgo de morosidad. Sobre esto North y Thomas, The Rise of the Western World, p. 96. Los gobiernos democráticos que florecieron desde finales de la I Guerra Mundial, en cambio, han demostrado una tendencia constante hacia el déficit financiero y el endeudamiento. Actualmente, la «deuda nacional» en el «mundo occidental» rara vez baja del 30% del producto nacional y muchas veces sobrepasa el 100%. Está estrechamente relacionado con ello el hecho de que el mundo monárquico dispusiera de una moneda-mercancía —oro o plata— y de un mercado mundial, integrado y sencillo, establecido durante los siglos XVII y XVIII y regido por el patrón oro internacional. Un patrón monetario de estas características hace más difícil que un gobierno provoque inflación. Los reyes se sirvieron del monopolio de la acuñación y de la «alteración de las leyes monetarias» (depreciación del circulante) para enriquecerse a expensas del público. Sin embargo, por mucho que lo intentaron no lograron monopolizar la creación de dinero fiduciario. El papel moneda nacional no redimible puede crearse virtualmente de la nada, sin apenas coste. ¡Monopolio tan extraordinario no podía confiarse a ningún particular, ni siquiera al rey! La abolición del patrón oro fue propiciada por el republicanismo democrático consecuencia de la I Guerra, siendo sustituido en 1971, después de tanto tiempo, por un sistema universal de papel moneda nacional no redimible. La oferta monetaria y crediticia ha aumentado dramáticamente desde entonces, revelándose una tendencia «secular», en apariencia definitiva, a la inflación monetaria y la depreciación del circulante. La financiación del déficit del gobierno se ha convertido en una simple técnica bancaria y los tipos de interés —como indicadores de la preferencia temporal social—, en continua declinación durante siglos hasta que a finales del siglo XIX cayeron en torno al 2%, manifiestan desde aquel año una tendencia sistemática al alza. Véase M.N. Rothbard, What Has Government Done to Our Money? Auburn, Ala., Ludwig von Mises Institute, 1992; del mismo, The Mystery of Banking. Nueva York, Richardson and Snyder, 1983. Sobre la historia de los tipos de interés Sidney Homer y Richard Sylla, A History of Interest Rates. New Brunswick, N.J., Rutgers University Press, 1991, esp. cap. 23, pp. 553-58.

[58] En efecto, aunque minada por el Renacimiento y las Revoluciones protestantes, la idea de que el rey y sus súbditos se sometían a una misma ley universal —«reglas preexistentes al soberano, fijas e intangibles»— prevaleció durante la era monárquica. Así en de Jouvenel, La soberanía, p. 340. El derecho debía ser descubierto y reconocido como algo eternamente «dado», no como algo que tenía que «fabricarse». Se sostenía por ello que el «derecho no podía ser legislado, sino tan sólo aplicado, pues existía desde siempre». Véase Bernhard Rehfeld, Die Würzeln des Rechts. Berlín, 1951, p. 67. Todavía a principios del siglo XX podía mantener Albert V. Dicey que el Derecho público o administrativo no existía en Gran Bretaña como un ordenamiento distinto al Derecho privado: los agentes del gobierno, en sus relaciones con los particulares, estaban aún sometidos a las mismas reglas que estos últimos. Fue de nuevo el republicanismo democrático de la primera postguerra mundial el que otorgó la «inmunidad» civil a los agentes del gobierno. Opiniones como la que a continuación transcribo, perteneciente al destacado jurista socialista Gustav Radbruch, gozaron de aceptación general: «para un orden jurídico-público de carácter individualista, el Estado es tan sólo el cinturón protector que rodea el derecho y la propiedad privados. Pero en un ordenamiento [democrático, republicano y] social, el derecho privado es el sector provisional y en regresión continua de la iniciativa privada, eventualmente prescindible en la omnicomprensiva esfera del Derecho público». G. Radbruch, Der Mensch im Recht. Gótinga, Vandenhoeck, 1957, p. 40. Entretanto, «nos encontramos habituados a que nuestros derechos sean modificados por decisiones soberanas del legislador. Un propietario no se sorprende ya de ser obligado a elevar los salarios de sus empleados en virtud de decretos del poder. Se sobreentiende ahora que nuestros derechos subjetivos son precarios y que están a discreción de la autoridad». B. de Jouvenel, La soberanía, pp. 334-35. Sobre la distinción entre derecho y legislación véase Bruno Leoni, La libertad y la ley. Madrid, Unión Editorial, 1995. Friedrich A. Hayek, Derecho, legislación y libertad. (Vol. I: Nomos y orden). Trad. L. Reig Albiol. Madrid, Unión Editorial, 1985, caps. 4 y 6.

[59] Hasta finales del siglo XIX la mayor parte del gasto público —con frecuencia más del 50%— servía para financiar el ejército (teniendo en cuenta que los gastos del gobierno representaban el 5% del producto nacional, los gastos militares suponían el 2,5% del producto nacional). Del resto disponía la administración. El gasto social o «caridad pública» apenas si tenía importancia. Pero con el republicanismo democrático los gastos militares se han ampliado hasta el 5 o 10% del producto nacional. Sin embargo, constituyendo el gasto público más del 50% del producto nacional, el presupuesto militar sólo representa ahora entre el 10 y el 20% del gasto total del gobierno. La mayor parte del gasto público, más del 50% del gasto total —y el 25% del producto nacional—, se destina ahora al gasto social. Véanse también Cipolla, Historia económica de la Europa preindustrial, pp. 73-75; Flora, State, Economy, and Society in Western Europe, cap. 8.

[60] La política que ha legislado sobre la «seguridad social» ha afectado decisivamente a la preferencia temporal social; introducida en Alemania por Bismarck en la década de 1880, se generalizó en occidente como consecuencia de la I Guerra Mundial. Exonerando al individuo de la carga que supone ocuparse de su vejez, reduce el horizonte temporal de la previsión privada. Menoscabará la estimación del matrimonio, la familia y los hijos, pues quien haya prescindo de ellos podrá recurrir a la asistencia «social». Desde que comenzó la época republicano-democrática todos los indicadores de la «disfunción familiar» se han elevado sistemáticamente: hay menos nacimientos, la población se ha estancado e incluso ha menguado, las tasas de divorcio, hijos ilegítimos, madres solteras, personas que viven solas y abortos han aumentado. Por otra parte, las tasas de ahorro personal no han aumentado, incluso han disminuido, perdiendo toda proporcionalidad y correspondencia con la elevación de los salarios. Véase Allan C. Carlson, Family Questions: Reflections on the American Social Crises. New Brunswick, N.J., Transaction Publishers, 1992; del mismo, «What Has Government Done to Our Families?», en Essays in Political Economy. Auburn, Ala., Ludwig von Mises Institute, 1991. Bryce J. Christensen, «The Family vs. The State», en Essays in Political Economy. Joseph A. Schumpeter, Capitalismo, socialismo y democracia. Trad. José Díaz García. Barcelona, Folio, 1984, cap. 14.

[61] Sobre la relación entre la preferencia temporal y el crimen, véase James Q. Wilson y Richard J. Herrnstein, Crime and Human Nature. Nueva York, Simon and Schuster, 1985, pp. 49-56 y 416-22. Edward C. Banfield, The Unheavenly City Revisited; del mismo, «Present-Orientedness and Crime», en Randy E. Barnett y John Hagel (eds.), Assessing the Criminal: Restitution, Retribution, and the Legal Process. Cambridge, Mass., Ballinger, 1977. Aunque la alta preferencia temporal no es en absoluto correlativa de la criminalidad —pues esta última también se expresa bajo exquisitas formas legales como la temeridad, la indecencia, la irresponsabilidad o la falta de honradez personales—, existe ciertamente una relación entre ambas, pues para recibir del mercado una remuneración (no política) se necesita un mínimo de planificación, paciencia y sacrificio: para ser pagado hay que trabajar antes durante algún tiempo. Mas las actividades específicamente criminales, sean el asesinato, la agresión, la violación, el atraco, el hurto, el allanamiento de morada u otras similares exigen una disciplina diferente: de entrada, la recompensa para el agresor es tangible e inmediata y el sacrificio, es decir, el eventual castigo, resulta incierto y está en el futuro. Si el grado de la preferencia temporal social aumenta, puede esperarse que la frecuencia de las actividades violentas también lo hará. Como dice Banfield: «la amenaza del castigo esgrimida por la ley no es suficiente para disuadir la orientación al corto plazo de una persona, pues la ganancia que espera obtener de su acción ilegal está muy cerca del presente, mientras que el castigo que podría sufrir —en el improbable supuesto de que fuese capturado y castigado—, está en un futuro demasiado lejano como para tomarlo en consideración. Para una personal normal, además de las penas legales, existen otras amenazas fuertemente disuasorias: la deshonra, la pérdida del empleo o las dificultades sobrevenidas a su mujer e hijos si ingresara en prisión entre otras. Pero quien se orienta al corto plazo no corre ese tipo de riesgos... pues a quien trabaja intermitentemente o no trabaja en absoluto no le preocupa perder su empleo, y tampoco le preocupan su mujer y sus hijos, de los que no se ocupa y que seguramente estarán mejor sin él». The Unheavenly City Revisited, pp. 140-41. Sobre la magnitud del aumento de la criminalidad propiciado por el republicanismo democrático durante los últimos cien años, consecuencia de la progresiva expansión de la legislación y la infinita ampliación de las responsabilidades «sociales», véase McGrath, Gunfighters, Highwaymen, and Vigilantes, esp. cap. 13. McGrath ha comparado la criminalidad en algunos de los lugares más violentos del «salvaje Oeste» —dos pueblos mineros fronterizos de California y Nevada— con la de los más violentos de nuestra época, concluyendo que en Bodie y Aurora, los pueblos de frontera, los atracos fueron muy raros... pero en ciudades contemporáneas como Detroit, Nueva York y Miami los atracos per cápita son hasta 20 veces más. El porcentaje para el conjunto de los Estados Unidos triplica el de Bodie y Aurora. El allanamiento y el hurto apenas si tenían lugar en esos pueblos, pero en los Estados Unidos el porcentaje actual se eleva hasta 30 o 40 veces el de aquellos. La tasa nacional es diez veces más alta... Tampoco se ha podido constatar un solo caso de violación en Aurora o Bodie, pero ahora hay una violación cada cinco minutos. Más de 4.100 suceden solamente en Los Ángeles. La tasa de violaciones norteamericana por cada 100.000 habitantes es de 42. [Los episodios violentos, incluyendo el homicidio, eran frecuentes en Bodie y Aurora], pero los hombres implicados en ellos eran jóvenes y sanos, estaban armados y accedían de buena gana... Es cierto que los hombres (y también algunas mujeres) deambulaban armados y que los pistoleros varones se mataban unos a otros, la mayoría de las veces en luchas cuyo desenlace estaba abierto. Mas el joven, el viejo, la mujer y en general quienes optaban por no beber en los bares, absteniéndose de imprudentes baladronadas, casi nunca eran víctimas del crimen y la violencia. Por otro lado, los canallas de baja estofa tenían lo que se merecían... A principios de los 50 se dieron en la ciudad de Los Ángeles unos 70 asesinatos por año. El promedio actual es de más de 90 al mes... En 1952 el Departamento de policía de Los Ángeles informó sobre 572 violaciones. En 1992 estas fueron 2.030. Durante el mismo periodo los atracos aumentaron de manera constante desde 2.566 hasta 39.508 casos, y los robos de coches desde 6.241 hasta 68.783.

[62] Acerca de la «lógica» del intervencionismo del gobierno y, así mismo, su ineficiencia, consubstancial inestabilidad y carácter «progresista», véase L. von Mises, Crítica del intervencionismo. El mito de la tercera vía. Trad. Jesús Gómez Ruiz y pról. Lorenzo Infantino. Madrid, Unión Editorial, 2001. También del mismo La acción humana, sexta parte, «El mercado intervenido». Para una ilustración empírica de los efectos descivilizadores y moralmente corruptores de las políticas redistributivas: Banfield, The Unheavenly City Revisited; Charles Murray, Losing Ground: American Social Policy 1950-1980. Nueva York, Basic Books, 1984.

[63] Antes de que comenzase la mutación republicano-democrática de Europa con la Revolución francesa (y la americana) y aún mucho después, los más destacados filósofos —desde Montesquieu, Rousseau, Kant o Say hasta J.S. Mill— habían afirmado que «la clase gobernante [el rey, la nobleza] fue la única partidaria de la guerra, pues “el pueblo”, si se le hubiese permitido hablar por si mismo, habría optado entusiásticamente por la paz». Michael Howard, War and the Liberal Conscience. New Brunswick, N.J., Rutgers University Press, 1978, caps. 1 y 2, p. 45. En efecto, Inmanuel Kant, en La paz perpetua (1795), estableció que la constitución republicana es la condición de un paz perpetua. Pues bajo una constitución republicana: «Si es preciso el consentimiento de los ciudadanos (como no puede ser de otro modo en esta constitución) para decidir si debe haber guerra o no, nada es más natural que se piensen mucho el comenzar un juego tan maligno, puesto que ellos tendrían que decidir para si mismos todos los sufrimientos de la guerra... por el contrario, en una constitución en la que el súbdito no es ciudadano, en una constitución que no es, por tanto, republicana, la guerra es la cosa más sencilla del mundo, porque el jefe del Estado no es un miembro del Estado sino su propietario, la guerra no le hace perder lo más mínimo de sus banquetes, cacerías, palacios de recreo, fiestas cortesanas, etc., y puede, por tanto, decidir la guerra, como una especie de juego, por causas insignificantes». La paz perpetua. Trad. Joaquín Abellán y pról. Antonio Truyol. Madrid, Tecnos, 1985, p. 17. En rigor, resulta más bien lo contrario: la sustitución de la monarquía por la república ni rebaja el poder del gobierno, ni propicia el autogobierno. Una mala administración privada es reemplazada por una administración pública peor. Sobre el carácter de Kant y otros ilusos como él y la correlación histórica «positiva» entre democracia y militarización creciente y guerra, véase Michael Howard, La guerra en la historia europea. Trad. Mercedes Pizarro. México, F.C.E., 1983; John F.C. Fuller, War and Western Civilization 1832-1932. Freeport, N.Y., Books for Libraries, 1969; del mismo, La dirección de la guerra. Trad. César Ibarrola. Madrid, Luis de Caralt, 1965. También Ekkerhard Krippendorff, Staat und Krieg. Francoforte del Meno, Suhrkamp, 1985.

[64] Howard, La guerra en la historia europea, p. 133. En términos muy parecidos se expresó Fuller en La dirección de la guerra: «La vida civil estaba tan completamente divorciada de la guerra, que Laurence Sterne relata en su libro A Sentimental Journey through France and Italy, que durante la guerra de los Siete Años salió con tanta precipitación de Londres para París, “que jamás pasó por su cabeza que estábamos en guerra con Francia”, encontrándose a su llegada a Dover con que no disponía de pasaporte. Ello no impidió, no obstante, su viaje y, al llegar a Versalles, le envió uno el duque de Choiseul, ministro del Exterior francés. En París fue ovacionado por su admiradores franceses e invitado al teatro en Fontignac por la colonia inglesa» (op. cit., p. 18).

[65] Sobre esto véase también Fuller, La dirección de la guerra, cap. 1. Cita Fuller a Daniel Defoe: «Es frecuente ahora tener ejércitos de 50.000 hombres, uno frente al otro, evitándose mutuamente durante toda una campaña o, como se ha dicho con mayor elegancia, meramente observándose, procediendo a retirarse a continuación a cuarteles de invierno», p. 18; del mismo modo es citado Sir John Fontescue con esta observación: «Forzar al enemigo a consumir sus propios suministros era ya mucho, aún más obligarle a suministrar a sus adversarios y, mucho más todavía, establecer cuarteles de invierno en su territorio. De esta forma, franquear las fronteras del enemigo y mantener a éste durante semanas avanzando y retrocediendo, sin darle ocasión de descargar un golpe, no era un éxito insignificante, sino un triunfo» (op. cit., p. 20).

[66] Guglielmo Ferrero, Peace and War. Freeport, N.Y., Books for Libraries Press, 1969, pp. 5-7. También Fuller, La dirección de la guerra, pp. 15-20; del mismo, War and Western Civilization, pp. 26-29; Howard, War in European History, cap. 4; Palmer y Colton, A History of the Western World. En opinión de estos últimos, «nunca fueron tan inofensivas las guerras [como en el siglo XVIII]... Se explica que los gobiernos fuesen a la guerra con tanta ligereza, pues retirarse de ella era entonces mucho más fácil que en los últimos tiempos. Sus tesoros podían quebrantarse y agotarse sus bien adiestrados soldados; únicamente se disputaba sobre cuestiones prácticas y racionales; no existía la histeria bélica o la presión de la opinión pública; el enemigo de hoy podía convertirse en el aliado de mañana. Concertar la paz era casi tan fácil como hacer la guerra. Los tratados de paz se negociaban, no se imponían. El siglo XVIII conoció pues una sucesión de guerras y tratados, también la reversión de las alianzas. Por otro lado, los problemas de fondo no cambiaban y tanto al principio como al final de la guerra estaban presentes las mismas potencias». Op. cit., pp. 274-75.

[67] La discontinuidad territorial de los reinos era consecuencia de los matrimonios de Estado, los legados, las herencias, etc... Con frecuencia, los reyes gobernaban poblaciones lingüística y culturalmente diferentes. Les interesaba por ello hablar varias lenguas: universales como el latín o, en su momento, el francés, pero también idiomas locales como el inglés, el alemán, el italiano, el ruso, el checo, etc. Véase Malcolm Vale, «Civilization of Courts and Cities in the North, 1200-1500», en George Holmes (ed.), Oxford History of Medieval Europe. Oxford, Oxford University Press, 1988, pp. 322-23. Del mismo modo, también las pequeñas elites sociales e intelectuales eran competentes en el manejo de numerosas lenguas, demostrando con ello su vocación intelectual local y supralocal o cosmopolita. Esta perspectiva hizo posible que durante la era monárquica Europa se caracterizara por una casi completa libertad de emigración. «Un hombre podía viajar a lo largo y ancho del continente sin necesitar el pasaporte hasta las fronteras de Rusia y del Imperio Otomano. Podía establecerse en un país extranjero por trabajo o por placer sin otras formalidades que las que de vez en cuando se imponían por razones sanitarias. El dinero era tan bueno como el oro». A.J.P. Taylor, From Sarajevo to Potsdam. Nueva York, Harcourt, Brace and World, 1966, p. 7. Hoy, en la época del republicanismo democrático, nos parece impensable que nos pueda gobernar un «extranjero» o que un Estado no sea espacialmente contiguo. Los Estados se definen por sus ciudadanos y estos, a su vez, se definen por sus pasaportes. La emigración internacional está estrictamente regulada y controlada. La elite política e intelectual, mucho más numerosa ahora, es cada vez más ignorante en lo que a lenguas extranjeras se refiere. No es una casualidad que de todos los miembros del Parlamento europeo, tan sólo Otto de Habsburgo, jefe de la otrora reinante casa de Habsburgo, hablara todas las lenguas oficiales de esta institución. Para un notable y apologético estudio histórico de la transición del cosmopolitismo al nacionalismo durante el siglo XIX en Alemania: Friedrich Meinecke, Cosmopolitism and the National State. Princeton, N.J., Princeton University Press, 1970.

[68] Howard, La guerra en la historia europea, p. 139. Véase también [Mariscal] Ferdinand Foch, The Principles of War. Chapham and Hall, 1918. En su opinión, «comenzó entonces una nueva era, la era de las guerras nacionales y desesperantes. Todos los recursos nacionales se pusieron al servicio de una lucha cuyo objetivo no era ni el interés dinástico, ni la ocupación o conquista de una provincia, sino, ante todo, la defensa o la propagación de ideas filosóficas y de los principios de independencia, unidad y demás ventajas intangibles en diversos órdenes. Finalmente, arriesgan en la contienda los intereses y la fortuna de los particulares. De ahí la exaltación de la pasiones como elementos de fuerza, hasta ese momento no movilizadas» (p. 30). A la misma conclusión llega Fuller: «La influencia del espíritu nacional, es decir, de la democracia, sobre la guerra fue extraordinario..., pues al convertirla en un asunto emotivo la hizo brutal... En el siglo XVIII las guerras eran la ocupación de reyes, cortesanos y señores. Estos mantenían sus propios ejércitos, interfiriendo lo menos posible en la vida del pueblo. Puesto que los haberes de los soldados salían de la propia bolsa del rey, estos le costaban demasiado como para lanzarlos a la ligera en ataques masivos. El cambio se produjo durante la Revolución francesa, cuando el sansculottisme sustituyó a la cortesía, convirtiéndose los ejércitos en instrumentos del pueblo, aumentando en tamaño y también en ferocidad. Los ejércitos nacionales combaten naciones y los ejércitos reales a sus pares; aquellos obedecen a la muchedumbre —siempre enajenada—, estos a un rey —cuerdo por regla general—... Estas son las consecuencias de la Revolución francesa, que además ofreció al mundo el servicio militar obligatorio —la guerra en manada—. De la conjunción de las finanzas y el comercio resultó la ampliación de los dominios de la guerra, pues cuando una nación entera está en guerra, todo el crédito nacional se supedita a la contienda». Sobre los efectos singulares del servicio militar obligatorio señala Fuller: «El reclutamiento cambió los fundamentos del arte militar. Hasta entonces los soldados habían sido muy costosos, ahora resultaban baratos; las batallas, evitadas hasta aquel momento, eran ahora buscadas, ya que, por muy elevadas que pudieran ser las bajas, eran rápidamente compensadas mediante las listas de recluta... A partir de agosto [de 1793, cuando la Asamblea francesa decretó el servicio militar obligatorio y universal,] la guerra se convirtió en ilimitada, llegando a ser, finalmente, total. En la cuarta década del siglo XX llegó a tener tan poco valor la vida humana, que la matanza de poblaciones civiles fue aceptada como objetivo estratégico, al igual que lo fueron las batallas en las guerras anteriores. En 150 años, el reclutamiento obligatorio había hecho retroceder al mundo a la barbarie». La dirección de la guerra, pp. 29 y 27.

[69] William A. Orton, The Liberal Tradition: A Study of the Social and Spiritual Conditions of Freedom. Port Washington, N.Y., Kennikat Press, 1969, pp. 251-52.

[70] Sobre el significado histórico de esta transformación y su carácter revolucionario: Guglielmo Ferrero, Peace and War, espec. pp. 155 sq. Del mismo, El poder. Los genios invisibles de la ciudad. Trad. Eloy García. Madrid, Tecnos, 1992. Robert R. Palmer y Joel Colton, A History of the Modern World, espec. caps. 14 y 18. Además Reinhard Bendix, Kings or People. Berkeley, University of California Press, 1978. El debate sobre la idea de la soberanía popular y el sufragio universal, particularmente en Gran Bretaña, puede seguirse en Élie Halévy, The Growth of Philosophical Radicalism. Berkeley, University of California Press, 1978.

[71] Robert R. Palmer y Joel Colton, A History of the Modern World, p. 606.

[72] Los detalles de este proceso en Flora, State, Economy, and Society in Western Europe, cap. 3.

[73] Sobre la implicación de los Estados Unidos véase Fuller, La dirección de la guerra, cap. 9. Sobre el papel desempeñado por Woodrow Wilson en particular: M.N. Rothbard, «World War I as Fullfillment: Power and the Intellectuals», en Journal of Libertarian Studies, 9, n.º 1, 1989. Paul Gottfried, «Wilsonianism: The Legacy that Won’t Die», en Journal of libertarian Studies, 9, n.º 2, 1990.

[74] Resulta significativo que la república suiza, que fue el primer país en establecer la institución del sufragio universal para los varones mayores de 20 años (1848), fuese el último en extenderla a las mujeres (1971).

[75] Sobre la expansión del estatismo por todo el mundo desde la I Guerra Mundial véase Paul Johnson, Tiempos modernos. Trad. Aníbal Leal. Buenos Aires-Madrid, Javier Vergara, 1988; sobre el crecimiento del gobierno de los Estados Unidos y su relación con la guerra: Robert Higgs, Crisis and Leviathan.

[76] Sobre el origen histórico común al comunismo soviético y al fascismo y al comunismo como «tiranías» —es decir, «poderes arbitrarios cuyos detentadores lo reivindican para usarlo a favor del pueblo y de hecho apelan al pueblo, buscando su apoyo»— durante la I Guerra Mundial, y sobre el carácter «puro» del primero y «derivativo» de los últimos, véase Élie Halévy, The Era of Tyrannies. Garden City, N.Y., Anchor Books, 1965.

[77] Véase la teoría del Estado de M.N. Rothbard, For A New Liberty. Del mismo: La ética de la libertad. Y Power and Market. H.-H. Hoppe, Eigentum, Anarchie und Staat. Opladen, Westdeutscher Verlag, 1987. Además, A Theory of Socialism and Capitalism. Boston, Kluwer, 1989. The Economics and Ethics of Private Property. Boston, Kluwer, 1993. Albert J. Nock, Our Enemy, the State. Delevan, Wis., Hallberg Publishing, 1983. Franz Oppenheimer, The State.

[78] Sobre lo que sigue pueden verse también los capítulos 1.º, 3.º y 13.º.

[79] Véase también Bertrand de Jouvenel, Sobre el poder, espec. pp. 58-59.

[80] Véase Rothbard, Power and Market, pp. 188-89. También Garret Hardin y John Baden (eds.) Managing the Commons. Mancur Olson, «Dictatorship, Democracy, and Development», en American Political Science Review, 87, n.º 3, 1993.

[81] Además de los trabajos citados supra nota 1, véase Lysander Spooner, No Treason: The Constitution of No Authority, p. 17.

[82] Sobre el fenómeno y la teoría de la preferencia temporal véase en particular L. von Mises, La acción humana, caps. 18 y 19. También William Stanley Jevons, La teoría de la Economía política. Eugen von Böhm-Bawerk, Capital e interés. Frank Fetter, Capital, Interest, and Rent. Muray N. Rothbard, Man, Economy, and State. 2 vols. Auburn, Ala., Ludwig von Mises Institute, 1993.

[83] Véase también capítulos 1.º, 3.º y 13.º.

[84] Sobre esto Guglielmo Ferrero, Peace and War, espec. cap. 3. Del mismo, El poder. E. von Kuehnelt-Leddihn, Leftism Revisited. Reinhard Bednix, Kings or People.

[85] Una información detallada en Peter Flora, State, Economy, and Society in Western Europe, vol. 1, cap. 3. Robert R. Palmer and Joel Colton, A History of the Modern World, espec. cap. 14 y 18.

[86] Sobre la implicación de los Estados Unidos en la guerra europea, véase John F.C. Fuller, La dirección de la guerra, cap. 9. Sobre el papel desempeñado por Woodrow Wilson y su deficiente política de «hacer el mundo más seguro para la democracia», véase M.N. Rothbard, «World War I as Fulfillment: Power and the Intellectuals», en Journal of Libertarian Studies, 9, n.º 1, 1989. Paul Gottfried, «Wilsonianism: The Legacy that Won’t Die», en Journal of Libertarian Studies, 9, n.º 2, 1990. E. von Kuehnelt-Leddihn, Leftism Revisited, cap. 15.

[87] Sobre el carácter aristocrático (antidemocrático) de los Estados Unidos puede verse Lord Acton, «Political Causes of the American Revolution». The Liberal Interpretation of History. Chicago, University of Chicago Press, 1967. También Chris Woltermann, «Federalism, Democracy and the People», en Telos, 26, n.º 1, 1993.

[88] Significativamente, la República suiza, que fue el primer país en establecer el sufragio universal masculino (en 1848), fue la última en ampliarlo a las mujeres (en 1971). Del mismo modo, la República francesa, donde el sufragio universal masculino existía desde 1848, sólo lo extendió a las mujeres en 1945.

[89] Véase Hans Joachim Schoeps, Preussen. Geschichte eines Staates. Francoforte del Meno, Ullstein, 1981, p. 405, para los datos relativos a Inglaterra, Prusia y Austria.

[90] Carlo M. Cipolla, Historia económica de la Europa preindustrial, p. 67.

[91] Bertrand de Jouvenel, La soberanía, pp. 316-17. «Nada hace sentir mejor la gran debilidad del soberano que su impotencia para imponer contribuciones. Para obtener subsidios era necesario reunir a los poseedores de recursos y pedirles una ayuda que era voluntaria, y consentida en razón de las explicaciones que se les daban. Lo que permitía poner condiciones, como se hace, por ejemplo, a Juan el Bueno al concederle subsidios, con la obligación para él de no acuñar moneda que no tuviera el peso adecuado», ibíd.

[92] Véase Flora, State, Economy, and Society in Western Europe, vol. I, pp. 258-59.

[93] Flora, op. cit., cap. 8. El gasto público aumenta en épocas de guerra. Por ejemplo, en Gran Bretaña, durante los peores momentos de las guerras napoleónicas, los gastos del gobierno en porcentaje del PIB alcanzaron casi el 25%. Durante la I Guerra Mundial subió hasta casi el 50% y durante la II Guerra Mundial superó el 60%. Op. cit., pp. 40-41.

[94] Op. cit., cap. 5. De hecho, la proporción actual del empleo público, establecida en torno a un 15% de la fuerza de trabajo, debe considerarse subestimada, pues excluye el personal militar, el médico-sanitario, el empleado en las instituciones de beneficencia pública, las agencias de la seguridad social y las industrias nacionalizadas.

[95] Véase también M.N. Rothbard, What Has Government Done to Our Money? Henry Hazlitt, From Bretton Woods to World Inflation. Chicago, Regnery, 1984. H.-H. Hoppe, «Banking, Nation States, and International Politics: A Sociological Reconstruction of the Present Economic Order», en Review of Austrian Economics, 4, 1990; del mismo, «How is Fiat Money Possible? Or, The Devolution of Money and Credit», en Review of Austrian Economics, 7, n.º 2, 1994.

[96] Véase B.R. Mitchell, Abstract of British Historical Statistics. Cambridge, Cambridge University Press, 1962, pp. 468 sq.

[97] B.R. Mitschell, European Historical Statistics 1750-1970. Nueva York, Columbia University Press, 1978, pp. 388 sq.

[98] 1930=100. Véase Ron Paul y Lewis Lehrmann, The Case for Gold: A Minority Report to the U.S. Gold Commission. Washington, D.C., Cato Institute, 1982, pp. 165 sq.

[99] 1983=100. Véase Economic Report of the President. Washington, D.C., Government Printing Office, 1992.

[100] Véase Mitchell, Abstract of British Historical Statistics, p. 444 sq.

[101] Véase Milton Friedman y Anna Schwartz, A Monetary History of the United States, 1867-1960. Princeton, N.J., Princeton University Press, 1963, pp. 704-22. Y Economic Report of the President, 1992. Hay también una importante distinción entre la era monárquica y la republicano-democrática en relación con el desarrollo y reconocimiento de la teoría monetaria. El primer teórico del dinero y el crédito fiduciarios, John Law, habiendo tenido su oportunidad en la reforma monetaria de 1711-1720, abandonó Francia secretamente y buscó refugio en Venecia, donde murió pobre y olvidado. En contraste, el sucesor de John Law en el siglo XX, John Maynard Keynes, responsable de la liquidación del patrón oro clásico en la era de la I postguerra mundial, quien estuvo detrás del sistema de Bretton Woods que se colapsó en 1971, fue honrado en vida y aún hoy lo es como el primer economista del mundo. La filosofía keynesiana del hedonismo personal y las orientaciones a corto plazo, sintetizadas en su famosa frase que reza «a largo plazo todos estaremos muertos» condensan, en efecto, el espíritu de la época democrática. Del mismo modo, Milton Friedman, responsable en gran parte del orden monetario posterior a 1971, es decir, del periodo de paz más inflacionario de toda la historia de la humanidad, es aclamado como uno de los grandes economistas. Sobre esto véase además Joseph T. Salerno, «Two Traditions in Modern Monetary Theory: John Law and A.R.J. Turgot», en Journal des Économistes et des Études Humaines, 2, n.º 2/3, 1991.

[102] Véase Sidney Homer y Richard Sylla, A History of Interest Rates, pp. 188 y 437.

[103] Véase Jonathan Hughes, American Economic History. Glenview, Ill., Scott, Foresman, 1990, pp. 432, 498 y 589. Por lo demás, constreñidos por un patrón de moneda-mercancía, los reyes no podían «monetarizar» su deuda. Bajo el patrón oro, la venta de bonos a los financieros privados o a los bancos no tenía efecto sobre la oferta monetaria total. Si a resultas de ello el rey gastaba más, otros tendrían que gastar menos. De acuerdo con esto, los prestamistas tenían interés en calcular correctamente el riesgo asociado a sus préstamos; típicamente, los reyes pagaban un tipo de interés substancialmente superior al pagado por los prestatarios comerciales. Véase Homer y Sylla, A History of Interest Rates, p. 84 y pp. 5, 99, 106 y 113 sq. En cambio, con el oro como patrón de intercambio, especialmente cuando se relativiza la vinculación del papel moneda con el oro, y sobre todo bajo un régimen de dinero fiduciario sin correspondencia alguna con el oro, la financiación del déficit del gobierno se convierte en una mera técnica bancaria. En la actualidad, vendiendo su deuda al sistema bancario, el gobierno puede efectivamente crear nuevo dinero para pagar su endeudamiento. Si el Departamento del Tesoro vende bonos al sistema de la banca comercial, los bancos los pagan con cargo a sus depósitos; favorecidos por el Banco central estatal crean una demanda adicional de depósitos de la nada. Ello no quiere decir que el sistema bancario gaste menos en la medida en que el gobierno gaste más. En realidad, los bancos gastan (prestan) lo mismo que antes. Además, estos obtienen un interés de retorno por hacerse depositarios de los nuevos bonos adquiridos. Véase M.N. Rothbard, The Mystery of Banking. Nueva York, Richardson and Snyder, 1983, espec. cap. 11. Por esta razón los bancos apenas si dudan a la hora de adquirir los bonos del gobierno, incluso a un tipo de interés inferior al de mercado —crecimiento de la deuda del gobierno e inflación creciente van pues de la mano—.

[104] De Jouvenel, La soberanía, pp. 307-08 y 341. Véase también Fritz Kern, Kingship and Law in the Middle Ages. Oxford, Blackwell, 1948, esp. p. 151. Bernhard Rehfeld, Die Würzeln des Rechts, espec. p. 167.

[105] Véase Bruce L. Benson, «The Development of Criminal Law and its Enforcement», en Journal des Économistes et des Études Humaines, 3, n.º 1, 1992.

[106] Véase Albert V. Dicey, Lectures on the Relation Between Law and Public Opinion in England During the Nineteenth Century. Londres, Macmillan, 1903. También Friedrich A. Hayek, Derecho, legislación y libertad. (Vol. I: Normas y orden), caps. 4 y 6.

[107] Véase Robert Nisbet, Community and Power. Nueva York, Oxford University Press, 1962, pp. 110-11.

[108] Bertrand de Jouvenel, La soberanía, pp. 334-35. Véase también Nisbet, Community and Power, cap. 5: «un rey [premoderno] pudo haber gobernado en otras épocas con un grado de irresponsabilidad del que sólo disfrutan hoy unos pocos titulares de magistraturas públicas, mas resulta dudoso que, en términos de poder y servicios efectivos, cualquier rey, incluso las “monarquías absolutas” del siglo XVII, poseyeran el tipo de autoridad actualmente inherente al cargo de muchas altas magistraturas democráticas», p. 113.

[109] Véase Donald Boudreaux, «The World’s Biggest Government», en Free Market, noviembre de 1994.

[110] Véase también T. Alexander Smith, Time and Public Policy. Knoxville, University of Tennessee Press, 1988.

[111] Véase Homer y Sylla, A History of Interest Rates, pp. 557-58.

[112] Véase Homer, op. cit., pp. 554-55.

[113] Véase Cipolla, Historia económica de la Europa preindustrial, p. 56.

[114] Véase Cipolla, op. cit., pp. 73-75; Flora, State, Economy, and Society in Western Europe, cap. 8 y p. 454.

[115] Véase Mitchell, European Historical Statistics 1750-1970, pp. 16 sq.

[116] Véase Allan C. Carlson, Family Questions: Reflections on the American Social Crises. Del mismo, The Swedish Experiment in Family Politics. New Brunswick, N.J., Transaction Publishers, 1990. Y «What Has Government Done to Our Families?», en Essays in Political Economy. Charles M., Losing Ground. Para un diagnóstico temprano puede verse Joseph A. Schumpeter, Capitalism, Socialism, and Democracy, cap. 14.

[117] Véase James Q. Wilson y Richard J. Herrnstein, Crime and Human Nature, pp. 480-09. Se ha ocupado de la magnitud del incremento de la actividad criminal ocasionada por el republicanismo democrático y el asistencialismo durante los últimos cien años Roger D. McGrath, Gunfighters, Highwaymen, and Vigilantes, esp. cap. 13. Del mismo, «Treat Them to a Good Dose of Lead», en Chronicles, enero de 1994.

[118] Véase J. Philippe Rushton, Race, Evolution, and Behavior. New Brunswick, N.J., Transaction Publishers, 1995. Michael Levin, Why Race Matters. Westport, Conn., Praeger, 1997.

[119] Véase Wilson y Herrnstein, Crime and Human Nature, p. 141.

[120] Llegan a la misma conclusión Wilson y Herrnstein: «Cuando una sociedad se hace más igualitaria, se pone en duda que la contribución de ciertas personas sea superior a la de otras, estando sus miembros predispuestos a considerar que la remuneración del producto de los demás es injusta. No puede haber duda de que la dirección del pensamiento de las naciones modernas apunta hacia perspectivas más igualitarias, reforzadas en algunos aspectos por la creencia, divulgada entre las minorías en desventaja racial, étnica o religiosa, de que ciertas discriminaciones sufridas en el pasado deben ser pronto reparadas por el grupo mayoritario. Naturalmente, las personas pueden adoptar un punto de vista más igualitario, incluso el de los buscadores de reparaciones, sin convertirse por ello en delincuentes. Pero marginalmente, algunos individuos —quizás la misma gente irreflexiva que aprecia los productos de una sociedad opulenta— pueden aprovecharse de ello persuadiéndose de que el propietario de un coche no tiene título mayor o más justo para poseerlo que él... Apenas existen datos sobre la influencia sobre la criminalidad de ciertas inhibiciones interiorizadas... [sin embargo,] un hecho aislado puede sugerir que las inhibiciones interiorizadas han cambiado, al menos en algunas sociedades. Wolpin cree que en Inglaterra la proporción de asesinos que se suicidan antes de ser detenidos con respecto a todos los asesinos convictos cayo de manera más o menos constante desde tres de cada cuatro en 1929 a uno de cada cuatro en 1967. Op. cit., pp. 414-15.

[121] Sobre la relación entre la elevada preferencia temporal y el crimen véase Edward C. Banfield, The Unheavenly City Revisited, esp. caps. 3 y 8. Del mismo, «Present-Orientedness and Crime», en Randy E. Barnett and John Hagel (eds.), Assessing the Criminal. Se refiere Banfield a que «la amenaza del castigo esgrimida por la ley no es suficiente para disuadir la orientación al corto plazo de una persona, pues la ganancia que espera obtener de su acción ilegal está muy cerca del presente, mientras que el castigo que podría sufrir —en el improbable supuesto de que fuese capturado y castigado—, está en un futuro demasiado lejano como para tomarlo en consideración. Para una personal normal, además de las penas legales, existen otras amenazas fuertemente disuasorias: la deshonra, la pérdida del empleo o las dificultades sobrevenidas a su mujer e hijos si ingresara en prisión entre otras. Pero quien se orienta al corto plazo no corre ese tipo de riesgos... pues a quien trabaja intermitentemente o no trabaja en absoluto no le preocupa perder su empleo, y tampoco le preocupan su mujer y sus hijos, de los que no se ocupa y que seguramente estarán mejor sin él». The Unheavenly City Revisited, pp. 140-41. Véase también Wilson y Herrnstein, Crime an Human Nature, pp. 416-22. Wilson y Herrnstein dan cuenta de los indicadores que señalan que ahora los jóvenes «se orientan cada vez más al presente y son más irreflexivos». Existen algunas evidencias de que esto es cierto. En 1959, Davids, Kidder y Reich sometieron a un grupo de delincuentes, hombres y mujeres, internados en Rhode Island, a diversas pruebas —acabar una historia, explicar al entrevistador si ahorrarían o gastarían diversas sumas de dinero si se las entregaran—. Las mismas estaban diseñadas para medir su orientación temporal. Los resultados mostraron que su orientación al corto plazo era sensiblemente superior a la de la población no delincuente. Quince años después, se volvió a realizar la misma prueba, con muy pocos cambios, a un nuevo grupo de internos en la misma situación y de la misma edad. Este grupo estaba todavía más orientado al corto plazo y era mucho menos partidario de diferir las gratificaciones (por ejemplo, ahorrando el dinero en vez de gastarlo) que el primer grupo. Por otra parte, el nuevo grupo se refería con frecuencia a que se gastaría el dinero en drogas (a nadie se le ocurrió en el experimento de 1959) y nunca se planteó compartirlo con alguien (algunos sí dijeron que lo harían en 1959). P. 418.

[122] Para la diferencia entre las guerras democráticas y monárquicas Fuller, La dirección de la guerra, espec. caps. 1 y 2. Del mismo, War and Western Civilization. Michael Howard, La guerra en la historia europea, espec. cap. 6. Del mismo, War and the Liberal Conscience. De Jouvenel, Sobre el poder, cap. 8. William A. Orton, The Liberal Tradition, pp. 25 sq. Ferrero, Peace and War, cap. 1. Véase también supra, cap. 1.

[123] Un análisis clarificador de la información disponible para los Estados Unidos en Robert Batemarco, «GNP, PPR, and the Standard of Living», en Review of Austrian Economics, 1, 1987.

[124] Sobre la relación entre el gobierno y la opinión pública véase la exposición clásica de Étienne de la Boëtie, Discurso de la servidumbre voluntaria o el Contra uno. David Hume, Ensayos Políticos, espec. ensayo 4.º: «De los primeros principios del Gobierno».

[125] En 1871, por ejemplo, la Asamblea Nacional francesa, elegida por sufragio universal masculino, tenía sólo 200 diputados republicanos sobre un total de más de 600 escaños. La restauración de la monarquía no fue posible porque los partidarios de los Borbones y de los Orleans se neutralizaron entre si.

[126] Véase Wilhelm Röpke, Más allá de la oferta y la demanda. Trad. Marciano Villanueva Salas. Madrid, Unión Editorial, 1996, pp. 160-168. De Jouvenel, Sobre el poder, cap. 17.

[127] Sobre la provisión privada de bienes públicos por los «grandes hombres» véase Marvin Harris, Caníbales y reyes. Los orígenes de las culturas. Trad. Horacio González Trejo. Madrid, Alianza Editorial, 1987, pp. 101 sq.

[128] Para un estudio comparativo de las teorías endógenas y exógenas del origen del gobierno y una crítica histórica de los fallos de las segundas: Wilhelm Mühlmann, Rassen, Ethnien, Kulturen. Neuwied, Luchterhand, 1964, pp. 248-319, espec. pp. 291-96.

[129] Por ejemplo, Gustave de Molinari, The Production of Security, publicado originalmente en Francia en 1849.

[130] Sobre esto Henri Pirenne, Las ciudades de la Edad media. Trad. Francisco Calvo. Madrid, Alianza Editorial, 1981, p. 118: «El interés de la corona impulsaba [a los reyes] de manera tan imperiosa a sostener a los adversarios del feudalismo como para no dejar de otorgar su apoyo, cada vez que lo podían hacer sin comprometerse, a aquellos burgueses que, al rebelarse contra sus señores, combatían en el fondo a favor de las prerrogativas reales. Tomar al rey como árbitro de sus disputas era para las partes en conflicto una manera de reconocer su soberanía. La entrada en la escena política de los burgueses tuvo de esta manera por consecuencia el debilitamiento del principio contractual del Estado feudal en beneficio del principio autoritario del Estado monárquico. Era imposible que los reyes no se dieran cuenta y no aprovecharan todas las ocasiones para mostrar su tutela a las comunas que, sin quererlo, trabajaban tan útilmente para ellos». También pp. 148 sq. Además, de Jouvenel, Sobre el poder, cap. 17.

[131] Sobre la Economía política de la centralización estatal y el fundamento de la descentralización y la secesión véase H.-H. Hoppe, «The Economic and Political Rational for European Secessionism», en David Gordon (ed.), Secession, State, and Liberty. New Brunswick, N.J., Transaction Publishers 1998. Jean Baechler, Los orígenes del capitalismo, espec. parte III, cap. 2. Véase también infra cap. 5.

[132] «Entre las condiciones que deben exigírsele a una sociedad sana en su conjunto, escribe Wilhelm Röpke, se halla, sin género de dudas, el postulado de que la dirección, la responsabilidad y la defensa ejemplar de las normas y valores por que se rige la sociedad sean el deber más sagrado y el derecho menos discutido de una minoría que constituye la cumbre de la pirámide social, organizada y articulada jerárquicamente de acuerdo con los méritos de cada individuo, y que esta minoría sea aceptada voluntariamente y se le tribute el respeto que se merece. La sociedad de masas... debe tener la contrapartida de la dirección de individuos concretos, pero no de genios originales o de personas excéntricas, en nombre de lo que se ha venido acreditando a lo largo de la historia, de lo que es sencilla e indestructiblemente humano, en una palabra: de auténticos “clérigos” (en el sentido medieval del concepto) y de aquellos a quienes un sobresaliente psiquiatra (Bodamer) ha designado como “ascetas de la civilización”, de —por así decirlo— santos secularizados que, en nuestra época, desempeñan una función sin la que ninguna sociedad ha podido mantenerse en pie en ningún tiempo. A esto se refieren aquellos que hablan de que a la “rebelión de las masas” debe oponerse otra rebelión, “la rebelión de las elites”... Algo de lo que en ninguna época podemos prescindir, pero que hoy, cuando tantas cosas vacilan y se desmoronan, necesitamos con mayor apremio que nunca, es una auténtica nobilitas naturalis, con su autoridad afortunadamente reconocida por los hombres, una elite cuyos títulos de nobleza se derivan en exclusiva de sus altos méritos y de su insuperable ejemplo moral, un grupo de hombres que se adornan con el manto de la dignidad natural de una vida irreprensible. A esta restringida capa de la nobilitas naturalis pueden acceder sólo unos pocos —procedentes de todas las capas sociales—, acreditados por una vida ejemplar y por una larga maduración de servicios desinteresados a la totalidad, por una inviolable integridad y una constante represión de nuestro común apetito, realzado todo ello por la madurez de sus juicios, hombres que se han ido elevando mediante una vida privada irreprochable, un valor inalterable en defensa de la verdad y la justicia y una alta ejemplaridad que confiere a estos pocos, apoyados por la confianza del pueblo, una posición por encima de las clases, de los intereses, de las pasiones, de la malicia y la necedad de los hombres y les convierten en cierto modo en la conciencia de la nación. Pertenecer a esta capa de los notables morales debe convertirse en la más alta y ambicionada meta, ante la que palidecen y parecen ridículos todos los demás triunfos de la vida. Una sociedad libre no puede subsistir sin esta clase de censores, sobre todo allí donde, como en nuestra época, amenaza con convertirse en una sociedad de masas. De que nuestro tiempo sea capaz de producir, en número suficiente, esta aristocracia del altruismo solidario —del que no fue pobre la época feudal—...depende, en definitiva, la permanencia de nuestro mundo libre». Mas allá de la oferta y la demanda, pp. 161-62.

[133] L. von Mises, Liberalismo. Trad. Joaquín Reig Albiol. Madrid-Guatemala, Unión Editorial y Universidad Francisco Marroquín, 1982, p. 37.

[134] L. von Mises, La acción humana, pp. 192-93.

[135] L. von Mises, Liberalismo, p. 57.

[136] L. von Mises, Nation, State, and Economy: Contributions to the Politics and History of Our Time. Nueva York, New York University Press, 1983, pp. 32-33. Más adelante precisa Mises lo siguiente: «El Principado labora sin descanso para ampliar su territorio e incrementar el número de sus súbditos. Por un lado aspira a adquirir tierra y fomentar la inmigración, por otro establece penas muy estrictas contra la emigración. Cuanto más extensos sean sus territorios y más súbditos habiten en ellos, mayores serán sus rentas y el número de soldados. La garantía de su supervivencia son las grandes magnitudes. Los Estados pequeños están en permanente riesgo de ser ocupados por los más grandes». Op. cit., p. 39.

[137] «En los territorios políglotas, la aplicación del principio mayoritario no conduce a la libertad de todos, sino al imperio de la mayoría sobre la minoría... El gobierno mayoritario no significa... para una parte del pueblo... un gobierno popular, sino un gobierno extranjero». L. von Mises, op. cit., pp. 55 y 50. Bajo las especiales circunstancias de la Austria hasbúrguica, un Estado multinacional pero en esencia germánico, la aplicación de los principios mayoritarios no sólo acarrearía la disolución del Imperio. Se disolviese o no el Imperio, la democracia perjudicaría sistemáticamente a los alemanes, conduciendo en última instancia al «suicidio nacional» alemán (p. 117). En esto consistió, de acuerdo con Mises, la «trágica posición» de los liberales alemanes en Austria (p. 115), pues la «democratización de Austria equivalía a su desgermanización» (p. 126).

[138] L. von Mises, op. cit., p. 46.

[139] L. von Mises, op. cit., pp. 39-40.

[140] L. von Mises, Liberalismo, pp. 139-40. Las objeciones de Mises contra el derecho ilimitado de secesión son exclusivamente de naturaleza técnica (economías de escala, etc.) Así, por ejemplo, Mises admite la dificultad que supone «la creación de dos cuerpos de policía en una ciudad plurinacional, por ejemplo alemana y checa, cada uno de los cuales sólo podría actuar contra los miembros de su propia nacionalidad». Nation, State, and Economy, p. 53. Por otro lado, Mises señala que «las ideas políticas contemporáneas hacen la existencia de los pequeños Estados más segura hoy que en épocas anteriores... La prueba de la autosuficiencia económica en la fundación de los Estados carece de sentido cuando la división del trabajo abarca vastos territorios, continentes enteros, incluso todo el mundo. No importa si los habitantes de un Estado se ocupan directa o indirectamente de sus necesidades mediante la producción nacional; lo que cuenta es que puedan satisfacerlas íntegramente... Ni siquiera cuando la unificación estatal tuvo lugar, consiguieron [los secesionistas] sus bienes [importados] a cambio de nada, sino contra la entrega de algo, cuyo valor, por cierto, no dependía de que la comunidad política se hubiese fraccionado... La magnitud territorial de un Estado no es pues lo importante» (pp. 81-82).

[141] Sobre la teoría económica del monopolio véase M.N. Rothbard, Man, Economic, and State: A Treatise on Economic Principles. 2 vols. Auburn: Ala., Ludwig von Mises Institute, 1993, cap. 10; sobre la producción monopolística de seguridad en particular véase del mismo, For A New Liberty, caps. 12 y 14; Gustave de Molinari, The Production of Security; Morris and Linda Tannehill, The Market for Liberty; y H.-H. Hoppe, The Private Production of Defense. Auburn, Ala., Ludwig von Mises Institute, 1998.

[142] L. von Mises, Nation, State, and Economy, p. 38.

[143] Sobre esto último y lo que sigue véase M.N. Rothbard, Power and Market, cap. 5. H.-H. Hoppe, «The Political Economy of Monarchy and Democracy, and the Idea of a Natural Order», en Journal of Libertarian Studies, 11, n.º 2, 1995.

[144] Sobre la distinción básica entre derecho y legislación véase Bruno Leoni, La libertad y la ley. F.A. Hayek, Derecho, legislación y libertad. (Vol. I: Normas y orden). M.N. Rothbard, La ética de la libertad.

[145] Véase también Bertrand de Jouvenel, La soberanía, pp. 308-09 y 341.

[146] Gustav Radbruch, Der Mensch im Recht, p. 40.

[147] Sobre esto véase Helmut Schoeck, Envy: A Theory of Social Behavior. Nueva York, Harcourt, Brace and World, 1970.

[148] Véase también H.-H. Hoppe, Eigentum, Anarchie und Staat. Studien zur Theorie des Kapitalismus. Opladen, Westdeutscher Verlag, 1987, pp. 128 sq.

[149] Los políticos, como señala H.L. Mencken con su característico ingenio, «rara vez, por no decir jamás, llegan [a los cargos públicos] por sus propios méritos. Es cierto que, de vez en cuando, se da algún caso, pero se trata de algún tipo de milagro. Por regla general se les elige por razones bien distintas, la más importante de las cuales es su capacidad para impresionar y agradar a los individuos menos dotados intelectualmente... ¿Se atreverá alguno de ellos a decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad sobre la situación nacional e internacional del país? ¿Dirán cualquier cosa, por obvia que parezca, que pueda alarmar a la gran pandilla de idiotas que se agrupan en el pesebre público, manteniéndose de una papilla cada vez más clara y esperando desesperanzados? La respuesta es evidente: tal vez durante las primeras semanas... Pero no cuando la lucha se ponga seria... [Entonces] prometerán a todos los hombres, mujeres y niños del país lo que ellos quieran. Recorrerán todos los lugares con la idea de empobrecer a los ricos, remediar lo irremediable, explicar lo inexplicable y arreglar lo que ya no tiene solución. Lo arreglarán todo con palabras y pagarán la deuda nacional con un dinero que nadie tendrá que esforzarse en ganar. Si uno de ellos demuestra que dos veces dos son cinco, habrá otro que pruebe que son seis, seis y medio, diez, veinte o n. En suma, todos se despojarán del carácter del hombre sensible y veraz, convirtiéndose simplemente en candidatos a un cargo, resueltos a apoderarse de los votos. Entonces se darán cuenta, si es que no lo sabían ya, de que en una democracia los votos se obtienen, no apelando al buen sentido, sino diciendo tonterías, y en esto último se afanarán con determinación y campechanía. Antes de que termine el alboroto, la mayoría se habrá convencido de ello. Ganará aquel cuyas promesas, además de ser más numerosas, tengan menos probabilidades de cumplirse». Véase A Mencken Chrestomathy. Nueva York, Vintage Books, 1982, pp. 148-51.

[150] Étienne de la Boëtie, Discurso de la servidumbre voluntaria o el Contra uno, pp. 14-15.

[151] En Étienne de la Boëtie, The Politics of Obedience: The Discourse of Voluntary Servitude. Nueva York, Free Life Editions, 1975, p. 15.

[152] Rothbard explica en su introducción a la Boëtie que «era una tradición medieval justificar el tiranicidio de los gobernantes injustos que quebrantaban la ley divina, pero la doctrina de la Boëtie, aunque no violenta, era en el fondo mucho más radical. Mientras que el asesinato de un tirano constituye simplemente un acto individual aislado en un sistema político, la desobediencia civil masiva, siendo un acto directo de una amplia parte del pueblo, es un expediente mucho más revolucionario para transformar el sistema. Su supuesto teórico es la elegante y profunda teoría del poder de la Boëtie: si el poder es algo basado necesariamente en el consentimiento popular, la cuestión es derribar ese consentimiento». Ibíd., p. 17.

[153] É. de la Boëtie, Discurso de la servidumbre voluntaria o el Contra uno, p. 36.

[154] É. de la Boëtie, op. cit., pp. 29-30.

[155] L. von Mises, La acción humana, p. 1021.

[156] É. de la Boëtie, op. cit., p. 15.

[157] La población de China y la India se acerca a los 2.200 millones de habitantes, para una población mundial de unos 6.000 millones. La población total de Europa occidental y América del Norte es aproximadamente de unos 700 millones.

[158] A mediados del siglo XIX la esperanza de vida en Europa occidental y América del Norte era de unos cuarenta años. El derecho de sufragio en esa época, además de circunscribirse exclusivamente a los varones que cumpliesen unos requisitos mínimos relativos a la propiedad, dependía de una edad mínima, normalmente los veinticinco años (en países como el Reino Unido o Suecia, la exigencia descendía hasta los veinte años; en otros como Francia y Dinamarca llegaba a los treinta). Actualmente, mientras que la esperanza de vida en esas zonas sobrepasa los setenta años, el sufragio masculino y femenino se ha generalizado en todos los países, ha sido abolido cualquier requisito sobre la propiedad y la mayor edad electoral se ha rebajado generalmente hasta los dieciocho años. Si se hubiesen mantenido las exigencias originales de «madurez», la mayor edad electoral se habría elevado hasta los cincuenta años.

[159] Un indicador aproximado de esta tendencia es la expansión del electorado a finales del siglo XIX y principios del XX y el aumento del voto socialista y socialdemócrata (y el correlativo declinar de los partidos liberales clásicos). Bastarán unos cuantos ejemplos. (1) Alemania: En 1871, 1903 y 1919 se contabilizaron respectivamente 4,1, 9,5 y 30,5 millones de votos; el porcentaje de voto socialista fue de 3, 32 y 46 por ciento respectivamente, y el liberal de 46, 22 y 23 por ciento. (2) Italia: el total de votos de los años 1895, 1913 y 1919 fue de 1,3, 5,1 y 5,8 millones respectivamente; el porcentaje socialista fue de 7, 18 y 32 por ciento, y el liberal de 80, 56 y 35 por ciento. (3) Reino Unido: En 1906 y 1918 se recogieron 7,3 y 21,4 millones de votos, de los que los socialistas obtuvieron el 5 y el 21 por ciento, y los liberales el 49 y el 25 por ciento. (4) Suecia: En 1905, 1911 y 1921 se contabilizaron 0,2, 0,6 y 1,7 millones de votos; el porcentaje socialista fue de 9, 28 y 36 por ciento respectivamente y el liberal de 45, 40 y 19 por ciento. (5) Holanda: en 1888, 1905 y 1922 el total de votos fue de 0,3, 0,8 y 3,3 millones, de los que los socialistas obtuvieron un porcentaje de 3, 17 y 27 por ciento, y los liberales de 40, 28 y 9 respectivamente.

[160] La «tragedia de los bienes comunales» es el resultado de la sobreexplotación, el despilfarro y el agotamiento de los recursos en mano común (como bienes poseídos públicamente). Véase Garret Hardin and John Baden (eds.), Managing the Commons.

[161] Véase sobre esto Joseph A. Peschman, «The Rich, the Poor, and the Taxes They Pay», en Public Interest, otoño de 1969; M.N. Rothbard, For A New Liberty, pp. 157-62.

[162] Sobre esto véase Edward C. Banfield, The Unheavenly City Revisited, espec. cap. 3. Banfield explica que la pobreza es simplemente una fase transitoria, reducida a las primeras etapas de la carrera profesional de un individuo. La pobreza «permanente», al contrario, está determinada por valores y actitudes culturales específicos: una orientación personal hacia el corto plazo o, en términos económicos, un elevado grado de preferencia temporal, altamente correlacionado con la baja inteligencia (esta y aquel, por cierto, parecen tener una misma base genética). Mientras que el individuo temporalmente pobre pero capaz de ascender socialmente se caracteriza por la orientación hacia el futuro, la autodisciplina y la determinación para diferir un placer actual a cambio de uno futuro mejor, el individuo permanentemente pobre es hedonista y vive para el presente. Escribe Banfield: «La conciencia que del futuro tiene [el individuo de clase baja] se refiere a algo fijado, fatal, más allá de su control: las cosas le acontecen, no puede hacer que sucedan. Los impulsos gobiernan su conducta, bien porque no es disciplinado para sacrificar una satisfacción presente por otra futura, bien porque carece del sentido del futuro. Es por ello que resulta radicalmente improvidente... Trabaja tan sólo para vivir; ocupado en tareas no especializadas, cambia con frecuencia de trabajo sin interesarse por ninguno... No se ocupa de sus cosas... e incluso cuando estas son casi nuevas, probablemente permanecen inutilizadas por falta de reparaciones menores. Del mismo modo, también su cuerpo es una cosa “que debe agotarse pero no repararse”» (Banfield, op. cit., pp. 61-62.)

[163] Véase Armen Alchian, «The Economic and Social Impact of Free Tuition», en Economics Forces at Work. Indianapolis, Ind., Liberty Fund, 1977; M.N. Rothbard, For A New Liberty, cap. 7. Otros ejemplos de este tipo de redistribución son las subvenciones agrícolas que favorecen sobre todo a los agricultores más acaudalados; los salarios mínimos, que favorecen a los trabajadores cualificados (y sindicados) mejor pagados a costa de los no cualificados (y no sindicados); y, por supuesto, las leyes de «protección de la actividad económica» en todas sus formas, que favorecen a los propietarios de las grandes empresas a costa de la masa comparativamente más pobre de consumidores.

[164] Sobre la Economía política de la redistribución véase L. von Mises, El socialismo. Trad. Luis Montes de Oca. México, Hermes, 1961, espec. parte V, cap. 2; M.N. Rothbard, Power and Market, pp. 169 sq.; del mismo, For A New Liberty, cap. 8.

[165] Para una detallada investigación empírica sobre este asunto y otros relacionados con él véase Charles Murray, Losing Ground.

[166] Sobre los efectos de la «seguridad social», las leyes de la escolarización obligatoria y la prohibición del trabajo infantil sobre la progresiva destrucción de las familias véase Allan C. Carlson, «What Has Government Done to Our Families?», en Essays in Political Economy. También Bryce J. Christensen, «The Family vs. the State», en Essays in Political Economy. Auburn, Ala., Ludwig von Mises Institute, 1992.

[167] Uno de los primeros y más profundos análisis se halla en El socialismo, escrito por Mises a principios de los años 20. El «aseguramiento social», según el autor, «debilita [la voluntad de estar bien de salud y de trabajar, atacando] su salud y su capacidad de trabajo;... provoca un estado de espíritu recriminador...En pocas palabras, es una institución que contribuye a provocar enfermedades y muy a menudo también accidentes, y a incrementar sensiblemente las consecuencias físicas y psíquicas de los accidentes y de las enfermedades. Como institución social, enferma física y moralmente a una nación y ayuda, cuando menos, a multiplicar las enfermedades y a prolongar su duración y gravedad» (p. 494). Por otro lado, Mises alcanza el corazón del problema para explicar por qué el aseguramiento contra la mayor parte de los riesgos de sufrir un accidente o una enfermedad, en particular el seguro contra el desempleo, resulta económicamente imposible: «El seguro contra enfermedades y accidentes es aleatorio debido a que el propio asegurado puede provocar o agravar el caso que es motivo del seguro. Pero cuando se trata de la desocupación el seguro jamás funciona sino por voluntad de asegurado...El desempleo es un problema de salario y no de trabajo y el seguro contra aquel es tan irrealizable como lo sería, por ejemplo, el seguro contra la imposibilidad de vender mercancías...La expresión “seguro contra la desocupación” es impropia, porque no pueden existir estadísticas capaces de ofrecer base para un seguro de dicha naturaleza» (p. 502). Sobre la lógica del riesgo y del seguro véase además L. von Mises, La acción humana, cap. 6. Sobre los efectos contraeugenésicos de la seguridad social véase Seymour W. Itzkoff, The Road to Equality: Evolution and Social Reality. Westport, Conn., Praeger, 1992; del mismo, The Decline of Intelligence in America. Westport, Conn., Praeger, 1994.

[168] Sobre crimen y penas véase M.N. Rothbard, La ética de la libertad, cap. 13. Randy E. Barnett y John Hagel (eds.), Assessing the Criminal. Robert J. Bidinotto (ed.), Criminal Justice? The Legal System vs. Individual Responsibility. Irvington on Hudson, N.Y., Foundations for Economic Education, 1994.

[169] Sobre la legislación y la economía de la «acción afirmativa» y la discriminación véase Richard A. Epstein, Forbidden Grounds. Chicago, University of Chicago Press, 1992. Walter Block y Michael Walker (eds.), Discrimination, Affirmative Action, and Equal Opportunity. Vancouver, Fraser Institute, 1982.

[170] Sobre la conservación del medio ambiente: M.N. Rothbard, «Conservation in the Free Market», en Egalitarianism as a Revolt Against Nature and Other Essays. Washington, D.C., Libertarian Review Press, 1974. Del mismo, Power and Market, pp. 63-70 y «Law, Property Rights, and Air Pollution», en The Logic of Action, vol. 2. Cheltenhamm, U.K., Edward Elgar, 1997. Llewellyn Rockwell, Jr., The Anti-Environmentalist Manifesto. Burlingame, Calif., Center for Libertarian Studies, 1993.

[171] Véase Rothbard, Power and Market, cap. 2, pp. 84 sq. Para reconocer esta importante verdad sólo hace falta plantearse esta cuestión: «¿Qué sucedería si todos los impuestos fuesen abolidos?». ¿Quiere esto decir que, por ejemplo, aumentaría la renta de todos, desde la renta neta (después de impuestos) hasta la renta bruta (antes de impuestos)? La respuesta es claramente «no», pues el dinero recaudado por los impuestos tiene un destino. Se emplea, por ejemplo, para pagar los salarios de los empleados del gobierno. Sus salarios no podrían aumentar si los impuestos se eliminasen. Más bien, caerían hasta cero, lo que demuestra que ellos no pagan impuestos en absoluto. Como explica Rothbard, «si un burócrata recibe un salario de 5.000 $ por año y paga 1.000 $ en impuestos, resulta evidente que su salario real es sólo de 4.000 $ y que realmente no paga impuestos. Los gobernante han optado por un mecanismo de contabilidad complejo y engañoso para que parezca que ellos pagan los mismos impuestos que cualquier otro individuo que obtenga los mismos ingresos» (op. cit., p. 278 y también p. 142). Cuando esto se ha entendido se aclara por qué ciertos grupos, como los maestros de escuela y los profesores universitarios, están casi siempre y de manera uniforme a favor de los altos impuestos. No se trata de que acepten generosamente la gran carga que se les impone, sino que los impuestos altos son el medio que utilizan para aumentar su propios salarios financiados por los impuestos. Sobre el asunto de los pagadores de impuestos y los consumidores de los mismos (o devoradores de impuestos) véase también John C. Calhoun, Disquisición sobre el gobierno. Pról. Pablo Lucas Verdú. Trad. y notas M.ª Concepción Lucas Murillo. Madrid, Tecnos, 1996, pp. 20-23.

[172] Sobre los graves errores de la contabilidad de la renta nacional y una alternativa constructiva, véase M.N. Rothbard, America’s Great Depression. Kansas City, Sheed and Ward, 1975, pp. 296-304. También su Power and Market, pp. 199-202.

[173] Un provechoso análisis en el que se emplean las indicaciones de Rothbard sobre un método alternativo de la contabilidad nacional en Robert Batemarco, «GNP, PPR, and the Standard of Living», en Review of Austrian Economics, 1, 1987.

[174] Para una sumaria visión de conjunto véase Victoria Curzon Price, «The Mature Welfare State: Can It Be Reformed?», en Nils Karlson (ed.), Can The Present Problems of Mature Welfare States Such as Sweden Be Solved? Estocolmo, City University Press, 1995, espec. pp. 15-19.

[175] En los Estados Unidos, por ejemplo, entre 1960 y 1990 se dobló la tasa de asesinatos, la de violaciones se cuadruplicó, la de atracos aumentó 5 veces y la posibilidad de ser víctima de una agresión seria aumentó en un 700%. Véase sobre esto Seymour Itzkoff, The Decline of Intelligence in America. Roger D. McGrath, «Treat Them to a Good Dose of Lead», en Chronicles, enero de 1994.

[176] Véase E. von Kuehnelt-Leddihn, Leftism Revisited, esp. cap. 6. De los fundadores norteamericanos, Alexander Hamilton fue monárquico. También tuvo importantes inclinaciones monárquicas el Gobernador de Pennsylvania, Robert Morris. George Washington expresó su profunda aversión hacia la democracia en una carta del 30 de septiembre de 1798 a James McHenry. John Adams estaba convencido de que toda sociedad genera aristócratas, lo mismo que en un sembrado aparecen espigas de mayor o menor tamaño. En una carta a John Taylor insistía, como Platón y Aristóteles, en que la democracia evolucionaría, en último análisis, hacia el despotismo; en una carta a Jefferson declaró que «la democracia tendrá envidia de todo, luchará contra todos e intentará derribarlo todo; cuando comience su dominación será vengativa, sanguinaria y cruel». James Madison, en un carta a Jared Parks, se quejaba de lo difícil que resultaba «proteger los derechos de propiedad frente al espíritu de la democracia». E incluso Thomas Jefferson, probablemente el más «demócrata» de los Fundadores, confesó en un carta a John Adams que, a su juicio, «la aristocracia natural [constituye] el más precioso don de la naturaleza para la instrucción, confianza y gobierno de la sociedad. Hubiese sido una inconsecuencia de la creación haber hecho a los hombres para el estado social y no haberles dotado de la virtud y el juicio suficientes para ordenar la convivencia. ¿Quién negaría que esa forma de gobierno es la que más eficazmente selecciona a los aristoi naturales para las magistraturas públicas?». Pocas opiniones como la de John Randolph de Roanoke: «Soy un aristócrata, pues amo la libertad y odio la igualdad».

[177] El Contrato social de Rousseau, publicado en 1762, se tiene actualmente por un comentario teórico de la situación política de su Ginebra natal, que entonces era una Ciudad-estado independiente de algo menos de 30.000 habitantes gobernados por una pequeña oligarquía hereditaria de los jefes de la familias aristocráticas de Ginebra que controlaban el Pequeño consejo y el Consejo de los doscientos. La apelación de Rousseau al «pueblo» y a la «soberanía popular» fue realmente un ataque contra esa oligarquía, pero no, como hoy se pretende, una defensa de la democracia y la participación política universal. Lo que Rousseau tenía en mente al defender la «soberanía popular» eran los miembros de otro cuerpo político de Ginebra, el Gran consejo, integrado por unos 1.500 miembros, entre los que se contaba, al lado de la aristocracia más selecta de la ciudad, la baja aristocracia hereditaria.

[178] Afortunadamente, a pesar de la implacable propaganda difundida por los profesores de las escuelas creadas y controladas por el gobierno —del estilo «la democracia significa autogobierno»— y por reconocidos intelectuales premiados con el Nobel como James Buchanan y su Escuela de la «elección pública» —«los gobiernos son, como las empresas, instituciones voluntarias» (véase James M. Buchanan y Gordon Tullock¸ El cálculo del consenso. Trad. Javier Salinas Sánchez. Barcelona, Planeta De Agostini, 1993, p. 44)—, la Academia y el público conservan todavía el sentido común y no se dejan llevar por esta crítica. En cuanto a la Academia, un economista tan importante como Joseph A. Schumpeter bien podría decir con respecto a opiniones como la de Buchanan que «la teoría que considera los impuestos sobre la analogía de las cuotas de un club o la compra de los servicios de un doctor, sólo prueba lo lejos que estos sectores de las ciencias humanas están de los hábitos científicos» (Joseph A. Schumpeter, Capitalism, Socialism, and Democracy, p. 198). En cuanto al público en general, algún consuelo se encuentra en las observaciones del gran escritor y periodista americano H.L. Mencken, quien decía que «el hombre medio, a pesar de sus errores, percibe con claridad en última instancia que el gobierno es algo ajeno a él y a la mayoría de sus prójimos —que se trata de un poder separado, independiente y hostil, sólo parcialmente bajo su control y capaz de causarle grandes perjuicios—... ¿Acaso es un hecho carente de significado que robar al gobierno se considera en todos los lugares un crimen de menos importancia que robar a un individuo o incluso a una corporación?... Si un particular es asaltado, un hombre es privado del fruto de su industriosidad y su temperancia; si roban al gobierno, lo peor que puede suceder es que unos cuantos pillos y gandules dispongan de menos dinero del que tenían antes. Nadie cree que merecieran o ganaran ese dinero, idea absurda para los hombres más perspicaces. Se trata simplemente de pícaros que, por un accidente de la ley, tienen un dudoso derecho a participar de los ingresos de sus prójimos. No será pues mala cosa que la iniciativa privada reduzca esa participación». A Mencken Chrestomathy, pp. 146-47; véase también H.L. Mencken, Notes on Democracy. Nueva York, Knopf, 1926.

[179] Véase H.-H. Hoppe, A Theory of Socialism and Capitalism. Boston, Kluwer, 1989. Del mismo, «Desocialization in a United Germany», en Review of Austrian Economics, 5, n.º 2, 1991. M.N. Rothbard, «The End of Socialism and the Calculation Debate Revisited», en The Logic of Action, vol. 1. Del mismo, «How and How not To Desocialize», en Review of Austrian Economics, 6, n.º 1, 1992.

[180] Rothbard, La ética de la libertad. H.-H. Hoppe, The Economics and Ethics of Private Property. Boston, Kluwer, 1993, espec. parte 2. Además Anthony de Jasay, Choice, Contract, Consent: A Restatement of Liberalism. Londres, Institute of Economics Affairs, 1991.

[181] Sobre esto M.N. Rothbard, Power and Market, pp. 189 sq.

[182] Sobre el derecho y la economía política de la secesión véase David Gordon (ed.), Secession, State and Liberty. New Brunswick, N.J., Transaction Publishers, 1998. Incluye estudios de Donald W. Livingston, Setephen Yates, Scott Boykin, Murray N. Rothbard, Clyde N. Wilson, Joseph R. Stromberg, Thomas DiLorenzo, James Ostrowski, H.-H. Hoppe, Pierre Desrochers y Eric Duhaime, y Bruce L. Benson. Véase también H.-H. Hoppe, «The Western State as a Paradigm: Learning From History», en Politics and Regimes: Religion and Public Life, 30, 1997. Robert W. McGee, «Secession Reconsidered», en Journal of Libertarian Studies, 11, n.º 1, 1994.

[183] Sobre la teoría del Estado véanse, de M.N. Rothbard, For A New Liberty, La ética de la libertad y Power and Market. H.-H. Hoppe, Eigentum, Anarchie und Staat. Opladen, Westdeutscher Verlag, 1987; del mismo, A Theory of Socialism an Capitalism. Boston, Kluwer, 1993. Albert J. Nock, Our Enemy, the State. Franz Oppenheimer, The State. Anthony de Jasay, El Estado. La lógica del poder político. Trad. R. Caparrós Valderrama. Rev. téc. C. Rodríguez Braun. Madrid, Alianza Editorial, 1993.

[184] Sobre la función de la moneda fiduciaria (papel), la banca central y la cooperación monetaria internacional (interestatal) como vehículo de la unificación política e instrumento del imperialismo económico —explotación de los Estados «periféricos» por los «hegemónicos»—, véase H.-H. Hoppe, «Banking, Nation States, and Internacional Politics: A Sociological Reconstruction of the Present Economic Order», en The Economics and Ethics of Private Property. Jörg Guido Hülsmann, «Political Unification: A Generalized Progression Theorem», en Journal of Libertarian Studies, 13, n.º 1, 1977. M.N. Rothbard, Wall Street, Banks, and American Foreign Policy. Burlingame, Calif., Center for Libertarian Studies, 1995. Véanse más abajo las notas 18 y 19.

[185] Véase Jean Baechler, Los orígenes del capitalismo, espec. parte III, cap. 2; H.-H. Hoppe, «The Economic and Political Rationale for European Secessionism», en David Gordon (ed.), Secession, State, and Liberty. New Brunswick, N.J., Transaction Publishers, 1998. También Eric L. Jones, The European Miracle. Cambridge, Cambridge University Press, 1981. Nathan Rosenberg y L.E. Birdzell, How The West Grew Rich. David S. Landes, The Wealth and Poverty of Nations. Nueva York, Norton, 1998.

[186] Sobre la aparición de la división del trabajo y la integración económica véase L. von Mises, La acción humana, cap. 8. M.N. Rothbard, «Freedom, Inequality, Primitivism, and the Division of Labor», en Egalitarianism as Revolt Against Nature and Other Essays. Auburn, Ala., Ludwig von Mises Institute, 2000.

[187] Rothbard, Power and Market.

[188] Ibíd.

[189] La competencia política es, de lejos, un instrumento limitador de los naturales deseos del gobierno de aumentar su capacidad explotadora, mucho más efectivo que las limitaciones constitucionales. Los intentos de algunos teóricos de la elección pública y de la «Economía política constitucional» para diseñar un modelo constitucional liberal carecen de realismo. Los magistrados de los Tribunales constitucionales y de los Tribunales supremos son parte del aparato gubernativo, cuyos poderes, supuestamente, ellos deberían limitar. ¿Por qué razón iban a oponerse al poder de la organización que les proporciona un empleo, dinero y prestigio? Ello no sólo sería teóricamente inconsistente, ese decir, incompatible con su propio interés; carece, además, de todo fundamento histórico. A pesar de la expresa limitación del poder del gobierno federal contenida en la X enmienda de la Constitución americana, la interpretación evacuada por el Tribunal supremo la ha vaciado de contenido. Igualmente, a pesar de la garantía constitucional de la propiedad privada en la Ley fundamental de Bonn, el Tribunal federal alemán (Bundesgerichtshof), después de la reunificación de 1990, declaró la «validez» de todas las expropiaciones comunistas anteriores a la fundación de la República democrática alemana en 1949. De este modo, más del 50 por ciento de la tierra destinada a la agricultura por la antigua Alemania oriental pasó al Estado —en vez de ser devuelto a sus propietarios originales, como exige una interpretación literal de la constitución—.

[190] La importancia de la «anarquía» internacional para el desarrollo del capitalismo europeo ha sido justamente subrayada por Jean Baechler. En Los orígenes del capitalismo escribe: «La extensión constante del mercado, en amplitud y en intensidad, salió de la ausencia de un orden político que abarcase el conjunto de la Europa occidental» (p. 107). «La expansión del capitalismo encuentra sus orígenes y su razón de ser en la anarquía política... El colectivismo y el estatismo únicamente son éxitos en los manuales que usan los niños de las escuelas» (pp. 112-13). «Todo poder tiende al absoluto; si no es absoluto es que están en juego limitaciones eficaces... Se sobreentiende que los titulares del poder central trataron sin cesar de eliminar estas limitaciones. Nunca lo consiguieron por una razón que me parece también estar vinculada con el sistema internacional: la limitación de la potencia hacia el exterior y la constante amenaza de un asalto extranjero (los dos caracteres de un sistema pluripolar) hicieron que el poder estuviese igualmente limitado hacia el interior y tuviese que apoyarse en los centros autónomos de decisión y tratarlos con miramientos» (pp. 114-15).

[191] Véase Paul Kennedy, Auge y caída de las grandes potencias. Trad. J. Ferrer Aleu. Barcelona, Plaza y Janés, 1989.

[192] Sobre esto H.-H. Hoppe, «Marxist and Austrian Class Analysis», en The Economics and Ethics of Private Property; también «Banking, Nation States, and International Politics», loc. cit. Sobre los requisitos de una economía de mercado liberal debe cumplir —laissez-faire interior— para ganar una guerra, véase L. von Mises, Nationalökonomie. Theorie des Handelns und Wirtschaftens. Múnich, Philosophia Verlag, 1980, parte VI, cap. 9. También de Mises, El intervencionismo. Un análisis económico, cap. 6. En el volumen Crítica del intervencionismo. Sobre la tendencia de los Estados a utilizar la guerra como un pretexto para destruir el laissez-faire y desarrollar un intervencionismo creciente o un sistema económico socialista, véase Robert Higgs, Crisis and Leviathan.

[193] Sobre este asunto véase también Paul Johnson, Tiempos modernos. Robert Nisbet, The Present Age.

[194] Para lo que sigue véase Gordon (ed.), Secession, State, and Liberty. Robert McGee, «Secession Reconsidered», en Journal of Libertarian Studies, 11, n.º 1, 1994. L. von Mises, Liberalismo. Recogido en el volumen Sobre liberalismo y capitalismo. Madrid, Unión Editorial, 1995, espec. pp. 115-17.

[195] Del mismo modo, una de las causas principales del intento secesionista de la Confederación del sur fue el Arancel Morrill de 1861 (Morrill Tariff Act), que imponía una tarifa del 47 por ciento sobre el valor de todos los bienes importados. En esa época los Estados del sur exportaban tres cuartos de su producción agrícola e importaban casi todos los productos manufacturados. Esta tarifa obligó al sur a pagar más impuestos para subsidiar a los ineficientes trabajadores industriales y manufacturas del norte.

[196] M.N. Rothbard, «Nations by Consent: Decomposing the Nation-State», en Gordon (ed.), Secession, State, and Liberty. L. von Mises, Nation, State, and Economy, espec. pp. 31-77. Véase también infra cap. 7.

[197] El grado de desarrollo cultural de las diversas regiones de una misma unidad política es, a pesar de la propaganda igualitarista, muy variable. Las diferencias que en la antigua Yugoslavia existían entre eslovenos, croatas, serbios y albano-kosovares, o entre católicos, ortodoxos y musulmanes, constituyen un buen ejemplo de ello; también las diferencias que había entre letones, estonios, lituanos, alemanes, polacos, ucranianos, rusos, georgianos, rumanos, armenios, chechenos, azerbaiyanos, turkmenos o kazajstanos, en el seno del antiguo Imperio soviético. La consecuencia inmediata de la separación política de estos pueblos de culturas diferentes será el aumento de la variedad de gobiernos y formas de organización social. Las políticas de algunos de estos nuevos gobiernos independientes serán probablemente peores —desde el punto de vista de la integración y la prosperidad económicas— que las que se hubiesen ejecutado de haberse mantenido en el poder el antiguo gobierno central; las habrá también empero mejores. Es posible, por ejemplo, que para los azerbaiyanos sea peor un gobierno nacional que uno establecido por los rusos, o que a los albano-kosovares les interese más un gobierno serbio que uno propio. Pero, por otra parte, las políticas de Estonia, Letonia y Lituania podrían mejorar las del gobierno ruso; también los croatas prosperarían con un gobierno propio como no lo harían bajo el control serbio. La secesión, por tanto, no suprime las diferencias culturales ni la jerarquía de las culturas; de hecho, puede incluso acentuarlas. Precisamente, la manifestación de las diferencias culturales y del grado de desarrollo económico y social de los diversos pueblos será el mejor estímulo para el progreso cultural y económico de todos los pueblos, tanto desarrollados como subdesarrollados.

[198] Un magnífico ejemplo de esa presión reformista determinada por la emigración lo proporciona la antigua Alemania oriental. La Alemania socialista, que entró en la órbita soviética al terminar la II Guerra Mundial, sufrió desde muy pronto la fuga masiva de ciudadanos que preferían la más liberal y próspera —y, sin embargo, intervencionista (socialdemócrata)— Alemania del oeste. A principios de los 60, el número de emigrantes llegó hasta los 1.000 diarios. Pero el gobierno oriental reaccionó y el 13 de agosto de 1961 se vio obligado a establecer en las fronteras, a lo largo de más de 900 millas, un sistema de muros, alambre de espino, vallas electrificadas, campos de minas, dispositivos de tiro automáticos y torres de vigilancia, con el único objetivo de evitar que los alemanes del este huyeran del socialismo. Desde 1961 hasta la primavera de 1989 la situación estuvo controlada. Sin embargo, cuando Hungría, aliado socialista, decidió relajar sus controles en la frontera con Austria, aconsejada por la Unión Paneuropea liderada por Otto de Habsburgo, la emigración de los alemanes del este comenzó de nuevo. Los ciudadanos de Alemania oriental se escapaban hacia occidente vía Hungría a razón de más de 2.000 por día. Esto fue, más que cualquier otro acontecimiento, lo que condujo, en primer lugar, a la abolición del régimen de Honecker, después, en la memorable fecha del 9 de noviembre de 1989, a la destrucción del muro de Berlín, y finalmente, al año siguiente, a la reunificación de Alemania. Para esto H.-H. Hoppe, «Desocialization in a United Germany», en Review of Austrian Economics, 5, n.º 2, 1991.

[199] L. von Mises, Liberalismo, pp. 135 sq; Rothbard, Power and Market, pp. 47 sq; del mismo, The Dangerous Nonsense of Protectionism. Auburn, Ala., Ludwig von Mises Institute, 1988.

[200] Véase M.N. Rothbard, The Case for a 100 Percent Gold Dollar, Auburn, Ala., Ludwig von Mises Institute, 1991. Del mismo: «Gold vs. Fluctuating Fiat Exchange Rates», en The Logic of Action, vol. I.; The Case Against the Fed. Auburn, Ala., Ludwig von Mises Institute, 1995. H.-H. Hoppe, «How is Fiat Money Possible? —or, The Devolution of Money and Credit—», en Review of Austrian Economics, 7, n.º 2, 1994.

[201] Véase M.N. Rothbard, The Case for a 100 Percent Gold Dollar. «Uno de los problemas que ningún estatista o nacionalista del dinero ha abordado ha sido, según Rothbard, el de las limitaciones geográficas de cada moneda. ¿Cuáles serían los límites la “nación” si existiese una moneda fiduciaria nacional fluctuante? Seguramente, las fronteras políticas tienen muy poco o ningún sentido económico...Lógicamente, el supuesto extremo de una moneda fiduciaria fluctuando libremente es la infinita variedad de monedas emitidas por cada individuo...Creo que resultaría muy útil que algunos economistas se dedicaran a estudiar en profundidad ese mundo. Puede decirse con seguridad que se caracterizaría por una vuelta a una forma enormemente compleja y caótica de trueque...No habría ya en él ningún medio monetario capaz de facilitar los intercambios. Se necesitaría una “moneda” diferente para cada intercambio. Si por moneda debe entenderse un medio general de intercambios, es muy dudoso que pudiese seguir utilizándose en ese sentido...En suma, la moneda fiduciaria fluctuante destruye la verdadera función del dinero...y contradice su esencia», pp. 55-61. Rothbard concluye: «Una moneda cuyo uso se generaliza amplía el horizonte de la división del trabajo y del intercambio interregional de bienes y servicios provenientes de la economía de mercado. El verdadero librecambio exige un dinero-mercancía internacional...como el oro y la plata. El dinero de papel del Estado daña ese medio internacional, lo que, inevitablemente, paraliza y desintegra el libre mercado y priva al mundo de sus beneficios», pp. 58-61.

[202] Sobre este asunto Adolf Gasser, Gemeindefreiheit als Rettung Europas. Basilea, Verlag Bücherfreunde, 1943.

[203] M.N. Rothbard, «Nations by Consent: Decomposing the Nation State». Peter Brimelow, Alien Nation. Nueva York, Random House, 1995. Thomas Fleming (ed.), Immigration and the American Identity. Rockford, Ill., Rockford Institute, 1995. Infra capítulos 7, 9 y 10.

[204] Con respecto al progreso cultural que cabe esperar del desenvolvimiento de estos procesos, vendrían a colación ahora, para terminar, las pertinentes observaciones del gran escritor y poeta alemán Johann Wolfgang von Goethe [1749-1832]. El 23 de octubre de 1828, cuando Alemania estaba todavía dividida en 39 Principados independientes, Goethe, en una conversación con Johann Peter Eckermann (Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens), se expresaba de esta manera a propósito de la conveniencia de la unificación política de Alemania: «No temo la división de Alemania;... en realidad está unida porque el taler y el groschen alemanes valen lo mismo en todo el Imperio y porque puedo atravesar los treinta y siete Principados sin que tenga que abrir mi equipaje...Alemania constituye una unidad con respeto al sistema de pesos y medidas, el comercio, la emigración y un centenar de asuntos parecidos... Se equivoca quien piense que la unidad de Alemania debe estar representada por la capitalidad imperial de una gran ciudad; de ella, se dice, han de beneficiarse las masas y los individuos excelentes... Un preclaro varón francés, creo que Daupin, ha dibujado un mapa que representa el estado de la cultura en la bella Francia; en él, una escala de color refleja el mayor o menor nivel de ilustración de sus Departamentos. Especialmente en las provincias del sur, lejos de la capital, se encuentran algunas provincias pintadas totalmente de negro, lo que indica una oscuridad cultural absoluta. ¿Hubiese sucedido lo mismo en una Francia con diez centros irradiadores de cultura y actividad, en vez de sólo uno? Lo que ha hecho grande a Alemania ha sido su cultura popular, que ha penetrado igualmente todo el Imperio. ¿Acaso no han hecho florecer esa cultura las numerosas cortes de los príncipes que la han sostenido? Negarlo sería asumir que durante siglos sólo han existido en Alemania dos capitales, Viena y Berlín, o tal vez sólo una. Me pregunto que habría sido entonces de la cultura alemana y la difusión de la prosperidad que la acompaña... Alemania posee veinte universidades por todo el Imperio, más de cien bibliotecas públicas y un número similar de colecciones artísticas y museos de historia natural, pues cada príncipe quería atraerse esas bellezas y esos bienes. Existen numerosos Gymnasium y escuelas técnicas e industriales; de hecho, es muy raro que una ciudad alemana no tenga su propia escuela. ¡Qué diferencia con Francia!... Observemos, por otro lado, el número de teatros alemanes, que supera los setenta... En ningún sitio hay tanto aprecio por la música y el canto... Pensemos en ciudades como Dresde, Múnich, Stuttgart, Kassel, Braunschweig, Hannover y otras parecidas —su energía e influencia sobre las provincias limítrofes es enorme— y preguntémonos si todo eso sería posible de no haber residido en ellas los Príncipes... Francoforte, Bremen, Hamburgo y Lübeck son grandes ciudades, cuyo impacto sobre la prosperidad de Alemania es incalculable. ¿Seguirán siendo lo que hoy son si un día pierden su independencia y se convierten en ciudades provinciales incorporadas a la Gran Alemania? Tengo razones para ponerlo en duda».

[205] Cualquiera de estas actividades cumple las condiciones del llamado óptimo de Pareto, aumentando el bienestar de al menos un individuo sin que disminuya el de ningún otro. Por tanto, incluso si no es posible realizar comparaciones interpersonales de utilidad, puede decirse que cada una de estas actividades incrementa el bienestar social. Sobre el empleo del término bienestar social véanse los reparos de Pareto en su Manual of Political Economy. Nueva York, Augustus M. Kelley, 1971, p. 451 [en español: Manual de Economía política. Trad. Guillermo Cabanellas. Buenos Aires, Atalaya, 1945]. Allí escribe lo siguiente: «Consideremos una posición cualquiera y asumamos que nos alejamos de ella hasta donde lo permita [la realización del mayor bienestar posible para los individuos de la colectividad]. Si así aumenta el bienestar de todos los individuos de la colectividad, es obvio que la nueva posición resulta más ventajosa para cada uno de ellos; y a la inversa, será peor si el bienestar de todos disminuye. Además, el bienestar de algunos de ellos puede seguir siendo el mismo, sin que se alteren estas conclusiones. Pero por otro lado, si ese pequeño movimiento incrementa el bienestar de algunos individuos y disminuye el de otros, no podemos seguir afirmando positivamente que es ventajoso para toda la colectividad continuar (proseguir) ese movimiento». Un hombre que emplea su cuerpo («trabajo») para ocupar y poner bajo su dominio parte de los recursos naturales («tierra» sin dueño), está demostrando que valora esas cosas y, por tanto, que le resulta útil apropiárselas. Al mismo tiempo, su acción no perjudica a nadie, pues la ocupación de ese tipo de recursos no va a privar a nadie de ellos. También otros podrían haberlos ocupado si los hubiesen considerado valiosos. Pero, manifiestamente, no lo hicieron. Al no ocuparlos demostraron, en efecto, que prefirieron no hacerlos suyos. Tampoco pueden argumentar que han sufrido una desutilidad como consecuencia de la ocupación por terceros. Todo acto posterior a la adquisición originaria, sea de producción o consumo , que no afecte a la integridad física de los recursos ocupados o producidos con los medios ocupados por otros, satisface las condiciones del óptimo de Pareto. El productor-consumidor ha mejorado su situación, mientras que el resto de individuos sigue disponiendo de la misma cantidad de bienes. No puede decirse, por tanto, que alguien haya empeorado. Por último, todo intercambio voluntario de bienes basado en este supuesto es también un cambio en el óptimo de Pareto, puesto que ello sólo puede tener lugar si las dos partes del negocio esperan beneficiarse de él, mientras que la oferta de bienes efectivamente controlados (poseídos) por los demás no ha cambiado. Véase M.N. Rothbard, «Toward a Reconstruction of Utility and Welfare», en The Logic of Action, vol. I. Jeffrey Herbener, «The Pareto Rule and Welfare Economics», en Review of Austrian Economics, 10, n.º 1, 1997.

[206] Véase H.-H. Hoppe, A Theory of Socialism and Capitalism: Economics, Politics, and Ethics. Boston, Kluwer, 1989.

[207] Véase L. von Mises, Economic Calculation in the Socialist Commonwealth. Auburn, Ala., Ludwig von Mises Institute, 1980. También sus libros La acción humana y El socialismo. M.N. Rothbard, Man, Economy, and State, espec. pp. 544-50, 585-86. De este último, «Ludwig von Mises and Economic Calculation under Socialism», y «The End of Socialism and the Calculation Debate Revisited», en The Logic of Action, vol. I. Joseph Salerno, «Ludwig von Mises as Social Rationalist», en Review of Austrian Economics, 4, 1990.

[208] Véase H.-H. Hoppe, «Desocialization in a United Germany», Review of Austrian Economics, 5, n.º 2, 1991; M.N. Rothbard, Power and Market, espec. pp. 172-89; L. von Mises, Burocracia. Trad. Dalmacio Negro Pavón. Madrid, Unión Editorial, 1974, espec. cap. 3.

[209] Véase Friedrich A. Hayek, Camino de servidumbre. Trad. José Vergara. Madrid, Alianza Editorial, espec. cap. 10. Kenneth S. Templeton (ed.), The Politization of Society, Indianapolis, Ind., Liberty Fund, 1979. Debe recalcarse particularmente, en contra de los mitos ampliamente extendidos, que la falta de democracia no desempeñó ningún papel en la bancarrota del socialismo soviético. Su problema no tenía nada que ver con el principio de selección de sus dirigentes políticos, sino con la política como tal y el carácter político de las decisiones. En vez de que cada productor privado decidiera independientemente qué hacer con sus recursos, como sucede en un régimen de propiedad privada y libertad de contratación, al estar total o parcialmente socializados los factores productivos, toda decisión está sometida a la autorización de alguien. Para el productor resulta irrelevante el régimen de los permisos; su problema es conseguir uno a toda costa. Mientras se den estas condiciones, el incentivo de los productores para producir se reduce, sobreviniendo el empobrecimiento. La propiedad privada es incompatible con la democracia y con cualquier forma de gobierno. La justicia y la eficiencia económica no necesitan de la democracia, sino de una sociedad que reconozca sin restricciones la propiedad privada, una «anarquía de la producción» en la que nadie se imponga a los demás y en la que todas las relaciones entre los productores sean voluntarias y, por tanto, beneficiosas para todos.

[210] Véanse en particular L. von Mises, El socialismo. Friedrich A. Hayek (ed.), Collectivist Economic Planning. Londres, Routledge and Sons, 1935. Trygve J.B. Hoff, Economic Calculation in a Socialist Society. Indianapolis, Ind., Liberty Fund, 1981.

[211] Mientras que existe una vasta literatura sobre la socialización de la propiedad privada, apenas si se ha escrito sobre la devolución de la propiedad socializada (desocialization). Sospecho que la razón de este desinterés tiene que ver con las predilecciones implícitas o explícitas de tantos intelectuales occidentales. El problema de la devolución es para ellos irrelevante. ¿Por qué razón alguien querría abandonar un «plano superior de la evolución social», supuestamente el socialismo, por uno inferior, el capitalismo? En la tradición miseana, en el mejor de los casos, apenas si se encuentran algunas recomendaciones implícitas sobre el más acuciante problema de los pueblos del Este de Europa. Una de las pocas excepciones se encuentra en M.N. Rothbard, «How To Desocialize?» y «A Radical Prescription for the Socialist Bloc», en Llewellyn H. Rockwell, Jr. (ed.), The Economics of Liberty. Auburn, Ala., Ludwig von Mises Institute, 1990. También de Rothbard, «How and How Not To Desocialize?», en Review of Austrian Economics, 6, n.º 1, 1992. Jeffrey Herbener, «The Role of Entrepreneurship in Desocialization», en Review of Austrian Economics, 6, n.º 1, 1992.

[212] Sobre los supuestos éticos subyacentes a las consideraciones que siguen véase M.N. Rothbard, La ética de la libertad. H.-H. Hoppe, The Economics and Ethics of Private Property.

[213] Esta ha sido, por supuesto, la práctica ampliamente extendida entre los gobiernos postcomunistas. Resulta especialmente ilustrativo el caso de Alemania. En 1991, después de la reunificación, el gobierno (conservador) alemán, apoyado por el Tribunal federal, se opuso a devolver a sus legítimos propietarios las propiedades expropiadas por la antigua República Democrática Alemana (dominada por la Unión Soviética) entre 1946 y 1949. Ello supone más del 50 % de toda la tierra cultivada de aquellos Länder. El gobierno optó por favorecer a su «clientela política», incluidos antiguos expropiadores comunistas convertidos en capitalistas, y les vendió esas tierras. Hasta la fecha, ni los propietarios originales ni sus herederos han recibido un céntimo en compensación.

[214] En aquellos casos en los que el poseedor actual haya comprado realmente al gobierno bienes expropiados, podría exigir una compensación a los responsables de esa venta, estando estos obligados a desembolsar el precio abonado con anterioridad. En cuanto a la posesión criminal, la restitución, la carga de la prueba y otros aspectos relacionados con la devolución, véase Rothbard, La ética de la libertad, espec. caps. 9 a 11. H.-H. Hoppe, Eigentum, Anarchie und Staat, espec. cap. 4.

[215] Esta referencia a las «ideas sindicalistas» no debe entenderse aquí como una aceptación del programa del sindicalismo. Véase también sobre esto infra nota 12. Al contrario, el lema sindicalista «los ferrocarriles para los ferroviarios, las minas para los mineros, y las industrias para los obreros» resumía originalmente el programa expropiatorio de las empresas capitalistas. «El sindicalismo, como el socialismo, escribe Mises, se esfuerza por borrar la distancia existente entre el obrero y los medios de producción. La diferencia estriba en que sigue un camino distinto para llegar a esa meta. No es la masa de los obreros la que debe convertirse en propietaria del conjunto de los medios de producción; son los obreros que trabajan en cierta actividad o empresa, o en una rama completa de la producción, los que deben llegar a poseer los medios de producción que esa empresa emplea». El socialismo, p. 271. El uso de las ideas sindicalistas que aquí proponemos tiene un sentido radicalmente distinto, es decir, como un medio para privatizar factores de producción previamente socializados en el caso de que no se pueda identificar al propietario (expropiado) original de dichos factores. Por otro lado, lo que fundamenta éticamente la aplicación del lema sindicalista en algunos casos —y exclusivamente en esos casos— es que un esquema de privatización semejante es lo que más se aproxima al método descrito por John Locke sobre la ocupación originaria de recursos que no eran poseídos por nadie. Los ferroviarios, en efecto, han «mezclado su trabajo» con las líneas férreas, y los mineros con las minas. Por tanto, su reivindicación de esos recursos debe considerarse, jurídicamente, con más título que ninguna otra.

[216] Según el programa sindicalista original, cuya aspiración era abolir permanentemente la separación del trabajador y los medios de producción [véase supra nota 11], cualquier transacción o compraventa de su «porción de propiedad» por parte del trabajador debe excluirse. «Si la reforma sindicalista se propone algo más que la sola distribución de los bienes de producción, entonces —según Mises— no puede dejar subsistir las reglas capitalistas de la propiedad que se refieren a los medios de producción. Debe retirar de la circulación los bienes productivos. Los asociados no tienen derecho de enajenar las partes de los medios de producción que se les han concedido. Estas partes se ven más estrechamente ligadas a la persona del propietario que la propiedad en la sociedad liberal». El socialismo, p. 274. En efecto, para el sindicalismo el trabajador no es «propietario» en el sentido ordinario de la palabra, pues, como decía Mises, la propiedad «siempre existe donde hay el derecho de disposición... La propiedad privada sólo existe en donde el individuo puede emplear su propiedad de los medios de producción en la forma que juzgue más ventajosa». El socialismo, p. 276. De hecho, si los trabajadores pudiesen disponer de sus alícuotas, rápidamente se volvería a las condiciones del status quo ex ante capitalista, con una clara separación entre los capitalistas (propiedad) y los trabajadores (trabajo). Ahora bien, si eso no se permite, como explica Mises, se plantearán dificultades insuperables, a menos que se asuma la ilusión de «que no se produce cambio alguno en los medios de producción, en las relaciones de oferta y demanda, en la técnica y en la población... Si debido a cambios en la orientación o importancia de la demanda, o en la técnica de producción, se requieren modificaciones en la organización de la explotación, y se hace preciso transferir obreros de una empresa a otra, de una rama de la producción a otra, se plantea inmediatamente la cuestión de cómo arreglar el problema de las porciones de los medios de producción para los trabajadores. ¿Conservarán su parte estos y sus herederos en las empresas a las que pertenecían cuando se efectuó la sindicalización, y deberán ingresar en nuevas empresas como simples obreros, que trabajen por salario sin poder obtener participación alguna en las utilidades? O bien al dejar una empresa ¿deben abandonar su parte y al ingresar en otra nueva empresa recibir una participación individual como los obreros que ahí trabajaban antes? En el primer caso quedaría en breve reducido a nada el principio de sindicalización. Si además se permitiese enajenar las porciones, pronto se vería reaparecer la situación existente antes de la reforma. Pero si al abandonar una empresa el trabajador pierde su parte y recibe otra al ingresar en empresa diferente, entonces los obreros que sufrieran un perjuicio por este motivo se opondrían enérgicamente a cualquier cambio en la producción. La organización que condujera a un rendimiento mayor del proceso del trabajo sería combatida por los obreros si tiene por objeto desplazarlos de sus empleos. Por otro lado, los trabajadores de una empresa o de una rama de producción rehusarían que se ampliaran más las empresas mediante el ingreso de nuevos obreros, si temiesen que ello pudiera reducir sus ingresos en la propiedad. En pocas palabras, el sindicalismo haría prácticamente imposible una transformación de la producción. No cabe duda alguna de que cesaría el progreso en donde el sindicalismo fuera amo y señor». El socialismo, pp. 274-75. Más sobre sindicalismo en L. von Mises, La acción humana, cap. 23, y, también de Mises, Money, Method, and the Market Process. Boston, Kluwer, 1990, cap. 18.

[217] En vez de adjudicar lotes iguales a todos los productores actuales, sería más justo adjudicar lotes desiguales, dependiendo estos del tiempo que el trabajador estuvo prestando sus servicios en la unidad productiva correspondiente. Ello permitiría incluir también a los trabajadores jubilados en el plan de privatización que aquí proponemos, resolviendo así el problema de las pensiones.

[218] Sobre la teoría económica de la negociación véase M.N. Rothbard, Man, Economy, and State, pp. 308-12. También L. von Mises, La acción humana, pp. 404-05.

[219] Véase M.N. Rothbard, Egalitarianism As a Revolt Against Nature and Other Essays. Washington D.C., Libertarian Review Press, 1974. También Robert Nozick, Anarquía, Estado y Utopía. Trad. Rolando Tamayo. México, Fondo de Cultura Económica, 1988, cap. 8. Helmut Schoeck, Envy: A Theory of Social Behavior; del mismo, Das Recht auf Ungleichheit. Múnich, Herbig, 1979; y Ist Leistung Unanständig? Osnabrück, Fromm, 1978. E. von Kuehnelt-Leddihn, Libertad o igualdad. La disyuntiva de nuestro tiempo. Trad. J.M.ª Vélez Cantarell. Madrid, Rialp, 1962.

[220] Véase John Locke, Dos tratados sobre el Gobierno civil. Edición de Joaquín Abellán. Madrid, Espasa-Calpe, 1991, libro II, § 27, p. 223. Allí escribe lo siguiente: «Aunque la tierra y todas las criaturas inferiores pertenezcan a todos los hombres en común, con todo, cada hombre es propietario de su propia persona, sobre la cual nadie, excepto él mismo, tiene ningún derecho. Podemos añadir a lo anterior que el trabajo de su cuerpo y la labor de sus manos son también suyos. Luego, siempre que coja algo y lo cambie del estado en que lo dejó la naturaleza, ha mezclado su trabajo con él y le ha añadido algo que le pertenece, con lo cual, lo convierte en propiedad suya. Al sacarlo del Estado en que lo dejó la naturaleza, puso en ello algo que lo excluye del derecho común de los demás hombres. Pues, por ser este trabajo propiedad incuestionable del trabajador, nadie, salvo él mismo, puede tener ningún derecho sobre aquello a lo que se encuentra unido, siempre que de esa cosa quede una cantidad suficiente y de la misma calidad para que la compartan los demás». Véase también supra nota 11. Para anticiparme a cualquier malentendido, mi aceptación de Locke se refiere exclusivamente al núcleo de su idea de la «ocupación adquisitiva originaria». No incluye, por tanto, ni la primera frase de la cita, ni la infame «condición» con que concluye el párrafo. La primera afirmación relativa a la propiedad «en mano común» de la naturaleza se basa en presunciones teológicas tan innecesarias como poco sólidas. Previamente a un acto de apropiación original, la naturaleza carece de dueño. Así pues, la condición aludida es inconsistente con la idea central lockeana y debe ser abandonada. Sobre esto véase también Richard A. Epstein, Takings, pp. 10-12. El rechazo de la premisa inicial de la teoría de Locke invalida también la crítica que hace Herbert Spencer en Social Statistics, caps. 9-10. Spencer comparte la premisa inicial de Locke, pero en base a ello concluye que está prohibida cualquier tipo de propiedad privada sobre la tierra. La tierra, según Spencer, sólo puede ser arrendada por la «sociedad» contra el pago del «impuesto único» por su uso. Se encuentra una crítica de esta y otras propuestas de Henry George en Rothbard, Power and Market, pp. 122-35. En Nozick y Hillel Steiner, por otro lado, se encuentran las variantes modernas del supuesto lockeano y del igualitarismo en la propiedad de la tierra de Spencer. Véanse, respectivamente: Anarquía, Estado y Utopía, pp. 175 sq; «The Natural Right to the Means of Production», en Philosophical Quarterly, 27, 1977. Jeffrey Paul ha refutado estas variantes teóricas contradictorias: «Historical Entitlement ant the Right to Natural Resources», en Walter Block y Llewellyn H. Rockwell, Jr. (eds.), Man, Economy, and Liberty. Essays in Honor of Murray N. Rothbard. Auburn, Ala., Ludwig von Mises Institute, 1988. En el mismo sentido: Fred D. Miller, «The Natural Right to Private Property», en Tibor R. Machan (ed.), The Libertarian Reader. Totowa, N.J., Rowman and Littlefield, 1982.

[221] Una exposición más consistente y completa de la teoría lockeana de los derechos de propiedad en Rothbard, La ética de la libertad; véase también de Rothbard, «Law, Property Rights, and Air Pollution», en The Logic of Actino, vol. 2. Una justificación teórica del principio de la ocupación adquisitiva originaria, como axioma ético fundamental, en Hoppe, Eigentum, Anarchie und Staat, cap. 4. Del mismo: a Theory of Socialism and Capitalism, caps. 2 y 7; The Economics and Ethics of Private Property, caps. 8-11 y apéndice.

[222] ¿Cómo se justifica que la propiedad sobre los factores de producción se asigne sin tener en cuenta la acción o la abstención individuales sobre cada factor? ¿Acaso quien no ha contribuido en nada a la existencia o mantenimiento de un bien —y que probablemente ignora que existe— ha de tener el mismo título que quien activa y objetivamente ha contribuido a mantenerlo?

[223] Sobre el principio de la proporcionalidad del castigo véase Rothbard, La ética de la libertad, cap. 13. Hoppe, Eigentum, Anarchie un Staat, pp. 106-28. Stephan Kinsella, «Punishment and Proportionality: The Estoppel Approach», en Journal of Libertarian Studies, 12, n.º 1, 1996; del mismo: «Inalienability and Punishment», en Journal of Libertarian Studies, 14, n.º 1, 1999. Sobre el principio de la responsabilidad absoluta véase también: Richard A. Epstein, «A Theory of Strict Liability», en Journal of Legal Studies, 2, enero de 1973; así mismo, su monografía: Medical Malpractice: The Case for Contract. Burlingame, Calif., Center for Libertarian Studies, Occasional Paper Series, n.º 9, 1979. Judith J. Thomson, Rights, Restitution, and Risk. Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1986, espec. caps. 12 y 13.

[224] Sobre la ética y la economía política de una sociedad sin Estado véase M.N. Rothbard, «Society Without a State», en Roland Pennock y John W. Chapman (eds.), Anarchism (Nomos XIX). Nueva York, New York University Press, 1978. También de Rothbard For A New Liberty. Bruce L. Benson, Justicia sin Estado.

[225] Sobre la economía política de la producción de seguridad privada competitiva véase Gustave de Molinari, The Production of Security. Rothbard, Power and Market, cap. 1; también su For A New Liberty, cap. 12. Morris and Linda Tannehill, The Market For Liberty. H.-H. Hoppe, The Production of Defense. Auburn, Ala., Ludwig von Mises Institute, 1998. También Benson, Justicia sin Estado.

[226] No hace falta decir que el proceso de devolución en la Europa del Este, iniciado en 1989, ha seguido un curso diferente al aquí propuesto (véase también supra nota 9). Tampoco nos ha sorprendido. A pesar de las dramáticas convulsiones que tuvieron lugar a partir de 1989, la magnitud de los gobiernos de la Europa del Este, en términos de funcionarios y sector público, sigue siendo extraordinaria, incluso si se compara con los patrones occidentales, ya de por si altos. Por otro lado, los funcionarios públicos, en los distintos niveles local, provincial y federal, siguen siendo los mismos que antes de 1989, y muchos de los líderes políticos post-comunistas del Este ya tenían una posición privilegiada con los gobiernos comunistas. Casi ninguno de ellos ha oído hablar de las ideas del liberalismo clásico y libertario; en cambio, todos estaban familiarizados con las nociones del estatismo asistencialista. Si las recomendaciones libertarias de una privatización instantánea y total de toda propiedad colectiva aquí expuestas se hubiesen seguido, todos los empleos públicos hubieran desaparecido inmediatamente. Los empleados del gobierno dependerían de las variaciones del mercado y se verían forzados a buscar nuevas ocupaciones productivas. Pero se optó por seguir el modelo de Estado de bienestar occidental y las burocracias se opusieron a la devolución de la propiedad pública, limitándose a reglamentar la privatización de las partes «no vitales» de su economía. De este modo se garantizaron casi todos los puestos de trabajo burocráticos y aumentaron los ingresos del gobierno y los salarios de los burócratas. Dado el interés de los gobiernos occidentales en una transición «ordenada» desde el socialismo al estatismo socialdemócrata, las burocracias del Este y los líderes partidarios de ese tipo de reformas confían en que al menos una parte del riesgo que estas conllevan sea asumida o financiada por los países occidentales. Por otro lado, durante la era comunista, la cooperación entre el Este y el Oeste fue extraordinariamente limitada. Como resultado de las ineficiencias de la producción socialista, la Europa del Este fue incapaz de vender nada al Oeste, excepto materias primas y bienes de consumo básicos; así mismo, las transacciones del Oeste con el bloque del Este suponían menos de un cinco por ciento de su comercio exterior. La propiedad de los extranjeros estaba prohibida. Ni una sola moneda socialista podía convertirse contra las monedas occidentales e incluso los contactos políticos eran relativamente raros. Sin embargo, tras el colapso del comunismo, los gobiernos del Este tuvieron algo que ofrecer. Ciertamente, el comercio con el Oeste es todavía bajo y la posibilidad de una sacudida revolucionaria general se aleja. Mas excluido el dogma de que «social» significa «propiedad colectiva de los factores de producción», parte de la riqueza socializada en el Este aparece ahora, repentinamente, a disposición de cualquiera; y con los gobiernos del Este controlando el proceso de desnacionalización, los líderes políticos occidentales —y los banqueros relacionados con los gobiernos y grandes empresarios— han aumentado inmediatamente los contactos con sus contrapartes orientales. A cambio de la ayuda occidental durante la fase de transición, los nuevos gobiernos del Este tienen ahora activos reales que enajenar. El Este puede asegurar a los impacientes compradores occidentales que, de entrada, la estructura fiscal y jurídica de las economías emergentes se armonizará con la de la Unión Europea. Pero lo decisivo será que el nuevo sistema bancario de la Europa del Este copie el modelo occidental, es decir, un Banco central controlado por el gobierno, un cártel bancario de reserva fraccionaria constituido por bancos comerciales privados y una moneda fiduciaria convertible, basada en las reservas occidentales, así mismo fiduciarias, lo que permitiría al sistema bancario occidental emprender una expansión internacional coordinada del crédito, y por tanto, establecer la hegemonía monetaria y financiera sobre las nuevas economías emergentes. Así pues, a una década del colapso socialista, los países de la Europa del Este han seguido el modelo del estatismo socialdemócrata occidental. Ciertamente, gracias la privatización parcial y a la eliminación de una mayoría de controles de precios (en modo alguno de todos), los resultados económicos han mejorado su desesperada situación. Este desarrollo ha tenido su contrapartida occidental en un incremento de la integración económica: expansión de los mercados, ampliación e intensificación de la división del trabajo, aumento del volumen de transacciones comerciales internacionales mutuamente beneficiosas. Sin embargo, debido al limitado alcance de la privatización y la estrategia reformista gradual, el proceso de reconstrucción ha sido dolorosamente lento, causando una crisis, en apariencia permanente, de desempleo masivo y rápida inflación monetaria. Por otro lado, dado que la magnitud del gobierno en los países del Este es todavía mucho mayor que en los semisocialistas países occidentales, el progreso económico de aquellos y el estímulo de las economías occidentales será sólo temporal; probablemente, la reconstrucción económica y el periodo de expansión serán pronto sustituidos por la estagnación, tanto en el Oeste como en el Este.

[227] Véase también supra capítulo 4, esp. nota 15.

[228] Ciertamente, este esquema plantearía no pocas complicaciones. Para determinar las cuotas otorgadas a diversos individuos sobre edificios e infraestructuras «poseídas» actualmente por los gobiernos local, regional o estatal, aquellos tendrían que acreditar documentalmente los impuestos locales, regionales o estatales pagados en el pasado, así como las subvenciones o transferencias públicas percibidas, que deben deducirse de aquellos para cuantificar los impuestos netos pagados. En una sociedad de mercado completamente privatizada, esta tarea correspondería a los contables, juristas y agencias de arbitraje privados, financiados directa o indirectamente por los reclamantes.

[229] «La ley de la emigración y de la localización, explica von Mises, nos permite formarnos un concepto muy preciso del relativo superpoblamiento. El mundo, o un país aislado del que no sea posible emigrar, debe considerarse superpoblado, en el sentido estricto del término, si el óptimo demográfico se sobrepasa —ese punto más allá del cual un incremento en el número de habitantes no significa un aumento de la riqueza sino un decrecimiento del bienestar—. Un país se halla relativamente superpoblado cuando, a causa del gran número de habitantes, las condiciones de trabajo son menos favorables que en otros países, es decir, ceteris paribus, cuando la misma aplicación de capital y trabajo resulta allí menos rentable. La plena movilidad de personas y bienes permitirá que los territorios relativamente superpoblados cedan su excedente a otros menos poblados hasta que esta desproporción desaparezca». Véase Nation, State, and Economy, p. 58. También L. von Mises, La acción humana, pp. 732-36. M.N. Rothbard, Power and Market, pp. 52-55.

[230] Sobre los efectos contraproducentes de los sindicatos véase William H. Hutt, La contratación colectiva. Trad. César A. Gómez. Madrid, Unión Editorial, 1976. También de Hutt, «Trade Unions: The Private Use of Coercive Power», en Review of Austrian Economics, 3, 1989. Morgan O. Reynolds, Making America Power: The Cost of Labor Law. Washington, D.C., Cato Institute, 1987. Sobre el movimiento ecologista puede verse con provecho Llewellyn H. Rockwell, Jr., The Anti-Environmentalist Manifesto. Larry Abraham, The Greening: The Environmentalists’ Drive for Global Power. Phoenix, Ariz., Double A Publications, 1993.

[231] Sobre esto véase infra cap. 8.

[232] Véase especialmente L. von Mises, La acción humana, pp. 294-96. M.N. Rothbard, Man, Economy, and State, vol. I, pp. 183-200.

[233] Véase M.N. Rothbard, La ética de la libertad. H.-H. Hoppe, The Economics and Ethics of Private Property. También infra, cap. 9, nota 16.

[234] Como nos recuerda Mises: «aun cuando tal supuesto se diera, aunque fuera cierto ese natural e innato odio interracial, no por ello dejaría de ser útil la cooperación social... La cooperación social no tiene nada que ver con el afecto personal ni con el mandamiento que ordena amarnos los unos a los otros. La gente no coopera bajo la división del trabajo porque deban amarse unos a otros. Cooperan porque de esta suerte atienden mejor los propios intereses. Lo que originariamente impulsó al hombre a acomodar su conducta a las exigencias de la vida en sociedad, a respetar los derechos y las libertades de sus semejantes y a reemplazar la enemistad y el conflicto por la colaboración pacífica no fue el amor ni la caridad ni cualquier otro sentimiento de simpatía, sino el propio egoísmo bien entendido». La acción humana, pp. 201-02.

[235] A pesar de lo que sostiene el multiculturalismo ahora de moda, ninguna sociedad multicultural ha podido mantenerse en paz durante mucho tiempo —en especial si tenían gobiernos democráticos—. Peter Briemlow ha suministrado algunas evidencias recientes de esta tesis. La siguiente relación retrospectiva merece alguna atención: Eritrea, gobernada por Etiopía, se independizó en 1993; Checoslovaquia, fundada en 1918, se dividió en dos, Chequia y Eslovaquia, en 1993; la Unión Soviética se fraccionó en numerosos Estados en 1991, la mayoría de los cuales están amenazados con nuevas secesiones étnicas; Yugoslavia, fundada en 1918, se dividió en varios países en 1991, pero aún no se han resuelto todos los problemas; el Líbano, fundado en 1920, se halla de hecho dividido entre cristianos y musulmanes (bajo el control de Siria) desde 1975; Chipre, independiente desde 1960, tiene una parte griega y otra turca; Pakistán, independiente desde 1947, perdió Bangladesh en 1971; Malasia, federación creada en 1963, expulsó a Singapur (muy influido por China) en 1965. La lista se engrosa todavía más con los casos no resueltos: India y los sijs de Cachemira; Sri Lanka y los tamiles; Turquía, Iraq e Irán y los kurdos; Sudán, Chad y las disputas de árabes y negros; Nigeria y los ibos; el Ulster y el conflicto entre católicos y protestantes; Bélgica y las diferencias entre flamencos y valones; Italia y el Tirol del Sur germano-parlante; Canadá y los problemas de anglófilos y francófilos. ¿No será Suiza, con su parlamento de alemanes, franceses, italianos y romanches, una excepción? La respuesta es no. En Suiza, los poderes fundamentales, particularmente los competentes en materia cultural y educativa, se concentran en las manos de los cantones y no tanto en las del gobierno federal. La mayoría cantones y semicantones son étnicamente homogéneos. De los 26 que integran la confederación, 17 son casi exclusivamente alemanes; 4 casi exclusivamente franceses; 1 predominantemente italiano. Tan sólo 3 cantones son bilingües; la relación de fuerzas entre las distintas etnias se ha mantenido estable y existe una limitada migración intercantonal. A pesar de estas favorables circunstancias, Suiza sufrió una desgraciada guerra civil, violentamente reprimida —la Sonderbundskrieg de 1847—. Por lo demás, la creación del nuevo cantón francófono de Jura, separado del cantón de Berna, predominantemente alemán, en 1979, estuvo precedida por años de actividad terrorista. Sobre la fundamentación genética de la tendencia humana a asociarse con los «semejantes» y a disociarse de los «extraños», véase J. Philippe Rushton, «Geneculture, Coevolution, and Geopolitics», en Politics and the Life Sciences, 4, 1986. Del mismo, Race, Evolution, and Behavior.

[236] De hecho, como señaló Max Weber, las calzadas romanas eran consideradas más un azote que una ventaja, pues esencialmente eran caminos militares y no comerciales. Soziologie, Weltgeschichtliche Analysen, Politik. Stuttgart, Kroener, 1964, p. 4.

[237] Sobre esto véase supra caps. 1 a 3.

[238] Véase A.M. Carr-Saunders, World Population: Past Growth and Present Trends. Oxford, Clarendon Press, 1936, p. 182.

[239] El número estimado de delincuentes enviados a Norteamérica entre 1717 y 1776 fue de unos 50.000. A.M. Carr-Saunders, op. cit., p. 47.

[240] A.M. Carr-Saunders, op. cit., pp. 57 y 145.

[241] A.M. Carr-Saunders, op. cit., pp. 56-57. El establecimiento de los alemanes en la Europa oriental comenzó realmente en el siglo XI y fue promovido por varios reyes y príncipes eslavos que esperaban con ello impulsar el desarrollo económico de sus dominios. Véase Brimelow, Alien Nation, p. 131. En Mises encontramos un esclarecedor balance de los efectos y repercusiones sociales de estas políticas de inmigración en el multicultural imperio de los Habsburgos: «Como resultado de largos siglos de colonización, la burguesía y los intelectuales urbanos en Austria-Hungría eran alemanes; la mayor parte de la propiedad de la tierra estaba germanizada e incluso en territorios donde no se hablaba el alemán, se habían asentado campesinos alemanes. Toda Austria tenía, aparentemente, la impronta alemana; la educación y la literatura alemanas se habían generalizado. En todo el Imperio los alemanes estaban también representados entre la pequeña burguesía, entre los obreros y entre los campesinos; aun cuando en regiones como Galicia, en diversas zonas de Hungría y en los territorios costeros la minoría alemana entre los miembros de los estratos inferiores era muy pequeña. Pero en el Imperio (con la excepción del norte de Italia) el porcentaje de alemanes en las clases educadas y entre los miembros de los estratos superiores era realmente considerable. Todas esas personas cultivadas y esa próspera burguesía que ni se consideraban alemanas ni pertenecían a la nación alemana, eran alemanes por su educación, hablaban y leían alemán y, al menos en apariencia, pasaban por alemanes... Austria, indudablemente, no era Alemania, pero políticamente ofrecía una imagen germanizada. Cualquier austriaco que quisiese hacer carrera en los asuntos públicos tenía que dominar la lengua alemana. Para los checos y los eslovenos la educación y el ascenso social dependían de su grado de germanización. Todavía no tenían una literatura propia que les permitiese prescindir de los tesoros de la cultura alemana. Quienquiera que hiciese una carrera se germanizaba, precisamente porque los miembros de las clases superiores eran alemanes; que eso tuviese que ser así les parecía lo normal a los alemanes. Mas no pretendían germanizar coactivamente a los no alemanes, sino que entendían que eso ocurriría espontáneamente. Creían que cualquier checo o cualquier eslavo del sur, siquiera en su propio interés, intentaría adoptar la cultura alemana». Nation, State, and Economy, pp. 112-13.

[242] Sobre esto véase supra caps. 1 a 3.

[243] Para evitar cualquier malentendido, debería destacarse aquí que la diferencia entre los gobiernos monárquico y democrático-republicano con respecto a la política de emigración no se reduce a una actitud más o menos restrictiva. En la práctica, las restricciones más severas a la inmigración durante el siglo XX las impusieron las llamadas democracias socialistas populares de la Europa oriental. La diferencia se refiere más bien al tipo de restricciones y a la motivación que las anima. Mientras que las restricciones monárquicas a la inmigración tenían motivos económicos, las restricciones democrático-republicanas se relacionan con el poder, siendo una de las más frecuentes la prohibición de emigrar hasta que no se haya cumplido el servicio militar obligatorio. Sobre esto A.M. Carr-Saunders, op. cit., p. 148.

[244] De entre todos los grandes países europeos ha sido Francia, con la más veterana tradición democrático-republicana, la que se enorgullece de poseer la política de naturalización e inmigración más «liberal», es decir, la menos restrictiva. A.M. Carr-Saunders, op. cit., pp. 57, 145 y 154.

[245] Véase Lawrence Auster, The Path to National Suicide: An Essay on Immigration and Multiculturalism. Monterrey, Calif., AICEF, 1990. Thomas Fleming (ed.), Immigration and the American Identity. George J. Borjas, Friends or Strangers: The Impact of Immigrants on the U.S. Economy. Nueva York, Basic Books, 1990. También de este último, Heaven’s Door: Immigration Policy and the American Economy. Princeton, N.J., Princeton University Press, 1999. Brimelow, Alien Nation. Para enfocar correctamente el problema, Brimelow ha demostrado que desde 1820 hasta 1967, cuando entraron en vigor las nuevas leyes de inmigración, casi un 90% de los inmigrantes tenían ascendencia europea. Sin embargo, desde 1967 hasta 1993, un 85% de los casi 17 millones de inmigrantes legales que llegaron a los Estados Unidos provenían del Tercer mundo, la mayor parte de Hispanoamérica y Asia (pp. 77, 281-85). Abandonada la selección por criterios de cualificación profesional en 1967, los criterios primarios vigentes actualmente son la «reunificación familiar», el «asilo» y «diversas contingencias» (pp. 78-84). En consecuencia, los niveles medios de educación y salario de los inmigrantes han descendido continuamente en comparación con los de los americanos. Además, la participación en el sistema asistencial de las familias inmigrantes es mucho mayor que la de la población americana —y sigue aumentando—, incluidos en esta última negros y puertorriqueños, quienes ya tienen una participación en el mismo verdaderamente alta. Por ejemplo, el índice de esa participación para los inmigrantes camboyanos y laosianos es casi del 50%; el 16% para los cubanos y para los inmigrantes de la antigua Unión Soviética; el 10% para los chinos. Del mismo modo, los inmigrantes suelen permanecer parados durante periodos cada vez más largos (pp. 141-53 y 287-88). Brimelow estima, finalmente, que si las tendencias actuales de la inmigración, tanto legal como ilegal, continúan, la población de europeos, que tradicionalmente constituía casi el 90% de la población de los Estados Unidos, estará a punto de convertirse en una minoría para el año 2050 (p. 63). ¿Podrán ser asimilados todos los inmigrantes? ¿Se convertirán en americanos? No es probable, pues para que la asimilación se produzca efectivamente, la influencia de los inmigrantes debe ser pequeña en relación con la población que les acoge. Sin embargo, la influencia actual de alrededor de un millón de inmigrantes legales por año —y entre 200.000 y 300.000 ilegales— está concentrada en unas pocas regiones: California, Texas, Illinois, Florida, Nueva York y Nueva Jersey. La mayoría de ellos se dirigen a estas seis áreas metropolitanas: Los Ángeles, Anaheim, Chicago, Miami, Nueva York y Washington D.C. (p. 36). El número de inmigrantes es allí proporcionalmente tan alto que la asimilación resulta, por principio, imposible. Lejos de americanizarse, los inmigrantes han constituido «países» del Tercer mundo en suelo americano. En opinión de George Borjas, «casi un cuarto de los hogares inmigrantes se benefician de algún tipo de asistencia social, comparado con el 15% de hogares americanos... Más aún, el uso de la asistencia pública por los inmigrantes no deja de crecer. Parece que la asimilación implica un aprendizaje, no sólo sobre las oportunidades del mercado de trabajo, sino también sobre las oportunidades que ofrece el Estado de bienestar... En un estudio de la Academia Nacional de Ciencias se concluía que la inmigración ha aumentado los impuestos de las familias americanas de California en unos 1.200 dólares anuales... [En el caso de los refugiados], la evidencia indica que... después de 10 años en los Estados Unidos, el 16% de refugiados vietnamitas, el 24% de camboyanos y el 34% de laosianos todavía reciben asistencia pública». «Heaven’s Door: Inmigration Policy and the American Economy», en Milken Institute Review, 1, n.º 3, 1999, pp. 64-65 y 79. Además, Borjas destaca que «lo étnico tiene efectos a largo plazo sobre la vida económica» (p. 66). Es decir, el diferencial de capacidad progresivamente más alto entre los nacionales y los inmigrantes no desaparecerá fácilmente con la asimilación cultural. Los inmigrantes se suelen instalar en los «guetos étnicos» en donde se «incuban las diferencias étnicas» y «persisten durante tres generaciones los diferenciales de habilidad étnica».

[246] Sobre el derecho y la economía política de la discriminación positiva véase Richard A. Epstein, Forbidden Grounds. Walter Block y Michael Walker (eds.), Discrimination, Affirmative Action, and Equal Opportunity. Hugh Murray, «White Male Privilege? A Social Construct for Political Oppression», en Journal of Libertarian Studies, 14, n.º 1, 1999.

[247] La regulación de la inmigración dentro de los Estados Unidos se consideraba más bien una competencia estatal, no federal, hasta el fallo de 1875 del Tribunal Supremo.

[248] Véase supra cap. 5.

[249] Actualmente, casi la mitad de los extranjeros que residen en los Estados Unidos, después de más de 5 años de residencia, todavía no hablan inglés; en el caso de los hispanos, el grupo más numeroso, más de dos tercios apenas lo chapurrean. Véase Brimelow, Alien Nation, pp. 88-89. El nivel de su preparación intelectual está sensiblemente por debajo de la media americana (op. cit., p. 56). Cada vez hay más evidencias de que la tasa de criminalidad de la población inmigrante supera sistemáticamente la de la población nacida en los Estados Unidos.

[250] La discusión de David Ricardo se encuentra en Principios de Economía política y de tributación. Trad. e intr. Valentín A. Álvarez. Madrid, Aguilar, 1955, cap. 7. La defensa más brillante del libre comercio y la ofensiva intelectual de más alcance contra cualquier forma de proteccionismo de todo el siglo XIX se halla en Frédéric Bastiat, Economic Sophisms. Irvington-on-Hudson, N.Y., Foundation for Economic Education, 1975 [en español: Sofismas económicos. Trad. Roberto Robert. Madrid, Imp. Manuel Galiano, 1859]. Del mismo, Selected Essays on Political Economy. Irvington-on-Hudson, N.Y., Foundation for Economic Education, 1975. Para una aproximación moderna, intelectualmente rigurosa y teorética del librecambio véase L. von Mises, La acción humana, cap. 8, espec. pp. 191 sq. La crítica de Patrick J. Buchanan al librecambio se encuentra en The Great Betrayal: How American Sovereignty and Social Justice are Sacrificed to the Gods of the Global Economy. Boston, Little & Brown, 1998. Para que no se piense que el proteccionismo se circunscribe a los círculos periodísticos o políticos, véase David S. Landes, The Wealth and Poverty of Nations, espec. pp. 265 sq., 452 sq. y 521 sq. Según Landes, desde una óptica similar a la de Buchanan, la doctrina del libre comercio es una «religión» (p. 452) y partidarios suyos como William Stanley Jevons son «verdaderos creyentes» (p. 532). El autor cita las palabras de Jevons (de 1883): «La libertad para comerciar puede considerarse como un axioma fundamental de la Economía política... Podemos dar la bienvenida a las investigaciones de buena fe sobre el estado del comercio y las causas de la depresión actual, pero, igual que la Sociedad Matemática no espera refutar los axiomas de Euclides en el curso de una investigación sobre un problema complejo, tampoco nosotros no podemos pretender que nuestras opiniones sobre el libre comercio sean alteradas por esos estudios» (p. 453). Aunque obviamente no aprueba el argumento de Jevons, Landes (lo mismo que Buchanan) ni siquiera se preocupa de proporcionar algo parecido a una refutación.

[251] M.N. Rothbard ha desarrollado la reductio ad absurdum de la tesis proteccionista: «Supongamos que Juan tiene una finca, “la finca de Juan”, y que Pedro trabaja para él. Imbuido en las ideas proarancelarias, Juan exhorta a Pedro para que le compre sus productos. “Deja tu dinero aquí”, “que no te exploten los productores de otras fincas con su mercancías más baratas” y otras máximas parecidas se convierten en la consigna de los dos hombres. Para cerciorarse de que su objetivo se cumple, Juan grava con un arancel del 1.000% las importaciones de todos los bienes y servicios del “extranjero”, es decir, de fuera de su finca. Juan y Pedro ven como su tiempo de ocio (“problema de desempleo”) desaparece, pues trabajan de sol a sol para intentar producir todos los bienes que desean. Pero muchos de ellos resultan absolutamente inalcanzables; otros, tal vez, los conseguirán tras siglos de esfuerzo. Ciertamente, están recogiendo los frutos de la promesa proteccionista: “autosuficiencia”, si bien la “suficiencia” se reduce a la supervivencia y no a una existencia con un confortable nivel de vida. Con el dinero que se “quedó en casa” pueden pagarse uno a otro salarios (y precios) nominalmente elevados, pero en realidad percibirán que el valor real de sus salarios, en términos de bienes, ha caído en picado». Power and Market, p. 48.

[252] Véase M.N. Rothbard, The Dangerous Nonsense of Protectionism. Auburn, Ala., Ludwig von Mises Institute, 1988. Apunta Rothbard que los partidarios del «comercio justo» nunca explican por qué los salarios son más altos en los Estados Unidos que en México o Taiwán. «Si el salario norteamericano es el doble del taiwanés, ello es debido a que el trabajador americano está altamente capitalizado, está provisto de más y mejores instrumentos y es, como promedio, dos veces más productivo. En cierto modo, supongo que no es “justo” para el trabajador americano producir más que el taiwanés, no por sus cualificación personal, sino por los inversores y ahorradores que le han provisto con mejores herramientas. Pero un salario no sólo se determina por la cualificación personal, sino por la relativa escasez, y en los Estados Unidos el trabajador es, con respecto al capital, un recurso más escaso que en Taiwán... Dicho de otra manera, el hecho de que el salario americano medio sea unas dos veces superior al taiwanés no quiere decir que el trabajo sea más caro en los Estados Unidos. El trabajo americano es dos veces más productivo, lo que significa que el doble salario americano está compensado por una doble productividad, con lo que el coste del trabajo por unidad de producto en los Estados Unidos y Taiwán tiende, como promedio, a ser el mismo. Una de las más grandes falacias proteccionistas es confundir el precio del trabajo (salario) con su coste, que también depende de su productividad relativa... Así pues, el problema al que se enfrentan los empresarios americanos no es realmente la “mano de obra barata” de Taiwán, pues la “carestía del trabajo” en los Estados Unidos es precisamente el resultado de la concurrencia de los empresarios por el factor (escaso) trabajo. El problema de las menos eficientes industrias textiles o automovilísticas americanas no es tanto el trabajo barato en Taiwán o Japón, sino el hecho de que otras industrias americanas son suficientemente eficientes para conseguir la mano de obra en razón de los mejores salarios ofrecidos... Así, imponiendo aranceles y cuotas proteccionistas para conservar o socorrer a las empresas textiles, automovilistas o de microchips menos eficientes de los Estados Unidos, los proteccionistas no sólo están perjudicando al consumidor americano. También están lesionando los intereses de las empresas eficientes, a las que se impedirá emplear los recursos que ahora están bloqueados en las empresas no competitivas y que, de otro modo, podrían expandir el mercado y las ventas de sus eficientes productos, dentro y fuera de los Estados Unidos» (pp. 6-7). Véase también Henry Hazlitt, La economía en una lección. Trad. Marciano Villanueva Salas. Madrid, Unión Editorial, 1996, cap. 11.

[253] Sobre esto véase William H. Greenleaf, The British Political Tradition. 3 vols. Londres, Methuen, 1983-87, espec. vol. 1: The Rise of Collectivism. También Albert V. Dicey, Lectures on the Relation Between Law and Public Opinion During the Nineteenth Century.

[254] M.N. Rothbard, «Origins of the Welfare State in America», en Journal of Libertarian Studies, 12, n.º 12, 1996. Robert Higgs, Crisis and Leviathan. Nueva York, Oxford University Press, 1978. Ronald Radosh y Murray N. Rothbard (eds.), A New History of Leviathan. James Weinstein, The Corporate Ideal in the Liberal State. Boston, Beacon Press, 1968. Arthur A. Ekirch, The Decline of American Liberalism. Nueva York, Atheneum, 1967. Gabriel Kolko, Railroads and Regulation. Princeton, N.J., Princeton University Press, 1965. Del mismo, The Triumph of Conservatism. Nueva York, Free Press, 1963.

[255] Sobre esto L. von Mises, Nation, State, and Economy, espec. pp. 56 sq. Rothbard, Power and Market, pp. 52 sq.

[256] Para enfocar estos asuntos adecuadamente se podrían añadir con provecho algunos comentarios sobre el panorama del librecambismo y el asistencialismo en esas regiones. Estas observaciones se refieren en particular a la situación de los Estados Unidos, pero también pueden aplicarse a Europa. El librecambio significa renunciar a los aranceles y cuotas a la importación, a los subsidios a la exportación de bienes o cualquier otra forma de promoción de la misma. El librecambio no necesita ningún tipo de acuerdos bilaterales o multilaterales. Mientras que las políticas librecambistas pueden desarrollarse instantánea y unilateralmente, los acuerdos de comercio interestatales, con independencia de cómo se les denomine, nunca serán otra cosa que indicadores de las restricciones al comercio internacional. A esta luz, la situación de los Estados Unidos tiene que verse con tintes sombríos. Sobre esto James Gwartney, Robert Lawson y Walter Block, Economic Freedom of the World 1975-1995. Vancouver, Fraser Institute, 1996, pp. 35 sq., 299, 302. Un sistema laberíntico de aranceles y reglamentaciones restringe la libre importación de miles de bienes extranjeros, desde materias primas a productos agrícolas, maquinaria y productos de alta tecnología. Al mismo tiempo, el gobierno mantiene un vasto sistema de ayudas a la exportación, desde los simples subsidios para la exportación y las transferencias a terceros países para que adquieran ciertos productos norteamericanos, hasta la generosa financiación de las inversiones americanas en el extranjero y la exhibición u ocultación de la presión y la amenaza militares. Por otro lado, con el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (ALCAN-NAFTA), un documento de unas 2.400 páginas (¡cuando las prescripciones del libre comercio se pueden resumir en dos frases!), el gobierno norteamericano, en colaboración con los gobiernos de Canadá y México, acaba de adoptar otro laberinto de reglamentaciones y restricciones al comercio internacional. El ALCAN implica, en efecto, una armonización hacia arriba de la fiscalidad y otras reglamentaciones para todo el subcontinente norteamericano (muy parecidas a las que la Unión Europea establece para sus miembros). Idénticos reparos pueden oponerse a la nueva Organización Mundial de Comercio, creada como consecuencia de la todavía reciente «Ronda Uruguay» del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). Sobre esto The Nafta Reader: Free-Market Critiques of the North American «Free Trade» Agreement. Auburn, Ala., Ludwig von Mises Institute, 1993. También The WTO Reader: Free Market Critiques of the World Trade Organization. Auburn, Ala., Ludwig von Mises Institute, 1994. Pero todavía es más chocante la situación de la asistencia social en los Estados Unidos (y, así mismo, en Europa occidental). La situación no es homogénea en todo el país. En California, por ejemplo, hay más asistencia social estatal que en Alabama, lo que explica la existencia de una significativa migración asistencial interior dentro de los Estados Unidos. Baste decir que, a pesar de todo, la asistencia social, incluyendo las numerosas prestaciones de todo tipo, monetarias y en especie —vales de comida, ayudas médicas, ayuda a los niños dependientes, educación pública, etc.—, puede fácilmente alcanzar los 20.000 dólares anuales de presupuesto neto familiar, incluso los 40.000.

[257] Esa posición ha sido defendida reiteradamente por los editoriales del extraordinariamente influyente The Wall Street Journal, dirigido por el neoconservador Robert Bartley. Véase, a título de ejemplo, la edición del 3 de julio de 1990, en la que se proponía una enmienda constitucional: «No habrá fronteras». También han pedido que se abran las fronteras Stephen Moore, del Cato Institute, Donald Boudreaux, del Foundation for Economic Education, y Jacob Hornberger del Future of Freedom Foundation. Aunque estas personas e instituciones se remiten al magisterio de Julian L. Simon, este, en realidad, no defiende una política de fronteras abiertas. Véase su libro The Economic Consequences of Inmigration. Cambridge, Mass., Blackwell, 1987, p. 309. Simon recomienda, más modestamente, «ampliar las cuotas de inmigrantes con incrementos significativos sucesivos—quizás medio punto porcentual, o incluso uno, sobre el total de la población en cada grupo— para controlar las consecuencias negativas inesperadas» (op. cit., p 348, también p. 310). Pero lo decisivo es que Simon aconseja rechazar a los potenciales inmigrantes que se convertirán en una «carga asistencial» (p. 319). Recomienda la discriminación positiva de los «inmigrantes instruidos» y quienes puedan demostrar un dominio del inglés (p. 327); sugiere también que se de «prioridad a los solicitantes con recursos económicos» suficientes para realizar «inversiones directas» en el país de acogida (p. 328), pero sobre todo es partidario de que se «venda a los mejores postores el derecho a inmigrar a los Estados Unidos» (pp. 329, 335). En su último artículo publicado se apartó todavía un poco más de la tesis de las fronteras abiertas. Véase Julian L. Simon, «Are there Grounds for Limiting Immigration?», en Journal of Libertarian Studies, 13, n.º 2, 1998.

[258] Dos prácticos ejemplos pueden dar idea de la magnitud potencial de este problema. (1) Según los estudios realizados a principios de los 90 en la antigua Unión Soviética, más del 30% de la población, es decir, casi 100 millones de personas, expresaron el deseo de emigrar. (2) Durante los años 90 los Estados Unidos celebraban un sorteo anual de la «diversidad», ofreciendo visados a personas originaria de «países con una baja proporción de inmigrantes en los Estados Unidos». El sorteo de 1997 atrajo a 3,4 millones de solicitantes para 50.000 visados disponibles.

[259] Walter Block ha aventurado una tesis singular: «A Libertarian Case for Free Immigration», en Journal of Libertarian Studies, 13, n.º 2, 1998. Block, que no niega las consecuencias previsibles de una «política de fronteras abiertas», escribe: «supongamos que la inmigración sin restricciones está a la orden del día, manteniéndose, al mismo tiempo, los salarios mínimos, los sindicatos, la asistencia social y un código penal benevolente con los criminales. En ese caso, bien podría afirmarse que el país receptor estará sometido al aumento del crimen, del asistencialismo y del desempleo. Una política de puertas abiertas no implica libertad económica, sino integración forzosa con la hez del mundo con suficiente dinero para alcanzar nuestras costas» (p. 179). Sin embargo, Block termina defendiendo una política de puertas abiertas, sin tener en cuenta las previsibles consecuencias; a ello obligarían los principios de la filosofía política libertaria. Dadas las innegables credenciales de Block como eminente teórico contemporáneo del libertarismo, vale la pena explicar donde se extravía su argumento y por qué el libertarismo no necesita una política de ese tipo. Su favorable actitud hacia la inmigración se basa en una analogía: «Tomemos el ejemplo del mendigo en la biblioteca. ¿Qué debemos hacer con él, si es que hay que hacer algo? Si se trata de una biblioteca privada... la ley debería permitir al dueño de la misma, a discreción, expulsar por la fuerza a esa persona... ¿Qué sucede en una biblioteca pública?... Como tales, [esas bibliotecas] son muy semejantes a un bien público. Cualquier ocupante tiente tanto derecho al mismo como el que más. Si estuviésemos en una situación de guerra revolucionaria, el primer ocupante podría apoderarse de ella. No siendo así y teniendo en cuenta los supuestos de una “guerra justa”, cualquier interferencia razonable en la propiedad pública estaría legitimada... Cualquier persona desaseada podría “apestar” la biblioteca con su olor corporal, dejar basuras alrededor suyo o bien “liberar” algunos libros, pero no podría enterrar minas en el local para hacer saltar por los aires a los usuarios inocentes de la biblioteca» (pp. 180-81). El error fundamental de este argumento, según el cual todo el mundo, inmigrantes y mendigos nacionales incluidos, tiene el mismo derecho a la propiedad pública, es precisamente la afirmación de que la propiedad pública «es semejante a un bien sin propietario». En realidad, existe una gran diferencia entre los bienes sin propietario y la propiedad pública. Esta última es poseída de facto por los contribuyentes, pues ellos la han financiado. Por tanto, deben considerarse como sus legítimos propietarios según los impuestos que cada uno ha pagado. Ni los mendigos, que presumiblemente no habrán pagado impuestos, ni los extranjeros, que con certeza no habrán tributado nunca allí, tienen derecho alguno sobre la propiedad pública. Más sobre este asunto en cap. 6 supra, especialmente su post-scriptum.

[260] Repárese en que, incluso si se excluyese a los inmigrantes de toda asistencia con cargo a impuestos y del «derecho» al voto, todavía se beneficiarían de la «protección» y cobertura de las vigentes leyes de acción afirmativa antidiscriminatoria, las cuales impiden que los residentes sean excluidos «arbitrariamente» del empleo, la vivienda y cualquier otra dádiva «pública».

[261] Para un brillante tratamiento literario de la «libre» inmigración véase Jean Raspail, El campamento de los santos. El fin del hombre blanco ante la invasión del mundo subdesarrollado. Trad. Manuel Vázquez y Jesús Lainz. Barcelona, Asociación Cultural Editorial Ojeda, 2003.

[262] Sobre la teoría del anarco-capitalismo véanse, de M.N. Rothbard, La ética de la libertad y For A New Liberty. H.-H. Hoppe, The Economics and Ethics of Private Property. Boston, Kluwer, 1993. David Friedman, The Machinery of Freedom: Guide to Radical Capitalism. La Salle, Ill., Open Court, 1989. Morris y Linda Tannehill, The Market for Liberty. Anthony de Jasay, Against Politics: On Government, Anarchy, and Order. Londres, Routledge, 1997.

[263] «Si cualquier porción de tierra de un país tuviese un dueño —persona, grupo o corporación—, ningún inmigrante podría penetrar en ella a no ser que alguien le invitase a entrar o pudiese comprar o alquilar una propiedad. Un país totalmente privatizado sería un país cerrado si así lo decidieran sus habitantes y propietarios. Parece claro entonces que el régimen de fronteras abiertas que existe de facto en los Estados Unidos es, en rigor, una apertura coactiva impuesta por el Gobierno federal, el “Estado” que dispone de las calles y los espacios públicos, y que por tanto no refleja los deseos de los propietarios... Con una privatización total se platearían adecuadamente muchos conflictos locales y problemas de externalidades —no sólo la cuestión de la inmigración—. Si los alrededores de las ciudades y barrios fuesen propiedad de empresas privadas, corporaciones o comunidades contractuales, reinaría una verdadera diversidad, según las preferencias de cada comunidad. Algunos vecindarios serían étnica o económicamente diversos, mientras que otros serían más bien homogéneos. Algunas localidades permitirían la pornografía, la prostitución, las drogas o el aborto, mientras que otras prohibirían todas o algunas de esas prácticas. La prohibición no sería una imposición estatal, sino simplemente la condición para poder residir allí o utilizar el terreno de una persona o de la comunidad. Aunque los estatistas, que tienen la manía de querer imponer sus valores a los demás, se sentirían decepcionados, la gente tendría por lo menos la satisfacción de vivir en barrios de personas que comparten los mismos valores y preferencias. Los barrios de propiedad privada no son ninguna panacea para resolver conflictos, tampoco aseguran la realización de la utopía; ofrecen empero la mejor solución en “segunda instancia” para las aspiraciones vitales de la mayoría». Así se explica Rothbard en «Nations by Consent: Decomposing the Nation-State», en Journal of Libertarian Studies, 11, n.º 1, 1994, p. 7.

[264] Del mismo modo, el socialismo somete al control gubernamental todo movimiento migratorio interior. Véase Victor Zaslavsky y Yuri Lury, «The Passport System in the URSS and Changes in the Soviet Union», en Soviet Union, 8, n.º 2, 1979.

[265] Sobre esto: H.-H. Hoppe, A Theory of Socialism and Capitalism, cap. 3. Del mismo: «Desocialization in a United Germany», en Review of Austrian Economics, 5, n.º 2, 1991; «The Economic and Political Rationale for European Secessionism», en David Gordon (ed.), Secession, State and Liberty.

[266] En el entorno legal actual, en donde a los propietarios se les prohíbe ejercitar cualquier tipo de acción discriminatoria, la mera presencia en el país de trabajadores extranjeros alimenta la tendencia a la integración forzosa. Sobre la base de un contrato de trabajo en vigor, esos trabajadores pueden utilizar los tribunales para conseguir vivienda, escolarización y cualquier otra ventaja «pública». Para salvar este problema, los empleadores tendrán que ofrecer a sus trabajadores no sólo vivienda y empleo, sino también otras cosas como asistencia médica, formación o diversión, es decir, todos los atractivos de una ciudad industrial. Para una discusión sobre la tan denostadas ciudades industriales véase James B. Allen, The Company Town in the American West. Norman, Oklahoma University Press, 1966.

[267] Véase también sobre esto infra cap. 10, § 6, y Spencer H. MacCallum, The Art of Community. Menlo Park, Calif., Institute for Humane Studies, 1970.

[268] L. von Mises, La acción humana, pp. 192-3.

[269] Véase Jonathan Bennet, Rationality: An Essay Toward an Analysis. Londres, Routledge and Kegan, 1964.

[270] L. von Mises, La acción humana, p. 203.

[271] Op. cit., p. 174.

[272] Pocas veces se ha recalcado con más rotundidad que Mises la importancia del conocimiento y la racionalidad para la aparición y mantenimiento de una sociedad. «Se puede admitir, escribe Mises, que para el hombre primitivo era innata la propensión a matar y a destruir, así como el amor a la crueldad. También, a efectos didácticos, se puede aceptar que, durante las primeras edades, las tendencias agresivas y homicidas abogaran a favor de la conservación de la vida. Hubo un tiempo en que el hombre fue una bestia brutal... Ahora bien, no debe olvidarse que físicamente el hombre era un animal débil, de tal suerte que no habría podido vencer a las fieras carniceras, de no haber contado con un arma peculiar, con la razón. El que el hombre sea un ser racional, que no cede fatalmente a toda apetencia, que ordena su conducta con racional deliberación, desde un punto de vista zoológico no puede estimarse antinatural. Conducta racional significa que el hombre, ante la imposibilidad de satisfacer todos sus impulsos, deseos y apetencias, renuncia a los que considera menos urgentes. Para no perturbar el mecanismo de la cooperación social, el individuo ha de abstenerse de dar satisfacción a aquellas apetencias que impedirían la aparición de las instituciones sociales. Esa renuncia, indudablemente, duele. Pero es que el hombre está eligiendo. Prefiere dejar insatisfechos ciertos deseos incompatibles con la vida social, para satisfacer otros que únicamente, o al menos sólo de modo más perfecto, pueden ser atendidos bajo el signo de la división del trabajo... Dicha elección ni es irrevocable ni definitiva. La decisión adoptada por los padres no prejuzga cuál será la de los hijos. Éstos pueden libremente preferir otra. A diario se pueden trastrocar las escalas valorativas y preferir la barbarie a la civilización o, como dicen algunos, anteponer el alma a la inteligencia, los mitos a la razón y la violencia a la paz. Pero es necesario optar. No se puede disfrutar a un tiempo de cosas incompatibles entre si». La acción humana, pp. 205-06. Véase también Joseph Salerno, «Ludwig von Mises as Social Rationalist», en Review of Austrian Economics, 4, 1990.

[273] «En el marco de la cooperación social pueden surgir entre los distintos miembros de la sociedad sentimientos de simpatía y amistad y una como sensación de común pertenencia. Tal disposición espiritual viene a ser manantial de placenteras y hasta sublimes experiencias humanas, constituyendo dichos sentimientos precioso aderezo de la vida, que elevan la especie animal hombre a la auténtica condición humana. Pero, contrariamente a lo que algunos suponen, no fueron tales sensaciones las que produjeron las relaciones sociales, sino que más bien son fruto de la propia cooperación social en la que únicamente pueden prosperar; no preceden al establecimiento de las relaciones sociales ni son la fuente de la que estas brotan». L. von Mises, op. cit., p. 174. Además, «la mutua atracción sexual del macho y la hembra es inherente a la naturaleza animal del hombre y para nada depende de teorías ni razonamientos. Se la puede calificar de originaria, vegetativa, instintiva o misteriosa... Sin embargo, ni la cohabitación ni cuanto la precede o la sigue genera ni cooperación social ni ningún sistema de vida social. También los animales se unen al aparearse y, sin embargo, no han desarrollado relaciones sociales. La vida familiar no es meramente un producto de convivencia sexual. No es, en modo alguno, ni natural ni necesario que los padres y los hijos convivan como lo hacen en el marco familiar. La relación sexual no desemboca, necesariamente, en un orden familiar. La familia humana es fruto del pensar, del planear y del actuar. Es esto, precisamente, lo que la distingue de aquellas asociaciones zoológicas que per analogiam denominamos familias animales». L. von Mises, op. cit., p. 201.

[274] Sobre la significación de la raza y la etnia y, especialmente, sobre la «similitud y disimilitud genéticas» como origen de la atracción y la repulsión mutuas, véase J. Philippe Rushton, Race, Evolution, and Behavior. Del mismo: «Gene Culture, Co-Evolution and Genetic Similarity Theory: Implications for Ideology, Ethnic Nepotism, and Geopolitics», en Politics and the Life Sciences, 4, 1986; «Genetic Similarity, Human Altruism, and Group Selection», en Behavioral and Brain Sciences, 12, 1989; «Genetic Similarity in Male Friendships», Ethology and Sociobiology, 10, 1989. Pueden verse también, de Michael Levin, Why Race Matters. Y «Why Race Matters: A Preview», en Journal of Libertarian Studies, 12, n.º 2, 1996.

[275] Véase M.N. Rothbard, «Freedom, Inequality, Primitivism, and the Division of Labor», en Egalitarianism as a Revolt Against Nature and Other Essays. Auburn, Ala., Ludwig von Mises Institute, 2000.

[276] Véase Wilhelm Mühlmann, Rassen, Ethnien, Kulturen. Moderne Ethnologie, pp. 93-97. En general, dejando a un lado los estratos superiores de las clases mercantiles, el mestizaje pacífico ha estado tradicionalmente limitado a los miembros de la clase alta, por ejemplo, nobles y aristócratas. Así pues, las familias racial o étnicamente menos puras son característicamente las estirpes regias más importantes.

[277] Por ejemplo, Fernand Braudel ha ofrecido la siguiente descripción del complejo patrón de separación espacial e integración funcional y la correspondiente multiplicidad de jurisdicciones competidoras e independientes desarrolladas en los grandes centros comerciales como Antioquia durante el apogeo de la civilización islámica, entre los siglos octavo y duodécimo: en el centro de la ciudad «la Gran Mezquita, donde hay sermón semanal... Cerca de ella está el bazar, es decir, el barrio de los comerciantes con sus calles llenas de tiendas (suq) y sus almacenes de mercancías, los baños públicos... Los artesanos están dispuestos de manera concéntrica a partir de la Gran Mezquita: en primer lugar, los fabricantes y los comerciantes de perfumes de incienso; después, las tiendas de telas y mantas, las joyerías, los comercios de alimentos, finalmente, los oficios menos nobles: curtidores, zapateros, herreros, olleros, jaeceros, tintoreros... Cuando se llega hasta ellos se han alcanzado ya los límites de la ciudad. Estos emplazamiento corporativos se fijan, al principio, de una vez para siempre. En principio, también, el barrio del Príncipe (el Maghzen) está situado fuera de la ciudad, al amparo de las revueltas y de las sorpresas populares. Al lado de él, bajo su protección, el barrio judío, el mellah, A este mosaico hay que añadir la gran diversidad de los barrios residenciales, divididos según sus etnias y sus religiones (en Antioquía había 45 barrios). “La ciudad es un agregado de ciudades que viven todas en el terror de una matanza”. Por lo tanto, no fue la colonización occidental la que creó la segregación racial, aunque de hecho tampoco la haya suprimido». Las civilizaciones actuales. Estudio de historia económica y social. Trad. J. Gómez Mendoza y Gonzalo Anes. Madrid, Taurus, 1978, p. 67.

[278] Véase Otto Brunner, Sozialgeschichte Europas im Mittelalter. Gótinga, Vandenhoeck und Ruprecht, 1984, cap. 8. Henri Pirenne, Las ciudades de la Edad media. Madrid, Alianza Editorial, 1981. Charles Tilly y Wim P. Blockmans (eds.), Cities and the Rise of States in Europe, 1000-1800. Boulder, Colo., Westview Press, 1994. Boudewijn Bouckaert, «Between the Market and the State: The World of Medieval Cities», en Values and the Social Order, tomo III de la obra: Gerhard Radnitzky (ed.), Voluntary versus Coercive Orders. Aldershot, U.K., Avebury, 1997. Por cierto que los denostadísimos guetos judíos, característicos de las ciudades europeas durante la Edad Media, no indicaban el inferior estatuto de los judíos, tampoco la discriminación antijudía. Al contrario, en el gueto los judíos gozaban de un completo autogobierno y la ley rabínica era aplicada. Véase Guido Kisch, The Jews in Medieval Germany. Chicago, University of Chicago Press, 1942. También E. von Kuehnelt-Leddihn, «Hebrews and Christians», en Rothbard-Rockwell Report, 9, n.º 4, abril de 1998.

[279] Para un análisis sociológico del estadio predemocrático del desarrollo de las Ciudades-Estado, caracterizado por un gobierno aristocrático-patricio basado en los conflictos que dividen a las familias (clanes) rivales: Max Weber, La ciudad. Trad. Julia Varela y Fernando Álvarez-Uría y pról. Luis Martín Santos. Madrid, La Piqueta, 1987, cap. 3. Véase también nota 16 infra.

[280] Este juicio sobre la forma de gobierno típicamente democrática republicana en las grandes ciudades comerciales, no debe entenderse como una mera proposición empirohistórica. En efecto, históricamente la formación de gobiernos ha sido anterior al desarrollo de los centros comerciales. La mayoría de gobiernos han sido monarquías o principados y cuando las ciudades comerciales empezaron a desarrollarse, el poder de los reyes y príncipes se extendió sobre esas nuevas áreas urbanas. En realidad, la afirmación que nos ocupa debería interpretarse como una proposición sociológica, relativa a la imposibilidad del origen endógeno de un gobierno monárquico sobre los centros comerciales de poblaciones mestizas, es decir, como una respuesta a una cuestión esencialmente hipotética y contrafáctica. Sobre esto, Max Weber, Soziologie, Weltgeschichtliche Analysen, Politik. Stuttgart, Kroener, 1964, pp. 41-42. Weber señala que los reyes y los nobles, incluso si residían en ciudades, no eran, sin embargo, de la ciudad. Los centros de su poder quedaron fuera de las ciudades, en el campo, y su control sobre los grandes centros comerciales era muy débil. Por ello, los primeros experimentos con las formas de gobierno democráticas republicanas tuvieron lugar característicamente en las ciudades que se independizaron de entornos predominantemente monárquicos y rurales.

[281] Sobre la competición eliminatoria y la inherente tendencia estatal hacia la centralización y expansión territoriales —hasta llegar a establecer, en última instancia, un gobierno mundial—, véanse supra, cap. 5, e infra, caps. 11 y 12.

[282] Véase Helmut Schoeck, Envy: A Theory of Social Behavior. Rothbard, Egalitarianism as a Revolt Against Nature and Other Essays, espec. cap. 16.

[283] Un estudio sociológico del segundo estadio —democrático o «plebeyo»— del desarrollo del gobierno de la ciudad, erigido sobre las clases y los «conflictos de clases» que lo atraviesan (que sustituyen a los conflictos familiares y entre clanes propios del estadio del gobierno patricio), en Max Weber, La ciudad, cap. 4. Al contrario que el gobierno patricio de la ciudad, el plebeyo, como observa Weber con gran estilo, se caracteriza por «una mutación en la concepción de la naturaleza del derecho... Los comienzos de la legislación fueron coetáneos a la eliminación de la dominación patricia. La ley adopta en sus inicios todavía la forma de una carta carismática (aesymnetes), pero luego, la Iglesia y la administración secular de la justicia aplicada a las leyes o, en Roma, a las instrucciones de los magistrados, provocaron la creación de un nuevo derecho a través de un flujo legislativo incesante. En Atenas, por último, todos lo años se consultaba al pueblo acerca de si las leyes existentes debían de mantenerse o ser cambiadas; se partía pues, en principio, de que el derecho existente era una creación artificial, que debía de seguir siéndolo y que se fundaba en el consentimiento de aquellos a quienes se aplicaba», p. 132. Del mismo modo, en las Ciudades-Estado europeas de la Edad Media «el proceso que condujo al dominio del popolo tuvo consecuencias análogas: redacción de una multitud de derechos municipales, codificación de actos judiciales y de derecho civil y, correlativamente, un auténtico desbordamiento de reglamentos de todo tipo y una gran abundancia de funcionarios», p. 134. Al mismo tiempo que cambiaba el concepto de ley apareció un tipo de conducta política diferente. «Esta justicia política, su sistema oficial de espionaje y de denuncia anónima, su apresurado procedimiento de inquisición contra los magnates y la reducción de la prueba (en función de su “notoriedad”), constituyen la réplica democrática del procedimiento veneciano del Consejo de los Diez. Actuaba de hecho, de forma mucho más radical: excluía de los cargos a las familias de caballeros; obligaba a la burguesía a portarse debidamente; consideraba a toda familia noble responsable de cada uno de sus miembros; instituía leyes penales específicas contra los delitos políticos de los magnates, en particular, contra las ofensas de un noble a un miembro del popolo; prohibía la adquisición de un inmueble colindante con otro de un miembro del popolo si este no lo consentía... Hasta los cargos del popolo estaban casi siempre ocupados por nobles puesto que, formalmente, familias nobles podían ser registradas en las listas de los popolani», pp. 121-22.

[284] Sobre esta tendencia: Edward C. Banfield, The Unheavenly City Revisited.

[285] M.N. Rothbard, Egalitarianism as a Revolt Against Nature and Other Essays, cap. 8. Michael Levin, Feminism and Liberty. New Brunswick, N.J., Transaction Publishers, 1987.

[286] Véase Robert Nisbet, Prejudices : A Philosophical Dictionary. Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1982, pp. 1-8, 110-17.

[287] Sobre esto M.N. Rothbard, Egalitarianism as a Revolt Against Nature and Other Essays, cap. 7.

[288] Allan C. Carlson, «What Has Government done to Our Families?», en Essays in Political Economy. Bryce J. Christensen, «The Family vs. the State», en Essays in Political Economy.

[289] Puede verse Edward C. Banfield, «Present-Orientedness and Crime», en Randy E. Barnett y John Hagel (eds.), Assessing the Criminal. David Walters, «Crime in the Welfare State», en Robert J. Bidinotto (ed.), Criminal Justice?: The Legal System vs. Individual Responsibility. También James Q. Wilson, Thinking About Crime. Nueva York, Vintage Books, 1985.

[290] Seymour W. Itzkoff, The Decline of Intelligence in America. Del mismo, The Road to Equality: Evolution and Social Reality.

[291] Ello no quiere decir que nunca se emplee en este sentido. De hecho, Michael Oakeshott constituye un notable ejemplo de conservador que se aproxima mucho a la definición que aquí rechazamos. Para Oakeshott, el conservadurismo «no es un credo ni una doctrina, sino una actitud... [Se trata] más bien de una propensión a contar con lo que se tiene que a desear o esperar otras cosas; gozarse en el presente y no en lo que fue o será... Preferir lo que ya ha sido probado a lo que todavía no se ha experimentado, la realidad a las ilusiones, lo actual a lo posible, lo limitado a lo indeterminado, lo próximo a lo distante, lo suficiente a lo superabundante, lo conveniente a lo perfecto, las alegrías terrenales a los éxtasis utópicos». «On Being Conservative», en Rationalism in Politics and other Essays. Indianapolis, Ind., Liberty Fund, 1991, pp. 407-08.

[292] Véase Robert Nisbet, «Conservatism», en Tom Bottomore y Robert Nisbet (eds.), A History of Sociological Analysis. Nueva York, Basic Books, 1978. También su libro Conservadurismo. Trad. Diana Goldberg Mayo. Madrid, Alianza Editorial, 1995. «Naturalmente, los conservadores, en su interés por la tradición, no respaldaban todas y cada una de las ideas o cosa transmitidas desde el pasado. La filosofía del tradicionalismo es, como todas las filosofías, selectiva. Una tradición beneficiosa debe provenir del pasado, pero también debe ser deseable en si misma». Conservadurismo, p. 46. «La autoridad, al igual que la propiedad, es uno de los dos conceptos centrales de la filosofía conservadora. Esto no desplaza a la libertad como un valor conservador». Op. cit., p. 57. «La propiedad es algo más que un apéndice externo del hombre, un mero sirviente inanimado de la necesidad humana. Es, sobre todas las cosas en la civilización, la condición misma de la humanidad del hombre, de su superioridad sobre el mundo natural entero». Op. cit., p. 84. «Gran parte de la veneración conservadora por la familia estriba en la afinidad histórica entre familia y propiedad. Generalmente la norma de toda familia es buscar cuantas ventajas sean posibles para sus hijos y el resto de sus miembros... No hay ningún tema sobre el cual los conservadores hayan atacado a los liberales y socialistas tan tenazmente como en el de las amenazas legales que debilitan el control familiar de la propiedad, a través de los impuestos o de cualquier otra forma de redistribución». Op. cit., pp. 78-79. «Casi todo el derecho medieval de la familia y el matrimonio, incluyendo el riguroso énfasis sobre la castidad de la mujer y la terrible penalización que podía ser ejercida por adulterio de la esposa, surge de una reverencia casi absoluta a la propiedad, a la legítima herencia de la propiedad». Op. cit., p. 85. Igualmente, el énfasis conservador en la autoridad y las jerarquía sociales, así como su afinidad con la Europa medieval (anterior a la Reforma), en la que ve un modelo de organización social, está basado en la primacía de la familia y la propiedad. «No hay ningún principio más fundamental en la filosofía conservadora, que el de la incompatibilidad inherente y absoluta entre libertad e igualdad. Dicha incompatibilidad surge de los objetivos contradictorios de ambos valores. El objetivo constante de la libertad es la protección de la propiedad individual y familiar, palabra usada en su sentido más amplio para incluir en la vida tanto lo inmaterial como lo material. Por otro lado, el objetivo inherente de la igualdad consiste en cierto tipo de redistribución o nivelación de la desigualdad en la participación de los valores materiales e inmateriales de una comunidad. Más aún, todos los esfuerzos para compensar a través de la ley y del gobierno la diferencia innata de facultades mentales y corporales del individuo, sólo puede lesionar las libertades de los afectados, especialmente los más brillantes y capacitados». Op. cit., p. 72. Para el conservador, por tanto, la preservación de la propiedad y la libertad necesita de la existencia de una elite natural o aristocracia, en rigor contraria a la democracia. En efecto, Nisbet señala que «para la mayoría de los conservadores el socialismo se presentaba como un desarrollo casi necesario de la democracia y el totalitarismo como un producto casi igualmente necesario de la socialdemocracia». Op. cit., p. 131. Sobre la incompatibilidad entre libertad e igualdad (y democracia) véase también E. von Kuehnelt-Leddihn, Libertad o igualdad. Sobre el énfasis que el conservador pone en la nobilitas naturalis como un prerrequisito de la libertad: W. Röpke, Más allá de la oferta y la demanda, cap. 3.3, pp. 160-68.

[293] Sobre el conservadurismo norteamericano contemporáneo véanse especialmente Paul Gottfried, The Conservative Movement. Ed. revisada. Nueva York, Twayne Publishers, 1993. George H. Nash, La rebelión conservadora en Estados Unidos. Trad. Mirta Rosenberg. Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 1987. Justin Raimondo, Reclaiming the American Right: The Legacy of the Conservative Movement. Burlingame, Calif., Center for Libertarian Studies, 1993. Véase por lo demás infra cap. 11. La esencia estatista del neoconservadurismo norteamericano se resume perfectamente en esta afirmación de uno de sus campeones intelectuales, el antiguo trotskysta Irving Kristol: «El principio básico de un Estado de bienestar conservador es sencillo: cuando ello sea posible, hay que permitir que la gente conserve su dinero —evitando tener que transferirlo (vía impuestos estatales)— a condición de que le de ciertos usos preestablecidos». I. Kristol, Two Cheers for Capitalism. Nueva York, Basic Books, 1978, p. 119 (la cursiva es nuestra). Es básicamente la misma tesis que defienden los socialdemócratas (postmarxistas) europeos. En 1959, el Partido Socialdemócrata Alemán (SPD) adoptó como motto del Programa de su congreso de Bad Godesberg el lema «Tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario». Otra rama del conservadurismo norteamericano, algo más antigua pero hoy casi asimilada a la corriente predominante, está representada por el nuevo conservadurismo promovido, después de la II Guerra Mundial, por William Buckley y su National Review, con el apoyo de la CIA. Mientras que el conservadurismo norteamericano clásico (anterior a la II Guerra Mundial) se caracterizó por su decidido aislacionismo (no intervencionismo en política exterior), la cifra del nuevo conservadurismo de Buckley ha sido una política exterior rabiosamente militarista e intervencionista. En un artículo titulado «A Young Republican’s View», publicado en Commomwealth (25 de enero de 1952) tres años antes del lanzamiento de su National Review, Buckley resumía así el que más tarde sería nuevo credo conservador: a la luz de la amenaza representada por la Unión Soviética, «nosotros, [los nuevos conservadores], tenemos que aceptar un Gobierno fuerte (Big Government) mientras esta situación se prolongue —pues no podríamos librar una guerra, ni ofensiva ni defensiva... si no dispusiéramos de nuestra propia burocracia totalitaria—». Los conservadores, según Buckley, estaban obligados a promover la «vasta legislación fiscal que se necesita para mantener una contundente política exterior anticomunista», así como «grandes ejércitos, fuerzas aéreas, energía atómica, inteligencia estratégica, industrias militares y la necesaria centralización del poder en Washington». No es extraño que después del colapso de la Unión Soviética a finales del los años 80, nada sustancial haya cambiado en esta filosofía. La única diferencia es que hoy las dos familias conservadoras justifican la defensa del Estado bélico-asistencialista americano con nuevos enemigos y peligros extranjeros: China, el fundamentalismo islámico, Saddam Hussein, los «Estados delincuentes» o la amenaza del «terrorismo planetario». A propósito del nuevo conservadurismo de Buckley, ha podido señalar Robert Nisbet que «de todas las atribuciones equivocadas de la palabra “conservador”... la más divertida, a la luz de la historia, seguramente es la aplicación de “conservador” a la última mención [a los entusiastas de la expansión presupuestaria partidarios del incremento de los gastos militares]. Porque en Estados Unidos a lo largo del siglo XX, incluyendo cuatro guerras importantes en el exterior, los conservadores han sido constantemente los portavoces de presupuestos militares no inflacionarios, y del énfasis en el comercio mundial en vez del nacionalismo norteamericano. En las dos Guerras mundiales, en Corea y en Vietnam, los líderes de la entrada en la guerra de Estados Unidos fueron liberales progresistas (liberal-progresives) renombrados como Woodrow Wilson, Franklin Roosevelt, Harry Truman y John F. Kennedy. En los cuatro episodios, los conservadores, tanto en el gobierno nacional como en posiciones inferiores, eran en gran medida hostiles a la intervención; de hecho eran aislacionistas». R. Nisbet, Conservadurismo, p. 145. A propósito de Ronald Reagan, bajo cuya administración se fundieron y amalgamaron las dos ramas conservadoras, Nisbet ha destacado que su «pasión por las cruzadas, morales y militares, es muy rara en el conservadurismo americano». R. Nisbet, op. cit., p. 146.

[294] Véase Patrick J. Buchanan, Right from the Beginning. Washington, D.C., Regnery Gateway, 1990. Del mismo, The Great Betrayal.

[295] Buchanan y sus aliados intelectuales pretenden abolir el control del gobierno federal sobre la educación y devolver su control a los Estados o, mejor todavía, a los gobiernos locales. Sin embargo, los neoconservadores y casi todos los líderes de la denominada Derecha Cristiana y la «mayoría moral» simplemente aspiran (apartándose desgraciadamente de un punto de vista genuinamente conservador) a remover a la elite izquierdista de sus cargos en la administración educativa nacional y sustituirla por otra elite, es decir, ellos mismos. «Precepto conservador de Burke en adelante —apunta Nisbet críticamente— y, desde Augusto Comte, principio sociológico, es que la forma más segura de debilitar la familia, o cualquier grupo social vital, consiste en que el gobierno asuma, y después monopolice, las funciones históricas de la misma». R. Nisbet, Conservadurismo, p. 146. Al contrario, la mayor parte de la derecha americana contemporánea «se interesa menos por las inmunidades burkeanas del poder gubernamental que en poner un máximo de poder gubernamental en manos de quienes se puede confiar. Lo que se estima es el control del poder, no su disminución». R. Nisbet, op. cit., p. 147. «Desde el punto de vista tradicional de los conservadores es una impertinencia usar la familia —tal como hacen regularmente los cruzados evangelistas— como justificación de sus incansables cruzadas para suprimir categóricamente el aborto, acudir al Departamento de justicia cada vez que se abandone a un niño, dictar por medio de la constitución la imposición de rezos “voluntarios” en las escuelas públicas, y así sucesivamente». R. Nisbet, op. cit., p. 146.

[296] Samuel T. Francis, «From Household to Nation: The Middle American populism of Pat Buchanan», en Chronicles, marzo de 1996, pp. 12-16. Véanse también sus libros: Beautiful Losers: Essays on the Failure of American Conservatism. Columbia, University of Missouri Press, 1993. Revolution from the Middle. Raleigh, N.C., Middle American Press, 1997.

[297] S.T. Francis, «From Household to Nation», loc. cit., pp. 12-16.

[298] L. von Mises, La acción humana, p. 81. «El poder embriaga lo mismo al príncipe que a la democrática mayoría —escribe Mises, anticipando la conclusión—. Aunque sea a regañadientes, todo el mundo ha de someterse a las inexorables leyes de la naturaleza. Sin embargo, los gobernantes no piensan lo mismo de las leyes económicas. Porque, ¿acaso no legislan como le place? ¿No disponen de poder bastante para aplastar a cualquier oponente? El belicoso autócrata se humilla sólo ante una fuerza militar superior a la suya. Siempre hay, además, plumas serviles dispuestas a justificar la acción estatal formulando doctrinas ad usum Delphini. De economía histórica suelen calificarse esos arbitrarios escritos». La acción humana, p. 80.

[299] Sobre los efectos contraproducentes de las políticas intervencionistas véase L. von Mises, Crítica del intervencionismo.

[300] Allan C. Carlson, Family Questions: Reflections on the American Social Crisis. Del mismo: The Swedish Experiment in Family Politics. From Cottage to Work Station: The Family’s Search for Social Harmony in the Industrial Age. San Francisco, Ignatius Press, 1993. Charles Murray, Losing Ground.

[301] L. von Mises, El socialismo, pp. 493-94.

[302] Véase M.N. Rothbard, The Dangerous Nonsense of Protectionism. Auburn, Ala., Ludwig von Mises Institute, 1988. También supra cap. 8.

[303] Escribe Nisbet: «Desde el punto de vista conservador, la abolición de los cuerpos sociales intermedios presagia, de un lado, la generación de una masa atomizada de individuos y de otro, formas del poder político cada vez más centralizadas». «Conservatism», en History of Sociological Analysis, p. 100. Como el mismo autor explica en otro lugar, durante la Edad Media, el poder «aparecía diluido, no porque estuviese distribuido entre varias manos, sino porque se derivaba de fuentes diversas. Existían las libertades de la Iglesia, basadas en un Derecho superior al del Príncipe; la Ley natural, grabada en el corazón de los hombres y que no podía ser borrada por los decretos regios; y también las prescripciones de la costumbre feudal o local inmemoriales, que se hacían patentes en una variedad de jurisdicciones, impidiendo que operase una única voluntad». R. Nisbet, Community and Power, p. 110. Por contra, «el Estado moderno es monista; su autoridad se extiende directamente sobre todos los individuos dentro de su jurisdicción. Las llamadas inmunidades diplomáticas no son sino la última manifestación de un vasto complejo de inmunidades que en otra época fue el reflejo de la poliarquía social. El Estado se organiza por razones administrativas en provincias, departamentos, o distritos, lo mismo que el ejército se divide en regimientos y batallones. Tanto uno como otro se basan en una unidad de poder residual... La extraordinaria unidad de relaciones concentrada en el Estado contemporáneo y la masiva acumulación de funciones, hace del control de esta institución la meta (recompensa) más importante de las actuales luchas por el poder. Los objetivos de los grupos de interés económico y de otro tipo dejan de ser la preservación de sus inmunidades, interesándose de modo creciente por la toma del poder». R. Nisbet, Op. ult. cit., p. 103.

[304] Sobre el papel desempeñado en ello por la educación pública puede verse M.N. Rothbard, Education, Free and Compulsory: The Individual’s Education. Wichita, Kans., Center for Independent Education, 1972.

[305] Sobre la historia del movimiento libertario puede verse Nash, The Conservative Intellectual Movement in America. Nueva York, Basic Books, 1976. Gottfried, The Conservative Movement. Raimondo, Reclaiming the American Right. Un interesante balance de los primeros estadios de este movimiento, viste desde dentro, en Jerome Tuccille, It Usually Begins with Ayn Rand. San Francisco, Fox and Wilkes, 1997.

[306] Véase Rothbard, La ética de la libertad; For A New Liberty; Power and Market; Man, Economy, and State; Historia del pensamiento económico.

[307] Véase Rothbard, La ética de la libertad. H.-H. Hoppe, The Economics and Ethics of Private Property. Aquí se han adelantado, en resumen, dos argumentos básicos a favor del libertarismo. El primero, perfilado por Rothbard, es un argumentum a contrario. Si, en contra del principio de la apropiación original, una persona (A) no fuese considerada el propietario de su cuerpo, que notoria y demostrablemente le pertenece —lo que se puede verificar intersubjetivamente—, así como de los lugares que ocupó antes que cualquier otro individuo, utilizando su propio cuerpo, nos veríamos forzosamente en una de estas dos situaciones: bien cualquier persona recién llegada (B) tiene derecho a que se le reconozca la propiedad sobre el cuerpo de A y los lugares que ocupó, bien A y B se convierten en copropietarios de todos los cuerpos y lugares. (La tercera alternativa concebible, en la que nadie sería propietario, puede descartarse por imposible. Como quiera que la acción requiere de un cuerpo y de un espacio físico y que no podemos no actuar, aceptar esta alternativa implicaría la repentina extinción de la humanidad). En el primer supuesto, A se convertiría en un esclavo de B, sometido a su explotación. B sería el dueño del cuerpo y del espacio de A, pero éste no podría apropiarse del cuerpo y del espacio de B. Con esta regla aparecen dos clases de personas totalmente distintas: los esclavos o Untermenschen como A y los señores o Übermenschen como B, a quienes se aplican «leyes» diferentes. Ahora bien, aunque un ordenamiento de este tipo es posible, hay que descartarlo de entrada como ética humana, aplicable equitativa y universalmente a cualquier individuo qua ser humano (animal racional), pues de esto último depende la condición verdaderamente «jurídica» de una norma. Semejantes preceptos no cumplen manifiestamente las exigencias universalizadoras. Por otro lado, aunque parece que estos requisitos pueden verificarse para el segundo supuesto, el de copropiedad universal e igual, esta alternativa se resiente de otra deficiencia, más grave incluso, pues si toda la humanidad lo adoptase perecería también inmediatamente, pues la acción de cada persona depende del empleo de recursos escasos (como mínimo de su cuerpo y del espacio que lo sustenta). Si todos los bienes estuviesen en mano común universal, a nadie que no obtuviese el previo consentimiento de los demás le estaría permitido actuar. Sin embargo, ¿cómo puede asegurarse una persona ese consentimiento si resulta que no es el único propietario de su cuerpo, incluidas las cuerdas vocales, medio de expresión de su voluntad. En efecto, esta persona necesitaría el consentimiento previo de los demás para poder expresarse, pero tampoco estos podrían expresar su aprobación sin haberla obtenido, a su vez, antes... Así pues, sólo queda la primera alternativa —el principio de la apropiación originaria—, que cumple con los requisitos de la universalización y de la posibilidad praxeológica. El segundo argumento, desarrollado por mi como un teorema de imposibilidad, conduce a la misma conclusión. El teorema se deriva de la reconstrucción lógica de las condiciones de posibilidad —Bedingungen der Möglichkeit— de los problemas éticos y de la definición y exacta delimitación del objeto de la ética. En primer lugar, los problemas éticos presuponen la existencia de algún conflicto (o al menos su posibilidad) entre actores autónomos; los conflictos, a su vez, se plantean a propósito de los medios escasos o bienes «económicos». No hay conflicto con respecto a bienes superabundantes o «libres», como el aire que respiramos en circunstancias normales, ni a propósito de los bienes escasos pero no susceptibles de ocupación, como el sol o las nubes, es decir, las condiciones de la acción humana, que no sus medios. El conflicto tiene que ver con la «apropiabilidad» de los medios (una porción de tierra, un árbol o una cueva situados en una relación espacio-temporal única con respecto al sol o a las nubes de lluvia). La tarea de la ética consiste en proponer las normas que ordenen el uso de los medios escasos, distinguiendo entre usos «justos» e «injustos». Es decir, la ética tiene que ver con la asignación de los derechos de control exclusivo sobre bienes escasos (derechos de propiedad), para excluir el conflicto. El conflicto, sin embargo, no basta para determinar los problemas éticos, pues también podemos enfrentarnos a los gorilas o a los mosquitos sin que de ahí se siga un problema ético. Los gorilas y los mosquitos tan sólo nos plantean un problema técnico. Debemos aprender a manejar y controlar los movimientos de gorilas y mosquitos, lo mismo que hacemos, por lo demás, con los objetos inanimados de nuestro entorno. Únicamente cuando las dos partes de un conflicto son capaces de un intercambio de proposiciones (argumentación), puede hablarse de un problema ético. Volviendo al ejemplo anterior, sólo si los gorilas o los mosquitos fuesen capaces de interrumpir su conflictivo proceder y expresar un «sí» o un «no» (presentar un argumento), les deberíamos una respuesta. El teorema de imposibilidad se deduce de esta proposición y de la elucidación, en primer lugar, de su estatuto axiomático. Nadie puede negar, sin caer en contradicciones performativas, que la racionalidad común, que se manifiesta en la aptitud para implicarse en intercambios proposicionales, constituye una condición necesaria de los problemas éticos, pues finalmente esa negativa tendría que presentarse en forma de una proposición. Ni siquiera un relativista ético que admita la existencia de cuestiones éticas, pero que niegue la existencia de soluciones válidas, puede negar la validez de esta proposición (argumentación a priori). En segundo lugar, el teorema de la imposibilidad se deriva de que todo aquello que argumentativamente deba presuponerse, no puede ser argumentativamente discutido sin quedar atrapados en una contradicción performativa. Este tipo de contradicciones no son sólo lógicas, como las leyes de la lógica proposicional (por ejemplo, la ley de la identidad), sino también praxeológicas. La argumentación no es sólo un repertorio de proposiciones indeterminadas, sino que implica también, como mínimo, dos argumentadores, un proponente y un oponente. En este sentido, la argumentación es una subcategoría de la acción humana. En tercer lugar, se pone de manifiesto que el reconocimiento mutuo del principio de la apropiación original, tanto por el proponente como por el oponente, constituye el presupuesto praxeológico de la argumentación. Nadie formularía una proposición esperando convencer al oponente de su validez, ni negaría una proposición previa, ofreciendo a continuación un argumento alternativo, a no ser que estuviesen presupuestos y asumidos de antemano la validez del derecho, tanto suyo como de su oponente, al control exclusivo sobre el «propio» cuerpo originariamente adquirido (cerebro, cuerdas vocales, etc.). Por último, si el reconocimiento del principio de la apropiación originaria constituye el presupuesto praxeológico de la argumentación, resulta imposible aportar una proposición justificativa de cualquier otro principio ético sin incurrir en contradicciones performativas.

[308] Véase Russel Kirk, The Conservative Mind. Chicago, Regnery, 1953. Del mismo: A Program for Conservatives. Chicago, Regnery, 1955.

[309] Sobre el pensamiento Rothbard puede verse Llewellyn H. Rockwell, Jr. (ed.), Murray N. Rothbard: In Memoriam. Auburn, Ala., Ludwig von Mises Institute, 1995. Particularmente la contribución de Joseph T. Salerno. Sobre Mises: M.N. Rothbard, Ludwig von Mises: Scholar, Creator, Hero. Auburn, Ala., Ludwig von Mises Institute, 1988. Jeffrey A. Tucker an Llewellyn H. Rockwell, Jr., «The Cultural Thought of Ludwig von Mises», en Journal of Libertarian Studies, 10, n.º 1, 1991. Sobre Rand: Tuccille, It Usually Begins with Ayn Rand. M.N. Rothbard, The Sociology of the Ayn Rand Cult. Burlingame, Calif., Center for Libertarian Studies, 1990. Sobre el randismo véase Barbara Branden, The Passion of Ayn Rand. Garcen City, N.Y., Doubleday, 1968.

[310] Sobre las relaciones entre el conservadurismo (tradicionalista) y el libertarismo (racionalista) puede seguirse la polémica entre Ralph Raico y M. Stanton Evans: Raico, «The Fusionists on Liberalism and Tradition», en New Individualist Review, 3, n.º 3, 1964; Evans, «Raico on Liberalism and Religion», en New Individualist Review, 4, n.º 2, 1966; Raico, «Reply to Mr. Evans», ibíd. Así mismo, George W. Carey (ed.), Freedom and Virtue: The Conservative-Libertarian Debate. Lanhman, Md., University Press of America, 1984.

[311] Aunque a sus protagonistas les pareciera, a la larga, un error, la alianza entre el bisoño movimiento libertario y la Nueva izquierda a finales de los 60 tenía una doble razón de ser. Por un lado, a mediados de la década de 1960, el conservadurismo americano estaba casi totalmente copado por William Buckley y su National Review. Al contrario que el conservadurismo (aislacionista) antiintervencionista de la vieja derecha, el «nuevo conservadurismo» de Buckley y la National Review, claramente representado por el candidato presidencial republicano de 1964, Barry Goldwater, era un movimiento ardientemente favorable a la guerra, promilitarista e incluso imperialista. Desde este punto de vista, cualquier fórmula de alianza entre libertarios y conservadores era sencillamente imposible. Por otro lado, la Nueva izquierda, surgida hacia 1965, parecía mucho más libertaria que los conservadores en los aspectos esenciales. Según Rothbard, por dos motivos: «(1.º) la creciente oposición [de la Nueva izquierda] a la Guerra del Vietnam, al imperialismo de los Estados Unidos y el alistamiento —los asuntos más importantes del periodo—, frente al apoyo conservador de estas políticas; y (2.º) el giro de la Nueva izquierda hacia posiciones semianarquistas como consecuencia de la abjuración de la socialdemocracia y del periclitado estatismo de la izquierda, lo que les opuso de plano al Estado benefactor-militarista heredado de las políticas del New Deal o Estado enfeudado (Corporate State) y al burocrático sistema universitario controlado por el Estado». Casi una década más tarde, Rothbard reconoció un doble error estratégico en el antiguo intento de forjar una alianza entre libertarios y Nueva izquierda: «(a) la grave sobrestimación de la estabilidad emocional y de los conocimientos de economía de aquellos libertarios poco experimentados y, corolario de ello, (b) la grave subestimación de la debilidad y aislamiento de los cuadros libertarios, de la inexistencia de un verdadero movimiento libertario, de las consecuencias que acarrearía la entrega de los jóvenes a la alianza con un grupo más nutrido y poderoso [, a saber... la defección de muchos de ellos y su paso a las filas del izquierdismo radical, sindicalista y anarcomaoísta]». Toward a Strategy of Libertarian Social Change. Manuscrito inédito, 1977, pp. 159 y 160-61.

[312] M.N. Rothbard ha ofrecido el siguiente retrato del «libertario modelo» (LM): «el LM es, en efecto, un él... El LM estaba entonces en la veintena, ahora es un cuarentón. Ello no es tan banal o benigno como parece, pues quiere decir que el movimiento no ha crecido realmente en veinte años... El LM es ocurrente y está bien empapado de la teoría libertaria. Sin embargo, no tiene ni idea —tampoco, por lo demás, le preocupa— de historia o cultura, de la situación política o de los asuntos internacionales. Su cultura libresca proviene del género de ciencia ficción... Desgraciadamente, el LM no odia al Estado por ser el único instrumento social de la agresión institucionalizada contra la persona y la propiedad. El LM, más bien, es un rebelde adolescente que se enfrenta a todo lo que le rodea: primero a sus padres, después a su familia y finalmente a la misma sociedad, pasando por sus vecinos. Se opone a toda institucionalización de la autoridad social y cultural, especialmente a la burguesía —clase de la que proceden—, a las normas y convenciones burguesas y a las iglesias. Para el LM, el Estado no es pues el único problema, sino el más visible y odioso de todas las instituciones burguesas: de ahí el gusto con que el LM lucen el lema “Desconfío de la Autoridad”... De ahí también la fanática hostilidad del LM hacia el cristianismo. Me parece que este ateísmo militante ha sido un efecto del randismo, de donde vinieron hace dos décadas la mayoría de libertarios contemporáneo. Pero el LM no es necesariamente ateo, pues si alguien en una reunión libertaria dice que es una bruja o un devoto del Poder del cristal u otras tonterías de la New Age será tratado con gran tolerancia y respeto. Únicamente se rechaza a los cristianos y la razón de esta diferencia de trato nada tiene que ver con el ateísmo, sino con el desprecio y el desdén por la cultura burguesa americana. Para el LM cualquier majadería cultural es un tirón de orejas a esa odiada burguesía... La atracción original del LM por el randismo tiene que ver con su rebelión adolescente: qué mejor modo de racionalizar y sistematizar el repudio a los padres, la familia y los vecinos que apuntarse a una secta que denuncia la religión y pregona la absoluta superioridad de cada cual y de los líderes de la misma, frente a las gentes monótonas que supuestamente pueblan el mundo burgués. Esta secta, por lo demás, es una llamada a desdeñar el parentesco familiar y las relaciones burguesas y, así mismo, a cultivar la supuesta grandeza del ego individual (convenientemente dirigido, faltaría más, por el liderazgo randiano)... El LM, en el caso de que tenga una profesión, tal vez contable o abogado, suele ser un contable sin trabajo o un abogado sin experiencia forense. La ocupación típica del LM es programador informático... De hecho, los ordenadores satisfacen las inclinaciones científicas y teóricas del LM, pero también su gusto por el nomadismo y por carecer de un trabajo o un domicilio normales... El LM tiene la mirada perdida del fanático. A la primera oportunidad, puede abordar a cualquiera y exponerle con gran parsimonia algún “gran descubrimiento” personal, detallado en un denso manuscrito que ya hubiese sido publicado de no haberlo impedido los poderes fácticos... Pero por encima de todo, el LM es un holgazán, un artista estrafalario y, en muchos casos, un maleante declarado. “Tu casa es mi casa” resume su actitud ante los demás libertarios... En suma, incluso si no llega a articular conscientemente esta “filosofía”, los LM son libertarios comunistas, que esperan que cualquier propietario comparta lo suyo con los otros miembros de la extensa “familia” libertaria». «Why Paleo?», en Rothbard-Rockwell Report, 1, n.º 2, mayo de 1990, pp. 4-5. También de Rothbard, «Diversity, Death, and Reason». Rothbard-Rockwell Report, 2, n.º 5, mayo de 1991.

[313] En particular, los libertarios de izquierda (LI) se emplean en el gobierno federal y en sus tribunales para aplastar al Estado discriminador y presuntamente antilibertario y sus leyes y regulaciones locales. Pero, a pesar de su intención, favorecen el antilibertario objetivo de fortalecer el Estado central. Así pues, los LI suelen ser partidarios de Lincoln y del gobierno unionista, pues su victoria sobre la confederación secesionista trajo la abolición de la esclavitud. No reconocen, empero, que esa forma de alcanzar el ideal libertario abolicionista acarreó un drástico incremento del poder del gobierno (central) federal; tampoco entienden que la victoria de la Unión en la Guerra de independencia del Sur, episodio de la historia americana profundamente antiliberal, ha sido uno de los grandes hitos en el desarrollo del Leviatán federal contemporáneo. Aunque los LI critican las actuales políticas de «acción afirmativa» (régimen de cuotas y otras), no se oponen a la legislación de los llamados derechos civiles, cuyos efectos prácticos resultan absolutamente incompatibles con el supuesto angular de la filosofía política libertaria, a saber: los derechos de propiedad privada. A los LI les preocupan mucho más los «derechos civiles», particularmente el «derecho» de los homosexuales y los cultivadores de otros modos de vida alternativos a no ser discriminados en el empleo ni en el acceso a la vivienda. Según esto, son partidarios de la decisión del Tribunal supremo en el caso Brown vs. Board of Education, que prohíbe la segregación, y del líder protosocialista de los «derechos civiles» Martin Luther King. Ciertamente, los LI reconocen la categórica diferencia entre la propiedad privada y la llamada propiedad pública; admiten también, al menos en teoría, que los propietarios privados deberían tener el derecho a establecer las discriminaciones que estimen oportunas con respecto a lo que es suyo. Pero el interés igualitarista de los LI por la sublime y vaga idea de la «progresiva extensión de la dignidad» (en vez de los derechos de propiedad) a las «mujeres y a la gente de diferentes religiones y razas» [David Boaz, Libertarianism: A Primer. Nueva York, Free Press, 1997, p. 16 —la cursiva es nuestra—], les hace equivocarse y aceptar el principio de la «no discriminación», aunque su aplicación se limitase a la propiedad pública y al sector politizado de la economía. (Esto explica la defensa que los LI hacen de una política de inmigración «libre» y no discriminadora). En teoría, los LI cometen el error de considerar que el dominio público es, bien una «tierra» sin dueño, abierta a una apropiación universal sin restricciones (cuando de hecho toda la propiedad pública ha sido financiada por los contribuyentes), bien una propiedad «comunal» abierta a todos los ciudadanos nacionales en igualdad de condiciones (mas no todos han pagado los mismos impuestos, particularmente la gente cuyos salarios y subsidios proceden de los impuestos, que en realidad no son gravados). Peor todavía: al aceptar la aplicación del principio de no discriminación sobre el dominio público, los LI fomentan la ulterior hipertrofia del poder estatal y la disminución de los derechos de la propiedad privada. En el mundo estatificado actual, la línea divisoria entre lo público y lo privado se ha hecho cada vez más borrosa. Las propiedades de los particulares están contorneados por calles de titularidad pública; no hay empresa que no venda alguno de sus productos a alguna agencia gubernamental o atraviese con ellos las fronteras estatales; organizaciones y firmas privadas sin cuento (las universidades privadas, por ejemplo), reciben regularmente la financiación del gobierno. Desde la perspectiva de los agentes estatales apenas si queda algo que sea genuinamente «privado» y que no esté en manos del gobierno. Teniendo en cuenta el embrollo general del Estado y la propiedad pública con la empresa y la propiedad privadas, y dado el exclusivo poder de negociación (coacción) del Estado, puede aventurarse con seguridad que la política de «no discriminación» no será durante mucho tiempo un mero principio aplicable únicamente a las políticas públicas, sino que se generalizará hasta convertirse en un principio universal que se aplicará a cualquier cosa o persona, pública y privada. Es significativo que los LI sean partidarios del bono escolar de Milton Friedman, siendo también ajenos, a lo que parece, a las consecuencias que tendría implantar ese bono, a saber: la expansión del poder del gobierno sobre las escuelas públicas y privadas, y la destrucción los últimos reductos de autonomía que todavía mantienen estas últimas. Ejemplos representativos del pensamiento libertario de izquierdas en Clint Bolick, Grassroots Tyranny: The Limits of Federalism. Washington, D.C., Cato Institute, 1993; del mismo, The Affirmative Action Fraud: Can We Restore the American Civil Rights Vision? Washington, D.C., Cato Institute, 1996. David Boaz, Libertarianism: A Primer. Una refutación de Bolick y Boaz desde la perspectiva de la derecha libertaria o «paleolibertaria» en M.N. Rothbard, «The Big Government Libertarians: The Anti-Left-Libertarian Manifesto», en Rothbard-Rockwell Report, 4, n.º 2, diciembre de 1993; también de Rothbard, «Big Government Libertarians», en Rothbard-Rockwell Report, 5, n.º 11, noviembre de 1994. Finalmente, tiene algún interés la reseña de Jeffrey A. Tucker al libro de Boaz en Journal of Libertarian Studies, 13, n.º 1, 1997.

[314] «Todo propietario, señala Rothbard, debería tener el derecho absoluto de disponer, vender o arrendar sus propiedades a quien él elija, lo que significa que estaría facultado para “discriminar” a quien se le antoje, sin más limitaciones que las previstas en su título. Si el propietario de una fábrica, queriendo contratar a albinos con seis pies, no los encontrara, tendría todo el derecho a seguir buscándolos, incluso si se arruinara por ello... Si el propietario de un complejo de apartamentos deseara alquilarlos sólo a suecos sin hijos, debería poder hacerlo. Etc. Proscribir este tipo de discriminaciones, así como los acuerdos restrictivos en que se sustentan, ha sido el pecado original del que se siguieron el resto de males. Admitido el principio, todo lo demás vino dado, como al día le sigue la noche... Pues si se considera legítimo proscribir la discriminación de un particular contra los negros, también será justo entonces que el gobierno decida sobre cada discriminación en particular, pudiendo imponer legítimamente los criterios generales de aprobación o desaprobación... Así pues, ¿cómo se puede remediar la situación?... Lo que hay que hacer es oponerse frontalmente a los “derechos civiles” y a la legislación antidiscriminadora; en el ínterin, procediendo de otro modo pero en estrecha relación con el objetivo anterior, hay que intentar también privatizar, en grado máximo, la mayor porción posible de las propiedades públicas. «Marshall, Civil Rights, and the Court», en Rothbard-Rockwell Report, 2, n.º 8, agosto de 1991, pp. 4-6.

[315] Para evitar cualquier malentendido, podría ser de utilidad resaltar que el previsible riesgo de discriminación en un mundo verdaderamente libertario no implicaría que la forma y alcance de la discriminación fuesen idénticos o muy parecidos en todos los sitios. Al contrario, un mundo libertario presentaría, muy probablemente, una gran variedad de comunidades espacialmente separadas y basadas en modelos discriminatorios muy diferentes. Según M.N. Rothbard, «en una país, o en un mundo, en el que sólo exista la propiedad privada, lo que incluye las calles, y en el que los vecindarios estén constituidos contractualmente por propietarios privados, estos pueden concertar el contrato de vecindad que deseen. En la práctica, el país sería, ciertamente, un “maravilloso mosaico”... [que agruparía desde] los barrios ruidosos del tipo Greenwich Village, hasta los homogéneos barrios WASP, socialmente conservadores. Téngase en cuenta que todos los contratos y pactos serían absolutamente legales y ejecutables, permaneciendo libres de toda interferencia restrictiva del gobierno. Tomemos el ejemplo de las drogas. Si los propietarios de un vecindario pactaron que no se permitiría en la comunidad el uso de drogas y, sin embargo, Juan viola el acuerdo y las toma, las otras partes del contrato de vecindad (el resto de propietarios) no tendrían más que ejecutar el contrato y proceder a expulsarle. O bien, dado que ningún contrato puede prever todas las contingencias, supongamos que Pérez se hizo personalmente tan repugnante que sus vecinos decidieran expulsarle; en ese caso, tendrían que comprarle su propiedad —probablemente en los términos preestablecidos por algún tipo de cláusula de «repugnancia»—. «The New Fusionism: A Movement For Our Time», en Rothbard-Rockwell Report, 2, n.º 1, enero de 1991, pp. 9-10. No obstante la variedad de políticas discriminatorias ejecutadas por las comunidades de propietarios, según se argumentará a continuación, la autopreservación de cada una de ellas exige que se reconozcan y apliquen ciertas limitaciones, estrictas e inflexibles, con respecto a la tolerancia interna. Es decir, ninguna comunidad de propietarios puede ser tan «tolerante» y «no discriminadora» como pretenden los libertarios izquierdistas.

[316] Véase especialmente L. von Mises, La acción humana, cap. 9. Joseph T. Salerno, «Ludwig von Mises as Social Rationalist», en Review of Austrian Economics, 3, 1990.

[317] Sobre esto Spencer H. MacCallum, The Art of Community. Según McCallum, «en la medida en que la propiedad sea plural, los intereses de cada propietario chocarán con los de los demás y con el interés común ante cualquier proposición que afecte desigualmente al valor de los terrenos. Aunque para evitar este tipo de medidas habría que acabar con la planificación y coordinación de los usos del suelo y, en última instancia, con todo valor del suelo... La situación se ve agravada por la ausencia de un efectivo liderazgo para arbitrar los conflictos o sacar el mejor partido de una mala situación. Se necesita a alguien no identificado con ningún interés especial de la comunidad, sino preocupado por la buena marcha de esta última como un todo» (p. 57). «La propiedad sobre la tierra no puede trasladarse a un entorno más favorable para su uso. Su valor como bien económico está en función de los alrededores. Un uso más intenso de la tierra depende de la reordenación y adaptación del entorno... Dado que los posible usos de un lugar dependen de los usos de la tierra circundante (en última instancia, toda acción humana, de una forma u otra, es un uso de la tierra), es fundamental para su mayor productividad que los diversos usos de la tierra estén coordinados. Rara vez puede hacerse eso efectivo en un régimen de múltiples autoridades independientes. Si esos lugares son propiedad de varias personas, estas, como propietarios, podrán o no acomodar la variedad de usos de sus propiedades a un plan general, lo que depende de numerosos factores, con frecuencia fortuitos, que afectan a la aptitud y deseos de cada cual. Todos ellos son vecinos circunstanciales, no de conveniencia» (p. 78).

[318] Para evitar malentendidos, nuestro uso del término «arrendamiento» incluye aquí la transmisión de cualesquiera facultades sobre una cosa menos el nudo dominio. Así pues, un propietario puede vender todos los derechos sobre una casa y una parcela, excepto el derecho a edificar por encima de una cierta altura o fuera de cierto patrón arquitectónico o a utilizar la tierra para usos que no sean residenciales, etc., facultades dominicales retenidas, en su caso, por el propietario-vendedor. Sobre esto Rothbard, La ética de la libertad, p. 209.

[319] «La comunidad de propietarios no pertenece exclusivamente a nuestra época y cultura —explica MacCallum—. Tiene profundas raíces en la historia humana... En cada hacienda primitiva, la tierra era generalmente administrada por el varón más viejo en la línea de sucesión patrimonial. En el caso de varios grupos de haciendas, estos podían estar administrados por un clan o linaje o por la jefatura de alguno de los grupos integrados, que por regla general solía recaer también en un viejo, perteneciente a la parentela dominante. Se trata, en palabras del antropólogo Melville Herskovits, del “patrón familiar de propiedad comunal, administrada por el jefe del pueblo en nombre de sus miembros, nativos o de adopción, y de propiedad familiar, de la cual responde el cabeza de familia”. El sistema es a veces denominado señorialismo, puesto que la autoridad distributiva se ejerce por un señor, miembro del grupo de parentesco». The Art of Community, p. 69.

[320] MacCallum, The Art of Community, pp. 63, 66, 67. Además, «una vez que las facultades dominicales están organizadas como participación en una propiedad singular, los propietarios tienen un interés común en reorganizar y gestionar el todo como una unidad del modo más productivo, incluso volver a planear el trazado fijo de las calles y de las áreas comunes. Les interesa particularmente fomentar no sólo un entorno físico óptimo, sino también un entorno social óptimo —mediante un gestor efectivo que pueda servir discretamente como promotor, pacificador y fermento de las mejores condiciones de libertad para que los ocupantes pueden perseguir sus fines respectivos—». Op. cit., p. 59.

[321] A propósito de la importancia de la exclusión para el mantenimiento social ha escrito MacCallum: «el exilio constituye el remedio natural y automático contra la morosidad y la estafa en todos los estadios históricos de las sociedades... la desposesión [ejecutada por quien hace cabeza del pueblo] supone el exilio de los individuos cuya conducta les ha hecho indeseables (exactamente igual que cuando en un centro comercial el gerente decide no renovar el arrendamiento, por incompatibilidad, a uno de los comerciantes). Sin embargo, raramente en los pueblos, si se compara con las modernas comunidades de propietarios, el control de la pertenencia sigue siendo todavía un requisito funcional de la vida comunitaria del que alguien deba ocuparse regularmente». The Art of Community, p. 70. Y añade en una nota a pie de página: «el antropólogo Raymond Firth registra una expresión del exilio entre los habitantes de Tikopia, una isla del Pacífico, que evoca en su simplicidad el pathos del poema anglosajón El viajero. Puesto que la tierra es poseída por los jefes, los exiliados no tienen más remedio que echarse al mar en una canoa —para suicidarse o vivir como extranjeros en otras islas—. Una persona desterrada se define como alguien que “no tiene un sitio en el que estar”». Op. cit., p. 77.

[322] Tiene interés Konrad Lorenz, Los ocho pecados mortales de la humanidad civilizada. Trad. M. Vázquez. Barcelona, Plaza y Janés, 1984, cap. 7. También Sigmund Freund, El malestar en la cultura. Trad. Ramón Rey Ardid. Madrid, Alianza Editorial, 1998.

[323] Véase Helmut Schelsky, Die Arbeit tun die anderen. Klassenkampf und Priesterherrschaft der Intellektuellen. Múnich, Deutscher Taschenbuch Verlag, 1977.

[324] Aquí usaremos el término liberalismo en su sentido original o clásico, según lo definió el más conspicuo de sus defensores del siglo XX, Ludwig von Mises, en su tratado Liberalismo, redactado en 1927: «Los principios del liberalismo se condensan en una sencilla palabra: propiedad; es decir, control privado de los factores de producción (pues los bienes de consumo tiene, evidentemente, que ser siempre de condición privada). Todas las restantes exigencias liberales derivan de tal fundamental presupuesto». Liberalismo, p. 37. Sin embargo, el «liberalismo» norteamericano contemporáneo tiene un sentido casi opuesto, el cual puede remontarse a John Stuart Mill y su libro de 1859 Sobre la libertad, origen del socialismo moderado (social-demócrata). Mill, como decía Mises, «[dio] pie a ese tan extendido error anglosajón de confundir liberalismo y socialismo, que, no sólo desarticuló la escuela clásica inglesa, sino que además gravemente perjudicó el nivel de vida del pueblo británico... No es posible comprender las mutaciones que el pensamiento político, en las dos últimas generaciones [¡1927!], ha registrado, sin conocer la obra de Mill. Fue este, aunque parezca mentira, el mejor patrocinador del socialismo. Elaboró con dedicación y cariño cuantos argumentos a favor del mismo cabía y cabe estructurar. Los posteriores autores socialistas —incluso un Marx, un Engels o un Lasalle— son todos, en este sentido, muy inferiores a Mill». Liberalismo, apéndice, p. 236. Para una crítica precisa y demoledora de John Stuart Mill desde la óptica liberal-libertaria, véase M.N. Rothbard, Historia del pensamiento económico, vol. 2, cap. 8.

[325] Véase Francis Fukuyama, «The End of History?», en The National Interest, 16, verano de 1989; del mismo, El fin de la historia y el último hombre. El mismo Fukuyama resume así su tesis: «[En mi artículo “¿El fin de la historia?”] argumentaba que un notable consenso respecto a la legitimidad de la democracia liberal como sistema de gobierno había surgido en el mundo, durante los años anteriores, al ir venciendo las ideologías rivales, como la monarquía hereditaria, el fascismo y, más recientemente, el comunismo. Más que este, sin embargo, argüía que la democracia liberal podía constituir “el punto final de la evolución ideológica de la humanidad”, la “forma final de gobierno”, y que como tal marcaría “el fin de la historia”. Es decir, que mientras las anteriores formas de gobierno se caracterizaron por graves defectos e irracionalidades que condujeron a su posible colapso, la democracia liberal estaba libre de estas contradicciones internas fundamentales... Esto no [significa] que el ciclo natural de nacimiento, vida y muerte [haya llegado] a su fin, ni que ya no hubieran de ocurrir acontecimientos importantes o que dejaran de publicarse los periódicos que informaban sobre ellos. Significaba, más bien, que no habría nuevos progresos en el desarrollo de los principios e instituciones subyacentes, porque todos los problemas realmente cruciales habrían sido resueltos», pp. 11 y 13. El movimiento neoconservador al que pertenece Fukuyama apareció a finales de los años 60 y principios de los 70, cuando la izquierda americana se implicó de manera creciente con la política del Black Power, la acción afirmativa, el proarabismo y la «contracultura». En oposición a estas tendencias, muchos intelectuales de la izquierda tradicional, constituida normalmente por extrotskystas, y «liberales» de la guerra fría, liderados por Irving Kristol y Norman Podhoretz, rompieron con sus antiguos aliados y se pasaron al Partido Republicano, abandonando el refugio proverbial de la izquierda política, el Partido Demócrata. Desde entonces, los neoconservadores, a pesar de su insignificancia numérica, han ejercido una indiscutible influencia en la política norteamericana, promoviendo un Estado de bienestar «moderado» («capitalismo democrático»), el «conservadurismo cultural» y los «valores familiares», y una política exterior intervencionista («activista») y sionista (proisraelí). Sus figuras más representativas son Irving Kristol y su esposa, Gertrude Himmelfarb, e hijo, William Kristol; Norman Podhoretz y su esposa, Midge Decter, hijo, John Podhoretz, y yernos, Steven Munson y Elliott Abrams; Daniel Bell, Peter Berger, Nathan Glazer, Seymour Martin Lipset, Michael Novak, Aaron Wildavsky y James Q. Wilson; periodistas y analistas políticos como David Frum, Paul Gigot, Morton Kondracke, Charles Krauthammer, Michael Lind, Joshua Muravchik, Emmet Tyrrell y Ben Wattenberg. Actualmente controlan publicaciones del estilo de National Interest, Public Interest, Commentary; también el New Republic, el American Spectator, el Weekly Standard, el Washington Post y el Wall Street Journal. Tienen una estrecha vinculación con algunas de las fundaciones más importantes (Bradley, Olin, Pew, Scaife y Smith-Richardson). Sobre este asunto puede verse con provecho P. Gottfried, The Conservative Movement. También George H. Nash, The Conservative Intellectual Movement in America.

[326] Según Fukuyama, «para gran parte del mundo, no hay actualmente ninguna ideología con pretensiones de universalidad que esté en condiciones de desafiar a la democracia liberal, ni ningún principio universal de legitimidad que no sea el de la soberanía del pueblo... Nos cuesta imaginar un mundo que sea radicalmente mejor que el nuestro, o un futuro que no sea esencialmente democrático y capitalista... No podemos imaginar un mundo que sea esencialmente distinto del nuestro y al mismo tiempo mejor... Si miramos no sólo los últimos quince años, sino todo el ámbito de la historia, vemos que la democracia liberal empieza a ocupar un lugar especial... [ello] constituye una prueba de que hay un proceso fundamental que dicta una tendencia común a la evolución de todas las sociedades humanas, es decir, algo así como una historia universal de la humanidad en marcha hacia la democracia liberal... Y si nos hallamos en un punto en que no podemos imaginar un mundo sustancialmente distinto del nuestro, en el cual no hay ninguna manera evidente de que el futuro represente una mejor fundamental respecto al orden presente, entonces hemos de tomar también en consideración la posibilidad de que la historia misma puede llegar a su fin», op. cit., pp. 82, 83, 84, 85, 88 y 89.

[327] L. von Mises, Teoría e historia, espec. parte 4.

[328] Un intento en esta dirección: L. von Mises, La mentalidad anticapitalista, incluido en el volumen Sobre liberalismo y capitalismo.

[329] Un intento en esa dirección: Seymour Itzkoff, The Decline of Intelligence in America. Itzkoff aborda en su libro la explicación de la degeneración social como consecuencia de los efectos contraeugenésicos de las políticas sociales, algo que resulta particularmente observable en los Estados Unidos.

[330] Sobre lo que sigue véase en particular M.N. Rothbard, La ética de la libertad. H.-H. Hoppe, The Economics and Ethics of Private Property.

[331] Véase también Ernst Cassirer, El mito del Estado. Trad. Eduardo Nicol. México, F.C.E., 1985, espec. caps. 8 y 13. Richard Tuck, Natural Rights: Their Origin and Development. Cambridge, Cambridge University Press, 1979. M.N. Rothbard, Historia del pensamiento económico, vol. I, espec. cap. 4. H.-H. Hoppe, «The Western State as a Paradigm: Learning from History», en Politics and Regimes. Religion and Public Life, 30, 1997.

[332] Mises caracterizó al liberalismo por su «hostilidad a los príncipes». Nation, State, and Economy, p. 33. Hay que precisar, para evitar cualquier malentendido, que juicio tan cortante lo aplica Mises únicamente a los gobernantes «absolutos» europeos de los siglos XVII y XVIII; no a los reyes y príncipes medievales, que sólo fueron primus inter pares, es decir, autoridades reconocidas voluntariamente que se atenían, como cualquier otro individuo, al Derecho natural. Sobre esto Fritz Kern, Kingship and Law in the Middle Ages.

[333] Para Cassirer «la doctrina del contrato de Estado se convierte en el siglo XVII en una axioma evidente del pensamiento político... hecho [que] representa un paso grande y decisivo. Pues todo misterio queda desvanecido en cuanto se adopta esa opinión, en cuanto el orden legal y social se reduce a actos individuales libres, a una sumisión contractual voluntaria de los gobernados. No hay nada menos misterioso que un contrato. Un contrato tiene que concertarse con plena conciencia de su significación y sus consecuencias; presupone el libre consenso de todas las partes afectadas. El Estado se convierte en un hecho perfectamente claro y comprensible en cuanto se le atribuye un origen de esta índole». E. Cassirer, El mito del Estado, p. 205.

[334] Véase L. von Mises, El liberalismo, p. 53.

[335] La posición liberal fue brillantemente resumida por el fisiócrata francés del siglo XVIII Mercier de la Rivière, en su día Intendente en la Martinica y durante un corto periodo de tiempo consejero de Catalina de Rusia, en su libro L’Ordre naturel. A juicio de aquel economista, la razón habilita al hombre para reconocer las leyes que le conducen a la felicidad; todas las desgracias sociales se siguen cuando no se tienen en cuenta esas leyes de la naturaleza humana. En la naturaleza humana, el derecho a la autopreservación implica el derecho a la propiedad; a su vez, toda propiedad individual sobre los productos obtenidos del hombre a partir de la tierra exigen la propiedad sobre esa misma tierra. Pero el derecho de propiedad carecería de sentido sin la libertad para usarlo, de modo que la libertad se deriva del derecho de propiedad. Las gentes prosperan como animales sociales y mediante el comercio y el intercambio maximizan la felicidad de todos. Véase Rothbard, Historia del pensamiento económico, vol. I, p. 412.

[336] Véase M.N. Rothbard, Power and Market, cap. 1.

[337] La teoría contractualista del Estado que aquí criticamos es la desarrollada por Thomas Hobbes en De Cive (caps. 5 a 7) y Leviathan (caps. 17 a 19). Hobbes sostenía que el vínculo legal entre el gobernante y sus súbditos, una vez establecido, se hacía indisoluble. Sin embargo, como dice Cassirer, «los escritores políticos más influyentes del siglo XVIII rechazaron las conclusiones que Hobbes proponía. Acusaron al gran lógico de incurrir en una contradicción en los términos. Si un hombre pudiera renunciar a su personalidad, dejaría de ser un ente moral. Se convertiría en una cosa inanimada; ¿cómo podría entonces contraer obligaciones? ¿Cómo podría esta cosa hacer una promesa o entrar en un contrato social? Este derecho fundamental, el derecho a la personalidad, incluye en cierto modo a todos los demás. Mantener y desenvolver esta personalidad es un derecho universal. Es algo que no está sujeto a los antojos y las veleidades de los individuos aislados, y que no puede, por lo tanto, transferirse de un individuo a otro. El contrato de gobierno, que constituye la base legal de todo poder civil, tiene por consiguiente, sus límites propios. No hay ningún pactum subjectionis, ningún acto de sumisión por el cual el hombre pueda renunciar a su condición de agente libre y esclavizarse a si mismo. Pues, con semejante acto de renuncia, el hombre perdería precisamente ese carácter que constituye su naturaleza y su esencia: perdería su humanidad». E. Cassirer, El mito del Estado, pp. 207-08.

[338] Sobre la visión lockeana del «consentimiento» véanse sus Dos ensayos sobre el Gobierno civil, libro II, § 119-21. Reconociendo que el gobierno no está basado en el consentimiento «expreso», señala que «la dificultad estriba en qué es lo que se considera un consentimiento tácito y hasta dónde llega el compromiso que se adquiere de esta manera, en el caso de que no lo haya expresado. Respecto a esto, sostengo que cualquier hombre que tenga alguna posesión o usufructo de alguna parte de los dominios de cualquier gobierno, da por ello su consentimiento tácito y está obligado a la obediencia de las leyes de ese gobierno como uno más, mientras dure el disfrute de esa propiedad. Y esto es así, tanto si se trata de una propiedad suya para siempre y para sus herederos, o si sólo está en ella por una semana, o si se trata de alguien que está viajando libremente por los caminos; y, en efecto, eso afecta a cualquiera que se encuentre dentro de los territorios de ese gobierno». Locke, op. cit., p. 290. En efecto, según Locke, una vez que el gobierno se ha constituido, su existencia es aceptada «tácitamente» por los ciudadanos desde el momento en que estos siguen viviendo en «su» territorio. Resulta indiferente, por tanto, si expresaron con antelación que aceptaban su imperio o no, y cual ha sido el proceder subsecuente del gobierno. Todo gobierno tiene, pues, el consentimiento unánime de quienes habitan en su jurisdicción y sólo la emigración —la «salida»— cuenta como un «no» y una retractación del consentimiento según Locke (§ 121). Una tentativa moderna en esta misma línea, menos convincente (si no más absurda), puede verse en James M. Buchanan y Gordon Tullock, El cálculo del consenso. También James M. Buchanan, The Limits of Liberty: Between Anarchy and Leviathan. Chicago, University of Chicago Press, 1975 [trad. española: Los límites de la libertad: entre la Anarquía y el Leviatán. México, Premiá, 1981]. Lo mismo que ya hiciera Locke, Buchanan y Tullock reconocen que ningún gobierno, en ningún lugar del mundo, está fundado en un consentimiento expreso o en algún tipo de contrato explícito. Pero no tiene importancia, nos aseguran, pues no por ello dejan los gobiernos de estar basados en el consentimiento unánime. Incluso si existen desacuerdos y personas que dicen «no» al gobierno, este detalle no podría ocultar que existe un acuerdo basal y más profundo, un consenso unánimemente compartido en el plano de la «elección constitucional» y de las decisiones verdaderamente sustantivas. Sin embargo, este acuerdo subyacente sobre las «reglas de juego», nos dicen Buchanan y Tullock, no es un acuerdo actual —de hecho, ninguna constitución ha sido nunca expresamente aceptada por todas y cada una de las personas concernidas—. Más bien, se trata de lo que ellos denominan un acuerdo «de concepto» y una unanimidad «de concepto». Al convertir un «no» real en un «si» conceptual, Buchanan y Tullock definen al Estado como una institución voluntaria, comparable a las empresas comerciales privadas: «tanto el mercado como el Estado son mecanismos a través de los cuales la cooperación se organiza y se hace posible. Los hombres cooperan a través del intercambio de bienes y servicios en mercados organizados, y tal cooperación implica beneficios recíprocos. El individuo entra en una relación de intercambio, en la cual él persigue su propio interés proporcionando algún producto o servicio que constituye un beneficio directo para el individuo que se encuentra al otro lado de la transacción. Básicamente, la acción política o colectiva desde el punto de vista individualista del Estado es bastante semejante. Dos o más individuos encuentran mutuamente ventajoso unir sus fuerzas para lograr ciertos objetivos comunes. En realidad, ellos “intercambian” inputs con la seguridad de un output comúnmente compartido». J.M. Buchanan y G. Tullock, El cálculo del consenso, p. 44. Del mismo modo, Buchanan pretende haber descubierto una justificación para el status quo, cualquiera que este sea. «Las instituciones del status quo» siempre expresan la «existencia de un contrato social implícito», «aunque nunca hubiese habido un contrato original, aunque los miembros actuales de la comunidad no se sintiesen ni moral ni éticamente obligados a adherirse a los términos en que está definido el status quo, o aunque semejante contrato... hubiese sido violado muchas veces... El status quo define lo que está vigente. Por tanto, con independencia de su historia, hay que considerarlo como si estuviese legitimado contractualmente». J.M. Buchanan, The Limits of Liberty, pp. 96, 84-85.

[339] Esta es la opinión de Rothbard: «Existe la falaz creencia, sostenida incluso por la mayoría de defensores del Laissez-faire, de que el gobierno debe suministrar “protección policial”, como si esta fuese un ente simple, una cantidad fija que el gobierno pudiera ofertar a todos... En realidad existe una gradación casi infinita de modalidades de protección. Para una persona o un negocio dados, la policía puede ofrecer cualquier cosa, desde el guardia que hace la ronda una vez cada noche, hasta los guardaespaldas personales con servicio de veinticuatro horas al día, pasando por la pareja de policías que vigilan constantemente uno o varios bloques de viviendas o los coches patrulla. Existen otras muchas decisiones que la policía debe acometer, cuya complejidad se pone de manifiesto tan pronto como descubramos lo que se oculta tras el mito de la “protección” absoluta. ¿De qué modo tendría la policía que asignar sus fondos, tratándose de fondos limitados como los de otros individuos, organizaciones y agencias? ¿Cuánto debería invertir la policía en equipos electrónicos? ¿Y en equipos de reconocimiento de huellas dactilares? ¿Seleccionaría detectives o policía uniformada?... La cuestión es que el gobierno no tiene ningún medio racional para realizar esas asignaciones. El gobierno sólo sabe que dispone de un presupuesto limitado». M.N. Rothbard, For A New Liberty, pp. 215-16.

[340] Para Rothbard, «ninguna constitución puede interpretarse o ejecutarse a si misma; tienen que interpretarla los hombres. Y si el poder último de interpretación se asigna al Tribunal supremo del propio gobierno, será inevitable que el Tribunal continúe consignando su imprimátur al poder expansivo del gobierno. Además, los tan pregonados “controles y contrapesos” y “separación de poderes” del gobierno norteamericano son de hecho endebles, pues, en último análisis, todas estas divisiones forman parte del mismo gobierno y están dirigidas por el mismo plantel de gobernantes». M.N. Rothbard, For A New Liberty, p. 48.

[341] Sobre la típica preferencia liberal por el gobierno descentralizado véase W. Röpke, Más allá de la oferta y la demanda, pp. 273 sq.

[342] Significativamente, mientras que los socialistas de todos los pelajes —marxistas ortodoxos, socialdemócratas, izquierdistas norteamericanos (liberals) y neoconservadores— apenas si se diferencian en su aceptación de la idea de un gobierno mundial, en lo que al menos son coherentes, los liberales clásicos rara vez reconocieron, si es que alguna vez lo hicieron, el hecho de que por la lógica de su propia doctrina también estaban obligados a defender un único gobierno mundial. Inconsecuentemente abrazaron la idea de un gobierno descentralizado. La consistencia teórica no es necesariamente una virtud; y si una teoría es consistente pero falsa, podríamos estar de acuerdo en que sería preferible que fuese inconsistente. Sin embargo, una teoría inconsistente nunca puede ser verdadera y al no enfrentarse a la inconsistencia de sus propias posiciones teóricas, los liberales se han desentendido de dos importantes fenómenos, desde su punto de vista «anómalos». Por un lado, si la ley y el orden necesitan un único juez y ejecutor monopolista (el gobierno), como ellos reivindican, ¿por qué la relación, digamos, entre los hombres de negocios americanos y alemanes es tan pacífica como la de los Nueva York y California, a pesar de que aquellos viven, lo unos frente a los otros, en un «estado de anarquía»? ¿Acaso no prueba esto que no es necesario el gobierno para que haya paz? Por otro lado, mientras que las relaciones entre los ciudadanos y las empresas de diferentes países no son ni más ni menos pacíficas que las mantenidos por los ciudadanos y firmas del mismo país, parece igualmente obvio que la relación de un gobierno cualquiera, digamos los Estados Unidos, con sus propios ciudadanos y con otros gobiernos (extranjeros) y sus respectivos ciudadanos, es cualquier cosa menos pacífica. En efecto, en su bien conocido libro Death by Government (New Brunswick, N.J., Transaction Publishers, 1995), Rudolph Rummel estimaba que sólo en el transcurso del siglo XX los gobiernos han sido responsables de la muerte de aproximadamente 170 millones de personas. ¿Acaso no prueba esto la falsedad de los prejuicios izquierdistas sobre la conflictividad del «estado de anarquía» y el “estatismo” como condición de la seguridad y la paz?

[343] Sobre las raíces aristocráticas del liberalismo véanse B. de Jouvenel, Sobre el poder, cap. 17, y E. von Kuehnelt-Leddihn, Libertad o igualdad.

[344] Sobre la distinción entre Derecho privado y público véase B. Leoni, La libertad y la ley. F.A. Hayek, Derecho, Legislación y Libertad, vol. 1, espec. cap. 6.

[345] La incompatibilidad entre el Derecho público y el privado ha sido expuesta sumariamente por Randy E. Barnett, «Fuller, Law, and Anarchism», en The Libertarian Forum, febrero de 1967, p. 7: «Por ejemplo, el Estado dice que los ciudadanos no pueden hacerse con la propiedad de otros por la fuerza y en contra de su voluntad. Sin embargo, eso es precisamente lo que hace «legítimamente» el Estado utilizando su poder fiscal... El Estado dice que una persona puede usar la fuerza contra un tercero sólo en defensa propia, es decir, sólo para repeler un ataque. Ir más allá del derecho a la defensa propia sería una agresión a los derechos de los demás, una violación de una obligación legal. Pero el Estado, mediante su pretendido monopolio, impone coactivamente su jurisdicción sobre personas que acaso no han actuado mal. Al proceder así agrede los derechos de sus ciudadanos, algo que a estos les está vetado por la legislación del mismo Estado». Me parece pertinente añadir a lo anterior dos observaciones: el Estado dice a sus ciudadanos «no secuestréis ni esclavicéis a otros hombres». Y sin embargo eso es lo que precisamente hace el Estado al llamar a filas a los ciudadanos. El Estado, por último, pregona: «no mates a tu prójimo». Y eso es justamente lo que hace el Estado al declarar el «estado de guerra». Véase también M.N. Rothbard, La ética de la libertad, caps. 22 y 23.

[346] Como ha notado Rothbard a este respecto, «no deja de ser curioso que casi todos los escritores repitan como papagayos que la preferencia temporal de los propietarios particulares es alta, mientras que la de los gobernantes y sus agentes es baja, lo cual les permite asignar la propiedad según conviene al “bienestar general”. La verdad es justamente lo contrario. El individuo, asegurado en su propiedad y recursos, actuará a largo plazo, pues desea mantener su valor capital. Son los gobernantes quienes operan a corto plazo, quienes saquean la propiedad mientras se prolongue su mandato». Power and Market, p. 189.

[347] Escribe Rothbard: «Si el Estado está legitimado para imponer contribuciones, ¿por qué no ha de exigir de sus súbditos impuestos que le permitan proporcionar otros bienes y servicios que pueden usar en su calidad de consumidores? ¿Por qué no habría de poder el Estado construir plantas siderúrgicas, fabricar y proporcionar zapatos, diques, servicios postales, etc.? Los consumidores usan todos y cada uno de estos bienes. Si los partidarios del laissez-faire objetan que el Estado no puede montar siderurgias o fábricas de calzado para proporcionar sus productos a los consumidores (gratis o por un precio) porque para desarrollar estas actividades tendría que recurrir a impuestos coactivos, esta misma objeción puede hacerse, como es evidente, respecto de la policía estatal o los servicios de administración de justicia. El gobierno no actuaría más inmoralmente, según la teoría del laissez-faire, cuando proporciona viviendas o acero que cuando ofrece protección policial. No puede, pues, defenderse la hipótesis de un Estado limitado a la protección ni siquiera dentro del ideal mismo del laissez-faire, y mucho menos aún desde cualquier otra consideración. Es cierto que podría emplearse este modelo para prevenir las actividades coactivas de “segundo nivel” del gobierno (es decir, las que desbordan la coacción inicial de los impuestos), por ejemplo, los controles de precios o la ilicitud de la pornografía, pero ahora los “límites” se tornan borrosos y se les puede ampliar hasta un colectivismo virtualmente absoluto, en el que el gobierno sólo proporciona bienes y servicios, pero los proporciona todos». M.N. Rothbard, La ética de la libertad, pp. 251-52.

[348] Véase Lionel Robbins, Ensayo sobre la naturaleza y significación de la Ciencia económica. Trad. Daniel Cosío Villegas. México, F.C.E., 1980. M.N. Rothbard, «Toward a Reconstruction of Utility and Welfare Economics», en The Logic of Action, vol. I.

[349] Sobre Gustave de Molinari puede consultarse su The Production of Security. Además: David M. Hart, «Gustave de Molinari and the Anti-Statist Liberal Tradition», en Journal of Libertarian Studies, 5, nos 3 y 4, 1981 y 6, n.º 1, 1982. Sobre Murray N. Rothbard, además de los trabajos ya citados en este capítulo, Man, Economy, and State, 2 vols.

[350] Un instructivo ejemplo de la afinidad lógica y teórica entre el liberalismo clásico y el anarquismo de la propiedad privada (o libertarismo radical), nos lo proporciona Ludwig von Mises y su influencia. Los discípulos más conocidos de Mises son Friedrich A. Hayek y Murray N. Rothbard. El primero estudió con Mises durante los años 20, antes de que este hubiese desarrollado plenamente su sistema intelectual, y se convertiría en un socialdemócrata moderado (ala derecha). (Sobre esta afirmación: H.-H. Hoppe, «F.A. Hayek on Government and Social Evolution: A Critique», en Review of Austrian Economics, 7, n.º 1, 1994). Rothbard, por su parte, estudió con Mises en los años 50, después de haber de haber expuesto sistemáticamente su pensamiento en su opus magnum La acción humana, convirtiéndose en el teórico del anarcocapitalismo. Mises mantendría su posición teórica de liberal partidario de un Estado mínimo. Aún así, distanciado de las desviaciones a la izquierda (Hayek) y a la derecha (Rothbard), en su reseña a la opus magnum de Rothbard, Man, Economy, and State (The New Individualist Review, 2, n.º 3, otoño de 1962), quedó clara la mayor afinidad teórica del economista austriaco con Rothbard. Pero lo más importante es que de las siguientes generaciones de intelectuales hasta el presente, muy pocos de los que han cultivado las obras de Mises y Hayek y Rothbard han permanecido fieles al Mises «original» y todavía son menos los hayekianos, mientras que la gran mayoría ha aceptado la revisión rothbardiana del sistema de Mises como conclusión lógica de la propia teoría miseana.

[351] Sobre las fuentes ideológicas libertario-liberales de la Revolución americana véase Bernard Bailyn, The Ideological Origins of the American Revolution. Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1967. M.N. Rothbard, Conceived in Liberty. 4 vols. New Rochelle, N.Y., Arlington House, 1975-79.

[352] Lo más interesante es que, lo mismo que Jefferson y la Declaración de independencia americana consideraban la secesión de la jurisdicción de un gobierno un derecho humano fundamental, Ludwig von Mises, el campeón del liberalismo del siglo XX, ha sido un franco defensor del derecho de secesión como facultad inherente al derecho humano de autodeterminación. Escribe Mises: «El derecho de autodeterminación, con respecto al problema de pertenencia a determinado Estado, para el liberal supone que todo territorio, sea simple aldea, provincia o conjunto de provincias cuyos habitantes libremente, en honesto plebiscito, se pronuncien por separarse de aquel Estado del que a la sazón forman parte... pueda libremente hacerlo. He aquí la única vía que efectivamente evita revoluciones, pugnas intestinas y guerras... [De modo que] si fuera posible conceder el derecho de autodeterminación a cada individuo, el liberal entiende también que habría de serle otorgado». L. von Mises, Liberalismo, pp. 139-40. Con esta declaración Mises rebasó, en lo sustantivo, la línea que separa al liberalismo clásico del anarquismo de la propiedad privada de Rothbard. Un gobierno que consienta una secesión sin límites no es ya, naturalmente, un monopolista de la compulsión, sino una asociación voluntaria. Rothbard ha destacado, con respecto a la afirmación miseana, que «una vez admitido algún derecho de secesión, no existe ningún tipo de limitaciones lógicas para las secesiones individuales. Y esto desemboca, obviamente, en el anarquismo, ya que los individuos pueden secesionarse y montar sus propias agencias de defensa, con el consiguiente desmigajamiento del Estado». M.N. Rothbard, La ética de la libertad, p. 25. Véase también de Rothbard, Power and Market, pp. 4-5 y «The Laissez-Faire Radical: A Quest for the Historical Mises», en Journal of Libertarian Studies, 5, n.º 3, 1981.

[353] J.M. Buchanan y G. Tullock, El cálculo del consenso. J.M. Buchanan, Los límites de la libertad: entre la Anarquía y el Leviatán. Véase la crítica de M.N. Rothbard, «Buchanan and Tullock’s Calculus of Consent», en The Logic of Action, vol. 2, y «The Myth of Neutral Taxation», loc. cit. También H.-H. Hoppe, The Economics and Ethics of Private Property, cap. 1.

[354] Sobre esto L. Spooner, No Treason.

[355] Véase H.-H. Hoppe, «The Trouble with Classical Liberalism», Rothbard-Rockwell Report, 9, n.º 4, 1998.

[356] Véase H.-H. Hoppe, «Where the Right Goes Wrong», en Rothbard-Rockwell Report, 8, n.º 4, 1997.

[357] Véase J.V. Denson (ed.), The Costs of War: America’s Pyrrhic Victories. Del mismo, A Century of War: Studies in classical Liberalism. Auburn, Al. Ludwig von Mises Institute, 1999. Desde el final de la II Guerra Mundial, el gobierno de los Estados Unidos ha intervenido militarmente en China (1945-46), Corea (1950-53), China (1950-53), Irán (1953), Guatemala (1954), Indonesia (1958), Cuba (1959-60), Guatemala (1960), Congo (1964), Perú (1965), Laos (1964-73), Vietnam (1961-73), Camboya (1969-70), Guatemala (1967-69), Granada (1983), Líbano (1983), Libia (1986), El Salvador (década de 1980), Nicaragua (década de 1980), Panamá (1989), Iraq (1991-99), Bosnia (1995), Sudán (1998), Afganistán (1998) y Yugoslavia (1999). Por lo demás, el gobierno de los Estados Unidos tiene tropas estacionadas en casi ciento cincuenta países.

[358] L. von Mises, El socialismo. H.-H. Hoppe, A Theory of Socialism and Capitalism, cap. 6.

[359] M.N. Rothbard, La ética de la libertad, espec. caps. 22 y 23.

[360] M.N. Rothbard, Power and Market, p. 2.

[361] G. de Molinari, The Production of Security.

[362] M.N. Rothbard, Power and Market, cap. 1. También su For A New Liberty, caps. 12 y 14.

[363] M. y L. Tannehill, The Market for Liberty, espec. parte 2.

[364] Sobre la «lógica» del aseguramiento véase L. von Mises, La acción humana, cap. 6. M.N. Rothbard, Man, Economy, and State, vol. II, pp. 498 sq. H.-H. Hoppe, «On Certainty and Uncertainty, Or: How Rational Can Our Expectations Be?», en Review of Austrian Economics, 10, n.º 1, 1997. También Richard von Mises, Probability, Statistics and Truth. Nueva York, Dover, 1957. Frank H. Knight, Risk, Uncertainty, and Profit. Chicago, University of Chicago Press, 1971.

[365] Sobre esto puede verse H.-H. Hoppe, Eigentum, Anarchie und Staat, pp. 122-26.

[366] Sobre la relación entre Estado y guerra, y sobre la transformación histórica de la guerra limitada (monárquica) en una guerra total (democrática), véase E. Krippendorff, Staat und Krieg. Charles Tilly, «War Making and State Making as Organized Crime», en Peter B. Evans, Dietrich Rueschemeyer y Theda Skocpol (eds.), Bringing the State Back In. Cambridge, Cambridge University Press, 1985. J.F.C. Fuller, La dirección de la guerra. M. Howard, La guerra en la historia europea. H.-H. Hoppe, «Time Preference, Government, and the Process of Decivilization», en J.V. Denson (ed.), The Costs of War. Así mismo, supra cap. 1. E. Kuehnelt-Leddihn, Leftism Revisited.

[367] Sobre el crimen y la pena, actualmente y en el pasado, véase Terry Anderson y P.J. Hill, «The American Experiment in Anarcho-Capitalism: The Not So Wild, Wild West», en Journal of Libertarian Studies, 3, n.º 1, 1979. Bruce L. Benson, «Guns for Protection, and Other Private Sector Responses to the Government’s Failure to Control Crime», en Journal of Libertarian Studies, 8, n.º 1, 1986. R.D. McGrath, Gunfighters, Highwaymen and Vigilantes. J.Q. Wilson y R.J. Herrnstein, Crime and Human Nature. E.C. Banfield, The Unheavenly City Revisited.

[368] Para una visión de conjunto sobre el carácter de las estadísticas oficiales
—estatistas—, en particular las del crimen, y cómo se ocultan, falsifican y distorsionan deliberadamente hechos conocidos, por pretendidas razones de interés público (corrección política), véase J.P. Rushton, Race, Evolution, and Behavior. M. Levin, Why Race Matters.

[369] Véase H.-H. Hoppe, «Free Immigration or Forced Integration?», en Chronicles, julio de 1995.

[370] Étienne de la Boëtie, Discurso de la servidumbre voluntaria o el Contra uno; David Hume, «De los primeros principios del Gobierno», en Ensayos Políticos; L. von Mises, Liberalismo; M.N. Rothbard, Egalitarianism as a Revolt Against Nature and Other Essays.

[371] Sobre la influencia de Locke y la filosofía política lockeana en América ha escrito Edmund S. Morgan: «Locke podría haber descrito más vívidamente el estado de naturaleza escribiendo que “al principio todo el mundo era América”. De hecho, muchos americanos tuvieron realmente la experiencia de aplicar su trabajo a una tierra inculta y hacer de ella algo propio. Algunos, incluso, acordaron el establecimiento de nuevos gobiernos en territorios vírgenes donde nunca antes hubo nada». The Birth of the Republic: 1763-89. Chicago, University of Chicago Press, 1992, p.74. Sobre el crimen, la protección y la defensa en particular véanse Terry Anderson y P.J. Hill, «The American Experiment in Anarco-Capitalism: The Not so Wild, Wild West», en Journal of Libertarian Studies, 3, n.º 1, 1979; R.D. McGrath, Gunfighters, Highwaymen, and Vigilantes.

[372] En contra de los mitos multiculturales tan divulgados actualmente, América no fue decididamente un «crisol» de culturas (melting pot). Los asentamientos en el subcontinente norteamericano confirman la presunción sociológica elemental de que todas las sociedades humanas son la extensión de las familias y los sistemas de parentesco, lo que determina su alto grado de homogeneidad interna, es decir, que los «semejantes» suelen asociarse con los «semejantes» y apartarse de los «desemejantes». Así pues, según esta tendencia general, los puritanos se establecieron preferentemente en Nueva Inglaterra, los calvinistas holandeses en Nueva York, los cuáqueros en Pensilvania y al sur de Nueva Jersey, los católicos en Maryland y los anglicanos y los hugonotes franceses en las colonias del sur. Sobre estos aspectos: David Hackett Fisher, Albion’s See: Four British Folkways in America. New York, Oxford University Press, 1989.

[373] Véase F. Kern, Kingship and Law in the Middle Ages. B. de Jouvenel, La soberanía, espec. cap. 10; Sobre el poder. R. Nisbet, Community and Power.

[374] Véase Lord Acton, «The History of Freedom in Christianity», Essays in the History of Liberty. Indianapolis, Ind., Liberty Classics, 1985, espec. p. 36.

[375] Sobre el legado ideológico libertario-liberal de los colonos americanos véase M.N. Rothbard, For A New Liberty, cap. 1; del mismo, Conceived in Liberty. 4 vols. Auburn, Ala., Ludwig von Mises Institute, 1999. B. Bailyn, The Ideological Origins of the American Revolution.

[376] Este aspecto fundamental fue esclarecido originalmente por el economista franco-belga Gustave de Molinari en un artículo publicado en 1849. De Molinari discurría como sigue: «En todos los casos, para cualquier mercadería que sirva para satisfacer las necesidades tangibles o intangibles del consumidor, lo que más le interesa a este último es que el trabajo y el comercio permanezcan libres, pues la libertad para trabajar y comerciar tienen como resultado permanente y necesario la máxima reducción del precio... De donde se sigue que ningún gobierno debería tener el derecho de impedir la competencia de otro, ni de imponer a los consumidores de seguridad la suministrada por él exclusivamente... Si, al contrario, el consumidor no es libre para adquirir la seguridad donde le plazca, se ofrece en el acto ante sus ojos una vasta profesión dedicada a la arbitrariedad y a la mala gestión. La justicia se hace más lenta y costosa, la policía vejatoria, se le pierde el respeto a la libertad individual, el precio de la seguridad se infla abusivamente y se reparte desigualmente según el poder e influencia de una u otra clase de consumidores». G. de Molinari, The Production of Security, pp. 3 y 13-14.

[377] Por lo demás, según su carta real original, los ahora independientes Estados de Georgia, las dos Carolinas, Virginia, Conneticut y Massachusetts establecieron su frontera oeste en el océano Pacífico. Basándose en estas pretensiones territoriales, obviamente infundadas, estos Estados —y consecuente su «heredero legal», el Congreso continental de los Estados Unidos— procedieron a vender las tierras del oeste a los ocupantes particulares, para amortizar su deuda o financiar las operaciones de sus gobiernos.

[378] Véase B. Leoni, La libertad y la ley, p. 139. Leoni recuerda aquí que numerosos comentaristas de la Magna Carta han resaltado que «una versión del comienzo de la Edad Media del principio “ningún impuesto sin representación” lo interpretaba como “ningún impuesto sin el consentimiento del individuo sometido a él”, y hoy sabemos que, en 1221, el Obispo de Winchester, “convocado para dar su consentimiento a scutage tax [impuesto sustitutivo de la conscripción militar], se negó a pagar una vez que el consejo había dado su asentimiento, basándose en que no estaba de acuerdo, y el tesorero público apoyó su alegato”».

[379] Véase F. Kern, Kingship and Law in the Middle Ages. A su juicio, «en la Edad media no había nada semejante a la “primera aplicación de un precepto jurídico”. El derecho es viejo; una ley nueva es una contradicción en sus propios términos, pues o bien la novedad jurídica se deriva explícita o implícitamente del viejo derecho, o bien entra en conflicto con él, en cuyo caso no es legítimo. El principio sigue siendo el mismo: el derecho antiguo es el verdadero derecho, y el verdadero derecho es el antiguo. Según las ideas medievales, la promulgación de una nueva ley resulta imposible; la obra legislativa y la reforma legal están concebidas como la restauración del inveterado y buen derecho que había sido violado». F. Kern, op. cit., p. 151. Sobre la permanencia del derecho y la interdicción de la actividad legislativa todavía sostenían una opinión muy parecida los fisiócratas franceses del siglo XVIII, Mercier de la Rivière entre otros, autor de un libro sobre L’Ordre naturel y durante algún tiempo Gobernador de La Martinica. Cuando la Zarina Catalina solicitó su consejo sobre la mejor forma de gobernar, parece que le contestó que el derecho debe basarse «sobre una sola [cosa], Señora, la naturaleza de las cosas y del hombre... dar o hacer leyes, Señora, es una tarea que dios no ha dejado a nadie. ¡Ah! ¿Quién es el hombre, para creerse capaz de dictar leyes a seres a los que no conoce?». La ciencia del gobierno, añadió Mercier, consiste en estudiar y reconocer las «leyes que Dios ha grabado con tanta evidencia en la misma constitución del hombre cuando le dio la existencia». Mercier añadió el pertinente aviso: «Pretender ir más allá de esto sería gran desgracia y una empresa destructiva». M.N. Rothbard, Historia del pensamiento económico, vol. I, p. 412. Véase también B. de Jouvenel, La soberanía, pp. 308-09 y 241.

[380] La opinión, tan cara a nuestros contemporáneos, según la cual la adopción de un «gobierno constitucional» supone un gran avance de la civilización desde el gobierno arbitrario hasta el imperio de la ley, y que atribuye a los Estados Unidos un papel destacado, incluso sublime en ese progreso histórico, debe ser rechazada, pues documentos históricos como la Carta Magna (1215) o la Bula de oro (1356) la desmienten. Pero lo importante es que representa equívocamente la naturaleza de los gobiernos premodernos. Aquellos gobierno carecían por completo de los más arbitrarios y tiránicos de todos los poderes, el de imponer tributos y el de legislar sin consentimiento; en el peor de los casos, aún si los detentaban, la capacidad de los gobiernos para actuar esos poderes estaba severamente restringida, pues se consideraba ilegítimo, presumiéndose la usurpación del poder en vez de su justa adquisición. Por el contrario, los gobiernos modernos se definen por la legitimidad que expresamente se reconoce a sus poderes fiscal y legislativo. O sea, que todos los gobiernos «constitucionales», en los Estados Unidos y en otros lugares, son realmente Gobiernos-Estado. Tiene pues razón Robert Nisbet cuando señala que un «rey [premoderno] pudo haber gobernado en otras épocas con un grado de irresponsabilidad del que sólo disfrutan hoy unos pocos titulares de magistraturas públicas, mas resulta dudoso que, en términos de poder y servicios efectivos, cualquier rey, incluso las “monarquías absolutas” del siglo XVII, poseyeran el tipo de autoridad actualmente inherente al cargo de muchas altas magistraturas democráticas. Entonces había demasiadas barreras sociales entre el pretendido poder del monarca y la efectiva ejecución de sus dictados sobre los individuos. El prestigio y la importancia funcional de la Iglesia, la familia, los gremios y las comunidades locales limitaban el absolutismo del poder del Estado». Community and Power, pp. 103-04.

[381] M.N. Rothbard, Power and Market, pp. 188-89. Sobre esto también supra caps. 1 a 3. A la luz de estas consideraciones —y en contra de la opinión común sobre el asunto— se llega a la misma conclusión sobre el «éxito» en última instancia de la Revolución Americana, sostenida por H.L. Mencken: «Las revoluciones políticas casi nunca realizan sus ideales; su único e indudable efecto es la expulsión del poder de una banda de ladrones y su sustitución por otra... Ni siquiera las colonias americanas ganaron gran cosa con su rebelión de 1776. Durante los 25 años posteriores a la Revolución su situación como Estados libres fue mucho peor que la que tenían como colonias. Su gobierno era más caro, más ineficiente, más fraudulento y más tiránico. El progreso material del país fue lo único que les salvó de la muerte y el colapso político; mas el progreso material no se debía a las virtudes de su nuevo gobierno, sino a la prodigalidad de la naturaleza. Bajo la dominación británica les habría ido probablemente mejor». A Mencken Chrestomathy, pp. 145-46.

[382] Para lo que sigue véase H.-H. Hoppe, Eigentum, Anarchie und Staat. Studien zur Theorie des Kapitalismus, pp. 182 sq.

[383] Véase H. Schoeck, Envy: A Theory of Social Behavior.

[384] Véase de B. de Jouvenel, Sobre el poder, pp. 58-9.

[385] Véase el brillante y profético análisis de J.C. Calhoun, Disquisición sobre el gobierno. Escribe Calhoun: «una constitución escrita tiene sin duda muchas y considerables ventajas; pero es un gran error suponer que la mera inserción de prescripciones que restrinjan y limitan los poderes del gobierno, sin darles protección, introducidas con objeto de imponer su observancia, sería suficiente para impedir al partido mayoritario dominante que abuse de sus poderes. Una vez situado el partido en el gobierno... siempre se pondría al servicio de los poderes conferidos por la constitución y se opondría a las restricciones para su protección... Como partido mayoritario y dominante, no necesitará de estas restricciones para su protección... El partido minoritario o más débil, por el contrario, emprendería la dirección opuesta, y la consideraría esencial para protegerse del partido dominante... Pero, cuando no existen medios para obligar al partido mayoritario a que observe las restricciones, la única salida que les quedaría sería una interpretación estricta de la constitución... Frente a esto, el partido mayoritario opondría una interpretación liberal, que daría al texto constitucional garantista el significado más amplio posible. Entonces tendríamos una interpretación frente a otra; una limitadora, y otra amplia de los poderes gubernamentales. Ahora bien, ¿para qué serviría la interpretación estricta del partido minoritario frente a la interpretación liberal del mayoritario, si uno cuenta con todos los poderes del gobierno para construir su interpretación, y el otro carece de todo medio para imponer la suya? En una contienda tan desigual el resultado sería indudable. El partido a favor de las restricciones sería vencido... El fin de la contienda sería la subversión de la constitución... Al final se anularían las restricciones y el gobierno dispondría de poderes ilimitados. La división del gobierno en departamentos separados, considerándolo a cada uno independiente, tampoco evitaría este resultado... Como todos y cada uno de los departamentos, y por supuesto el gobierno en su conjunto, estarían bajo el control de la mayoría numérica, no es menester explicar que una simple distribución de sus poderes entre sus agentes o representantes poco podría hacer, o nada, para contrarrestar la tendencia a la opresión y al abuso del poder», pp. 32-34. En resumen, como ha recordado Rothbard a este respecto, «la constitución ha demostrado ser un instrumento para la ratificación de la expansión del Estado más que para lo contrario. Como bien vio Calhoun, cualquier limitación escrita que permita al gobierno interpretar sus propios poderes está condenada a ser interpretada como una autorización para la expansión de esos mismos poderes, no para su encadenamiento. En un sentido profundo, la idea de encadenar al poder con una constitución escrita ha sido un noble experimento que fracasó. Está demostrado que la idea de un gobierno estrictamente limitado es una utopía; hacen falta otros medios más radicales para conjurar el crecimiento del Estado agresivo». M.N. Rothbard, For A New Liberty, p. 67. Véase también A. de Jasay, Against Politics: Critical Episodes in the Growth of American Government, espec. cap. 2.

[386] Véase R. Higgs, Crisis and Leviathan. Higgs compara la temprana experiencia Americana con el presente: «Hubo un tiempo muy lejano en el que un americano medio podía ocuparse de sus negocios cotidianos sin notar la presencia del gobierno —sobre todo del gobierno federal—. Como granjero, comerciante o industrial podía decidir qué, cómo, cuándo y dónde producir y vender sus bienes, condicionado tan sólo por las leyes del mercado. Téngase en cuenta que no existían subsidios agrarios, precios subvencionados o control de explotaciones; tampoco la Comisión Federal de Comercio, la legislación antimonopolio y la Comisión Interestatal de Comercio. Como patrón, empleado, consumidor, inversor, prestamista, prestatario, estudiante o profesor, cada cuál podía actuar según su propio entendimiento. No había, en este sentido, una Oficina de Relaciones Laborales, ni leyes federales “protectoras” del consumidor, ni Comisión de Bolsas y Valores, ni Comisión para la igualdad de oportunidades en el empleo, ni Ministerio de salud y servicios sociales. En ausencia de un banco central emisor del papel moneda nacional, la gente solía usar monedas de oro. Tampoco había impuestos generales sobre el consumo, la renta personal o para financiar la Seguridad social. Aunque los funcionarios eran entonces tan corruptos como hoy —o tal vez más— tenían menos oportunidades para corromperse. Los particulares ahorraban unas quince veces más que todos los gobiernos juntos. Pero aquellos días, desafortunadamente, pasaron ya».

[387] Sobre el crecimiento del gobierno de los Estados Unidos y en particular sobre el papel desempeñado por la guerra en ese desarrollo: J.V. Denson (ed.), The Costs of War: America’s Pyrrhic Victories. R. Higgs, Crisis and Leviathan. E. Kripendorff, Staat und Krieg, espec. pp. 90-116. R.R. y M.N. Rothbard (eds.), A New History of Leviathan. A.A. Ekirch, The Decline of American Liberalism.

[388] La más vigorosa declaración con este propósito se encuentra en L. Spooner, No Treason. También M.N. Rothbard, La ética de la libertad, caps. 22 y 23.

[389] De hecho, semejante contrato de protección no es sólo empíricamente improbable, sino lógica y praxeológicamente imposible. Al «allanarse al impuesto y a la reglamentación para ser protegido», una persona entrega (aliena) toda su propiedad a la autoridad fiscal y se somete a la esclavitud permanente de la agencia legislativa. Un contrato de ese tipo está excluido de entrada, siendo nulo y sin efecto, pues contradice la naturaleza de los contratos de protección, es decir, que el protegido se posee a si mismo y que existe alguna cosa por él poseída —y no por su protector—, esto es, la propiedad privada. Tiene especial interés, a pesar de que ninguna constitución conocida ha recibido el reconocimiento expreso de todos aquellos que están bajo su jurisdicción y de que parece imposible que las cosas hayan sido alguna vez de otra manera, el hecho de que desde Hobbes y Locke hasta nuestros días hayan menudeado los intentos de proporcionar una justificación contractual del Estado. La razón de esta tarea aparentemente infinita es evidente: o un Estado se justifica como el resultado de un contrato o no puede justificarse en absoluto. No es extraño, empero, que esta búsqueda, como la del círculo cuadrado o la del movimiento perpetuo, haya generado una vasta lista de pseudojustificaciones, si no fraudulentas al menos poco sinceras, mediante el fiat semántico: la «ausencia de un contrato» es en realidad un contrato «implícito», «tácito» o «conceptual». En suma, «ausencia» significa «existencia». Para un notable ejemplo de esta orwelliana neolengua véase J.M. Buchanan y G. Tullock, El cálculo del consenso. J.M. Buchanan, The Limits of Liberty. Del mismo: Freedom in Constitutional Contract. College Station, Texas A and M University Press, 1975. Una crítica de Buchanan y la denominada Escuela de la elección pública en M.N. Rothbard, The Logic of Action, vol. 2, caps. 4 y 17. H.-H. Hoppe, The Economics and Ethics of Private Property, cap. 1.

[390] Para lo que sigue véase también supra cap. 12. M. y L. Tannehill, The Market for Liberty, espec. cap. 8.

[391] G. de Molinari, The Production of Security, p. 12.

[392] Como ha recordado Rothbard, incluso «si el Estado debe limitarse a la “protección” de las personas y de las propiedades, y si los impuestos deben ceñirse a proporcionar únicamente este servicio, ¿con qué criterios deciden las autoridades estatales cuánta protección hay que dar y cuántos impuestos fijar? Porque, contrariamente a lo que afirma la teoría del Estado limitado, la “protección” no es una “cosa” más colectiva y más global que cualesquiera otros bienes o servicios de la sociedad... La “protección” puede abarcar desde un policía para toda una provincia hasta un guardaespaldas armado y un coche blindado para cada ciudadano, una propuesta que llevaría a la sociedad a la bancarrota a toda prisa. ¿Quién decide, pues, el nivel de protección, dado que es indiscutible que toda persona está mejor protegida frente al peligro de robo o de asalto si dispone de un cuerpo de guardaespaldas armados que si no lo tiene? En el mercado libre, las decisiones sobre la cantidad y la calidad de todos y cada uno de los bienes y servicios que se le pueden proporcionar a cada persona se toman a partir de las compras voluntarias de cada individuo concreto. Pero, ¿qué criterio puede aplicarse cuando es el gobierno quien toma las decisiones? La respuesta es: ninguno. Las decisiones gubernamentales se inscriben en el capítulo de lo puramente arbitrario». M.N. Rothbard, La ética de la libertad, pp. 249-50. Véase también de Rothbard, For A New Liberty, pp. 215 sq.

[393] En opinión de Rothbard, «la idea de la primacía de la indemnización a la víctima tiene egregios precedentes en la ley. Se trata de hecho de un antiguo principio jurídico que comenzó a extinguirse cuando el Estado amplió y monopolizó la administración de la justicia... En las concepciones medievales sobre el castigo, la noción prevalente era la de resarcir a las víctimas por los daños sufridos. Pero... como consecuencia del aumento del poder del Estado... el acento se desplazó desde la indemnización a la persona perjudicada... al castigo por los supuestos delitos “contra el Estado”... En nuestros días se da la siguiente absurda situación: A roba 15.000 dólares a B. El gobierno localiza, juzga y condena a A, todo ello a expensas de B en cuanto contribuyente (junto con otros muchos) obligado a pagar las actividades gubernamentales. Así, pues, las autoridades públicas, en vez de obligar a A a compensar a B o a trabajar hasta que pague su deuda, lo que hacen es forzar a B, que es la víctima, a pagar impuestos para sufragar los gastos que genera el encarcelamiento de A durante diez o veinte años. ¿Qué clase de justicia es esta?». M.N. Rothbard, La ética de la libertad, pp. 134 y 133.

[394] Las entidades de seguros, en la medida en que establecen un contrato bilateral con cada uno de sus clientes, satisfacen plenamente el antiguo y originario desideratum del gobierno «representativo»; precisamente, según el parecer de Bruno Leoni, «la representación política estuvo estrechamente ligada en sus orígenes a la idea de que los representantes actúan como agentes de otras personas, y según la voluntad de estas». B. Leoni, La libertad y la ley, p. 140. Véase también supra nota 8. El gobierno democrático contemporáneo constituye una absoluta perversión —en realidad su anulación— de la idea originaria del gobierno representativo. Actualmente, se supone que una persona cualquiera está «representada» políticamente con independencia de cuál sea su propia voluntad o sus acciones o las de su representante. Se considera representada si vota, pero también si no vota; si el candidato por el que votó resultó elegido, pero también si finalmente se eligió a otro. La persona está representada tanto si el candidato elegido, votado o no por ella, cumple sus deseos, como si los ignora. Se considera políticamente representada tanto si «su» representante obtiene un apoyo mayoritario entre los representantes elegidos, como si no lo obtiene. «En realidad, como decía Lysander Spooner, la votación no debe confundirse con una prueba del consentimiento... Al contrario, debe considerarse que, sin su consentimiento, incluso si le fue requerido, un hombre se encuentra rodeado por un gobierno al que no puede resistirse; un gobierno que le fuerza a pagar ciertas sumas, a prestarle determinados servicios y le impide el ejercicio de muchos de sus derechos naturales, so riesgo de graves castigos. El individuo comprueba también que otros hombres ejercen sobre él esa tiranía recurriendo a las votaciones. Observa, además, que si él recurriera a las elecciones tendría alguna posibilidad de liberarse de la tiranía de los otros, sometiéndoles a su voluntad. En suma, el individuo, sin quererlo, se ve en esta situación: si utiliza las elecciones puede convertirse en amo, si no lo hace será un esclavo. No tiene más alternativas que estas dos. En defensa propia intentará lo primero. Su caso es análogo al del hombre que ha sido obligado a combatir en una batalla, en la que tiene que matar a otros o bien morir. Del hecho de que para salvar su propia vida en una batalla un hombre intente acabar con las vidas de sus adversarios, no puede inferirse que la batalla sea su elección personal... [Consecuentemente, los miembros electos de un gobierno] no son nuestros servidores, agentes o apoderados, tampoco nuestros representantes... [pues] no nos hacemos responsables de sus actos. Si un hombre es mi servidor, agente o apoderado, necesariamente me haré responsable de todos sus actos ejecutados dentro de los límites del poder que le otorgué. Si le hubiese otorgado, como agente mío, un poder absoluto o de otro tipo sobre las personas o propiedades de otros hombres aparte de mi, me hago responsable por los daños que pueda causarle a esas personas en los límites del poder conferido. Pero ningún individuo que pueda resultar lesionado en su persona o propiedad por los actos del Congreso puede volverse contra los electores individuales y exigirles responsabilidades por esas acciones de los denominados agentes o representantes. Este hecho prueba que esos pretendidos agentes del pueblo, de todo el mundo, no son en realidad sus mandatarios». L. Spooner, No Treason, pp. 15 y 29.

[395] Sobre la lógica del «aseguramiento» véase L. von Mises, La acción humana, cap. 6. M.N. Rothbard, Man, Economy, and Market, vol. I, pp. 498 sq. H.-H. Hoppe, «On Certainty and Uncertainty, Or: How Rational Can Our Expectations Be?», Review of Austrian Economics, 10, n.º 1, 1997.

[396] Viéndose obligadas, de una parte, a clasificar a los individuos con idéntica o parecida exposición al riesgo en el mismo grupo, imputando a cada uno de ellos la misma prima en función del valor asegurado y, de otra, a distinguir con precisión las clases de individuos con grupos de riesgo objetiva y factualmente diferenciables, imputándoles primas diferentes a los miembros de los distintos grupos —reflejándose en las primas el grado de heterogeneidad entre los miembros de los diversos grupos—, las compañías de seguros potencian sistemáticamente la ya mencionada tendencia humana natural (véase supra nota 2) de los «semejantes» a asociarse y a discriminar y separarse de los «desemejantes». Sobre la tendencia del Estado a descomponer y destruir los grupos y asociaciones heterogéneos mediante las políticas de integración forzosa véanse supra caps. 7, 9 y 10.

[397] Véase también supra cap. 12. Tannehill y Tannehill, The Market for Liberty, caps. 11, 13 y 14.

[398] Sobre esto M.N. Rothbard, «Concepts of the Role of Intellectuals in Social Change Toward Laissez-Faire», Journal of Libertarian Studies, 9, n.º 2, 1990.

[399] Acerca de la trascendental importancia que para el poder del gobierno tiene la opinión pública puede verse É. de la Boëtie, Discurso de la servidumbre voluntaria o el Contra uno y la introducción de M.N. Rothbard a la edición inglesa: The Politics of Obedience: The Discourse of Voluntary Servitude. David Hume, «De los primeros principios del Gobierno», en Ensayos Políticos. L. von Mises, La acción humana, pp. 226-27. Allí escribió Mises: «Quien pretenda servirse de la violencia habrá de estar respaldado por la voluntaria cooperación de algunos... El tirano precisa del apoyo ideológico de determinado grupo para someter a los restantes; ha de disponer de un círculo de partidarios que voluntariamente le obedezcan. Esa espontánea sumisión le proporciona el arma necesaria para someter a los demás. La duración de su imperio depende de la relación numérica de los dos grupos, el que le apoya voluntariamente y el que es sometido por la fuerza. Aunque el déspota logre gobernar temporalmente gracias a una minoría, si esta está armada y la mayoría no, a la larga la minoría no puede mantener sometida a la mayoría».

[400] Sobre esta «vieja» concepción liberal de la democracia véase, por ejemplo, L. von Mises, Liberalismo, p. 139: «[Para el liberal], el derecho de autodeterminación implica que todo territorio, sea simple aldea, provincia o conjunto de provincias cuyos habitantes libremente, en honesto plebiscito, se pronuncien por separarse de aquel Estado del que a la sazón forman parte, bien sea para crear una entidad independiente o para unirse a otra nación, pueda libremente hacerlo. He aquí la única vía que efectivamente evita revoluciones, pugnas intestinas y guerras».

[401] Un cuidadoso análisis de las consecuencias de la Guerra de la independencia del Sur en Thomas J. DiLorenzo, «The Great Centralizer. Abraham Lincoln and the War Between the States», Independent Review, 3, n.º 2, 1998.

[402] Sobre la importancia de las ciudades libres medievales para el desarrollo posterior de la tradición europea del liberalismo (clásico) puede verse Charles Tilly y Wim P. Bockmans (eds.), Cities an The Rise of States in Europe, A.D. 1000 to 1800. Boulder, Colo., Westview Press, 1994.

[403] El peligro de una enérgica reacción del gobierno es mayor durante la fase inicial de este escenario secesionista, es decir, mientras el número de ciudades libres es todavía pequeño. De ahí que en ese estadio sea aconsejable evitar cualquier confrontación directa con el gobierno central. Más que renunciar completamente a su legitimación, parecería más prudente, por ejemplo, garantizar dentro del territorio libre la titularidad gubernativa de los edificios federales, etc., negando «sólo» el derecho del gobierno a gravar o legislar en el futuro sobre cualquier hombre o propiedad establecidos en ese territorio. Dada la necesidad de un apoyo sustantivo de la opinión, si esto se hiciera con el adecuado tacto diplomático resulta difícil imaginarse que el gobierno central se arriesgara a invadir un territorio y aplastar a un grupo de personas que no han cometido otro pecado que intentar ocuparse de su propios asuntos. Consecuentemente, una vez que el número de territorios secesionistas haya alcanzado una masa crítica —téngase en cuenta que el éxito obtenido en cualquier lugar será imitado en otras localidades—, las dificultades para aplastar a los secesionistas aumentarán exponencialmente y el gobierno central se bloqueará rápidamente y se derrumbará por su propio peso.