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El orden natural, el Estado y el problema de la inmigración | Natural Order, the State, and the Immigration Problem

Oscar Eduardo Grau Rotela has revised and corrected a previous translation of Natural Order, the State, and the Immigration Problem (2002) from Professor Hoppe, and has published a renewed version of it.

For more Spanish translations, click here.

El orden natural, el Estado y el problema de la inmigración

Journal of Libertarian Studies, volumen 16, número 1 (Invierno de 2002), pp. 75-97.

I

La cooperación humana es el resultado de tres factores: las diferencias entre los hombres y/o la distribución geográfica de los factores de producción proporcionados por la naturaleza; la mayor productividad alcanzada bajo una división del trabajo basada en el reconocimiento mutuo de la propiedad privada (el control exclusivo de cada persona sobre su propio cuerpo y sus apropiaciones y posesiones físicas) en comparación al aislamiento autosuficiente o a la agresión, el saqueo y la dominación; y la capacidad humana de reconocer este último hecho. Si no fuera por la mayor productividad a consecuencia de la división del trabajo y la capacidad humana de reconocer este hecho, nos explica Ludwig von Mises,

los hombres perdurarían como enemigos mortales unos de otros, rivales irreconciliables en su esfuerzo por asegurarse una porción de las fuentes escasas de medios de sustento proporcionados por la naturaleza. Toda persona, forzosamente, vería a los demás como a sus enemigos; su anhelo por la satisfacción de sus propios apetitos lo llevaría a un conflicto implacable con sus vecinos. Bajo tales circunstancias no sería posible desarrollar sentimientos de piedad o compasión.[1]

La mayor productividad que se alcanza con la división del trabajo, y la capacidad del hombre de reconocer este hecho, explican el origen de las dos más elementales y fundamentales instituciones humanas: la familia y el hogar familiar.[2] En segundo lugar, explican la existencia de vecindarios (comunidades) de gente homogénea (familias, clanes, tribus): de vecindarios bajo la forma de propiedades adyacentes poseídas por propietarios diferentes y de «igual» nivel, y de la forma de relación «desigual» característica entre padre e hijo, entre propietario y arrendatario, o entre el fundador de una comunidad y sus seguidores residentes.[3] El tercero, y el más importante para nuestros propósitos, explica la posibilidad de la coexistencia pacífica en comunidades heterogéneas y foráneas. Aún cuando los miembros de diferentes comunidades se encuentren dispares entre sí, en lo físico y/o en el comportamiento, irritantes o molestos, y no deseen asociarse como vecinos, pueden aún enfrascarse en un comercio de mutuo beneficio si residen espacialmente separados unos de otros.[4]

Ampliemos este cuadro e imaginemos la existencia de diversas razas, etnias, idiomas, religiones y culturas (las cuales llamaremos desde ahora y para resumir: etnoculturas). Basados en la idea de que personas «símiles» se asocian con otras similares y viven separadas espacialmente de otras «disímiles», surge el siguiente cuadro: Los individuos de una etnocultura tienden a vivir en gran proximidad unos de otros y separados espacialmente, distanciados, de los integrantes de otras etnoculturas.

Los blancos viven entre blancos y aparte de los asiáticos y de los negros. Quienes hablan italiano viven entre italianos y aparte de gentes de habla inglesa. Los cristianos viven entre cristianos y separados de los musulmanes. Los católicos viven entre católicos y aislados de los protestantes, etc. Naturalmente, algunos «se solapan» y aparece la «mezcla» de diferentes etnoculturas en varios «territorios fronterizos». Desde luego, las ciudades, como centros de comercio interregional, naturalmente exhiben un grado más alto de heterogeneidad etnocultural.

A pesar de esto, sin embargo, las comunidades y vecindarios son internamente homogéneos (uniculturales). De hecho, incluso en ciudades y en territorios fronterizos encontramos la misma asociación y separación espacial de «símiles» y «disímiles». Nada como una sociedad donde miembros de diversas etnoculturas viven como vecinos y en cercana proximidad física unos de otros (según lo propagado por algunos multiculturalistas americanos). En vez de eso, el multiculturalismo emergente es aquel en el cual muchas etnoculturas claramente diferentes, coexisten separadas física y espacialmente, distantes unas de otras, y comercian entre sí desde la lejanía.[5]

Demos un paso más y supongamos que toda propiedad es poseída privadamente y que el globo entero tiene propietario. Cada trozo de tierra, cada casa y edificio, cada camino, río y lago, cada bosque y montaña, y todas las costas están en posesión privada de personas naturales o jurídicas. No existe propiedad «pública» ni «frontera abierta». Demos una ojeada al problema de la migración bajo este escenario de un «orden natural».

Primero y muy importante, en un orden natural no existe la «libertad de migración». La gente no puede moverse por los alrededores como le plazca. Dondequiera que una persona se mueva, se mueve entre propiedad privada; y la propiedad privada implica el derecho del propietario a incluir y también a excluir a otros de su propiedad. Esencialmente, una persona puede moverse solamente si es invitada por el propietario que lo recibe, y el propietario puede revocar su invitación y despedir a sus invitados cuando juzgue que la prolongación de su presencia en la propiedad es indeseable (viola su código de visitas).

Bajo este escenario habrá bastante ajetreo porque hay razones poderosas para dar acceso abierto a la propiedad, pero también hay razones para restringir o cerrar el ingreso. Quienes son más inclusivos son los propietarios de caminos, ferrocarriles, puertos y aeropuertos, por ejemplo. La circulación interregional es su negocio. Por consiguiente, se puede esperar que sus estándares de admisión sean bajos, no requiriendo típicamente más que el pago de un honorario de usuario. Sin embargo, aun así no tendrían una política de admisión totalmente indiscriminada. Por ejemplo, excluirían a gente intoxicada o ingobernable y expulsarían a todos los delincuentes, mendigos y vagos de su propiedad, y puede ser que filmen, o de alguna manera vigilen o seleccionen, a sus clientes mientras permanezcan en su propiedad.

La situación es similar para los propietarios de establecimientos comerciales, hoteles, y restaurantes. Están en el negocio de las ventas y los alquileres y por tanto permiten el acceso fácil a su propiedad. Tienen toda clase de incentivos económicos para no discriminar injustamente a «desconocidos» o «extranjeros», porque esto conllevaría pérdidas o reducción de beneficios. Sin embargo, deben ser más circunspectos y restrictivos, en su política de admisión, que los propietarios de carreteras o de aeropuertos. Deben tener en cuenta las repercusiones domésticas locales que puede tener la presencia de extranjeros. Si las ventas domésticas locales de un establecimiento comercial o de un hotel sufren debido a la política de admisión con relación a los extranjeros, entonces la discriminación está económicamente justificada. Para superar este posible problema, se puede esperar que los establecimientos comerciales requieran de sus visitantes «extranjeros» una adherencia mínima a los estándares locales de conducta y de aspecto físico.[6]

La situación es similar para los empleadores locales, quienes prefieren más bien pagar salarios bajos que altos y por tanto no están predispuestos contra los extranjeros. Sin embargo, deben ser sensibles a las repercusiones que puedan resultar del empleo de extranjeros sobre la mano de obra local; es decir, deben temer la posibilidad de utilizar una fuerza de trabajo etnocultural heterogénea que conduzca a una productividad más baja. Por otra parte, el empleo requiere alojamiento, y es en el alojamiento y en el mercado inmobiliario residenciales donde tenderá a ser más pronunciada la discriminación contra, y la exclusión de, etnoculturas extranjeras. Porque es en el área de la propiedad residencial, en contraste con la comercial, donde es más pronunciado el deseo humano de mantener la privacidad, el aislamiento, la protección, sin perturbaciones debidas a intrusiones y acontecimientos externos. Para el propietario, el valor de la propiedad residencial depende esencialmente de su exclusividad casi total. Solamente se admiten miembros de la familia y ocasionalmente amigos. Y si la propiedad residencial está situada en un vecindario, este deseo de posesión imperturbable —paz y privacidad— es óptimo dentro de un alto grado de homogeneidad etnocultural (esto baja los costos de transacción mientras aumenta simultáneamente la protección contra disturbios e intrusiones externas). Al alquilar o vender propiedad residencial a desconocidos y extraños (y especialmente a extraños de rincones etnoculturalmente distantes), se introduce heterogeneidad al vecindario. Los costos de transacción tienden a aumentar y la peculiar seguridad de paz y privacidad —libre de intrusiones extrañas extranjeras— buscada y esperada de la propiedad residencial tiende a disminuir, dando por resultado valores de propiedad residencial más bajos.[7]

Bajo el escenario de un orden natural, entonces, puede esperarse que habrá mucho tráfico y comercio interregional. Sin embargo, debido a la discriminación natural contra etnoculturas extrañas en el área del hogar residencial y de la propiedad inmobiliaria, habrá poca migración real, es decir, con establecimiento permanente. Y sin importar que tan poca sea la migración que haya, será de individuos que se han asimilado más o menos por completo a la recientemente adoptada comunidad y su etnocultura.[8]

II

Ahora introduzcamos la institución del Estado. La definición de Estado que aquí suponemos es más bien poco controvertible: El Estado es una agencia que detenta el monopolio exclusivo de la toma final de decisiones y de arbitraje de conflictos dentro de un territorio dado. Particularmente, el Estado puede insistir en que todo conflicto en el que él mismo esté implicado sea resuelto por sí mismo o por sus agentes. Como segundo elemento en la definición de Estado —incluido tácitamente en el poder de excluir a los demás de actuar como jueces de última instancia— está su poder impositivo (de gravar con impuestos), para determinar unilateralmente el precio que debe pagar al Estado quien busque los servicios de la justicia.[9]

Ciertamente, basados en esta definición, es fácil entender por qué podría existir el deseo de establecer un Estado. No es, como nos dicen en el jardín infantil, para lograr el «bien común» o porque no habría orden sin Estado, sino por una razón bastante más egoísta y baja. Porque aquel que tiene el monopolio del arbitraje final dentro de un territorio dado puede dictar y crear leyes en su propio beneficio en vez de reconocer y aplicar la ley existente; y aquel que puede legislar puede también imponer tributos y así enriquecerse a expensas de otros.

Aquí es imposible examinar todos los aspectos de la fascinante pregunta de cómo logró surgir una institución tan extraordinaria como es el Estado con el poder de legislar e imponer tributos, con la excepción quizá de observar que las ideologías y los intelectuales jugaron un papel decisivo.[10] Más bien consideremos al Estado como «un hecho», y veamos los cambios que resultan de su existencia en lo concerniente a la inmigración.

Primero, con la instauración de un Estado y fronteras territoriales estatales definidas, la «inmigración» adquiere un significado enteramente nuevo. En un orden natural, la inmigración es el traslado de una persona de una comunidad de vecinos a otra diferente (micromigración). En cambio, bajo condiciones estatistas la inmigración es inmigración de «extranjeros» del otro lado de la frontera del Estado, y la decisión de a quien excluir o incluir, y bajo qué condiciones, descansa, no en una multiplicidad de propietarios privados independientes o de comunidades de propietarios, sino en un solo Estado o gobierno central (y centralizador) como soberano máximo de sus habitantes y propiedades (macromigración). Si un propietario doméstico invita y hace los arreglos necesarios para el ingreso de una persona a su propiedad, pero el gobierno excluye a esta persona del territorio del Estado, estamos ante un caso de exclusión forzosa (un fenómeno que no existe en el orden natural). Por otra parte, si el gobierno admite a una persona a pesar de que no hay propietario doméstico que la haya invitado a su propiedad, se trata de un caso de integración forzosa (también inexistente en el orden natural, donde todo movimiento es invitado).

III

Para comprender el significado de este cambio entre admisión descentralizada por una multiplicidad de propietarios y asociaciones de propietarios (micromigración) y admisión centralizada por cuenta de un Estado (macromigración), y entender en particular las potencialidades de la integración forzosa bajo condiciones estatistas, es necesario considerar brevemente la política de migración doméstica del Estado. De acuerdo con la definición de Estado como monopolio territorial de legislación e impuestos, y la suposición del «interés propio», se pueden predecir las características básicas de tal política.

Fundamentalmente, se puede predecir que los agentes del Estado estarían interesados en aumentar (maximizar) los ingresos fiscales y/o en extender el rango de interferencia legislativa sobre los derechos de propiedad privada establecidos, pero tendrían poco o ningún interés en hacer realmente lo que el Estado se supone que hace: proteger los propietarios privados y su propiedad de la invasión doméstica o extranjera.

Más específicamente, como los impuestos y la interferencia legislativa sobre los derechos de propiedad privada no se aceptan voluntariamente sino que encuentran resistencia, el Estado, para asegurar su propio poder de gravar y legislar, debe tener un interés existencial en proveer a sus agentes el acceso a todas y cada una de las propiedades dentro del territorio estatal. Para lograr esto, el Estado debe tomar control sobre todas las vías privadas existentes (expropiar) y luego utilizar sus ingresos fiscales para construir más y más vías «públicas», sitios, parques y terrenos, hasta que la propiedad privada esté delimitada o encerrada por terrenos y vías públicas.

Muchos economistas han sostenido que la existencia de vías públicas indica una imperfección del orden natural (de mercado libre). Según ellos, el mercado libre «no produce suficiente» del llamado bien «público» de las carreteras; y las carreteras públicas financiadas con impuestos rectifican esta deficiencia y elevan la eficiencia económica total (al facilitar el tráfico y el comercio interregional y bajar los costos de transacción). Obviamente, esta es una visión ingenua de la situación.[11]

Los mercados libres producen carreteras, aunque más bien podrían producir menos y diferentes carreteras que bajo condiciones estatistas. Y visto desde la perspectiva de un orden natural, la producción creciente de carreteras bajo condiciones estatistas representa, no una mejora sino, una «sobreproducción» o mejor aún, una «producción mala» de carreteras. Las carreteras públicas no son simplemente inofensivas facilitadoras del intercambio interregional. Lo primero, y más importante, es que son facilitadoras del gravamen de impuestos y del control estatal, porque a través de las carreteras y las vías públicas los recaudadores de impuestos, la policía y los militares del gobierno pueden llegar directamente hasta el umbral de entrada de todos sus súbditos.[12]

Además, las tierras y caminos públicos conducen a una distorsión y a una desintegración artificial de la asociación y separación espaciales características de un orden natural. Según lo explicado, hay razones para estar cercano y disponible, pero también hay razones para estar físicamente distante y separado de otros. La sobreproducción de caminos que tiene lugar bajo condiciones estatistas significa, por una parte que, diferentes comunidades quedan colocadas a mayor proximidad entre si de lo que para ellas hubiera sido preferible (por razones de preferencia demostrada). Por otra parte significa que las vías públicas desintegran y dividen una comunidad coherente.[13]

Por otro lado, bajo la suposición específica de un Estado democrático se pueden hacer predicciones aún más precisas. Casi por definición, el territorio de un Estado se extiende sobre varias comunidades etnoculturalmente heterogéneas, y dependiendo de elecciones populares repetitivas, un gobierno de un Estado se involucraría predeciblemente en políticas redistributivas.[14] En un territorio con una mezcla etnocultural esto significa enfrentar una raza, una tribu, un grupo lingüístico o religioso contra otro; una clase dentro de cualquiera de estos grupos contra otra (ricos contra pobres, capitalistas contra trabajadores, etc.); y finalmente, madres contra padres e hijos contra padres y madres. La resultante redistribución de la renta y de la riqueza es compleja y variada. Hay simples transferencias de pago de un grupo a otro, por ejemplo. Sin embargo, la redistribución también tiene un aspecto espacial. En el ámbito de las relaciones espaciales encuentra expresión en una red cada vez más difundida de políticas antidiscriminatorias de «acción afirmativa» impuestas a los propietarios privados.

El derecho de un propietario de excluir a otros de su propiedad es el medio por el cual puede evitar que le sucedan «males»: acontecimientos que disminuirán el valor de su propiedad. Por medio de una inundación incesante de legislación redistributiva, el Estado democrático ha trabajado implacablemente no sólo para despojar a los ciudadanos de todas sus armas, sino también para despojar a los propietarios domésticos de su derecho a la exclusión, robándoles de tal modo gran parte de su protección personal y física. Los propietarios comerciales de almacenes, hoteles y restaurantes ya no tienen libertad de excluir o de restringir el ingreso a sus establecimientos como mejor les parezca. Los patrones ya no pueden emplear o despedir a quienes deseen. En el mercado inmobiliario, los propietarios ya no tienen libertad de excluir a los arrendatarios indeseables. Además, mediante convenios restrictivos los propietarios son obligados a aceptar miembros y acciones que violan sus propias reglas y políticas. En resumen, la integración forzosa es ubicua (omnipresente) y hace cada vez más vulgares y desagradables todos los aspectos de la vida.[15]

IV

Con las políticas domésticas del Estado como telón de fondo podemos volver al problema de la inmigración bajo las condiciones estatistas. Es claro ahora qué implica la admisión migratoria estatal. No implica simplemente la admisión centralizada. Al admitir a alguien en su territorio, el Estado permite también a esta persona proseguir por caminos y terrenos públicos hasta llegar al umbral de cada residente doméstico, hacer uso de todas las instalaciones y servicios públicos (tales como hospitales y escuelas), y tener acceso a todo establecimiento comercial, empleo y vivienda residencial, protegida por una multiplicidad de leyes antidiscriminatorias.[16]

Solo falta un elemento adicional en esta reconstrucción. ¿Por qué la inmigración podría llegar a ser un problema para el Estado? ¿Quién querría emigrar de un orden natural a un área estatista? El área estatista tendería a perder sus residentes, especialmente los sujetos más productivos. Sería atractivo solamente para los potenciales recipientes del Estado benefactor (cuya admisión solo consolidaría aún más la tendencia de la emigración. En todo caso, la emigración es un problema para un Estado. De hecho, la institución de un Estado es una causa de emigración; de hecho, es la causa más importante o incluso la única causa de las migraciones masivas modernas (más potentes y devastadoras en sus efectos que cualquier huracán, terremoto o inundación y comparable solamente a los efectos migratorios de las distintas edades de hielo).

Lo que está faltando en esta reconstrucción es la suposición de una multiplicidad de Estados que se reparten el globo entero (ausencia total de órdenes naturales). Entonces, mientras un Estado causa emigración masiva, otro Estado se enfrentará al problema de la inmigración masiva; y la dirección general de los movimientos masivos de migración será desde aquellos territorios en donde los Estados más explotan (expropian y gravan con impuestos mediante legislación) a sus súbditos (y por consiguiente donde la riqueza tiende a ser más baja) hacia aquellos otros territorios donde los Estados explotan menos (y donde la riqueza es mayor).

Finalmente, hemos llegado al momento, cuando el mundo occidental —Europa Occidental, Norteamérica y Australia— hace frente al espectro de la inmigración masiva causada por todos los Estados restantes del mundo. ¿Qué se puede hacer y qué se está haciendo con relación a esta situación?

Por el más puro «interés propio», los Estados no adoptan la política de «fronteras abiertas». Si lo hicieran, la afluencia de inmigrantes llegaría rápidamente a tales proporciones que se derrumbaría el sistema doméstico del Estado benefactor. Por otra parte, el Estado benefactor de Occidente no evita que cada año ingresen y se asienten en sus territorios decenas, o incluso centenas de millares (y en el caso de Estados Unidos bastante superior a millones) de extranjeros no invitados. Además, mientras de inmigración legal se trate (algo de ilegal se tolera), los Estados benefactores de Occidente han adoptado una política de admisión antidiscriminatoria, la «acción afirmativa». Es decir, fijan un número máximo de inmigrantes y después asignan cuotas de inmigrantes a los varios países o regiones, independientemente de qué tan símiles, o disímiles, etnoculturalmente sean tales países y regiones de origen, agravando así el problema de la integración forzosa. También permiten obtener «asilo político» a un número abierto (no especificado) de «víctimas» entre grupos aprobados por el gobierno (con exclusión de otras víctimas «políticamente incorrectas»).[17]

En vista de la impopularidad de esta política, uno podría preguntarse sobre el motivo para establecerla. Sin embargo, dada la naturaleza del Estado no es difícil encontrar una explicación. Los Estados, como se recuerda, son también promotores de la integración forzosa doméstica. La integración forzosa es una manera de destrozar todas las instituciones sociales y jerarquías intermedias (entre el Estado y el individuo) como la familia, el clan, la tribu, la comunidad, la iglesia y sus niveles y rangos internos de autoridad. Con la integración forzosa se aísla a los individuos (atomización) y se debilita su poder de resistencia frente el Estado.[18] En la «lógica» del Estado, una dosis fuerte de invasión extranjera, especialmente si viene de lugares extraños y lejanos, cuenta para consolidar aún más esta tendencia. Y la situación actual ofrece un momento particularmente oportuno para hacerlo, porque de acuerdo con la tendencia intrínsecamente centralizadora de los Estados y del estatismo en general y promovido particularmente aquí y ahora por EE.UU. como la única superpotencia que queda en el mundo, Occidente —o más exactamente las élites neoconservadoras y socialdemócratas que controlan los gobiernos estatales en EE.UU. y Europa Occidental— está dedicado al establecimiento de Estados supranacionales (tales como la Unión Europea) y en última instancia un único Estado mundial. Los apéndices nacionales, regionales o comunales son graves escollos en el camino para llegar a esta meta. El gobierno calcula e impone una cuota adecuada de extranjeros multiculturales, sin invitación, para debilitar aún más, y finalmente destruir, las identidades nacionales, regionales y comunales y promover así la meta de un Orden Mundial Único, liderado por EE.UU., y de un nuevo «hombre universal».[19]

V

¿Qué se puede hacer, si es que hay algo, para estropear estos esquemas estatistas y para recuperar la seguridad y la protección contra la invasión, bien sea doméstica o extranjera? Comencemos con analizar una propuesta hecha por los editores del Wall Street Journal, el Instituto Cato, la Fundación para la Educación Económica, y varios escritores libertarios de izquierda, y relacionada con la política de «frontera abierta» o «sin frontera»; no porque esta propuesta tenga algún mérito, sino porque ayuda a dilucidar cuál es el problema y qué sería necesario hacer para solucionarlo.

No es difícil predecir las consecuencias de una política de frontera «abierta» en el mundo actual. Si Suiza, Austria, Alemania o Italia, por ejemplo, admitieran libremente a cada uno de los que atraviesan sus fronteras exigiendo entrada, serían arrollados rápidamente por millones de inmigrantes del tercer mundo, de Albania, Bangladesh, India y Nigeria, por ejemplo. Como lo entienden los más perspicaces defensores de la frontera abierta, las provisiones y programas domésticos del Estado benefactor se derrumbarían como consecuencia.[20] Esto no sería motivo de preocupación, porque seguramente, para recuperar la eficaz protección de personas y propiedades, el Estado benefactor debe ser abolido. Pero entonces viene el gran salto —o el enorme hueco— en el argumento de la frontera abierta: desde las ruinas de los Estados benefactores democráticos nos empujan a creer que de alguna manera surgirá un nuevo orden natural.

El primer error en esta línea de razonamiento puede ser identificado fácilmente. Una vez que el Estado benefactor se ha derrumbado bajo su propio peso, las masas de inmigrantes causantes del problema todavía subsistirán allí. No se han transformado milagrosamente en suizos, austriacos, bávaros o lombardos, sino que siguen siendo lo que son: zulús, hindús, ibos, albaneses o bangladesís. La asimilación puede funcionar cuando el número de inmigrantes es pequeño. Es enteramente imposible, sin embargo, si la inmigración ocurre en gran escala. En ese caso, los inmigrantes simplemente transportarán su propia etnocultura al nuevo territorio. Por consiguiente, cuando el Estado benefactor haga implosión habrá una multiplicidad de «pequeñas» (o no tan pequeñas) Calcutas, Dacas, Lagoses y Tiranas derramadas por toda Suiza, Austria e Italia. Quien crea que un orden natural pueda surgir de esta adición demuestra una impresionante ingenuidad sociológica. De acuerdo a la experiencia histórica acumulada con tales formas de multiculturalismo, se puede predecir con seguridad que el resultado será la guerra civil. Se generalizarán el pillaje y la invasión ilegal, lo cual conllevaría a un consumo masivo de capital, y la civilización, tal como la conocemos, desaparecería de Suiza, Austria e Italia. Además, la población del país anfitrión sería rápidamente superada y físicamente desplazada en última instancia por la mayor tasa de crecimiento de sus «huéspedes». Todavía habrá montañas en Suiza y Austria, pero ningún suizo o austriaco.[21]

Sin embargo, el error en la propuesta de la frontera abierta va más allá de sus graves consecuencias. El error fundamental de la propuesta es moral o ético en naturaleza y se encuentra en su presunción. Es la presunción subyacente de que los extranjeros están «legitimados», o tienen un «derecho», a inmigrar. En realidad, no tienen de ninguna manera tal derecho.

Los extranjeros tendrían derecho a entrar a Suiza, Austria o Italia solamente si estos lugares fueran territorios deshabitados (sin dueño). Sin embargo, tienen dueño, y nadie tiene derecho a entrar en territorios que otros poseen a menos que sea invitado por el propietario. Tampoco está permitido argumentar, como lo han hecho algunos autores partidarios de la frontera abierta, que mientras los extranjeros no pueden ingresar a la propiedad privada sin permiso del propietario, sí pueden hacerlo en la propiedad pública. A sus ojos, la propiedad pública es similar a la propiedad «sin dueño» y por tanto «abierta» para todos, tanto para ciudadanos domésticos como para extranjeros.[22] Sin embargo, esta analogía entre propiedad pública y recursos sin dueño es incorrecta. Hay una diferencia categórica entre los recursos sin dueño (frontera abierta) y la propiedad pública. La propiedad pública es el resultado de incautaciones del gobierno estatal —mediante expropiaciones legislativas y/o impuestos— a la titularidad originalmente privada de la propiedad. Mientras que el Estado no reconoce a ninguno como su propietario privado, toda propiedad pública controlada por el gobierno ha sido realmente propiciada por los miembros pagadores de impuestos del público doméstico. Los austriacos, suizos e italianos, de acuerdo con la cantidad de impuestos pagados por cada ciudadano, han financiado la propiedad pública austriaca, suiza e italiana. Por lo tanto, ellos deben ser considerados como sus legítimos propietarios. Los extranjeros no han estado sujetos al pago de impuestos ni a la expropiación domésticos; por ende, no pueden exigir ningún derecho sobre la propiedad pública austriaca, suiza o italiana.

El reconocimiento del status moral de la propiedad pública como propiedad privada expropiada no es solo un argumento suficiente para rechazar la propuesta de la frontera «abierta» como un ultraje moral. Es igualmente suficiente para combatir las actuales políticas de inmigración semiabierta de «acción afirmativa» de los Estados benefactores occidentales.

Hasta ahora se ha hecho demasiado énfasis en argumentos consecuencialistas (utilitaristas) en el debate sobre la política de inmigración. Los defensores del statu quo han sostenido que la mayoría de los inmigrantes trabajan y llegan a ser productivos, así que la inmigración contribuye a un mejoramiento del nivel de vida doméstico. Los críticos han sostenido que las instituciones y provisiones existentes del Estado benefactor invitan cada vez más a la inmigración dependiente de la asistencia social, y han advertido que la única ventaja de las políticas actuales sobre la alternativa de frontera abierta es que la primera tardará décadas hasta que, en última instancia, conducirá a efectos similarmente graves, mientras que la última producirá tales efectos en pocos años. La solución de estos problemas es importante, pero no es decisiva. La oposición contra las actuales políticas de inmigración es, en última instancia, independiente de si la inmigración hará que suba o baje el PIB per cápita (o mediciones estadísticas similares). Es una cuestión de justicia: de correcto e incorrecto.

Es comprensible el intento del Estado benefactor democrático de encubrir la fuente de la propiedad pública (es decir, los actos de expropiación). Sin embargo, reconocen que la propiedad pública es «de alguna manera» propiedad de sus ciudadanos y que son los fideicomisarios de los ciudadanos sobre la propiedad pública. De hecho, la legitimidad del Estado moderno se deriva de su afirmación de proteger a los ciudadanos y su propiedad contra invasores, intrusos y transgresores domésticos y extranjeros. Con respecto a los extranjeros, esto requeriría que el Estado actúe como lo hacen los porteros en las comunidades privadas cerradas. El Estado tendría que comprobar que cada recién llegado tenga una invitación y vigilar sus movimientos mientras se dirija su destino final. Una vez que quede claro que el gobierno realmente tolera o incluso promueve la intrusión e invasión masiva de extraños que de ninguna manera pueden ser considerados bienvenidos o invitados por los residentes domésticos, esto es o puede convertirse en una amenaza a la legitimidad del gobierno y ejercer suficiente presión sobre el mismo para que adopte una política de admisión más restrictiva y discriminatoria.[23]

Pero esto solamente puede ser el principio; incluso si la opinión pública indujera al Estado a adoptar una postura sobre inmigración más acorde con los sentimientos populares y la justicia, no cambiaría el hecho de que los intereses de los propietarios privados y los del Estado, como monopolio territorial de legislación e impuestos, son incompatibles y están en conflicto permanente entre ellos. Un Estado es una contradicción en términos: es un protector de la propiedad que puede expropiar la propiedad del protegido mediante legislación e impuestos. De manera predecible, el Estado estará más interesado en la maximización de sus ingresos fiscales y su poder (su rango de interferencia legislativa con los derechos de propiedad privada) y desinteresado en proteger cualquier otra cosa a excepción de sí mismo. Lo que experimentamos en el área de inmigración es solamente un aspecto de un problema general. Se supone también que los Estados protegen a los ciudadanos contra la intrusión e invasión doméstica, sin embargo, como hemos visto, en realidad los desarman, los rodean, los gravan con impuestos y los privan de su derecho a la exclusión, dejándolos así desamparados.

Por consiguiente, la solución al problema de la inmigración es al mismo tiempo la solución al problema general inherente a la institución del Estado y la propiedad pública. Implica el retorno a un orden natural por medio de la secesión. Para recuperar la protección contra la intrusión y las invasiones domésticas y extranjeras, los Estados nacionales centrales tendrán que fragmentarse en sus componentes. Los Estados centrales austriaco e italiano no poseen la propiedad pública austriaca e italiana; son sus administradores por encargo de los ciudadanos. Sin embargo, no protegen a los ciudadanos ni sus propiedades. Por lo tanto, solo los austriacos y los italianos (y no los extranjeros) son los propietarios de Austria y de Italia; entonces por extensión del mismo principio son los carintianos y lombardos (de acuerdo con el pago individual de impuestos) quienes poseen Carintia y Lombardía, y los bergameses a Bérgamo (y no los gobiernos de Viena o Roma).

En un primer paso decisivo, las provincias individuales, regiones, ciudades, pueblos y aldeas deben declarar su independencia de Roma, Viena, Berlín, París, y proclamar su estatus de «territorios libres». A pesar de los grandes esfuerzos de los Estados centrales en su contra, todavía existen fuertes ataduras y afiliaciones provinciales en muchas regiones, ciudades y aldeas a través de toda Europa. Es vital consultar estos sentimientos provinciales y locales al dar este primer paso. Con cada acto sucesivo de secesión regional disminuirá el poder del Estado central. En cada ocasión se le despojará de más propiedad pública, el rango de acceso de sus agentes será cada vez más restringido, y sus leyes se aplicarán en territorios más y más pequeños, hasta que finalmente desaparezca.

No obstante, es esencial ir más allá de la «secesión política» hasta llegar a la privatización de la propiedad. Después de todo, los organismos políticos provinciales y locales (gobiernos) no tienen más derecho a la propiedad provincial o local que el que tenía el gobierno central sobre la propiedad nacional. El proceso de secesión debe ir más lejos. La propiedad pública provincial o comunal: los caminos, parques, edificios de gobierno, escuelas, palacios de justicia, etc., deben ser devueltos a sus genuinos propietarios y asociaciones de propietarios privados. ¿Quién posee tal proporción de propiedad provincial o comunal? ¡En principio, cada uno posee según su contribución (obligatoria) a esta propiedad! En el caso en que la propiedad privada haya sido expropiada por el gobierno local con el propósito de «dominio eminente», la propiedad simplemente se devuelve a su propietario original. En cuanto a lo restante (y la mayor parte) de propiedad pública, las partes intercambiables de propiedad deben distribuirse entre los miembros de la comunidad de acuerdo con los pagos individuales de impuestos. Cada camino, parque, escuela, terreno público, etc., fue financiado con impuestos de los contribuyentes; por lo tanto, los contribuyentes locales, de acuerdo con los impuestos pagados, deben ser los beneficiarios de la adjudicación de la propiedad pública local.[24] Esto tiene una doble implicación. Primero, algunos residentes han pagado más impuestos que otros, así que es justo y natural que a los primeros se les conceda un mayor número de partes que a los últimos. En segundo lugar y más específicamente, algunos residentes serán totalmente excluidos de recibir partes de la propiedad pública. Por un lado, los recipientes de la asistencia social deben ser excluidos. Presumiblemente, no han pagado ningún impuesto, sino que en su lugar han vivido de los impuestos pagados por otros. Por lo tanto, no pueden reclamar ninguna titularidad de la propiedad pública. Asimismo, todos los oficiales y funcionarios públicos del gobierno deben ser excluidos de recibir títulos de la propiedad pública, porque su sueldo neto (después de impuestos) fue pagado de los impuestos pagados por otros. Así como los recipientes de la asistencia social, los funcionarios públicos no han sido pagadores de impuestos sino consumidores de impuestos. Por ende, tampoco tienen ningún derecho a la propiedad comunal.[25]

Con la desaparición del Estado central y la completa privatización de la propiedad pública, el derecho a la exclusión inherente a la propiedad privada y esencial para la seguridad y protección personales se devuelve a las manos de una multiplicidad de unidades privadas independientes de toma de decisión. La inmigración se convierte de nuevo en un microfenómeno y desaparece como un «problema» social.


Traducido originalmente del inglés por Rodrigo Díaz. Revisado y corregido por Oscar Eduardo Grau Rotela. El artículo original se encuentra aquí.


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Notas

[1] Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics (Auburn, Ala.: Ludwig von Mises Institute, 1998), p. 144. «Dentro del marco de la cooperación social», explica Mises, «pueden surgir entre los miembros de la sociedad sensaciones de empatía y amistad junto con sentimientos de pertenencia conjunta. Estas sensaciones son fuente de las más encantadoras y sublimes experiencias del hombre. Sin embargo, no son, como algunos han afirmado, los agentes que han forjado las relaciones sociales. Son frutos de la cooperación social, prosperan solamente dentro de su marco; no precedieron el establecimiento de las relaciones sociales y no son la semilla de la cual brotan».

[2] En relación a la familia, Mises explica, «la atracción sexual mutua entre el varón y la hembra es inherente en la naturaleza animal del hombre e independiente de cualquier pensamiento y teoría. Es permitido llamarla original, vegetativa, instintiva, o misteriosa. (…) Sin embargo, ni la cohabitación, ni lo que la precede ni lo que la sigue, generan cooperación social ni modos de vida en sociedad. Los animales también se juntan en el acoplamiento, pero no han desarrollado relaciones sociales. La vida familiar no es simplemente un producto de la cópula sexual. No es de ninguna manera natural ni necesario que los padres y los niños vivan juntos de la manera como lo hacen en la familia. La relación de acoplamiento no necesariamente resulta en una organización familiar. La familia humana es resultado del pensamiento, de la planificación, y de la actuación». Human Action, p. 167.

[3] Véase también Spencer H. MacCallum, The Art of Community (Menlo Park, Calif.: Institute for Humane Studies, 1970).

[4] Mises observa a este respecto que «aún si existiese tal cosa como el odio natural e innato entre varias razas, no haría la cooperación social vana. (…) la cooperación social no tiene nada que ver con el amor personal o con un mandamiento general de amarse los unos a los otros. Cooperan porque sirve a sus propios intereses. Ni el amor ni la caridad ni cualquier otro sentimiento de empatía, sino un egoísmo correctamente entendido es lo que ha impulsado al hombre a ajustarse a los requisitos de la sociedad, a respetar los derechos y las libertades del prójimo y a sustituir con cooperación pacífica la enemistad y el conflicto». Human Action, p. 168.

[5] Véase también Hans-Hermann Hoppe, Democracy—The God That Failed: The Economics and Politics of Monarchy, Democracy, and Natural Order (New Brunswick, N.J.: Transaction Publishers, 2001), esp. capítulo 9.

Sobre el significado de raza y etnicidad, y especialmente sobre «similitud y disimilitud genéticas» como fuentes de atracción y de repulsión, véase J. Phillippe Rushton, Race, Evolution, and Behavior (New Brunswick, N.J.: Transaction Publishers, 1995); ídem, «Gene-Culture, Co-Evolution, and Genetic Similarity Theory: Implications for Ideology, Ethnic Nepotism, and Geopolitics», Politics and the Life Sciences 4 (1986); y Michael Levin, Why Race Matters (Westport, Conn.: Praeger, 1997).

[6] Sobre el derecho y la economía de la «acción afirmativa» y de la discriminación, véase Richard A. Epstein, Forbidden Grounds (Chicago: University of Chicago Press, 1992); Walter Block y Michael Walker, eds., Discrimination, Affirmative Action, and Equal Opportunity (Vancouver, B.C.: Frazer Institute, 1982).

[7] Empíricamente, la exigencia del hombre por homogeneidad etnocultural en áreas residenciales encuentra su expresión en dos desarrollos institucionales importantes. Por un lado, la demanda es acogida por el desarrollo de las comunidades de propietarios —comunidades y alianzas «cerradas» o «restringidas»— de un fundador desarrollador y arrendadas a seguidores arrendatarios. Aquí, desde el principio, el propietario impone sus propios estándares de admisión a la comunidad y de conducta de los miembros. Los seguidores arrendatarios, al asociarse al propietario, acuerdan seguir este código. Por supuesto, cualquier código restringe el rango de opciones permitidas a una persona (con respecto al rango disponible fuera de la comunidad propietaria). De la misma manera, no obstante, el código protege a cada miembro de la comunidad contra varias formas de disturbios externos. Presumiblemente, cuando se hacen miembros residentes de la comunidad demuestran que prefieren la «protección» adicional, ofrecida por el código, a pesar de las «restricciones» adicionales.

Por otra parte, en comunidades de múltiples propietarios independientes, la demanda por homogeneidad etnocultural encuentra expresión en la institución del seguro (mutuo o con base en el capital). La esencia del seguro es agrupar riesgos individuales en un reservorio (o clase) de riesgos. Sin embargo, para ser agrupados así, cada riesgo individual debe ser «homogéneo» en lo concerniente al riesgo considerado frente a otros riesgos individuales dentro de la misma clase. Los riesgos «heterogéneos» no se pueden asegurar y deben ser asegurados por separado (en diferentes reservorios, en conjuntos con otros riesgos homogéneos, y a precios distintos). La homogeneidad etnocultural de vecindades, entonces, es simplemente un dispositivo para tomar un seguro contra amenazas exteriores e interferencias posibles y así bajar el costo de protección residencial de la propiedad. La homogeneidad facilita el aseguramiento mutuo de la propiedad. Los aseguradores basados en el capital cobrarán primas más bajas por los grupos de territorios homogéneos (mientras que al mismo tiempo se revelan los diferentes rangos de desarrollo cultural de varias etnoculturas, según lo reflejado en el rango de variación de los precios de las primas cobradas en distintas localidades).

[8] La migración masiva, en contraste con la migración individual de trabajadores expertos en reducida escala en búsqueda de un ambiente más productivo, es enteramente un fenómeno causado por el Estado (véase también la sección IV abajo). Más típicamente, la migración masiva es el resultado de la guerra interestatal, de programas estatales de reasentamiento, de expulsiones en grupo, o del destruccionismo general de la economía.

[9] Véase Murray N. Rothbard, For A New Liberty (New York; Macmillan, 1978), esp. capítulo 3; Murray N. Rothbard, The Ethics of Liberty (New York: New York University Press, 1998), esp. part III; Hans-Hermann Hoppe, A Theory of Socialism and Capitalism (Boston: Kluwer 1989); also Franz Oppenheimer, The State (New York: Vanguard Press, 1914).

[10] Hoppe, Democracy—The God That Failed; ídem, «Natural Elites, Intellectuals, and the State», (Auburn, Ala.: Ludwig von Mises Institute Pamphlet, 1995); Murray N. Rothbard, For A New Liberty, esp. capítulo 7; ídem, Education: Free & Compulsory (Auburn, Ala.: Ludwig von Mises Institute, 1999).

[11] Sobre las falacias de la teoría de los bienes públicos, véase Murray N. Rothbard, Man, Economy, and State (Auburn, Ala.: Ludwig von Mises Institute, 1993), pp. 883–90; Hoppe, A Theory of Socialism and Capitalism, capítulo 10; sobre carreteras en particular, véase Walter Block, «Public Goods and Externalities: The Case of Roads», Journal of Libertarian Studies 7, número 1 (1983).

[12] Inclusive los famosos caminos de la Roma antigua fueron típicamente mirados como una plaga (más bien que como una ventaja) porque eran esencialmente rutas militares en vez de rutas comerciales. Véase Max Weber, Soziologie, Weltgeschichtliche Analysen, Politik (Stuttgart: Kroener, 1964), p. 4.

[13] Véase también Edward Banfield, The Unheavenly City Revisited (Boston: Little, Brown, 1974).

[14] Sobre la imposibilidad práctica de la democracia (gobierno de la mayoría) en Estados multiétnicos, véase Ludwig von Mises, Nation, State, and Economy (New York: New York University Press, 1983).

[15] Véase también Murray N. Rothbard, «Marshall, Civil Rights and the Courts», en Llewellyn H. Rockwell, Jr., ed., The Irrepressible Rothbard (Burlingame, Calif.: Center for Libertarian Studies, 2000), pp. 370-77; Michael Levin, «The President as Social Engineer», en John V. Denson, ed., Reassessing the Presidency (Auburn, Ala.: Ludwig von Mises Institute, 2001), pp. 651-66.

[16] «Si todo trozo de tierra de un país fuera poseído por alguna persona, grupo o corporación», elabora Murray N. Rothbard, «esto significaría que ningún inmigrante podría entrar a menos que fuera invitado y le fuera permitido alquilar o comprar propiedad. Un país totalmente privatizado sería tan cerrado como deseen los habitantes y propietarios particulares. Parece claro, entonces, que el régimen de fronteras abiertas que existe de facto en los EE.UU. es realmente una apertura obligatoria del Estado central, el Estado tiene a cargo de todas las calles y áreas de terreno público y no refleja los deseos genuinos de los propietarios». «Nations by Consent: Decomposing the Nation-State», Journal of Libertarian Studies 11, número 2 (1994), p. 7. Sobre la inmigración un EE.UU., véase Peter Brimelow, Alien Nation: Common Sense About America’s Immigration Disaster (New York: Random House, 1995); George J. Borjas, Friends or Strangers: The Impact of Immigrants on the U.S. Economy (New York: Basic Books, 1990); ídem, Heaven’s Door: Immigration Policy and the American Economy (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1999).

[17] Típicamente, es más fácil para un asesino «político» certificado, tal como un dictador socialista, por ejemplo, que ha sido derrocado por otro, ganar entrada a países occidentales que para (sus) las «verdaderas» víctimas. Mientras que la calificación de víctima cambia con los vientos políticos, una constante relativa en la política occidental del asilo es la preferencia por la inmigración judía (con la exclusión del no judío). En EE.UU., por ejemplo, se ha tenido una tradición de muchos años por la cual los judíos de la antigua Unión Soviética califican como «víctimas», mientras que los rusos o los ucranianos regulares no lo hacen. Para no quedar en desventaja, Alemania acepta actualmente a todo judío ruso que desee la entrada, pero excluye como no víctimas al resto de los rusos. Por lo tanto, la solicitud de asilo en Alemania entre los «judíos rusos», de los cuales dos tercios son mantenidos totalmente por el sistema «público» de seguridad social, ha llegado a tal nivel que el comité central de judíos en Alemania exigió al gobierno alemán (con éxito) que los aspirantes «pasen una prueba» de que son judíos. Esencialmente, la prueba es igual a la empleada por los nacionalsocialistas en las infames Leyes de la Raza de Núremberg de 1934 (que ahora se utilizan para el efecto opuesto), las cuales a su vez se basaron en las restricciones religiosas oficiales del judaísmo ortodoxo (reconocidas por ellos mismos). Incidentemente, Israel, quien se define como un «Estado judío», prohíbe prácticamente toda inmigración de no judíos (mientras que permite que cualquier judío, de cualquier lugar, bajo la ley del retorno, entre a Israel con derechos de ciudadanía plena). El noventa y dos por ciento de la tierra de Israel es propiedad del gobierno y es regulada por el Fondo Nacional Judío. Según sus regulaciones, el derecho a residir, a abrir un negocio, y también con frecuencia a trabajar en esta tierra está prohibido a toda persona con excepción de los judíos. Mientras que los judíos pueden alquilar de no judíos, se prohíbe a los no judíos alquilar de judíos. Véase Israel Shahak, Jewish History, Jewish Religion (London: Pluto Press, 1994), esp. capítulo 1.

[18] Véase también Robert A. Nisbet, Community and Power (New York: Oxford University Press, 1962; ídem, Conservatism (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1986).

[19] Para una presentación resumida de la visión neoconservadora del mundo, véase Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man (New York: Avon Books, 1993); para una revisión crítica de los neoconservadores y su agenda, véase Paul Gottfried, The Conservative Movement (New York: Twayne Publishers, 1993); ídem, After Liberalism (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1999). Para un tratamiento literario brillante del tema de la inmigración masiva y del Estado benefactor occidental, véase Jean Raspail, The Camp of the Saints (New York: Charles Scribner’s Sons, 1975).

[20] Véase, por ejemplo, Walter Block, «A Libertarian Case for Free Immigration», Journal of Libertarian Studies 13, número 2 (1998).

[21] Peter Brimelow, en Alien Nation, pp. 124-27, ha proporcionado recientemente evidencia cierta sobre la tesis de que nunca, ningún Estado multicultural, y especialmente ninguno democrático, ha funcionado pacíficamente durante largo tiempo. Haciendo el recuento hacia atrás desde el presente, aquí está la evidencia: Eritrea, gobernada por Etiopía desde 1952, se separa en 1993; Checoslovaquia, fundada en 1918, se parte en sus componentes étnicos checos y eslovacos en 1993; la Unión Soviética de 1917 se fractura en múltiples componentes étnicos en 1991, y muchos de estos componentes amenazan con una fragmentación étnica adicional; Yugoslavia, fundada en 1918, se parte en varios componentes étnicos en 1991, y todavía está en curso una desintegración adicional; Líbano, fundado en 1920, ha separado efectivamente a cristianos y musulmanes (bajo la dominación de Siria) desde 1975; Chipre, independiente desde 1960, se ha partido efectivamente en territorios griegos y turcos en 1974; Paquistán, independiente desde 1947, la etnia definida de Bangladesh se separa en 1971; Malasia, independiente desde 1963, Singapur, dominado por China, es expelido en 1965. La lista sigue con los casos pendientes sin resolver: en India, los sikhs y los casimires; Sri Lanka y los tamiles; Turquía, Iraq e Irán y los curdos; Sudán y Chad y los árabes contra los negros; Nigeria y los ibos; Ulster y los protestantes contra los católicos; Bélgica y los flamencos contra los valones; Italia y los tiroleses del sur de habla alemana; Canadá, los franceses contra los ingleses; Zimbabue y Sudáfrica y los negros contra los blancos.

¿Con todo, no es Suiza, con su ensamblaje de alemanes, franceses, italianos, y románicos una excepción? Difícilmente. Todos los poderes esenciales en Suiza, particularmente aquellos que determinan materias educativas y culturales (escuelas), se concentran más bien en manos de los cantones que en las del gobierno central. Y casi todos los veintiséis cantones y semicantones son etnoculturalmente homogéneos. Diecisiete cantones son alemanes casi exclusivamente; cuatro cantones son casi exclusivamente franceses; y un cantón es predominantemente italiano. Solamente tres cantones son bilingües, el equilibrio etnocultural suizo ha sido esencialmente estable, y solamente hay alguna migración intercultural cantonal limitada. Pero aún dadas estas circunstancias favorables, Suiza sí experimentó una guerra de secesión fracasada y violentamente suprimida, el Sonderbundskrieg de 1847. Además, la creación del nuevo cantón francófono disidente de Jura, salido del cantón predominantemente alemán de Berna en 1979, fue precedida por varios años de actividad terrorista.

[22] Véase, por ejemplo, Block, «A Libertarian Case for Free Immigration».

[23] En contra de muchos libertarios de izquierda entusiastas de la frontera abierta, es incorrecto deducir del hecho que un inmigrante ha encontrado a alguien que quiere emplearlo, que su presencia en un territorio dado se debe en adelante considerar como «invitada». Estrictamente hablando, esta conclusión es verdadera solamente si el empleador asume, además, los costos completos asociados a la importación de su empleado inmigrante. Este sería el caso de un arreglo hecho bajo la muy calumniada figura de la «ciudad fábrica» poseída y operada por su propietario. Aquí, el costo completo de empleo, el costo de la vivienda, los cuidados médicos y el resto de amenidades asociadas a la presencia de un inmigrante son pagados por el propietario. Ninguna otra propiedad está implicada en el establecimiento del trabajador inmigrante. De manera menos perfecta (y cada vez menos), este principio de costo total de la inmigración se observa en la política inmigratoria suiza. En Suiza, los asuntos de la inmigración son decididas localmente antes que a nivel del gobierno federal, por la comunidad local del propietario-residente donde el inmigrante quiere residir. Estos propietarios están interesados en que la presencia del inmigrante aumente, en vez de que disminuya, los valores de su propiedad. En lugares tan atractivos como Suiza, esto significa típicamente que se espera que el inmigrante (o su empleador) compre su entrada a una comunidad, lo cual requiere a menudo donaciones multimillonarias en dólares.

Desafortunadamente, los Estados benefactores no funcionan como ciudades fábrica ni aún como comunidades suizas. Bajo las condiciones del Estado benefactor, el empleador del inmigrante debe pagar solamente una pequeña fracción de los costos totales asociados a la presencia del inmigrante. Sin embargo, le permiten socializar (externalizar) una parte substancial de tales costos entre otros propietarios. Equipado con permiso de trabajo, se permite al inmigrante hacer uso gratuito de toda facilidad pública: caminos, parques, hospitales, escuelas, y ningún arrendador o propietario, hombre de negocios, o asociado privado, tiene permiso para discriminar contra él en lo concerniente a vivienda, empleo, alojamiento, o asociación. Es decir, el inmigrante viene invitado con un paquete substancial de beneficios complementarios no pagados (o solo parcialmente) por el empleador del inmigrante (quien aparentemente ha extendido la invitación), sino por otros propietarios domésticos que pagan impuestos aunque no tuvieran intervención alguna en la invitación. Esto no es una «invitación», según lo entendido normalmente. Es una imposición. Es como invitar trabajadores inmigrantes a que renueven su casa mientras se les alimenta de los refrigeradores de casas vecinas. Por lo tanto, como el costo de importar trabajadores inmigrantes baja, entonces habrá más inmigrantes patrocinados por empleadores. Por otra parte, el carácter de los inmigrantes también cambia. Mientras que las comunidades suizas eligen inmigrantes versátiles, de alta productividad, cuya presencia aumenta el valor de las propiedades comunales, a los empleadores bajo las condiciones democráticas del Estado benefactor, se les permite externalizar los costos de empleo con otros y tienden a importar inmigrantes cada vez más baratos, poco calificados y de baja productividad, sin importarles el efecto sobre los valores de las propiedades comunales alrededor.

Teóricamente en bancarrota, la postura libertaria izquierdista de las fronteras abiertas puede entenderse solo desde el punto de vista psicológico. La fuente se puede encontrar en la formación al estilo randiano de muchos libertarios de izquierda. A los hombres de negocios y grandes empresarios se les retrata como a «héroes» y, según Ayn Rand en una de sus más ridículas declaraciones, se les trata como a “la minoría más severamente perseguida» del Estado benefactor. ¿En esta visión (intacta de cualquier conocimiento o experiencia histórica), que podría tener de malo si un hombre de negocios contrata a un trabajador inmigrante? De hecho, como cada historiador sabe, los grandes hombres de negocios están entre los más grandes pecadores contra los derechos de la propiedad privada y las leyes del mercado. Entre otras cosas, en una alianza impía con el Estado central han adquirido el privilegio de importar trabajadores inmigrantes a costa de otra gente (así como también han adquirido el privilegio de exportar capital a otros países y ser rescatados por los contribuyentes y los militares cuando tales inversiones fracasan).

Un segundo motivo para el entusiasmo de la frontera abierta entre los libertarios de izquierdista contemporáneos es su igualitarismo. Fueron inicialmente atraídos al libertarismo de jóvenes debido a su postura «antiautoritarismo» (no confiar en ninguna autoridad) y aparente «tolerancia», particularmente hacia estilos alternativos —no burgueses— de vida. Como adultos, se han quedado estancados en esta fase de desarrollo mental. Expresan una «sensibilidad» especial por toda forma de discriminación y no se inhiben para usar el poder del Estado central para imponer a la sociedad estatutos antidiscriminación o de «derechos civiles». Por lo tanto, prohibiendo a otros propietarios discriminar como les parezca conveniente, se les permite vivir a expensas de otros. Pueden disfrutar de su estilo «alternativo» de vida sin tener que pagar el precio «normal» tal conducta, es decir, la discriminación y exclusión. Para legitimar este curso de acción, insisten en que un estilo de vida es tan bueno y aceptable como otro. Esto nos lleva primero al multiculturalismo, después al relativismo cultural, y finalmente a las «fronteras abiertas». Véase más sobre esto en Hoppe, Democracy—The God That Failed, esp. capítulo 10.

[24] Debe enfatizarse que las partes de propiedad distribuidas deben ser intercambiables para que realmente constituyan propiedad privada. Por una parte, la posibilidad de intercambiar las partes hace que la gente pueda obtener dinero de su propiedad (vender). No todos tienen la paciencia ni están dispuestos a asumir el riesgo asociado a la propiedad de bienes de capital. Por otra parte, y por lo mismo, la intercambiabilidad hace posible que las partes de propiedad puedan ser compradas y puestas en uso productivo por los empresarios capitalistas que sí tienen la paciencia requerida y la disposición a asumir el riesgo asociado (de pérdidas y ganancias).

[25] Desde luego, surgirían un número de complicaciones con esta estrategia de privatización. Para determinar la parte de propiedad concedida a varios individuos en edificios y estructuras actualmente en posesión de los gobiernos federal, regional y local, estos individuos tendrían que proporcionar la documentación de sus anteriores pagos de impuestos federales, regionales y locales respectivamente, y en cada caso los pagos recibidos de la asistencia social deben deducirse de los impuestos pagados para llegar a una cifra neta de impuestos pagados. En una sociedad de mercado completamente privatizada, la tarea de encontrar una solución detallada a este problema sería normalmente asumida por contadores, abogados y agencias de arbitraje privados, financiados directa o indirectamente, mediante pagos contingentes, por los individuos demandantes.